En dos décadas, el hundimiento de embarcaciones durante el Plan Colombia, supuestos ataques con drones y la destrucción de la flota pesquera en 2026, revelan cómo ha cambiado, y cómo se actualizó, la relación entre Ecuador y Estados Unidos.
Fotografías: CDH Guayas, Ministerio del Interior, Archivo hemerográfico, INREDH, e infografías elaboradas por Gabriela Ruiz
Quito, Ecuador.- En dos décadas, el puerto de Manta ha dejado de ser un centro pesquero para convertirse en el escenario clave para entender la evolución de la política de seguridad de Estados Unidos en el Pacífico Sur. Esta trayectoria va desde su establecimiento en el 2000 como base operativa del Plan Colombia, hasta la actual fase de cooperación militar con el Gobierno ecuatoriano contra el crimen organizado transnacional. Los recientes incidentes −que incluyen denuncias de ataques con drones a tres barcos pesqueros y el incendio de treinta y cinco embarcaciones en la rada− evidencian una nueva era de vigilancia tecnológica y uso intensivo de sistemas aéreos no tripulados en la región.
El Artículo 5 de la Constitución de la República del Ecuador consagra explícitamente que el país es un territorio de paz, determinando que «no se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares». A pesar de ello, el Gobierno de Noboa impulsó una reforma parcial para modificar este impedimento, a través de un referéndum el 16 de noviembre de 2025. La ciudadanía ecuatoriana rechazó rotundamente la propuesta en las urnas ratificando la soberanía territorial.
Para sortear este límite constitucional, el Ejecutivo emite constantemente decretos de estado de excepción en el marco de la declaratoria de «conflicto armado interno», que inició el 9 de enero de 2024. La justificación oficial para esta medida extrema fue la ola de violencia sin precedentes a escala nacional, la toma armada de un canal de televisión en Guayaquil y la urgente necesidad de neutralizar a veintidós bandas del crimen organizado transnacional, catalogadas legalmente desde ese momento como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes.
Cada uno de estos momentos dejó una huella sobre la ciudad. Algunas quedaron registradas en tratados diplomáticos. Otras, en denuncias de pescadores que aseguran haber sido abordados, perseguidos o atacados en alta mar, casos que en la actualidad permanecen abiertos en espera de resolución en instancias judiciales.
El presente reporte hace una revisión de la relación bilateral entre Ecuador y Estados Unidos a través de tres episodios –el hundimiento de barcos, el incendio y la captura de pescadores– donde convergen la cooperación militar, la lucha contra el narcotráfico y el debate sobre la soberanía ecuatoriana. ¿Hay límites para esta cooperación internacional y soberanía nacional?
Cuando Estados Unidos llegó a Manta
Entre 1999 y 2009, Estados Unidos mantuvo presencia militar en la Base de Manta mediante un convenio con el Ecuador para ejecutar operaciones de vigilancia aérea y marítima contra el narcotráfico. Ambos gobiernos firmaron el convenio que permitió utilizar la Base Aérea Eloy Alfaro de Manta como Forward Operating Location (Ubicación Operativa Avanzada, FOL por sus siglas en inglés).
Oficialmente fue una instalación ecuatoriana utilizada por aeronaves estadounidenses para operaciones de vigilancia del océano Pacífico. En los papeles no se hablaba de una base militar. La diferencia jurídica era importante. La diferencia política aún más.
El acuerdo de ocupación de la Base de Manta establecía de forma clara que las operaciones de interdicción en territorio ecuatoriano son de exclusiva responsabilidad del Ecuador. Según el informe de la Comisión de la Verdad de 2010, el establecimiento del FOL en Manta para monitorear el tráfico de migrantes constituyó una fragrante violación de derechos humanos.
Estados Unidos aportaba inteligencia satelital, vigilancia aérea, entrenamiento, tecnología, financiamiento, mientras Ecuador cedía territorio, prestaba infraestructura y cooperación naval. Fue una asociación funcional, pero profundamente asimétrica.
Desde Manta despegaron aviones AWACS, Orion P-3 y otras aeronaves capaces de vigilar millones de kilómetros cuadrados del Pacífico. Su misión oficial consistía en detectar rutas del narcotráfico. En la práctica, la información generada también alimentaba la estrategia regional del Plan Colombia.
