México se prepara para ser un proveedor estratégico de minerales críticos para la transición energética global, pero lo hace sin garantías para la salud de las comunidades mineras ni para el medio ambiente. En Zimapán, Hidalgo, donde se extrae zinc, plomo y plata, los habitantes de Rancho San Miguel conviven con cinco presas de jales tóxicos que contaminan el agua y el aire. A pesar de las denuncias y de las advertencias de alto riesgo de las autoridades, la falta de regulación y la inacción de las instituciones ambientales dejan a los pobladores en un limbo de enfermedad y abandono.

Fotografías: Tamara Mares

Hidalgo, México.- En Rancho San Miguel, a las afueras de Zimapán, Hidalgo, el aire que se respira tiene un sabor amargo a metal. Tan solo una hora en la zona basta para empezar a sentir que la garganta raspa y los ojos se sienten más secos que en otros espacios. Para las aproximadamente ciento ochenta personas que viven en la comunidad, esta sensación se ha exacerbado por habitar a escasos metros de las cinco presas de jale que guardan toneladas de desechos mineros.

Dichas presas son depósitos de mezclas de contaminantes que tienen impactos negativos en la flora, fauna, suelo y agua. Su nivel de peligrosidad puede medirse a partir de la toxicidad del residuo, el volumen almacenado y su ubicación, como nota el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.

Como parte de la transición energética, México ha firmado acuerdos con Estados Unidos y está en negociaciones con la Unión Europea para aumentar la exportación de “minerales críticos”. No obstante, son los habitantes de comunidades como Rancho San Miguel, donde se extraen dichos minerales, quienes enfrentan los severos daños ambientales y a la salud.

Alejandra Rojas, tercera generación de una familia originaria de Rancho San Miguel y activista de la Asociación Ambiental Hidalguense, asegura que las primeras presas de jales datan de mediados del siglo XX. Señala las distintas montañas que rodean a la comunidad. Una, dos, tres… hasta cinco montículos de desechos comprimidos, ubicados a escasos ciento cincuenta metros de las viviendas, algunos incluso a tan solo veinte metros del patio trasero de los hogares. Aunque las familias se asentaron primero en la zona, las playas de sedimento se han apoderado del sitio.

“No tienen métodos de compactación, ni un límite de altura”, dice Rojas. A partir de 2009 crecieron las montañas de residuos, o «monstruos», como las llama la activista. “En 2017, nosotros hicimos manifestaciones en el estado, pidiendo que pusieran muros de contención”.

En el municipio de Zimapán hay 89 concesiones mineras vigentes, de acuerdo con información de la Secretaría de Economía, que abarcan casi 20 000 hectáreas en superficie. Según información del Servicio Geológico Mexicano, hay al menos tres proyectos mineros en explotación activa: dos de la canadiense Santacruz Silver Mining LTD. –bajo su filial mexicana Compañía Minera Zilar Mendi, anteriormente Carrizal Mining– y otra de Compañía Minera Nuevo Monte.

Algunas de las concesiones de Zimapán datan de 1961, mientras que las más recientes son de 2018. Las sustancias que extraen abarcan oro, plata, plomo, cobre, carbón, yeso, zinc, grafito, fierro, entre otros. Tras su procesamiento y extracción, los desechos mineros se vierten a presas de jales.

De acuerdo con el Inventario Homologado Preliminar de Presas de Jales, elaborado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en las inmediaciones de Zimapán solo hay dos sitios autorizados: el de la Compañía Minera La Purísima y el de Minera el Espíritu. Ambos albergan los residuos de la minería de zinc y plomo. Sin embargo, imágenes satelitales y una visita a la zona bastan para evidenciar que hay más cerros de residuos que los declarados oficialmente.

