por Laura Salcedo y Mikel Moreno

La crisis de la vivienda está presente en las ciudades de todo el mundo, pero en cada lugar se vive de manera singular. En Venezuela, las dificultades para alquilar, el deterioro de edificios antiguos y las necesidades de las familias afectadas por los terremotos del 24 de junio conviven con políticas públicas de acceso a la vivienda, como la Gran Misión Vivienda Venezuela que ha adjudicado más de 5 millones de viviendas, en su mayoría de manera gratuita. A lo largo de este texto contaremos cinco historias que permiten acercarse a las contradicciones del derecho a un techo digno, que no debería depender de cuánto dinero tiene cada persona en el banco o debajo del colchón de su cama.

Fotografía: Ariadna A. Mogollón, Laura Salcedo, Mikel Moreno

Caracas, Venezuela.- La lucha por la vivienda es un fenómeno visible en las metrópolis modernas en las últimas décadas. A lo largo del planeta, el acceso a un techo digno se ha convertido en un privilegio inaccesible para las grandes mayorías. En Europa y en América Latina, las noticias diarias están marcadas por desahucios implacables, gentrificación acelerada, alquileres turísticos tipo Airbnb, que expulsan a los habitantes locales de sus propios barrios, y precios de compra totalmente especulativos y prohibitivos. Bajo la lógica capitalista global, la solución a la vivienda se reduce a reforzar lo individualista, donde triunfan ideas de meritocracia, la suerte de contar con una herencia familiar o la capacidad como trabajador de cumplir con los requisitos para el endeudamiento bancario, dejando en la intemperie, y criminalizando, a una importante mayoría que no puede cumplir las reglas del mercado inmobiliario.

Sin embargo, al mirar hacia Venezuela y, en particular, hacia Caracas, el panorama adquiere otros matices, con respuestas organizativas y estatales muy distintas. En este país, la vivienda no ha sido tratada desde el Estado como una mercancía exclusivamente ni como un asunto que no requiera políticas públicas. Sin embargo, esto no quiere decir que no se sientan en la población las presiones del mercado ni se sufran las distorsiones económicas propias de la crisis, la coyuntura, la especulación y la inflación.

El crecimiento urbano de Caracas en el siglo XX estuvo unido al auge de la industria petrolera a partir de la década de 1920. La concentración del empleo y la actividad comercial en la ciudad impulsó la migración del campo a la capital, donde la falta de planificación estatal tuvo como consecuencia el desarrollo de la autoconstrucción de viviendas populares en los cerros. Sin embargo, frente a los déficits habitacionales y las graves afectaciones que han sufrido las viviendas de los sectores populares tras fenómenos naturales, como las devastadoras vaguadas de finales de 2010 y principios de 2011, que dejaron a miles de personas sin hogar, surgió una respuesta sin precedentes en la región: la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV). Es una política pública que, a la fecha, ha entregado más de 5 millones de soluciones habitacionales gratuitas o de muy bajo costo a las familias.

Los programas como Barrio Nuevo, Barrio Tricolor han intervenido en barrios y edificios para mejorar sus condiciones, con trabajos de impermeabilización, reparación de fachadas y recuperación de ascensores, entre otras actuaciones. No obstante, la magnitud de estos esfuerzos no significa que las necesidades históricas hayan desaparecido. El deterioro de numerosas infraestructuras, los problemas estructurales de algunas edificaciones y las dificultades para acceder a un alquiler siguen formando parte de la realidad habitacional del país.

Tras el terremoto del 24 de junio de 2026, a estos problemas se suma una nueva urgencia: dar una solución a las familias que perdieron sus hogares o cuyas viviendas quedaron comprometidas. La emergencia ha vuelto a poner a prueba la capacidad de respuesta de las políticas públicas, ahora ante una demanda aún mayor y con iniciativas como el plan Venezuela Renace para rehabilitar inmuebles y construir nuevas viviendas que permitan atender, entre otras, a las 18 000 personas sin hogar que están en campamentos transitorios.

Desde Ceiba, periodismo con memoria, narramos cinco historias que ilustran las múltiples aristas de este derecho.

Buscar una nueva vivienda después del terremoto

Dayana es una de las damnificadas por el terremoto del 24 de junio de 2026 en el estado La Guaira. Era propietaria de un apartamento adjudicado por el Estado, en el urbanismo de Misión Vivienda La Llovizna, ubicado en Playa Grande.