Manta dejó de ser únicamente un puerto ecuatoriano y se convirtió en un nodo estratégico del sistema de seguridad hemisférico de Estados Unidos para vigilar las rutas hacia el Pacífico.
La vida cotidiana con el FOL
El distrito Manta cerró el año 2025 con un récord histórico de 501 muertes violentas, consolidándose como la ciudad más violenta de la provincia de Manabí. Las autoridades atribuyen las causas a disputas territoriales entre bandas del crimen organizado. La tasa de homicidios de la provincia de Manabí se disparó a 76.76 por cada 100 000 habitantes, tomando en cuenta que la media nacional se encuentra en 50.91.
“Antes los muchachos de los barrios suburbanos traían la oración a la muerte escrita en un papel y doblada en el bolsillo. Ahora la traen tatuada o cargan la imagen de la Santa Muerte en el cuello”, relata Ingrid F., nombre protegido de una abogada de profesión y oriunda de este puerto: “Donde no está el Estado está la santa muerte”.
Continuamos la conversación con Ingrid: ¿Qué recuerda del tiempo en que la FOL estuvo instalada en Manta y los hundimientos de barcos? ¿Se justificaban por el combate contra el narcotráfico y los viajes de migrantes de forma ilegal?
El FOL supuestamente apoyó la búsqueda, pero esta es una práctica de abusos contra los pescadores por parte de los militares norteamericanos. Otras prácticas fueron la utilización de los adolescentes a quienes daban una tarjeta de ID y las niñas podían entrar a ver a sus amigos y novios norteamericanos. Y otra vez nos dicen que debemos tener militares norteamericanos en nuestro territorio. El tema del tráfico es real, pero todo tiene un marco de actuación dentro de los derechos humanos.
En las páginas de The New Yorker, el presidente Daniel Noboa comparó al puerto manabita con el estado mexicano de Sinaloa, cuna histórica de los carteles de droga más poderosos del continente, para ilustrar el nivel de penetración del narcotráfico en la región.
¿Manta es tierra de narcos?
Manta ha crecido entre los gobiernos y el delito. Primero eran los pandilleros, después las bandas. Luego, llegaron los carteles y ahora ya tienen escuelas. Ser criminal es una profesión. Actualmente, en la escuela pública Guadalupe Larriva hay 116 niños que tienen sus padres presos en Centroamérica.
¿Cómo se siente la comunidad con el regreso de militares extranjeros a Manta por la declaratoria de la guerra interna?
Nos siembran las guerras. Con el narcotráfico hay un pretexto para invadir. Lo más grave es que vienen los militares con todos sus vicios. En la zona rosa, un ciudadano estadounidense llamado Mark Wampler, llegó a Manabí como bombero asignado, hizo un barco para los soldados. Compró un local en la avenida Flavio Reyes que bautizó con el nombre de La Capitana. Los soldados se asomaban a los balcones, comenzaban a lanzar dinero en monedas a los niños y, una vez que los niños lustrabotas y vendedores ambulantes se agrupaban, ellos empezaban a escupirlos. Desde lo más pequeño que es la convivencia hasta lo más grande.
Se llegó a leer en los anuncios clasificados de periódicos locales la contratación de mercenarios, y de trata y tráfico de personas, y de trabajo sexual. ¿Está la sociedad civil preparada para enfrentar estas problemáticas?
No, no estamos preparados. La gente tiene miedo. La gente queda en medio de la brutalidad norteamericana y la falta de protección del Estado. Ahorita no nos protege ni la santa muerte. ¿Por qué no invierten en controlar su frontera y su territorio? Simplemente este es el reparto del mundo. Somos las víctimas del reparto del mundo.
Cooperación que rebasa los límites de la Constitución
En el contexto de guerra interna declarada desde 2024, Ecuador firmó acuerdos bilaterales con Estados Unidos, que consolidan la cooperación mediante el Acuerdo sobre el Estatuto de Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés): en septiembre de 2024, un convenio de asistencia técnica y financiera de 25 millones de dólares, gestionado por laOficina de Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés); y en abril de 2025, acuerdos de cooperación en seguridad y defensa concretados en Washington.
En 2026, la estrategia integral de seguridad bilateral logra la concreción de agendas logísticas entre el Bloque de Seguridad y el Comando Sur de EE. UU. para el intercambio en tiempo real de inteligencia táctica, que abordó la cooperación en el marco de la Coalición de las Américas contra los Cárteles (Americas Counter Cartel Coalition, ACCC).