Las presas de jales han contaminado las fuentes de agua y el aire, de acuerdo con datos del Gobierno federal. El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) tiene identificado al municipio de Zimapán con un riesgo “Muy Alto” de peligro por contaminación de suelo y por “Peligro por jales mineros a nivel municipal”. Según su Atlas Nacional de Riesgos, al menos 6 000 personas estarían expuestas a los residuos mineros.

Por su parte, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) tiene identificados los dos pozos de la comunidad como “No apta como fuente de abastecimiento de agua potable”, debido a contaminación de arsénico. Varios estudios científicos vinculan esta contaminación a regiones con industrias mineras y metalúrgicas. De acuerdo con la Organización Nacional de la Salud, la exposición prolongada al arsénico –a través del consumo del agua o su uso en la preparación de alimentos– puede provocar cáncer, lesiones cutáneas, enfermedades cardiovasculares y diabetes.

Las partículas de los desechos tóxicos no solo navegan el aire, también se infiltran en los hogares y contaminan los alimentos, provocando a los habitantes de la comunidad enfermedades respiratorias, conjuntivitis y hasta cáncer de estómago y lengua. Para Rojas y su hermano, esto se ha visto reflejado en sus ojos (tienen una tonalidad roja alrededor del iris), así como en el recuerdo de vecinos y familiares que han fallecido por cáncer.

“Nos daña la garganta, la nariz. Nos arden los ojos y se inflaman nuestros ganglios, y muchos de nuestros niños se enferman de gripe”, dice Rojas. “Las instituciones nunca nos han dado un dato exacto de las muertes por cáncer, pero he perdido la cuenta de los vecinos que mueren por cáncer de faringe, de estómago o de mama”.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2025, las primeras tres causas de muertes en Zimapán fueron enfermedades que estudios científicos relacionan con la actividad minera y sus desechos: enfermedades del sistema circulatorio, endocrinas y metabólicas, y tumores. En este último punto resalta lo señalado por la OMS sobre el arsénico, sustancia liberada en la actividad minera y que puede provocar cáncer de vejiga, de piel y de pulmón.

Por otro lado, en 2023, médicos de la Asociación Americana del Corazón concluyeron, a partir de una revisión de literatura especializada, que la exposición prolongada a metales pesados como el plomo, el cadmio y el arsénico –como sucede en pueblos mineros– incrementa el riesgo de enfermedades del sistema circulatorio.

“[Zimapán] es una gran capital minera, porque tiene una gran producción de plata, pero esa producción nada más es en beneficio de los empresarios, que son unos cuantos ricos, y toda la gente está bien pobre”, dice Rojas.

Los minerales críticos

Las responsables de los “monstruos” de las presas de jales en Rancho San Miguel son las compañías mineras de la región, que buscan en la tierra zinc, oro, plata, hierro, cobre, entre otros recursos. Si bien la minería de estos elementos no es nueva en la zona, a nivel internacional estos insumos han cobrado una nueva relevancia en el marco de la transición energética. Estos minerales, junto con otro medio centenar de elementos, son parte de un grupo de llamados “minerales críticos”.

Globalmente, los minerales críticos o estratégicos son aquellos que son necesarios para la producción de energía renovable, tecnología limpia y la transición energética. Son insumos clave para vehículos eléctricos, celdas fotovoltaicas, semiconductores y baterías, entre otros productos. De acuerdo con el Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible (IGF), del que México forma parte, esto incluye minerales y metales como cobre, litio, níquel, zinc y tierras raras, entre otros.

“Todo el crecimiento de la electromovilidad y de la transición energética, las nuevas fuentes de energías renovables, todos estos cambios empujan a que estos insumos sean considerados necesarios y estratégicos”, señala el economista Isaac Cruz, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Aunque México no tiene de manera oficial un reconocimiento de cuáles son los minerales y metales con este estatus, existen referencias al tema en documentos gubernamentales. De acuerdo con el Prontuario Estadístico de la Minería, de la Secretaría de Economía, México tiene una fuerte producción mundial en once minerales que han sido reconocidos como “críticos”, ya sea por Estados Unidos o la Unión Europea, entre ellos el antimonio, barita, cadmio, cobre y fluorita.

