El ejido sonorense, que desde hace más de una década litiga contra Fresnillo PLC por el despojo de su territorio y el incumplimiento de 67 sentencias agrarias, podría beneficiarse del nuevo régimen de diligencia debida anunciado por el Reino Unido. La propuesta legislativa tiene un alcance limitado: cubre derechos humanos y explotación laboral, pero no incluye obligaciones ambientales expresas ni garantiza automáticamente la ejecución de las sentencias mexicanas.

Fotografías: Alberto Duarte

Ciudad de México.- El 4 de noviembre de 2026, el Gobierno británico anunció ante el Parlamento su decisión de legislar para introducir un régimen obligatorio de diligencia debida en derechos humanos para las mayores empresas que operan en el Reino Unido. 

La medida, celebrada por organizaciones como Human Rights Watch y la Corporate Justice Coalition, busca cerrar las brechas del actual marco de conducta empresarial responsable, que el propio Ejecutivo calificó de «fragmentado» y demasiado dependiente de la acción voluntaria.

Para el ejido El Bajío, una comunidad campesina del municipio de Caborca, Sonora, que desde 2014 ha obtenido 67 sentencias favorables contra la minera Penmont —filial de Fresnillo PLC— por la ocupación ilegal de su territorio y la extracción no autorizada de oro, el anuncio representa un avance político, pero no una victoria jurídica inmediata. Esto, porque la minera, propiedad de la familia Baillères, cotiza en la Bolsa de Valores de Londres.

Qué contempla la propuesta británica

El régimen anunciado se aplicará a empresas británicas con una facturación global superior a los 350 millones de libras, así como a empresas no británicas con una facturación generada en el Reino Unido por encima de ese umbral. 

Estas compañías deberán identificar, evaluar y abordar los riesgos de abusos de derechos humanos y explotación laboral en sus operaciones y cadenas de suministro.

Además, se otorgarán poderes a un regulador para investigar a empresas sospechosas de colocar en el mercado británico bienes fabricados con trabajo forzoso y, en caso de que no se hayan cumplido las obligaciones de diligencia debida, ordenar su retirada.

Fresnillo PLC, que cotiza en la Bolsa de Valores de Londres y cuya mina en el territorio del ejido El Bajío sigue reportando reservas valoradas en miles de millones de dólares –aunque no está en operaciones–, cumple con el umbral de facturación y, por tanto, estaría sujeta al nuevo régimen cuando la ley entre en vigor. Sin embargo, la propuesta tiene una limitación crucial que el propio ejido ha identificado. 

La brecha ambiental: la limitación que más pesa para El Bajío

El anuncio gubernamental contempla la diligencia debida en derechos humanos y explotación laboral, pero no incorpora expresamente una obligación general de debida diligencia ambiental. 

Así lo han señalado también organizaciones como Anti-Slavery International y Human Rights Watch, que han pedido al Gobierno británico extender el alcance de la ley a los riesgos ambientales y climáticos.

La Corporate Justice Coalition, la red de 68 organizaciones que impulsa desde 2017 una ley más ambiciosa —la Business, Human Rights and Environment Act—, ha advertido que la exclusión de los daños ambientales del borrador legislativo del Comisionado Independiente contra la Esclavitud es «particularmente preocupante», y ha subrayado que la degradación ambiental y el cambio climático son impulsores de abusos de derechos humanos, incluida la esclavitud moderna.

Para El Bajío, cuyo litigio contra Fresnillo PLC incluye precisamente daños ambientales causados por la invasión ilegal de su territorio para la explotación minera, esta omisión es significativa. La ley, tal como está planteada, no obligaría a la minera a rendir cuentas por el daño ecológico causado en el desierto de Sonora.

Lo que sí podría cambiar para el ejido

A pesar de las limitaciones, el anuncio británico abre varias vías de presión que el ejido podría activar.

La primera, es un camino para ejercer mayor escrutinio sobre Fresnillo PLC. 

La ley obligaría a la minera a identificar y abordar riesgos de abusos en sus operaciones y cadenas de suministro. Aunque el caso de El Bajío se centra en despojo territorial y daño ambiental, la violencia contra defensores comunitarios —incluidos los asesinatos de Noemí Elizabeth López Gutiérrez, Raúl Ibarra de la Paz, José de Jesús Robledo Cruz y María de Jesús Gómez Vega— podría encuadrarse en el ámbito de los riesgos de derechos humanos que las empresas estarían obligadas a evaluar.

