Hablar de la cuestión LGBTIQ+ en Venezuela es hablar de una disputa por la ciudadanía en el sentido más amplio del término. La pelea es por el reconocimiento social, por la igualdad material y por el derecho a vivir sin violencias en una sociedad atravesada durante siglos por el patriarcado, la moral religiosa y la exclusión de todo aquello que desafiara el orden heterosexual dominante, parte de una herencia colonial que aún deja huellas en Nuestramérica.

Fotografías: Alexis Bolívar, @caracas_diversa, César Escalona, Maikely Ferrer y Mikel Moreno

Caracas, Venezuela.- Desde la Colonia, América Latina fue reorganizada bajo jerarquías raciales y un sistema sexo-género que buscó domesticar cuerpos y borrar lo que había antes de la invasión. En ese proceso de larga duración, la Iglesia y el aparato colonial jugaron un papel decisivo. La homosexualidad fue tratada como pecado, delito y amenaza al orden social, incluso llegando a ser considerada enfermedad. La persecución se tradujo en violencia institucional, escarnio público y castigos ejemplarizantes, para dar lugar al régimen heterosexual como única opción posible, siendo una forma de organización del poder ligada a la reproducción de la familia tradicional, al control de la sexualidad y a la disciplina social.

En Venezuela, como en tantos otros países de la región, las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales, trans, intersex y no binaries han tenido que moverse durante décadas entre la clandestinidad, el estigma y la represión. Ya en el período gomecista aparecen registros de confinamiento de hombres homosexuales y de personas consideradas afeminadas, enviadas a espacios de reclusión y “corrección” social. Más adelante, la Ley de Vagos y Maleantes abrió la puerta a la detención y “reeducación” de quienes eran vistos como peligrosos o desviados, y su reforma de 1957 mantuvo una lógica de estigmatización que afectó especialmente a trabajadoras sexuales, jóvenes pobres, migrantes, homosexuales y trans. Las disidencias sexuales quedaban así asociadas a la marginalidad, la peligrosidad y el delito.

Los años setenta empiezan a mostrar una dualidad de visibilidad y persecución en Venezuela. Empezó a consolidarse una subcultura, sobre todo de hombres gais, en bares, discotecas, saunas y apropiaciones puntuales del espacio público, pero esos espacios y quienes los frecuentaban, eran sometidos a vigilancia, hostigamiento y allanamientos policiales.

En ese escenario, las primeras experiencias colectivas de la diversidad sexual en Venezuela nacieron en espacios culturales y académicos, donde comenzó a construirse un lenguaje político para nombrar lo que hasta entonces se había vivido en silencio. A partir de los años ochenta y noventa aparecieron grupos que intentaron disputar el relato dominante sobre las personas sexo-diversas, desmontar prejuicios y abrir conversación pública sobre acceso a derechos. Aquellas iniciativas fueron decisivas, aunque todavía limitadas, porque lo lésbico quedó invisibilizado dentro de los propios espacios de activismo, y las mujeres fueron empujadas a crear sus propias redes de apoyo y lucha.

Un recuento histórico desde la militancia

Alexis Bolívar, militante de la Fundación Rompiendo la Norma, recuerda que todavía hay muchas lagunas en la reconstrucción histórica de los primeros tiempos. Señala que las referencias coloniales son dispersas y a menudo ambiguas, pero que en la historia reciente sí pueden rastrearse con más claridad lugares de encuentro, sociabilidad y politización. En Caracas, dice, hubo espacios como Chacaíto, la plaza Bolívar o los alrededores de la plaza Diego Ibarra, donde distintas generaciones de hombres homosexuales comenzaron a reconocerse, aunque también bajo jerarquías internas y tensiones de clase.

Bolívar recuerda que la Ley de Vagos y Maleantes sirvió como mecanismo de control sobre personas sexo-diversas, pero también sobre practicantes de religiones distintas a la católica, astrólogos, rockeros y cualquier sujeto considerado pobre o fuera de la norma social. “Era un mecanismo de control sobre quienes eran vistos como marginales o indeseables. Esa lógica estaba atravesada por el origen social”, explica. En su lectura, la ley recaía sobre todo en los barrios populares, los sectores empobrecidos y también en militantes de izquierda; la diversidad sexual fue tratada como desviación, pero también como marca social de pobreza y precariedad.

