Hay un dicho popular que reza “los bienes sirven para remediar los males”, es decir, las cosas materiales se pueden vender en situaciones de emergencia. Esa es una de las batallas silenciosas tras la desaparición forzada, cuando el pilar económico desaparece y deja en el limbo a una familia. Se trata de otra más de las repercusiones que tiene la crisis de las desapariciones en México, un crimen que el Estado insiste en negar.

Fotografías: Rodrigo Caballero

Michoacán, México.- Para Gladiola, la desaparición de su padre fue como si un terremoto se concentrara solamente en su familia: a Francisco Javier Magaña Villa se lo tragó la tierra el 17 de agosto de 2005 y a partir de ese momento han estado viviendo las réplicas.

Su madre Martha pasó de ser ama de casa a asumir totalmente las responsabilidades de sostener a su familia, Gladiola y su hermana tuvieron que hacerse cargo del hogar cuando tenían poco más de diez años; la familia se redujo, pero las deudas aumentaron y poco a poco fueron perdiendo algunos de sus bienes para poder salir al paso.

“Yo no conocí otra realidad, lo normal para mí siempre fue que mi papá estaba desaparecido; desde que tenía once años, desde que tuve conciencia sabía que éramos mi mamá, mi hermana y yo las que teníamos que salir adelante”, aseguró Gladiola Magaña González.

Las réplicas del terremoto de la desaparición forzada siguen alcanzando a la familia Magaña González, quienes veintiún años después continúan preguntándose qué pasó, quiénes fueron los responsables, dónde está Francisco Javier y por qué las autoridades nunca lo han buscado.

Porque, aunque pareciera tener la fuerza de un terremoto, la desaparición de su padre no fue un fenómeno natural, fue uno de los 135 000 casos que hay en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL), hasta el 16 de mayo de 2026.

Temblor sin epicentro

La familia de Francisco Javier Magaña Villa no sabe dónde ocurrió su desaparición, solamente creen que pasó en algún punto de los ciento sesenta kilómetros que hay entre el pueblo de Caleta de Campos en Lázaro Cárdenas, Michoacán y el de Ixtapa-Zihuatanejo en el estado de Guerrero.

Aquella tarde del miércoles 17 de agosto de 2005, Javier salió de Caleta de Campo en su camioneta, una Ford Scape color azul marino placas PML-9254. Iba rumbo a Guerrero acompañado de Moisés Rubio Silva, un amigo a quien invitó de último momento y de quien tampoco se conoce su paradero desde entonces.

“Mi papá tenía 35 años en ese momento, le dijo a mi mamá que iba a Ixtapa donde tenía familia y conocidos. Era un viaje que hacía muy seguido por eso nunca se preocupó, también de repente se quedaba fuera o se iba a tomar con sus amigos, nada fuera de lo común, nunca nos esperamos que algo malo le pasara”, aseguró su hija Gladiola.

Pasó un día, luego dos y así se fueron acumulando. Martha González Meraz quien entonces tenía 33 años salió a buscar a su marido. Desde ese momento se topó con una pared burocrática que no ha podido saltar: primero, la necesidad de presentar denuncias en dos estados diferentes de la república mexicana y, luego, la falta de un nombre para lo que había ocurrido.

“No había ley, no había delito para lo que le había pasado, eso vino mucho después, porque las familias presionamos para que existiera, pero en ese momento lo único que le dijeron a mi mamá es ‘váyase a su casa a esperar que regrese’, eso es todo y, lo peor, es que sigue siendo igual”, narró Gladiola.

La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas entró en vigor apenas el 17 de noviembre de 2017. Se determinaron los márgenes del delito, las sanciones y quiénes son los responsables, más de doce años después de que Javier saliera de su casa. A pesar de eso, en su familia no han tenido ningún avance entre 2005 y 2026.

Como parte del Colectivo de Personas Desaparecidas de la Costa y Feminicidios de Michoacán (Decofem), Gladiola participa en las reuniones con autoridades de los tres niveles de gobierno para revisar los casos de la agrupación. Sin embargo, en agosto de 2026 se enteró de que el expediente de su padre había desaparecido.

“Apenas me enteré de que no existe el expediente, no está. Yo tengo la única copia certificada del caso porque en la Fiscalía (del Estado de Michoacán) lo destruyeron junto con otros expedientes en el 2017. Esa es su estrategia para reducir las cifras de los desaparecidos, sin expediente no hay cifras”, aseguró Gladiola Magaña.

Luego de veintiún años, no aparece el epicentro del terremoto que sacudió a la familia en agosto de 2005, no saben qué pasó con Francisco Javier, no saben quién se lo llevó, no saben en dónde desapareció y tampoco saben nada del amigo que lo acompañaba ni del vehículo en el que se trasladaban.