También, permite visibilizar el caso ante accionistas e inversores, algo que el ejido ya ha realizado sistemáticamente, pues ha llevado su caso directamente a la asamblea anual de accionistas de Fresnillo PLC en Londres en tres ocasiones, con el apoyo de Transform Trade, London Mining Network y ShareAction. 

Un régimen obligatorio de diligencia debida reforzaría la posición de estas organizaciones y de los inversores que exigen transparencia sobre los riesgos legales y reputacionales de la empresa.

Aunado a esto, el caso de El Bajío ya ha llegado formalmente al Parlamento británico. El político laboralista Fabian Hamilton, miembro del Comité de Asuntos Exteriores, presentó una moción ante las autoridades mexicanas por el caso. Y en mayo de 2025, funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores británico (FCDO) se reunieron en Londres con representantes del ejido para conocer sus preocupaciones, según confirmó una respuesta gubernamental publicada el 13 de junio de ese año.

Lo que la ley no resolverá

El propio Jesús Thomas, ejidatario y defensor del territorio, ha sido claro en su valoración: el anuncio «representa un avance político importante para la estrategia internacional del Ejido El Bajío, pero todavía no constituye una victoria jurídica que garantice el cumplimiento de las sentencias agrarias mexicanas».

Y es que la ley británica, tal como está concebida, no obliga a las empresas a cumplir sentencias dictadas por tribunales de otros países. 

El régimen de diligencia debida se centra en la identificación y gestión de riesgos, y el mecanismo de retirada del mercado se aplica a bienes fabricados con trabajo forzoso, no a minerales extraídos en violación de una orden judicial extranjera.

La ejecución de las 67 sentencias del Tribunal Agrario número 28 de Hermosillo —que ordenan a Fresnillo PLC devolver el oro extraído, desalojar las tierras y pagar las rentas por la ocupación ilegal, con una indemnización estimada en mil 205 millones de dólares según el fallo de mayo de 2025— sigue dependiendo de las autoridades mexicanas. 

Hasta ahora, según el abogado del ejido, Sergio García Camacho, la empresa ha promovido 67 amparos que se han ido desechando uno por uno, mientras la comunidad enfrenta incursiones militares, criminalización y amenazas.

La lucha de El Bajío ha tenido represalias. El pasado 14 de septiembre de 2026, alrededor de veinte soldados irrumpieron en el ejido, golpearon a un joven, saquearon viviendas y sustrajeron teléfonos y cámaras de seguridad sin mostrar orden judicial alguna. Los ejidatarios presentaron una denuncia formal ante la 45/a Zona Militar de Nogales, fechada ese mismo día, por «intromisión a nuestras tierras y violación de nuestros derechos humanos».

Jesús Thomas ha señalado que esta es al menos la quinta incursión violenta del ejército mexicano en el ejido, y ha acusado a la mina de tener «maiceados» a oficiales del ejército que cumplen funciones de guardia de seguridad para la empresa en la zona de Soledad y Dipolos.

El camino por delante

El Gobierno británico ha dicho que trabajará con las partes interesadas en el diseño y la implementación de las medidas, y las introducirá «tan pronto como el tiempo parlamentario lo permita» . Los detalles clave —qué regulador tendrá a cargo, cuáles serán las sanciones por incumplimiento, si habrá responsabilidad civil o penal, y si el alcance se ampliará para incluir daños ambientales— aún no están definidos.

La Corporate Justice Coalition continúa impulsando una ley más amplia, la Business, Human Rights and Environment Act, que incluiría debida diligencia ambiental obligatoria, un mecanismo de «fallo en prevenir» similar al de la Ley de Soborno británica, y acceso a la justicia para las víctimas. Si esa versión más ambiciosa prosperara, El Bajío tendría un argumento más sólido para invocar el incumplimiento de Fresnillo PLC ante las autoridades británicas.

Por ahora, el ejido celebra el avance político pero mantiene la cautela. Como resume Thomas: «Las consecuencias para El Bajío dependerán de cómo se redacte la ley definitiva y de qué riesgos y conductas empresariales queden comprendidos».

Mientras tanto, en el desierto de Sonora, la comunidad sigue esperando que alguien —en México o en Londres— haga cumplir las sentencias que llevan más de una década pendientes.