A finales del siglo XX, se abrieron nuevos espacios de organización. Surgieron publicaciones como la revista Entendido, se fortalecieron redes de activismo y comenzaron a surgir colectivos que buscaban disputar la imagen de “depravación” impuesta por buena parte de la opinión pública. En ese tránsito, el movimiento se fue politizando, aunque no sin conflictos internos y en el contexto de una sociedad todavía muy conservadora.

Alexis recuerda que incluso dentro de la izquierda hubo rechazo. “Les llamaban las maricas comunistas”, cuenta, al evocar los inicios de la militancia sexo-diversa. “Lo importante”, dice, “es que esa descalificación no frenó el proceso, sino que terminó reforzando la convicción de que la lucha no podía limitarse al ámbito privado”. A través de publicaciones, los grupos activistas difundieron información sobre diversidad sexual y VIH, combatieron la desinformación y buscaron formas de apoyo para quienes sufrían persecución.

La llegada del proceso bolivariano abrió un nuevo escenario. Con la Constitución de 1999, Venezuela amplió su lenguaje institucional de derechos y colocó la igualdad social en el centro del debate público, aunque sin resolver de manera expresa las demandas LGBTIQ+. “El principal resultado de la Constitución de 1999 fue la incorporación del principio de igualdad y no discriminación. Ese fue uno de los avances fundamentales, aunque en aquella época el foco estaba dirigido principalmente a la igualdad entre mujeres y hombres desde una visión más binaria y heteronormativa”, explica Maikely Ferrer, militante y defensora de los derechos de las mujeres y de la diversidad sexual.

Desde entonces, la diversidad comenzó a ocupar un lugar más visible dentro del espacio político nacional. Alexis describe aquellos años como “una explosión de participación y conocimiento. Las personas comenzaron a organizarse abiertamente, a expresarse y a construir espacios colectivos. Durante el proceso constituyente, algunos compañeros intentaron participar directamente. Uno de ellos fue Oswaldo Reyes, quien reunió las firmas necesarias para postularse a la Asamblea Nacional Constituyente. Aunque no logró ser electo, su candidatura marcó un precedente importante”.

El movimiento a través de la Marcha del Orgullo

La Marcha del Orgullo LBTIQ+, que se realiza de manera continuada desde comienzos de los 2000, se convirtió en una de las expresiones más visibles de esa nueva etapa: un espacio de calle, disputa simbólica y presencia pública. La historia de la Marcha en Venezuela también refleja la transformación del propio movimiento. Alexis Bolívar recuerda que las primeras convocatorias distaban mucho de las movilizaciones actuales. “Existe una anécdota sobre lo que muchos consideran la primera marcha de la diversidad sexual en Caracas. En aquel momento dos discotecas funcionaban como espacios de encuentro para la comunidad. Cuando una de ellas estaba por cerrar, un grupo numeroso de personas caminó colectivamente hasta la otra. Ese recorrido terminó siendo recordado como una de las primeras manifestaciones públicas de la diversidad sexual en Sabana Grande”, explica.

Aquellas primeras experiencias funcionaron como una forma de encuentro, reconocimiento mutuo y ocupación del espacio. Con el paso de los años, la movilización fue creciendo, incorporó nuevas organizaciones, colectivos feministas, activistas y sectores populares, hasta convertirse en el principal evento público de la diversidad sexual venezolana, contando también con apoyos institucionales para su realización. Sin abandonar su dimensión festiva, la marcha fue adquiriendo un carácter cada vez más político y reivindicativo, transformándose en una plataforma para exigir reconocimiento legal, denunciar la discriminación y visibilizar las demandas históricas de la población LGBTIQ+.