Las réplicas económicas

Martha González Meraz esperó cuatro meses a que Javier regresara, presentó denuncias ante las extintas procuradurías de Guerrero y Michoacán, pasó de oficina en oficina intentando llamar la atención de los funcionarios sin resultado alguno.

Durante ese tiempo gastó dinero trasladándose de un lado al otro porque su esposo viajaba en el único vehículo que tenía la familia. Entonces se apoyó con familiares, amigos, conocidos o por su cuenta, hasta que la falta de recursos provocó que redujera los esfuerzos de la búsqueda, aunque nunca la abandonó.

En diciembre de 2005 vendió su casa, las escrituras estaban a su nombre y pudo hacer la transacción sin problemas, pero perdió parte de su patrimonio para saldar las deudas que acechaban a su familia, entre ellas la construcción de un local comercial que dejó a la mitad su esposo antes de su desaparición.

De acuerdo con una encuesta del sitio ADóndeVanLosDesaparecidos realizada a trescientas familias de personas desaparecidas, en el 73 % de los casos desaparecieron a quien estaba a cargo económicamente de la familia y el 75 % de los casos ha tenido que vender, empeñar o pedir préstamos luego de la desaparición.

Para 2007, Martha se dividía entre vender comida y vender ropa para mantener a sus hijas. Luego estudió en un instituto de belleza para poner una estética en el local que había empezado a construir su esposo, un negocio que mantiene hasta la fecha a un lado de la plaza principal de Caleta de Campos.

Un par de años después vendió un terreno que su esposo había comprado en la playa, donde alguna vez soñaron con poner un negocio o una palapa para que la familia disfrutara el mar. Así perdieron una parte del patrimonio que Javier había construido.

“El juez le dijo que incluso podía vender si estaba a nombre de mi papá porque en ausencia se procuraba el bienestar de los menores, en ese momento éramos niñas, que si mi papá regresaba no le podía reclamar a mi mamá la venta, en ‘ausencia’, imagínate”, detalló Gladiola.

Ausencia voluntaria

Términos como “ausencia voluntaria” ponen el dedo en la llaga de las familias. Es un recordatorio de que las autoridades no entienden −o no quieren entender− la magnitud de la crisis de las desapariciones y las tratan como si las personas se hubieran ido por su propia cuenta.

La negación del problema ha llegado a nivel internacional. Apenas el 20 de octubre de 2026, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina Padilla, le restó importancia a la crisis ante el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Arturo Medina aseguró que el gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, ha tomado medidas sin precedentes para afrontar la desaparición y que no se tolera este delito en ninguna de sus modalidades, aunque reconoció la participación de autoridades municipales en la comisión de estos delitos.

Medina destacó que unas 16 000 personas han sido localizadas, por lo que reiteró que no es necesaria la intervención de un comité especial del CED en México; como se propuso en un informe de la ONU apegándose al Artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

«Hemos fortalecido la Comisión Nacional de Búsqueda, las fiscalías y los mecanismos de identificación humana. Contamos con un puesto de mando permanente que opera las 24 horas, los siete días de la semana. Lo denominamos Alerta Nacional de Búsqueda», detalló.

Para Gladiola, que tiene la única copia del expediente de su padre, que todavía no sabe dónde o cómo se lo llevaron y que ha visto la inacción de las autoridades a lo largo de veintiún años, las palabras de Arturo Medina Padilla suenan huecas.

Para muestra basta con lo que le sucedió el 18 de agosto de 2025, cuando intentó que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) generara la ficha de búsqueda de su padre, luego de años de insistencia.

“Al principio sí me recibieron todos los datos del expediente, pero cuando les dije que el caso era de 2005 la señorita que me estaba atendiendo me dijo ‘¿Qué intentas conseguir con eso?’, con esas palabras; pues que lo busquen, es obvio, que por fin hagan su trabajo y lo busquen”, le recriminó.

En ese momento, la funcionaria recibió otra llamada sobre un caso que acababa de suceder:

−Señorita, está en otra línea una persona con un caso que tiene menos de veinticuatro horas, que tiene más posibilidades de aparecer que el suyo, ¿le puedo marcar a usted después? −dijo de manera prepotente.

−Está bien −respondió Gladiola, quien en ese momento seguía atónita por la pregunta “¿Qué intentas conseguir con eso?” y francamente no quería seguir la conversación.

Al día siguiente le volvieron a marcar, por eso la ficha salió con fecha del 19 de agosto de 2025. Pero Gladiola no confía en los esfuerzos del gobierno federal y por eso no han parado las réplicas del terremoto que comenzó hace veintiún años.