Cada vez que se acerca el Primero de Mayo, la fecha proyecta realidades distintas entre las y los trabajadores del mundo. En algunos países persiste la esperanza de arrancar mejoras al patrón; en otros, es solo un día de movilización sin expectativas reales de cambio, un recordatorio más que una celebración. En Venezuela tras cuatro años con el salario base congelado, la clase trabajadora se encuentra expectante ante los próximos anuncios en materia salarial por parte del Gobierno venezolano, y el posible levantamiento de las sanciones económicas por parte de EE. UU. y la UE.

Fotografía: Laura Salcedo y MIPPCI

Caracas, Venezuela.- Venezuela ha atravesado años de agresiones imperialistas, asfixia política, intentos de golpes de Estado y un cerco económico como medida de presión que ha terminado hiriendo al pueblo trabajador. Esta injerencia, traducida en consecuencias para las y los trabajadores como la pérdida del poder adquisitivo, escasez y migración forzada, buscó estrangular la economía venezolana de forma deliberada. El salario mínimo se ha mantenido congelado desde el año 2022 en ciento treinta bolívares, el equivalente hoy a 0,25 dólares al cambio del Banco Central de Venezuela (BCV).

En Ceiba conversamos con Carolina Pérez, trabajadora del Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género; Grisel Rodríguez Lozada, maestra con veinte años de servicio; Omar Vázquez Heredia, politólogo y dramaturgo; Luis Alberto Bonilla, migrante colombiano con más de veinte años de servicio y trabajador de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV); María Rosa Acosta Jáuregui, docente jubilada con veintiocho años de servicio; y Wilfer Bonilla economista y sociólogo, quienes analizaron el panorama salarial y laboral venezolano desde diferentes perspectivas, realidades y experiencias.

Con salario y bonos viven las y los trabajadores

En la actualidad, conviven en Venezuela el salario y una política de bonificación cuya implementación surgió como respuesta a la emergencia que vivía el país ante el bloqueo unilateral. Por esto, merece la pena contextualizar desde distintas aristas. Una de ellas es la que indica el economista y sociólogo Wilfer Bonilla, quien plantea que “exigir un salario digno bajo términos ordinarios ignora la naturaleza de la guerra asimétrica. El salario no puede analizarse como una relación puramente contractual, cuando el enemigo controla los precios del dólar paralelo y fomenta el desabastecimiento de forma deliberada”.

La maestra Grisel Rodríguez Lozada describe la situación del sector educativo: «Mi salario es ciento y algo de bolívares, pero recibimos el bono de guerra que son ciento cincuenta dólares y el bono de alimentación que son cuarenta dólares. Uno tiene que buscarse trabajos extra para compensar; trabajo en la Universidad del Magisterio, ahí gano treinta dólares mensuales, doy tareas dirigidas y hago tortas por encargo».

Sobre esta política de bonificación, el politólogo y dramaturgo Omar Vázquez Heredia explica que «el pago de los bonos, que reemplazan al salario, comienza en el sector privado con dos objetivos: primero, desestimular las renuncias de las trabajadoras y trabajadores en las empresas privadas y, segundo, pagar una remuneración, pero sin impacto en el cálculo de derechos laborales como vacaciones, utilidades, prestaciones sociales, caja de ahorros, entre otros».

Según su visión, el Estado adoptó en 2023 esta medida del ingreso mínimo vital que combina el bono de guerra y el bono de alimentación para «disminuir el abandono laboral en las instituciones del Estado». Considera que estos bonos «violan los derechos laborales establecidos en la Ley del Trabajo». En su opinión, «los bonos deberían ser remuneraciones laborales puntuales, extraordinarias, paralelas a los salarios».

Por su parte, María Rosa Acosta Jáuregui, quien es jubilada, recibe hoy un salario de 1000 bolívares, lo que representa casi dos dólares mensuales, más un bono de guerra de ciento veinte dólares. «Con la jubilación actual es imposible vivir», afirma. Recuerda que entre 1999 y 2000 (como trabajadora activa) su salario era el equivalente a 1000 dólares mensuales, más dos meses del bono de vacaciones y cuatro de aguinaldo; tenía un ingreso de 18 000 dólares al año. Coincide en la preocupación sobre la naturaleza de los bonos al señalar que «el bono de guerra no incide en las prestaciones. Otro derecho que hemos perdido».