En este contexto, México ha anticipado su inserción en el mercado mediante iniciativas como el Plan de Acción Conjunto entre México y Estados Unidos, que suscribió con el Gobierno de Donald Trump en febrero de 2026. Este documento establece una ruta para constituir políticas binacionales y acuerdos comerciales que permitan al país ser proveedor de minerales críticos para Washington, y a la vez asegurar su acceso a estos insumos para la industria tecnológica.

El mismo secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo a mediados de febrero del año en curso que el Gobierno federal entrará en negociaciones multilaterales sobre minerales críticos, tanto con su vecino al norte como con Canadá, Japón y los países que integran la Unión Europea.

“Evidentemente, en el escenario que tienes de competencia geopolítica, nosotros tenemos que ocuparnos de garantizar el suministro de minerales críticos para México”, dijo en la conferencia matutina de la Presidencia el 12 de febrero. “¿Qué buscamos?, que se respete el acceso equitativo, legal, justo, a los minerales críticos”.

El anuncio ha llevado a colectivos medioambientales, como Cambiémosla Ya, a cuestionar la sostenibilidad de la minería en México frente a la creciente demanda de estos minerales, especialmente cuando el país tiene un largo historial de afectaciones ecológicas y sociales en comunidades como Zimapán.

“Vemos que esos acuerdos ya están caminando, pero las leyes al interior se están quedando todavía rezagadas”, expone Beatriz Olivera, integrante de Cambiémosla Ya, una organización que ha pugnado por la regulación minera en México. “La regulación bajo la cual se rigen estos minerales es la Ley de Minería, no hay otra. Y a la Ley de Minería todavía le falta el reglamento”.

Las últimas reformas de la Ley Minera se hicieron en 2023, con la finalidad de proteger las reservas nacionales de litio y erradicar las concesiones mineras en Áreas Naturales Protegidas, entre otras disposiciones medioambientales. Sin embargo, como nota la activista, las últimas modificaciones para el Reglamento que rige esta normatividad, y que especifica cómo aplica la Ley, se hicieron en 2014.

“Mientras no se diga cómo [aplica la Ley], las empresas lo van a hacer como quieran”, resalta Olivera, también doctoranda en Desarrollo Rural en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) sede Xochimilco. Incluso, la asociación advierte un riesgo mayor de flexibilización de las leyes para beneficiar a las empresas en el marco de los nuevos acuerdos comerciales sobre minerales críticos, en vez de priorizar medidas medioambientales y sanitarias.

“Estos acuerdos lo que hacen es que están ejerciendo presiones sobre los territorios a través de concesiones que ya existían, y que ahora están tomando lugar los proyectos [mineros]”, destaca la especialista. “Ya hay este tipo de proyectos en las comunidades, en los diferentes estados, y esto va a traer también una presión sobre más recursos, sobre el agua, el aire, la biodiversidad, y una amenaza para la vida”.

¿Una minería sostenible y ecológica?

Para el doctor Isidro Téllez, del Instituto de Geografía de la UNAM, el concepto de minería “ecológica” o “sostenible” es un oxímoron. Sin embargo, a nivel global el empuje por energías renovables y tecnologías verdes implica el uso de minerales que se obtienen a través de la minería. Esta demanda incrementó a partir del Acuerdo de París de 2015, el cual ratificó el Gobierno mexicano.

En el tratado, los países firmantes se comprometieron a la transición energética para limitar el calentamiento global, pero para ello se requiere una producción de materias primas, incluyendo los minerales críticos. Especialistas estiman que su demanda se podría cuadruplicar para el año 2040, según las Naciones Unidas.