La estructura se completa con un Memorando de Entendimiento para intercambio de información e inteligencia en torno al crimen organizado, suscrito en abril de 2026 entre el Ministerio del Interior de Ecuador y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de EE. UU. (HSI); y la estrategia fronteriza, en junio 2026, para ejecutar operaciones coordinadas de blindaje en la frontera norte del país. Hasta las Islas Galápagos, reconocidas por su riqueza natural, forman parte de la estrategia militar desde la firma del Proyecto de Seguridad Integral en la Región Insular, que recibió el repudio del Parlamento del Mercosur en un comunicado público.
Esta alianza desborda los parámetros militares para adentrarse en la seguridad económica global. El 4 de febrero de 2025, de manera oficial, ambas naciones suscribieron el Marco para el Aseguramiento del Suministro en la Minería y el Procesamiento de Minerales Críticos y Tierras Raras. Este instrumento geopolítico otorga a las empresas estadounidenses la «primera oportunidad» de inversión prioritaria en yacimientos estratégicos de los diecisiete elementos de tierras raras del Ecuador.
En marzo, se firma el memorando para autorizar la presencia permanente del FBI en Ecuador, El punto culminante de esta arquitectura de cooperación se selló el 18 de junio de 2026 con la expedición del Decreto Ejecutivo 424, a través del cual se autorizó formalmente el despliegue operativo de tropas militares extranjeras en el país. De forma sumamente polémica, concedió inmunidad total y facultades especiales al personal civil y militar de los países cooperantes, blindándolos jurídicamente contra procesos o detenciones locales en el marco de las operaciones de neutralización del crimen organizado transnacional.
El analista Luis Córdova-Alarcón caracteriza la cooperación en materia de seguridad entre Ecuador y Estados Unidos como la consolidación del país como un «protectorado» y una «pieza» estratégica en la geopolítica estadounidense. Según el análisis del Observatorio Ecuatoriano de Conflictos, este periodo se distingue por la militarización de la seguridad pública, el otorgamiento de inmunidad legal a tropas extranjeras y el intercambio de recursos por seguridad.
Hundimiento de barcos
Los primeros casos se registran a comienzos de la década del 2000 con el abordaje de los barcos pesqueros Angélica I, Philip Guayaquil, Elizabeth I, Los Piguayes y Daiki Maru. En todos los casos el Gobierno de Estados Unidos justificó su actuación, según sus reportes, por la actitud sospechosa de los barcos. En el año 2002, Viviana II será la primera nave hundida, seguida de San Jacinto, Alexander II y Éxito. En esta coyuntura se reporta de manera tardía la desaparición del Jorge IV, caso emblemático de este periodo.
Según los testimonios recogidos en reportes de prensa, tras la captura de los “migrantes ilegales” y de los pescadores ecuatorianos en los barcos, las aduanas estadounidenses instaladas en las oficinas de la FOL en Manta procedían a la toma de datos y huellas digitales. Los ecuatorianos eran detenidos en su propio país y fichados por el delito de tráfico de personas. El periodista Juan Carlos Calderón registró el caso de cinco pescadores del barco pesquero San Jacinto que fueron detenidos en aguas mexicanas y conducidos a Washington en mayo de 2002 para ser juzgados bajo el cargo de conspiración contra el Gobierno de EE. UU. Los ecuatorianos recibieron una condena de veinticinco años cada uno.
Las versiones oficiales sostenían que algunas embarcaciones fueron destruidas por razones de seguridad marítima una vez evacuados sus tripulantes. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos como INREDH, pescadores y propietarios de embarcaciones denunciaron que varios barcos ecuatorianos fueron hundidos durante operativos de interceptación en aguas del Pacífico, en el marco de la cooperación bilateral desde la Base de Manta.
Durante el Gobierno del presidente Lucio Gutiérrez (2003-2005) se denunciaron varios casos de hundimiento de embarcaciones ecuatorianas. Pescadores nacionales aseguraban que sus naves habían sido hundidas por la Marina de los Estados Unidos en aguas ecuatorianas tras ser interceptadas durante operaciones antidrogas o relacionadas con migración irregular.
En los siguientes años continuaron las denuncias hasta llegar al Caso Puerto Cayo que dejó 26 desaparecidos en junio de 2003, y el Caso Manta con 104 desaparecidos en agosto de 2005 frente a las costas de la provincia de Esmeraldas.