Carolina Pérez, funcionaria pública del Ministerio de la Mujer, comenta que actualmente recibe quinientos bolívares de salario al mes y ciento noventa dólares en bonos que no constituyen salario. Añade que «los bonos deben convertirse en salario, para que aporten a las prestaciones sociales de tal modo que después de muchos años de servicio los y las trabajadoras reciban lo que les corresponde y puedan tener un retiro digno». Mientras, Grisel es más tajante al señalar: «Nosotros no queremos más bonos, porque no tienen incidencia en vacaciones, aguinaldos ni prestaciones. El salario es muy poquito y lo que a uno le dan por el esfuerzo de tantos años es casi nada».

Desde otro punto de vista, Wilfer argumenta que “esta política de bonos ha sido un mecanismo de defensa en una economía de guerra inducida por el bloqueo, donde la prioridad estatal no era el salario en sí, sino la preservación de la vida y el subsidio generalizado a la población”.

También desde el sector público, Luis Alberto Bonilla, trabajador de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), con un ingreso de trescientos diez dólares mensuales (entre salario y bonos), lejos de ver los bonos como una violación de derechos, los defiende como un mecanismo de socialización del ingreso: «Yo pienso distinto frente al tema de los bonos, que no tienen incidencia prestacional; eso permite que los adultos mayores que nunca cotizaron también reciban un bono como la pensión por la Gran Misión Amor Mayor. Si eso permite que los desempleados reciban un bono, a mí me parece perfecto, ¿qué sacaría yo con tener un sueldo de seiscientos dólares y que mi suegra no reciba nada? Eso me parece perverso».

Para Luis Alberto, la discusión no debe centrarse solo en el salario individual: «Estamos viendo solamente la variable salario, pero no estamos viendo el conjunto de la sociedad. El Estado me subsidia los servicios públicos, no me cobra el metro, me dio una vivienda por la que no tuve que pagar nada, el gas cuesta un dólar al año. Mis condiciones de vida son superiores a las de un trabajador en Colombia».

El profesor y sociólogo Elías Jaua Milano, exvicepresidente de la República, documenta, para el Centro de Estudios para la Democracia Socialista (CEDES), la realidad de la juventud que trabaja en franquicias de comida rápida, supermercados y tiendas, donde las jornadas laborales se extienden a diez horas diarias o más, cumplidas de pie bajo la prohibición de sentarse, con semanas de trabajo de siete días continuos y sin descanso. A esto se suman la ausencia de espacios dignos para comer, restricciones para ir al baño, descuentos salariales por faltas justificadas, situaciones de acoso y amenazas. Estas condiciones, que Jaua califica como una “neoesclavitud a la vista de todos”, configuran una máquina trituradora de los derechos laborales donde los bonos no compensan este nivel de explotación.

Un estudio del Observatorio para la Dignidad en el Trabajo sobre Traki (tienda por departamento) documenta que en 2024 un trabajador contratado recibe un salario base de cincuenta dólares mensuales, más un bono de alimentación de cuarenta dólares y otro bono discrecional del patrón de ochenta dólares. Este tipo de cadenas, al pagar bajo la figura de bonos, evaden el cálculo de prestaciones sociales, utilidades y vacaciones sobre la mayor parte del ingreso que recibe un trabajador, mientras imponen jornadas de más de diez horas, contratos temporales renovables cada tres meses y condiciones que rayan en la sobreexplotación.

¿Cómo llegamos hasta aquí?

A finales de 2012, con la enfermedad y posterior fallecimiento del comandante Chávez, y tras la victoria electoral de Nicolás Maduro en 2013, las agencias calificadoras de riesgo comenzaron a señalar inestabilidad en Venezuela y a bajar su rating soberano como parte de una estrategia de aislamiento financiero. Ante esta presión, el Gobierno decidió priorizar el pago de la deuda externa y los pasivos de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). El objetivo era demostrar capacidad de pago para no ahuyentar inversionistas y evitar una crisis financiera mayor.

Omar ofrece su opinión sobre el inicio de la crisis de la economía venezolana, señalando que «empieza en 2014 cuando todavía el precio del petróleo de la cesta venezolana, el denominado Merey, según la OPEP era de ochenta y cuatro dólares». Argumenta que el Gobierno «desde 2013 desarrolló una política de contracción gradual y vertical del monto de los dólares asignados a la importación de bienes de consumo final e insumos productivos, para destinar esos miles de millones de dólares al pago de deuda externa gubernamental y pasivos de PDVSA».

Según su análisis, esta decisión interna «destruyó la capacidad de compra de los salarios» incluso antes de que se endureciera el bloqueo. Reconoce que las sanciones de agosto de 2017 y el embargo petrolero de enero de 2019 agravaron la crisis, porque “acentuaron la escasez de dólares al promover una mayor disminución de la extracción y exportación de petróleo por PDVSA. La destrucción de la capacidad de compra de los salarios fue producto tanto de la política del Gobierno como de las sanciones económicas de la primera administración de Donald Trump».