Para Maikely, ese recorrido acumulado permite hacer una evaluación dura del presente: “Si contamos todas las ediciones, llevamos aproximadamente veintiséis años de movilización, pero las demandas siguen siendo prácticamente las mismas después de más de dos décadas”. El movimiento ha ganado visibilidad, pero las necesidades históricas siguen casi intactas.

La lucha continúa

Ferrer insiste en que “es importante entender que demandas como el matrimonio igualitario o las uniones civiles no responden a un capricho. Más allá de la discusión sobre la figura jurídica específica, debemos observar las consecuencias concretas que genera su ausencia, por ejemplo, en materia de seguridad social, herencia, sucesiones, cobertura patrimonial o protección ante situaciones de violencia o enfermedad. Cuando hablamos de dignidad, nos referimos precisamente a esto: al reconocimiento pleno de nuestra existencia y de nuestros derechos”.

A través de peleas legales o jurídicas, ha habido avances aparentes. En 2008, el Tribunal Supremo de Justicia abrió una interpretación importante al señalar que la Constitución no prohíbe las uniones de hecho entre personas del mismo sexo. Fue un paso significativo, aunque insuficiente. Más tarde, otras leyes y resoluciones incorporaron la no discriminación por orientación sexual e identidad de género, y también el cambio de nombre para personas trans, pero muchas de esas referencias quedaron en el plano declarativo.

Ferrer puntualiza sobre estos pasos dados: “El problema es que muchos marcos legales dependen de la voluntad del funcionario de turno. Seguimos dependiendo, en muchos casos, de la interpretación que haga cada funcionario. Y eso nos devuelve nuevamente al problema de la discrecionalidad”. Para ella, el gran obstáculo no es solo la existencia o no de la norma, sino la ausencia de un sistema que garantice su aplicación efectiva.

Ese punto es crucial porque explica por qué, a pesar de las leyes, siguen apareciendo formas de exclusión en el acceso a la vivienda, al trabajo, al sistema bancario, a la salud y a la protección frente a la violencia. En teoría, el ordenamiento venezolano incluye principios de no discriminación; en la práctica, las barreras reaparecen en cada trámite, en cada oficina, en cada decisión administrativa. Ferrer insiste en que la población sexo-diversa continúa necesitando una institucionalidad propia, con capacidad real de respuesta.

En el contexto de esas prácticas discriminatorias, la activista menciona dos casos ocurridos en saunas que, pese a presentar características similares, recibieron respuestas institucionales muy distintas. El primero tuvo lugar en el estado Carabobo en 2023, cuando treinta y tres hombres fueron detenidos durante un operativo policial. Las imágenes de los afectados circularon públicamente y las víctimas terminaron expuestas al escarnio mediático y social, en medio de una absoluta impunidad policial, mientras enfrentaban acusaciones cuestionadas por organizaciones de derechos humanos y colectivos de la diversidad sexual.

Sin embargo, un caso ocurrido recientemente en el estado Lara mostró otro escenario. También allí se produjo un operativo en un sauna, pero la actuación del sistema de justicia esta vez fue diferente. En palabras de Maikely, «Ante hechos muy parecidos, las actuaciones fueron completamente distintas. Las autoridades judiciales concentraron esta vez sus esfuerzos en determinar qué había ocurrido y en investigar posibles abusos cometidos durante el procedimiento, incluyendo denuncias de extorsión contra funcionarios policiales”. Si ambos casos evidenciaron que ciertas prácticas discriminatorias siguen presentes dentro de las instituciones y la sociedad, el de Lara mostró también la existencia de mecanismos estatales capaces de intervenir para proteger a las víctimas y cuestionar actuaciones arbitrarias.

Autocrítica y oportunidades

La entrevista también deja autocríticas importantes. “Yo no atribuyo todos los retrasos únicamente al Estado. Creo que también debemos hacer una autocrítica dentro del movimiento”, dice Alexis Bolívar. Según su lectura, en algunos momentos hubo aliados institucionales que no fueron aprovechados y el activismo quedó demasiado concentrado en la Marcha, en la visibilidad festiva o en la lógica de la convocatoria puntual. El problema, afirma, no es solo de voluntad externa, sino también de formación, de estrategia y de autonomía política.