El capitán del Santa María, Teófilo Lorenzo Chávez Lucas, declaró bajo juramento el 6 de julio de 2004, que la nave fue abordada el 3 de marzo por la fragata estadounidense USG Long Way 179, a 180 millas de la isla San Cristóbal en Galápagos: «Fuimos trasladados a la patrulla norteamericana, nos taparon los oídos y comenzaron a hundir el barco con tres cañonazos haciendo explotar los tanques de gas, lo cual vimos», recupera este testimonio Juan Carlos Calderón en su libro “Naufragio: migración y muerte en el Pacífico”.
La Fiscalía abrió investigaciones años después hasta que se instaló la Comisión de la Verdad en 2010. No existió una resolución judicial que estableciera una responsabilidad integral sobre todos los casos.
Este episodio dejó una huella política sobre la soberanía y el control efectivo de operaciones desde Manta contra los propios ecuatorianos que migraban empobrecidos desde las costas arriesgando sus vidas en barcos pesqueros.
María Urgiles: Una vida dedicada a la búsqueda
Son veinticuatro años de lucha por el esclarecimiento del Caso Jorge IV. En entrevista, María Urgiles, continúa exigiendo verdad y justicia por la desaparición de su esposo, Luis Quijije, uno de los dieciocho tripulantes del barco pesquero Jorge IV que desapareció el 5 de junio de 2002, como lo documenta también una investigación de INREDH.
“Encontraron una bombona y un chaleco con conchillas. No eran animales los que iban en esa embarcación. Nuestros familiares eran personas honradas que vivían de la pesca. Y por eso hemos luchado por encontrar la verdad.” explica María sosteniendo la fotografía de Luis.
Durante los primeros años, los familiares denunciaron el abandono de los armadores (dueños del barco) y la falta de indemnizaciones laborales. El caso tomó relevancia nacional cuando la Comisión de la Verdad (que investigó violaciones a los derechos humanos en Ecuador) incluyó el expediente del Jorge IV dentro de sus investigaciones. En 2014, María Urgiles y representantes de las familias de los pescadores fueron recibidos por legisladores en la Asamblea Nacional de Ecuador.
En 2019, un fiscal del cantón de Manta solicitó formalmente el archivo definitivo de la investigación previa argumentando falta de evidencias del hundimiento y la ausencia de actas de defunción físicas. María Urgiles, con la asesoría de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), evitó el cierre del caso.
Conversamos con María sobre el caso Jorge IV. Le preguntamos ¿Cómo se siente usted tras veinticuatro años de preguntar, hacer diligencias, viajar a Quito, y continuar esperando respuestas sobre la desaparición del barco Jorge IV en el 2002?
Me siento indignada. La justicia se pone audífonos para no escuchar a las víctimas y una venda para no ver. Ya es un año de un peritaje sicológico que hizo la Fiscalía y aún no hay informe. Hemos enfrentado varios intentos de cerrar este caso que empezó con la investigación de un posible homicidio. Después intentaron cambiar la versión por un accidente.
La desaparición del Jorge IV se dio en los días que se reportaron el hundimiento de barcos con migrantes ecuatorianos en aguas nacionales por parte de tropas del FOL. ¿Cuáles son los hechos que usted conoce?
Es una desaparición forzada de dieciocho pescadores en alta mar. Imagínese, en esa época no existían drones y, sin embargo, hicieron interdicciones en embarcaciones ecuatorianas sin marinos ecuatorianos, sin encontrar droga, taladraron los barcos. Existe la posibilidad de que hayan hundido la embarcación. En el intento de desvanecimiento del caso, incluso intentaron cambiar de jurisdicción de Manta a Esmeraldas.
Las noticias de tres ataques con drones contra barcos pesqueros que tripulaban civiles se vuelven a presentar con la llegada de tropas extranjeras a Manta. ¿Temen que los incidentes sean el mismo patrón operativo que se usó en 2022 contra el Jorge IV?
Los pescadores afectados no quieren hablar. Lo que se sabe es gracias a videos filtrados en redes sociales. Tienen temor y es comprensible, viven del diario, deben salir a alta mar y no quieren que tomen represalias. Es una potencia mundial que puede tener acceso a cualquier información.
¿Pero esto es concluir que pelean contra una potencia mundial?