Frente a esta complejidad, Carolina sitúa el origen de la crisis salarial en el bloqueo: «La disminución de los salarios empieza con la imposición de las sanciones económicas, coercitivas y unilaterales contra Venezuela por parte de EE. UU. y la UE. Ellas generan una crisis económica muy fuerte que afecta el poder adquisitivo, aumenta la inflación y con ello disminuye el salario». Luis Alberto comparte esta lectura: «Esas más de 1000 medidas unilaterales, ilegales, ese bloqueo criminal, redujo los ingresos del Estado al 1 %. Eso ha sido demostrado. Lo determinante ha sido el estrangulamiento del bloqueo». Y recuerda que antes de las sanciones podían viajar al exterior y disfrutar vacaciones.

Grisel, en cambio, señala que «se presentaron muchas situaciones. Según el Gobierno eran las sanciones, pero otras personas dicen que no son las sanciones, sino una mala administración». Por su parte, Wilfer plantea que la situación del salario no es producto de una mala gestión, sino el resultado intencionado de una guerra económica multimodal que combinó hiperinflación inducida, acaparamiento y más de 1000 sanciones, contra las cuales el salario nominal no podía competir.

Como está documentado por el Observatorio Venezolano Antibloqueo, el andamiaje legal de la agresión hacia Venezuela comenzó en 2014 con la Ley 113-278 promulgada por el Congreso de EE. UU., titulada Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela, instrumento que estableció el marco jurídico para las futuras agresiones contra el Estado. Luego, el 8 de marzo de 2015, Barack Obama declara a Venezuela una «amenaza inusual y extraordinaria», lo que tuvo como consecuencia inmediata la sanción a funcionarios venezolanos por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

En 2017, el Gobierno de Donald Trump impuso nuevas medidas que prohibieron la reestructuración de la deuda externa y bloquearon la repatriación de los dividendos de Citgo. Sumado a esto, Trump también prohibió las transacciones con PDVSA, la compra de bonos y el pago de utilidades, asfixiando directamente al Estado venezolano. Omar indica al respecto que estas sanciones agravaron la crisis y que “la escasez de dólares mantuvo un bajo nivel de importaciones en la economía venezolana, que es muy dependiente de bienes de consumo final e insumos productivos extranjeros».

Antes de 2017, el 95 % de los ingresos de Venezuela eran producto de las exportaciones petroleras, las cuales eran fundamentales para financiar las misiones sociales, subsidios y programas gubernamentales de protección social. Esta pérdida de ingresos provocó un aumento sin precedentes de la inflación: según cifras del BCV de 2019, la tasa interanual más alta llegó a estar en 344 510 %. Finalmente, en noviembre de 2017, el presidente Nicolás Maduro en medio de la crisis económica pidió la reestructuración de la deuda externa, pero las sanciones impuestas por EE. UU. lo prohibieron y el país entró en impago.

Es necesario recordar que en 2012 el salario mínimo neto, sin incluir bono de alimentación, estaba alrededor de cuatrocientos catorce dólares al cambio oficial, lo que en el mercado cambiario especulativo eran 191 dólares, y que los precios de los productos y servicios para el consumo estaban anclados a la tasa oficial, debido a los subsidios gubernamentales tanto para importar productos como para la producción nacional.

Sobre las causas del deterioro del salario, María Rosa afirma que «las sanciones por supuesto que han incidido en la vida de los venezolanos», pero también apunta a la distorsión y especulación de los precios en el mercado interno: «devalúan la moneda, aumentan los precios en bolívares y en dólares y además cobran a precio de dólar paralelo o euro. Creo que aquí está el meollo del problema».

Alternativas ante la precariedad 

Esta realidad lleva a trabajadores, pensionados y jubilados a vivir con angustia sobre sus ingresos: «Con la jubilación actual es imposible vivir, sigue existiendo inflación, obligando a los trabajadores a buscar fuentes alternas, pues la pensión de ciento treinta bolívares es hoy simbólica y no alcanza ni para un pasaje completo», afirma María Rosa. En el mismo sentido, Carolina detalla: “para solventar los gastos recurro al apoyo del resto de la familia porque de lo contrario no podría hacerlo y aun así existen cosas que no logro hacer, como arreglar la casa, irme de vacaciones a otros lugares o comer determinadas cosas que son más costosas».

