En los últimos sexenios, los anuncios de megaproyectos en Yucatán han sido acompañados de discursos sobre su importancia como un paso firme hacia el desarrollo y el bienestar de la población. Sin embargo, especialistas en ciencias sociales aseguran que esto no se...
Uno de los países con mayor concentración de la propiedad privada de la tierra en pocas manos es Brasil. Se trata de una realidad que afecta diariamente a millones de personas que ven restringido el acceso a la tierra para construir una vida mejor. A través de una revisión histórica de los orígenes de esta terrible desigualdad y de las luchas de resistencia nos encaminamos a la demanda de una verdadera reforma agraria que incluya prácticas agroecológicas y una comprensión integral del territorio.
En entrevista, Carlos González, asesor jurídico de muchas luchas en defensa del territorio en México, apunta algunas importantes reflexiones sobre la relevancia del territorio y su defensa en el escenario de guerra actual, y sobre el comportamiento de los gobiernos, el crimen organizado y Estados Unidos. También emite una crítica contundente a la continuidad del capitalismo neoliberal en América Latina.
La lucha por la tierra en Venezuela resume siglos de violencia, despojo y desigualdad. Desde el latifundio construido sobre el exterminio indígena hasta la Ley de Tierras de 2001, y su reforma en 2010, el campo ha sido escenario de conflicto. Hoy, experiencias como la Comuna Pancha Vásquez muestran una transformación aún abierta entre propiedad, poder y autogobierno.
La Revolución mexicana prometió repartir la tierra entre quienes la trabajaban. La reforma de los años noventa traicionó ese pacto: abrió la propiedad colectiva del campo a la privatización y con ella las puertas al acaparamiento. Tres décadas después, los cambios de destino convierten el uso común en parcelas, las rentas vacían las asambleas ejidales y las corporaciones mineras y agroindustriales imponen su ley sobre el territorio. Este es el mapa del nuevo latifundismo en México.
En medio de los anuncios oficiales de reactivación de la industria petrolera, Venezuela enfrenta una tensión profunda: la necesidad de recuperar ingresos en un contexto de sanciones versus los históricos impactos ambientales de la actividad extractiva. Marhylda Rivero, investigadora del IVIC, propone una mirada que evita tanto el catastrofismo como la complacencia, y pone el foco en las herramientas con las que el país cuenta para enfrentar este desafío.
¿Existe un movimiento feminista venezolano o son mujeres en movimiento y luchas? ¿Cómo es posible organizarse y construir una agenda común que atienda las necesidades de las mujeres cuando se impone un bloqueo económico a toda la población y la prioridad es solventar la vida cotidiana? ¿Cómo el ecofeminismo y el ciberfeminismo venezolanos generan conocimiento que tenga real incidencia en la vida de las mujeres que se encuentran en los territorios? Sobre esto conversamos con Diana Ovalles, activista ecofeminista y ciberfeminista, coordinadora de apoyo docente del Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela y profesora de ciberfeminismo.
La comunidad Tzawata-Ila-Chukapi, en la Amazonía ecuatoriana, sufre las tensiones provocadas por las reformas del presidente Daniel Noboa en materia de energía y minería en Ecuador. Sus decisiones se alinean con la estrategia de «aseguramiento de recursos críticos» que emprendió la administración Trump cuando anunció el Project Vault, iniciativa para crear una Reserva Estratégica de Minerales Críticos. Bajo la doctrina del Destino Manifiesto, Trump y sus aliados defienden el expansionismo estadounidense forzando un nuevo orden mundial.
En Yucatán, el discurso de la «soberanía energética» esconde un costo humano. A solo tres metros de las casas, una estación del gasoducto Mayakan −de la empresa francesa Engie−pone en riesgo a familias enteras con vibraciones, olores a gas y miedo a una explosión. Mientras autoridades prometen energía para la península, los vecinos enfrentan un dilema: ¿Progreso para quién y a qué precio? Un amparo y múltiples protestas no han logrado frenar un proyecto que denuncian como autorizado por omisiones del Estado.