Tengo conciencia de aquello. Mientras tenga conciencia y tenga vida, voy a luchar. Queremos agotar las instancias nacionales antes de llegar a instancias internacionales. El caso de los hermanos Restrepo es una referencia de esta lucha.
A los ocho días de la desaparición de su esposo, María tuvo un sueño donde le pedían continuar adelante y criar a su hijo de tan solo un año y medio. “Fue tan real. Estaba aquí presente. Cuando desperté regresé a mi realidad en la que he sido madre y padre para mi hijo, con la convicción y mentalidad de buscar justicia”.
La soberanía como debate
En junio de 2004, la Embajada de Estados Unidos admitió que hundió barcos ecuatorianos y que hacerlo es un procedimiento legal, según el reporte del diario La Hora: “Hundimos los barcos cuando representan una amenaza para la navegación. Nuestros acorazados operan en aguas internacionales del océano Pacífico bajo las prácticas internacionales estándares en alta mar», señala el comunicado.
El 14 de julio de 2004, el comandante de la marina compareció ante el Congreso y admitió que, en todos los casos, la Marina autorizó el abordaje y la intervención de los marinos estadounidenses. Los cables de Wikileaks revelan la preocupación de Patricio Zuquilanda, excanciller del Gobierno de Gutiérrez, solicitando apoyo a la embajada estadounidense para librarse de un posible juicio político debido a su inacción en defensa de migrantes ecuatorianos y el hundimientos de barcos que atentaba contra la soberanía.
Ese debate dividió al país durante una década. Finalmente, la Constitución de 2008 respondió con una frase contundente: No podrán establecerse bases militares extranjeras ni cederse instalaciones militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras. En 2009 terminó oficialmente la presencia del FOL estadounidense en Manta.
A pesar de la prohibición constitucional y el rechazo en las urnas a las bases extranjeras, las tropas están de nuevo aquí, y con la garantía de indultos a civiles y militares.
En enero de 2026, la embarcación Fiorella desapareció en alta mar tras reportar un asedio de tres días por parte de aeronaves, drones y buques estadounidenses. El incidente dejó a ocho pescadores manabitas desaparecidos.
El 17 de marzo, la embarcación Negra Francisca Duarte II fue impactada directamente por un dron artillado cerca de las Islas Galápagos. La tripulación fue encapuchada, esposada y retenida antes de que la nave fuera incendiada y hundida.
El barco Don Maca sufrió dos explosiones por bombardeo de drones el 26 de marzo. Los veinte tripulantes sobrevivientes denunciaron que marinos estadounidenses abordaron la nave, dañaron sus lanchas, los mantuvieron incomunicados bajo tortura y causaron el hundimiento del pesquero. «Yo estaba guardando el pescado cuando escuchamos el primer bombazo. Después cuando yo subí vi el dron ahí y otra vez explosionó», en testimonio de Jonathan Villafuerte, tripulante.
Los ataques sufridos en el primer cuatrimestre de 2026 por las embarcaciones pesqueras de Manta −Fiorella, Negra Francisca Duarte II y Don Maca− ¿confirman la aplicación sistemática de un mismo patrón operativo de intercepción militar en alta mar contra embarcaciones civiles?
Organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, han estado investigando las presuntas interacciones entre buques estadounidenses y barcos pesqueros en el Pacífico oriental. Tanto el Pentágono como la Guardia Costera de Estados Unidos han negado públicamente su participación en operaciones que involucren buques pesqueros ecuatorianos, reportó The Guardian.
Comparativa de los incidentes con las embarcaciones Fiorella, Negra Francisca Duarte II y Don Maca (2026)
| Fecha del incidente | Embarcación | Estado de la Tripulación | Estatus de la Nave |
| Enero | Fiorella | Ocho pescadores desaparecidos | Desaparecida en alta mar tras perder señal satelital |
| Marzo | Negra Francisca Duarte II | Dieciséis sobrevivientes (denuncian detención arbitraria) | Hundida tras ataque con drones e incendio |
| Marzo | Don Maca | Veinte sobrevivientes (denuncian torturas y heridos) | Hundida en aguas del Pacífico ecuatoriano |
La justificación actual ha evolucionado significativamente respecto a la época del Plan Colombia en el año 2000. En la actualidad, las operaciones militares extranjeras se ejecutan bajo el argumento legal y táctico de la neutralización de «actores no estatales beligerantes» y organizaciones terroristas, en el contexto del «conflicto armado interno» decretado en Ecuador.