“Gracias a Dios el edificio aguantó el terremoto. No se desplomó y nos dio oportunidad a todas las familias de salir con vida. Pero, lamentablemente, por la magnitud del sismo, la construcción quedó muy afectada”. Aunque la torre donde Dayana vivía resistió el embate inicial, el daño estructural obligó a la demolición de todo el complejo de seis torres, afectando a unas seiscientas familias. Actualmente, las personas afectadas se reparten entre campamentos temporales y refugios solidarios, o fueron acogidas por familiares o amistades.

Actualmente, Dayana se encuentra en el proceso de adquirir una vivienda por medio del Fondo Venezuela Renace. A través de este mecanismo, en el caso de inmuebles de menos de 30 000 dólares, el estado cubre el pago al 100 % para habitantes de La Guaira. Si el precio está entre los 30 000 y los 70 000 dólares, el Estado cubre el 80 % del valor y el porcentaje restante es financiado mediante un crédito bancario a 25 años de plazo. Para montos superiores, el Estado se hace cargo del 50 %.

“Lo primero que solicitan es el registro de vivienda, para comprobar que eres afectada por el terremoto. Luego de verificar el censo, los bancos piden requisitos básicos como el RIF, la copia de la cédula, la certificación bancaria y los estados de cuenta. El proceso se genera en dos etapas: primero entregas los requisitos y, según eso, te calculan tu capacidad económica y financiera; en la segunda fase, buscas la vivienda de acuerdo con el monto que te aprobó el banco. En mi caso fue súper rápido: en menos de una semana me dieron respuesta de que me iban a aprobar el crédito y que tenía noventa días de plazo para ubicar la vivienda”.

No obstante, en medio de la necesidad de las familias damnificadas, los obstáculos han surgido en el mercado secundario, donde la especulación no da tregua. Según Dayana, quien ha estado buscando opciones para comprar, “después del terremoto el valor de la vivienda se ha incrementado más de un 100 %. Por una vivienda que costaba 30 000 dólares, ahora te piden 70 000”. Para ella, esto responde al temor de los propietarios de que, al aceptar los créditos del Fondo Venezuela Renace, no se ejecuten los pagos correspondientes; por ello, inflan el precio para intentar asegurar de antemano el monto real del inmueble, afectando así al Estado y las familias damnificadas. Por otro lado, está la sensación de que los vendedores, al entender que el Estado está cubriendo la mayor parte de los pagos, se aprovechan de esta emergencia, multiplicando precios para obtener el máximo beneficio: adquieren del comprador el monto que habría pagado en una situación normal, y al Estado le sacan el resto.

Para la gente de La Guaira, esa es su tierra. Pese a las dificultades, ahí están sus raíces y su identidad. Al preguntarle sobre la voluntad de su comunidad de permanecer en la zona, Dayana nos comenta: “La gente se quiere quedar, sigue aferrada y, por lo menos en mi urbanismo, están muy interesados en que vuelvan a construir los edificios ahí mismo donde estaban. Ahí sigue la gente; muy pocas personas están optando por irse a otros estados a buscar soluciones habitacionales”.

Aunque en La Guaira están su familia y toda su historia, Dayana quiere rehacer su vida en Caracas, donde trabaja. El terremoto cambió su relación con el lugar y reforzó su decisión de mudarse. Ya tiene aprobado el préstamo y está negociando con el vendedor de la vivienda que espera convertir pronto en su nuevo hogar junto a sus tres hijos.

Una emergencia que agravó problemas de mantenimiento pendientes

Yoli habita junto a su familia en un edificio de cuatro pisos en Caricuao (Caracas), con aproximadamente setenta años de antigüedad. Nos cuenta que, mucho antes del sismo, el inmueble ya sufría los estragos de estar emplazado sobre un talud inestable afectado por filtraciones de aguas de lluvia. “Desde antes ya había problemas con el talud, que es el que se está desmoronando. Hace como dos años vino la gente de la Alcaldía, hicieron una inspección y levantaron un informe que decía que efectivamente había un problema y que estos edificios tenían que ser asegurados”, señala Yoli. Aun así, las obras necesarias no llegaron a realizarse, ante lo que los vecinos continuaron llevando a cabo gestiones para solicitarlas a través de la Alcaldía y el Gobierno de Distrito Capital.

El terremoto profundizó los daños: el movimiento sísmico abrió las juntas de dilatación hasta seis centímetros, rompió el manto asfáltico y fracturó las tuberías de aguas blancas y servidas. Tras la inspección de la Comisión Presidencial sobre las afectaciones del terremoto, el edificio recibió una etiqueta amarilla, lo que indica que es habitable, pero requiere reparaciones urgentes en su mampostería, además de obras de infraestructura como un muro de contención en el talud para evitar que el terreno se siga desplazando.