El movimiento LGBTIQ+ venezolano ha tenido logros visibles, sí, pero también ha sufrido fragmentación, dependencia institucional y falta de cuadros formados para sostener una agenda de largo plazo. Bolívar lo explica con una comparación muy gráfica: los movimientos evangélicos forman militantes, los insertan en instituciones y consiguen incidencia; en cambio, la diversidad sexual no ha construido una estrategia semejante.

Esa ausencia termina limitando la capacidad de presión sobre el Estado. “Una de mis críticas constantes es que casi todo termina girando alrededor de la Marcha. Si convocas a la gente para protestar frente a la Asamblea Nacional, la participación suele ser reducida. Pero si convocas a la Marcha del Orgullo, puedes reunir decenas de miles de personas”, señala, “pero falta formación política y conocimiento sobre las demandas. Seguimos insistiendo en los mismos tres grandes temas: matrimonio igualitario, identidad de género y familias no tradicionales. Son reivindicaciones fundamentales, pero no siempre se profundiza en cómo convertirlas en conquistas concretas.” Y sentencia: “No puede reducirse todo a la música, las plumas y la celebración. Necesitamos trascender esa dimensión”.

En este punto de las autocríticas, Maikely señala algo que consideraba un problema que se está superando: “En los últimos años he observado algo positivo, un mayor acercamiento entre activistas y organizaciones con distintas posiciones ideológicas. Después de la pandemia comenzó a priorizarse la agenda común por encima de las diferencias partidistas. Ese esfuerzo por centrar la discusión en las demandas históricas puede convertirse en una oportunidad importante. En un contexto donde el Estado habla constantemente de diálogo y ha lanzado el Programa para la Paz y Convivencia Democrática, el movimiento podría aprovechar ese escenario para dar un reimpulso a iniciativas que siguen pendientes”.

Alexis añade: “Creo que los diálogos en el marco de Convivencia y Paz han contribuido a que estos temas empiecen a discutirse con mayor amplitud, permitió escuchar voces y movimientos que anteriormente no tenían espacio. No se convocó únicamente a organizaciones vinculadas al proceso revolucionario; participaron también personas con posiciones políticas muy distintas. A pesar de las diferencias, se pudieron abordar de forma directa los problemas relacionados con la lucha por los derechos”.

A esto se suman las recomendaciones internacionales dirigidas al Estado venezolano. “Un ejemplo es la situación de la Defensoría del Pueblo”, comenta Alexis indicando que “el año pasado su participación en determinados espacios internacionales quedó reducida prácticamente a un papel de observadora, debido a cuestionamientos sobre el cumplimiento de sus funciones. Ese tipo de situaciones representan señales de alerta”.

Maikely especifica otros llamados de atención que llegan del extranjero: “Destacan la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y el Examen Periódico Universal (EPU). En las más recientes revisiones de los informes presentados sobre Venezuela se han emitido recomendaciones específicas relacionadas con diversidad sexual. Hasta ahora sigue siendo una deuda tanto del Estado como de la sociedad avanzar en esas materias y asumir corresponsablemente los desafíos pendientes”.

Más allá de la identidad: una cuestión de clase

La discusión también toca una cuestión de clase que atraviesa todo el movimiento. Bolívar contrapone realidades sociales muy distintas, que van desde personas con sus necesidades básicas cubiertas, preocupadas sobre todo por el reconocimiento identitario, hasta mujeres trans que viven en condiciones precarias con riesgo de calle, empleo informal o violencia cotidiana. “Esa diferencia”, dice, “no invalida ninguna demanda, pero obliga a reconocer que las urgencias no son las mismas para todos los sectores de la población sexo-diversa”.