El periodista de investigación Jeremy Scahill y el medio The Intercept (así como Drop Site News) expusieron que estos ataques forman parte de la Operación Southern Spear (Lanza del Sur). Esta campaña del Pentágono en el Pacífico y el Caribe ha acumulado decenas de ataques contra barcos sospechosos en alta mar.
El influyente diario estadounidense The New York Times incluyó estos episodios en sus coberturas de seguridad hemisférica, analizando cómo el uso asimétrico de inteligencia artificial y drones de ataque por parte del Comando Sur de EE. UU. ha difuminado la línea legal entre la interdicción de drogas y las ejecuciones extrajudiciales.
La federación global Amnistía Internacional y el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada intervinieron formalmente, exigiendo rendición de cuentas tanto a Washington como al Gobierno de Ecuador por la inacción de la Fiscalía.
El fuego que consume y justifica
El 6 de junio de 2026 se produjo un incendio de gran magnitud en el área pesquera de la Autoridad Portuaria de Manta, en la provincia de Manabí. El siniestro dejó un saldo de 35 embarcaciones artesanales afectadas.
A la luz de los tres ataques en alta mar y el patrón de la operación Southern Spear, el incendio en la rada de Manta no puede ser interpretado como un simple accidente portuario. Las primeras investigaciones indicaron que el incendio habría comenzado durante trabajos de mantenimiento en una embarcación. El episodio volvió a poner al puerto en el centro del debate nacional, por las contradicciones de las autoridades en la explicación del origen del fuego.
En alta mar, las tripulaciones de las naves Don Maca y Negra Francisca Duarte II denunciaron que las fuerzas extranjeras incendiaron y hundieron los pesqueros tras capturarlos. El fuego masivo en la rada de Manta traslada ese mismo mecanismo de eliminación material al puerto base.
Dentro de la lógica de un «conflicto armado interno» y de la lucha antiterrorista, el incendio actúa como un mensaje punitivo y disuasivo general. Los informes de The Intercept y The New York Times destacan el despliegue asimétrico de drones y sistemas de inteligencia artificial para monitorear Manta.
El siniestro masivo provee al Poder Ejecutivo el argumento perfecto para justificar la ineficacia de la seguridad local y la urgencia de profundizar la cooperación militar extranjera.
Al arrasar con 35 embarcaciones, se debilita económicamente a la pesca artesanal, forzando un vacío en el control del espacio marítimo costero. Esto facilita que la rada y las zonas contiguas sean gestionadas con lógicas netamente militares y de seguridad nacional, por encima de su naturaleza productiva y civil.
Manta, un puerto global en posible disputa
Más del 40 % de la cocaína que llega al continente europeo transita por rutas vinculadas al Pacífico sudamericano. En ese contexto, Ecuador dejó de ser únicamente un país andino para convertirse en un eslabón de una cadena logística global que conecta los puertos de Guayaquil y Manta con Amberes, Róterdam, Algeciras y Hamburgo.
La historia de Manta, por tanto, no trata únicamente de Ecuador ni de Estados Unidos. Es la historia de cómo un puerto mediano del Pacífico terminó situado en la intersección de tres grandes procesos del siglo XXI: la competencia geopolítica por la seguridad regional, la expansión del crimen organizado transnacional y el debate permanente sobre hasta dónde puede llegar la cooperación internacional sin alterar el ejercicio pleno de la soberanía nacional.
Manta sigue siendo un lugar donde confluyen intereses locales, nacionales e internacionales, y donde las decisiones sobre seguridad trascienden las fronteras ecuatorianas para insertarse en un debate global sobre el equilibrio entre seguridad, democracia y soberanía.
Hoy el desafío son organizaciones criminales transnacionales que controlan rutas de cocaína hacia Europa, Estados Unidos y Asia. Los puertos ecuatorianos se han convertido en puntos clave del comercio legal y del tráfico ilícito.
El crimen organizado infiltró instituciones, puertos, cárceles y cadenas logísticas.
La respuesta estatal volvió a mirar hacia Washington. La cooperación militar regresó: Intercambio de inteligencia, capacitación, operaciones conjuntas, asistencia tecnológica, patrullajes coordinados.
La diferencia es que ahora la Constitución sigue prohibiendo bases militares extranjeras permanentes.