María Rosa comenta que, como jubilada, cuando recibe el bono paga “los servicios, internet, la renta del celular, agua, luz y otros. Después el mercado y, por último, si queda algo, la diversión. Cada vez son menos las cosas que se pueden comprar con el salario y el bono de guerra. La jubilación debería cubrir las necesidades básicas de alimentación, vivienda, recreación, servicios básicos y salud. Tengo la suerte de que tengo vivienda propia y pagada. El vehículo lo tuve que vender porque no podía con los gastos de mantenimiento. Desde el 2015 no viajo al exterior y prácticamente no como en la calle. Ya que con la jubilación actual no alcanza, tengo otras fuentes de ingresos, tengo otra profesión que me permite cubrir otros gastos”.

Además de los bonos, los trabajadores públicos reciben bolsas de alimentos y proteínas, aunque su contenido varía según la institución. María Rosa recuerda que en el momento más crítico se implementaron tanto en las comunidades como en las instituciones públicas los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), un programa social del Gobierno como «mecanismo de compensación alimentaria para un gran porcentaje de las familias. La situación de todos los trabajadores de la administración pública se vio seriamente afectada al punto que crearon este mecanismo”.

Carolina recuerda que «el Gobierno buscó alternativas para apoyar tanto a los trabajadores como a la población más vulnerable, se implementaron los bonos y los CLAP». Advierte que antes de las sanciones «el salario alcanzaba para cubrir las necesidades básicas, tenía otros beneficios como el seguro médico tanto para mí como para mi núcleo familiar. Los tickets de alimentación que se recibían para comprar alimentos alcanzaban para todo el mes».

Uno de los derechos más sentidos que han perdido los docentes es el seguro médico. La maestra Grisel lo explica de esta manera: «No tenemos HCM, que es hospitalización, cirugía y maternidad, que la tuvimos durante años. Antes, si íbamos a una clínica, el seguro nos amparaba; eso desapareció. En una reunión del sindicato nos dijeron que la entonces ministra de educación Yelitze Santaella había dicho que el dinero de los HCM iba a ser dirigido a los hospitales públicos, para que nosotros fuéramos a atendernos donde va todo el mundo. Y bueno, nos quedamos sin HCM y la situación en los hospitales también es muy difícil».

El pasado 8 de abril, la presidenta encargada Delcy Rodríguez presentó datos sobre los ingresos de la clase trabajadora, mostrando cómo, mediante las bonificaciones, el ingreso mínimo integral ha pasado de treinta dólares en 2021 a ciento noventa dólares en 2026. Asimismo, resaltó los subsidios del Estado en servicios públicos como agua, electricidad y gas, que superan el 90 %. En cuanto a la población trabajadora formal, mencionó que hay 5,3 millones de trabajadores activos, de los cuales 3,1 millones pertenecen al sector público, además de 6,26 millones de jubilados y pensionados. Enfatizó que el Estado continúa financiando el 91 % del pago de pensiones, mientras que los aportes del sector privado alcanzan apenas el 9 %.

De cara al Primero de Mayo, la presidenta anunció un incremento “responsable”, argumentando que el aumento requiere respaldo para evitar que nuevamente la inflación devore el ingreso. Además, mencionó que los recursos de Venezuela tras el cese definitivo del bloqueo económico se destinarían a rehabilitar servicios públicos, hospitales, vialidad y la inversión productiva. También anunció la instalación de la Comisión para el Diálogo Laboral, la cual articulará la Constituyente Laboral y de Seguridad Social con participación de todos los sectores.

Mientras tanto, las y los trabajadores esperan. Para Carolina el camino es urgente: «se debe subir el salario de tal manera que alcance para satisfacer las necesidades básicas, como lo establece la Constitución y la Ley» e indica que una posible reforma a la Ley Orgánica del Trabajo “debe incluir las nuevas formas de trabajo y debe estar adecuada a los nuevos tiempos, sin retroceder en los derechos y garantías». Sobre la Constituyente Laboral anunciada opina que «debería estar conformada solo por trabajadores y trabajadoras, sin la presencia de los empleadores o patronos».

Grisel considera que «definitivamente deben desaparecer los bonos. No podemos tener un papá Estado manteniendo a mucha gente. Un mayor control es pagar solo por nómina. Cuando las personas que trabajaron tantos años se vayan, sus prestaciones sociales deben servir para que puedan invertir, para su salud o terminar de pagar la casa». Sobre una posible reforma laboral menciona que sabe «lo que se ve por las redes. Sé que algunos están de acuerdo y otros no porque dicen que el gobierno se está reuniendo con Fedecámaras. Yo como trabajadora espero que si es así saquen el anteproyecto de ley para que lo estudiemos y veamos si nos conviene o no».