En ese sentido, la lucha en torno a la diversidad sexual en Venezuela no puede desligarse del acceso a la educación, al empleo y a la vivienda. Ferrer subraya que “no basta con hablar de igualdad formal si muchas personas abandonan la escuela por discriminación o acoso, o si después no encuentran inserción laboral por prejuicios acumulados. La desigualdad no empieza en la ley: empieza mucho antes, en la posibilidad misma de mantenerse dentro de la vida social sin ser expulsado simbólicamente”.

Para Bolívar, el reto consiste precisamente en evitar que la agenda de la diversidad sexual quede reducida a una discusión exclusivamente identitaria. «Hay personas que están pensando en el reconocimiento legal de su pareja y otras que están pensando cómo sobrevivir esta semana», resume. Ambas realidades forman parte del mismo movimiento, pero exigen respuestas distintas y políticas públicas capaces de abordar problemas diferentes.

Desde esa perspectiva, la lucha por los derechos LGBTIQ+ no puede separarse de debates más amplios sobre justicia social, redistribución y democratización de las condiciones de vida. La igualdad jurídica resulta indispensable, pero difícilmente puede considerarse suficiente cuando amplios sectores continúan enfrentando exclusión económica y social. Esta discusión conecta con una tradición histórica de los movimientos populares latinoamericanos que ha insistido en que las distintas formas de opresión no operan de manera aislada. La discriminación por orientación sexual o identidad de género suele combinarse con desigualdades de clase, raza y territorio.

Rummie Quintero, referente de la lucha trans venezolana

La historia de la diversidad sexual en Venezuela también está hecha de figuras que, pese a su importancia, siguen siendo poco conocidas fuera de los espacios militantes. En medio de ese recorrido, la entrevista rescata una figura pionera: Rummie Quintero. Alexis Bolívar la recuerda como una activista trans revolucionaria. “Su militancia”, dice, “fue anticolonial, antirracista e irreverente frente al sistema. No logró ver plenamente materializadas muchas de sus reivindicaciones, pero dejó una huella decisiva en generaciones posteriores”.

Tanto Alexis Bolívar como Maikely Ferrer la recuerdan como una referencia imprescindible para varias generaciones de militantes. Su militancia no se limitó a la reivindicación de los derechos de las personas trans, sino que estuvo vinculada a una visión más amplia de transformación social, atravesada por preocupaciones profundamente críticas frente a las distintas formas de opresión.

Además, Rummie desarrolló una importante labor en la lucha de las mujeres trans. “Tenía un espacio donde impartía actividades y talleres, pero ese lugar terminó convirtiéndose también en un refugio para muchas personas. Gran parte de las activistas trans que hoy continúan participando en el movimiento pasaron en algún momento por ese espacio”, cuenta Alexis. Su legado, coinciden los entrevistados, forma parte de una memoria política que todavía está pendiente de ser plenamente reconocida dentro de la historia contemporánea venezolana.

Esa memoria es importante porque muestra que la historia del movimiento no empieza con las leyes ni con las marchas más visibles, sino con mujeres, hombres y personas no binarias que sostuvieron y sostienen procesos colectivos con recursos mínimos, redes de cuidado y espacios de formación.

Para finalizar, Bolívar y Ferrer coinciden en que la etapa actual exige pasar de la paciencia a la exigencia política. Ya no se trata de pedir permiso, sino de exigir derechos. “No deberíamos seguir tocando puertas o buscando reuniones para convencer a quienes ocupan cargos de responsabilidad de que estas demandas merecen atención”, dice Ferrer. “No se trata de un favor ni de una cuestión de buena voluntad. Estamos hablando de vidas y de derechos de los sectores marginados y excluidos dentro de un sistema que, aunque se presenta como garantista y progresista, no ha avanzado con algunos grupos al ritmo que esperábamos”. Y Alexis concluye: “Personas históricamente comprometidas con el proceso político han comenzado a asumir posiciones críticas frente al Estado. Ya no existe la misma disposición a aceptar indefinidamente la idea de que ´no es el momento´ para determinadas reivindicaciones. La sensación es que ese límite ya se alcanzó. Muchas personas consideran que la espera se agotó y que las demandas deben comenzar a ser atendidas”.