Yoli aclara que los vecinos no le exigen al Estado que les pinte o arregle el interior de sus apartamentos, sino que intervenga en las áreas comunes, en la estructura y en el levantamiento del muro: “El Estado venezolano desde hace muchos años ha mantenido una política de ayuda y de dar solución de vivienda a mucha gente. El Estado prometió después del terremoto ayudar a las personas que perdieron la vivienda o que sus viviendas sufrieron daños, y creó Venezuela Renace. Ante esa promesa, esperamos que el Estado llegue a nuestra urbanización”.

Actualmente, están a la espera de la instalación de la carpa del Plan Venezuela Renace en ese sector, desde donde se encauzarán las obras de la zona. Los vecinos mantienen la expectativa de que, a través del Estado, ahora sí, podrán llevar a cabo la construcción del muro de contención que necesitan sus edificios, así como las reparaciones de los daños más graves sufridos tras el terremoto.

El laberinto del alquiler y la especulación

A sus 34 años, Alphonso vive con sus padres y su hermana en una casa familiar antigua que requiere constante mantenimiento y cuidado, ya que presenta fallas estructurales como humedades, filtraciones y problemas con las tuberías, entre otros. En su intento por independizarse o convivir con su pareja, se ha enfrentado al mercado de alquileres en Caracas, sin tener hasta ahora una experiencia positiva.

En sus búsquedas ha experimentado desde habitaciones sin suministro constante de agua ni servicios básicos, hasta situaciones de extrema vulnerabilidad con arrendadores invasivos. Al intentar alquilar en pareja, los precios por una habitación o un anexo pequeño oscilan entre los 250 y 500 dólares mensuales por espacios sin amoblar. Esto, en una economía donde el ingreso mínimo mensual es de 240 dólares, debido a la crisis originada por las sanciones, el bloqueo y las agresiones constantes de EE. UU. y la Unión Europea contra el país.

Pero el mayor obstáculo son las condiciones de negociación: depósitos exorbitantes de hasta 2 000 dólares para poder entrar a la vivienda, montos imposibles de ahorrar en una economía donde la mayor parte de sus ingresos se destina a alimentación, salud y medicinas para sus padres. Para Alphonso, el mercado de alquileres actual está totalmente desregulado, no protege al inquilino y favorece de manera absoluta a un sector que transformó la vivienda en un negocio especulativo. “Me parece que el arrendatario especula porque muchas veces adaptó su casa para ponerla a producir a modo de alquiler. Es un negocio y despluman al que vaya a arrendar”.

Por su parte, Ana, la novia de Alphonso, tiene 31 años y es oriunda del interior del país; llegó a Caracas para trabajar en una organización humanitaria. Al no existir fuentes de empleo estables en su pueblo natal, la capital es su única vía de productividad económica, pero el costo de la vivienda devora más del 50 % de sus ingresos.

Tras cinco años transitando por residencias estudiantiles, anexos con problemas críticos de servicios básicos y acuerdos temporales con conocidos que le permitían quedarse en viviendas desocupadas, Ana coincide en que el alquiler es “uno de los temas más invisibilizados y complejos de la sociedad venezolana”. Señala que las exigencias de meses exagerados por adelantado y de depósitos fuera de toda lógica económica imposibilitan cualquier intento de ahorro.

Tras el terremoto, no ha visto ningún alivio ni control estatal. Por el contrario, “los anuncios dicen: ‘este edificio es antisísmico, no le pasó nada, por eso es más caro’. Yo soy una persona que depende de un alquiler desde hace cinco años que me mudé a Caracas, y no veo que se controle la exageración en los meses que piden de depósito y de adelanto. ¿En qué momento ahorras para pagar seis meses de alquiler por adelantado? A menos que tengas un aumento de sueldo de película. En la práctica, actualmente no existe ningún beneficio ni facilidad para quienes necesitan alquilar”.

La respuesta institucional en un urbanismo tras el terremoto

La señora Carmen vive junto a su esposo y dos hijos adolescentes en el Urbanismo Los Cinco Héroes Cubanos, un complejo de la Gran Misión Vivienda ubicado en la avenida Bolívar de Caracas. Tanto para ella como para su familia, los momentos posteriores al sismo estuvieron marcados por la zozobra y las pernoctas en carpas provisionales instaladas frente a los edificios: “Fueron momentos muy angustiantes por la situación física en la que quedaron las paredes de nuestro edificio. En esos días recuerdo la solidaridad de vecinos, iglesias y organizaciones en cuanto a comida, medicamentos, pañales y carpas”.