Posibles caminos

Pensando qué hacer para mejorar esta realidad, Omar apunta que el Gobierno «ha disfrutado de la suspensión de las sanciones financieras y de licencias a empresas transnacionales como Chevron para extraer y exportar petróleo venezolano a EE. UU. Hoy en día, incluso el Banco Central de Venezuela ya no se encuentra sancionado».

Aprovechando este margen, sostiene que el Ejecutivo «podría realizar una suspensión del gasto en sectores como el militar y policial, que ha sido sobredimensionado, así como el gasto suntuario de altos funcionarios del Estado y el gasto en actividades proselitistas. Es decir, construir un verdadero presupuesto de emergencia nacional, para destinar esos recursos a un aumento del salario que permita recuperar cierta capacidad de compra de las trabajadoras y trabajadores».

Carolina coincide en la necesidad de reorientar el gasto público: «Yo creo que el Estado debe garantizar el aumento del salario mínimo a pesar de las sanciones, se debe priorizar este aspecto en beneficio de todos los trabajadores. Se puede reducir el gasto público en temas innecesarios, como eventos que no tienen ningún impacto a nivel nacional ni internacional, en los cuales se gasta mucho dinero, o combatir la corrupción, donde se evaporan muchos recursos del Estado, entre otros».

Según un análisis de Misión Verdad, “tres meses después del secuestro del presidente Nicolás Maduro el pasado 3 de enero de 2026, el gobierno apuesta por una apertura controlada hacia el capital extranjero −particularmente en hidrocarburos y minería− y por una estabilización macroeconómica gradual, condicionada necesariamente al levantamiento de restricciones financieras internacionales y a la recuperación de reservas congeladas en jurisdicciones extranjeras”.

En este aspecto, Omar coincide en que hoy el Gobierno «se encuentra exportando petróleo a Estados Unidos y, se supone, sin los descuentos al precio internacional que se le imponía al petróleo venezolano por el riesgo que implicaba comprarlo sancionado». La soberanía sobre los recursos y el fin definitivo del bloqueo son necesarios para reimpulsar salarios dignos.

María Rosa señala en esta misma línea que «las riquezas de nuestro país deben ser administradas por los venezolanos». Ella propone que la salida debe contemplar la democracia participativa y protagónica, y que las empresas del Estado deben ser administradas bajo la supervisión de los trabajadores. Entre sus soluciones para el sector jubilado y pensionado, plantea que algo que ayudaría a aliviar el gasto es «habilitar farmacias para que los jubilados con el respectivo récipe busquen sus medicamentos» y garantizar servicios de salud de calidad e integrales.

Grisel, por su parte, advierte que «Venezuela es un país con demasiados recursos. Si se administran bien, se pueden obtener préstamos, pero no del Fondo Monetario Internacional (FMI) porque eso es depender de un ente extranjero, y es terrible. Es preferible que haya inversiones en el país. Si se levantan las sanciones es un respiro para comercializar lo que necesitamos vender, eso ayudaría muchísimo». Y cierra con otra reflexión en la que coincide con María Rosa: «si nos enfermamos, tenemos que ver muy bien cómo reunir para ir a un médico. Eso es lo que queremos: que mejore la seguridad. En toda familia, lo que te interesa es saber que si un hijo se enferma tienes a dónde llevarlo, cómo comprarle la medicina y darle el plato de comida. Eso es lo que a la mayoría de las personas le interesa».

Carolina resume el sentir de muchas trabajadoras y trabajadores que apuestan al país: «En Venezuela se debe cambiar el sistema actual de remuneración, estableciendo un salario justo, como una prioridad del Gobierno. Además, hay que seguir aumentando la producción nacional y pedir que cesen las sanciones contra el país. Todo pasa por que exista una voluntad política tanto del Estado como del sector privado para ponerse en los zapatos de los y las trabajadoras que seguimos apostándole al desarrollo del país».

La perspectiva de Wilfer es clave para comprender la encrucijada en la que se encuentra el debate del salario en Venezuela, cuando indica que “en medio de la economía de guerra, el debate salarial sin condenar explícitamente el bloqueo termina tributando a la narrativa de ‘fracaso del modelo’ que la derecha internacional necesita para justificar la intervención en Venezuela. El problema no es solo económico, sino también político: cómo debatir derechos sin deslegitimar al único gobierno que, pese a todo, mantiene en pie la arquitectura del Estado social”.