“Ante eso, se suscita esta disputa global por los recursos naturales, y la narrativa de la minería sustentable se vuelve a retomar; ya no solamente es porque la minería sea en sí misma sustentable, sino porque la minería contribuye a la reducción de las emisiones de efecto invernadero, y por lo mismo se vuelve una actividad ecológica que está ayudando a mitigar el cambio climático”, explica Téllez.

Frente a la demanda de estos minerales, países con amplia tradición minera –como México– tendrán el desafío de que la actividad minera no amplíe el número de conflictos sociales y ambientales. El Observatorio de Conflictos Socioambientales de la Universidad Iberoamericana ha identificado al menos 205 problemáticas relacionadas con esta industria a nivel nacional, solo con base en registros hemerográficos de entre 2017 y 2026.

“Tenemos todo un escenario complejo de conflictividad. No es que toda la minería genere conflictos, pero en muchos casos sí han ocurrido; prácticamente en todos los estados donde hay minería a gran escala, existen conflictos socioambientales”, reitera el investigador.

Semarnat y Profepa desatienden comunidades afectadas por la minería

Las advertencias de organizaciones medioambientales sobre la extracción de minerales críticos se refieren a un patrón de desatención, por parte de las autoridades federales, de comunidades donde se han documentado las afectaciones sanitarias y ecológicas desde hace varios años.

En el caso de Zimapán, los integrantes de la comunidad se han organizado para interponer denuncias ante la Profepa contra las empresas mineras por las afectaciones que han dejado. Los recursos, interpuestos en 2025 y 2026, fueron admitidos por la Profepa, quien se comprometió a investigar los hechos denunciados. Alejandra Rojas –quien es también una de las representantes legales en el caso– asegura que no han tenido respuesta concreta aún.

Dice que los habitantes de Rancho San Miguel han exigido que se apliquen las normas regulatorias, pero “ellos se justifican porque no está escrito en su ley o en su reglamento, no le pueden exigir” a las empresas. “Le hemos solicitado que lo reglamenten, ya no permitan más presas de jales, que ya no den autorización a que crezcan”.

Ceiba, periodismo con memoria, solicitó a la Profepa, a través de la Semarnat, información sobre las acciones que ha tomado para atender las denuncias en Zimapán, sin que tuviera respuesta al momento de esta publicación.

Hasta ahora, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) solo ha impuesto una clausura parcial temporal a la minera Sago Import Export, ubicada en el municipio, tras detectar un derrame de jales que provocó daños al suelo, tanto en las instalaciones de la empresa como a los alrededores.

“Además de las afectaciones a la comunidad, existe un riesgo inminente de desequilibrio ecológico con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, ya que los jales derramados contienen residuos peligrosos dañinos al medio ambiente y provocan un efecto negativo en la flora, fauna y suelo natural del lugar”, señaló en ese momento la institución. Ceiba preguntó a Profepa si había dado un seguimiento o abierto una investigación ambiental por los hechos. Hasta el momento, no se ha obtenido respuesta.

El caso de Zimapán sirve para ejemplificar las deficiencias del Gobierno federal en lo que respecta a garantizar protección al medio ambiente y a las comunidades donde hay actividad minera. Más aún, la misma Secretaría de Economía reconoció en 2018 que 60 % de las grandes empresas del sector minero no cumplían con la norma ambiental, mientras que en 32 % de los casos no se pudo verificar si cumplían con “alguna” norma ambiental.

“Hay que ser muy cuidadosos, porque si bien es cierto que estos minerales son fundamentales para la transición energética, también ahí viene la otra cuestión de la transición: ¿tendrá que ser entonces a costa de los territorios?”, cuestiona Beatriz Olivera. “Tendríamos que hablar de una transición energética con justicia, en la que no se recreen las zonas de sacrificio en aras de abastecer a los otros mercados”.

Este trabajo fue posible gracias a la beca “Un Polo a Tierra”, Escuela de Periodismo para la Industrialización Verde en México, otorgada por la organización Periodistas por el Planeta.