En su opinión, la respuesta estatal llegó rápidamente: “Vinieron varias inspecciones para revisar el estado de las estructuras, determinándose la clasificación etiqueta amarilla, que significa que era habitable pero que debían hacerse reparaciones a la mampostería. La estructura, las columnas y las juntas de dilatación no sufrieron daños. Un fenómeno particular es que la comunidad no aceptaba el diagnóstico realizado por los especialistas en la evaluación de estructuras. En ese sentido, pidieron más inspecciones para corroborar la información, dando como resultado la misma evaluación”.

Cuarenta días después del evento, las cuadrillas del plan Venezuela Renace desplegaron trabajos piso por piso, reparando pasillos, escaleras y paredes afectadas, devolviendo la habitabilidad y la seguridad a las familias beneficiarias. Se realizaron trabajos en las áreas comunes, y al interior de los apartamentos, donde se repararon también cerámicas, baños o cocinas. “Venezuela Renace trabajaba por cuadrillas, de diez a quince personas por piso, empezando por los pisos altos. Siento que la atención del Estado cumplió con mis expectativas; fue rápida y oportuna”. Afortunadamente, el apartamento de Carmen ha sido reparado, al igual que los de sus vecinas y vecinos. En este momento, continúan las labores en los locales comerciales y de proyectos socio-productivos de las plantas bajas, que también fueron afectados.

Organizarse para construir: Asamblea Viviendo Venezolano

La historia de Eva es el reflejo de la organización colectiva frente a la exclusión histórica de quienes no cuentan con dinero en mano para comprar una vivienda. En su caso, son dos generaciones las que no han tenido jamás un techo propio: sus padres sufrieron múltiples estafas inmobiliarias en el pasado y hoy habitan en casas de herencia o en anexos familiares en disputa.

Junto a su esposo e hijo, Eva forma parte de una Asamblea Viviendo Venezolano (AVV) conformada en un terreno de la Cota 905 (Caracas). Durante más de dieciseis años, las familias organizadas en ese colectivo han librado batallas legales para sanear el terreno de ocupaciones ilegales, han costeado estudios técnicos de suelo e incluso rescataron maquinaria de pilotaje abandonada para ponerla a funcionar en el terreno. La idea de estos grupos que forman parte de la Gran Misión Vivienda Venezuela es el diseño y autoconstrucción de sus propias viviendas, en terrenos en desuso recuperados para esa finalidad, con la participación o el apoyo del Estado. Aunque las trabas burocráticas y los cambios institucionales frenaron el proyecto durante años, la asamblea ve en la coyuntura del plan Venezuela Renace y en la necesidad de reubicar a las y los damnificados del terremoto la oportunidad definitiva para que el Estado financie y construya, bajo esquemas de pago a largo plazo, el complejo habitacional por el que tanto han luchado.

Durante años, estas familias organizadas recuperaron la titularidad legal de la tierra frente a ocupantes ilegales y asumieron la autogestión total de los proyectos técnicos: “Nuestra idea siempre fue la autogestión. Nosotros nos organizamos, cubrimos todos los gastos de las cosas que haya que hacer, hemos hecho todos los estudios, todo el proyecto”.

Para Eva, así como para las demás familias, esta es la oportunidad en la que depositan la esperanza de tener su vivienda tras años de organización, articulación con el Estado y espera. En el terreno se construirán edificios tanto para ellas como para familias afectadas por el terremoto; hay espacio y voluntad para edificar su nueva comunidad con viviendas dignas para todas y todos.

“Según la última reunión que tuvimos el mes pasado, nos dijeron que entramos en el plan Venezuela Renace por cumplir con todos los requisitos, por tener un proyecto que quedaba acorde para dar espacio a nuevas familias damnificadas. La propuesta es que el Estado construye y nosotros le quedamos pagando un monto por un plazo de veinte a veinticinco años”, menciona Eva.

Construir, mantener y garantizar el derecho a la vivienda

El problema de la vivienda en Venezuela no tiene una sola cara. Están quienes no pueden independizarse porque los precios de los alquileres y sus condiciones de entrada superan sus posibilidades; quienes consiguieron un inmueble público y ahora necesitan reconstruir su hogar; quienes compraron una propiedad privada, pero no pueden resolver por sí solos los problemas estructurales del edificio; quienes desean permanecer en su territorio después de una emergencia y quienes llevan años organizándose para construir sus viviendas.

Reconocer las dificultades de quienes buscan alquiler, la especulación en un mercado secundario de precios inflados y las necesidades materiales de tantas familias demuestra la importancia de que el Estado brinde protección y opciones a quienes no tienen el poder adquisitivo para adquirir un inmueble. La vivienda es un derecho humano y una condición fundamental para vivir con dignidad; como tal, exige políticas públicas sostenidas, organización popular articulada y un control y planificación riguroso en su ejecución.