Para el público latinoamericano que observa con asombro la vertiginosa transformación de Ecuador −un país que pasó de ser una «isla de paz» a uno de los epicentros de mayor inestabilidad de la región−, entender su presente exige analizar una cadena de eventos.
Fotografías: Archivo Presidencia de la República de Ecuador y archivo Diario Expreso
Quito, Ecuador.- El escenario político de Ecuador experimenta una profunda transformación estructural bajo la administración de Daniel Noboa. Lo que inicialmente se presentó como un gobierno de pragmatismo joven, de no ser «anti nada» sino «pro Ecuador», ha consolidado un marcado giro ideológico hacia la derecha y el conservadurismo regional.
Esta derechización se evidencia no solo en su retórica de confrontación total o en la militarización de la seguridad pública, sino también en un alineamiento geopolítico absoluto con Washington.
A través de convenios de defensa y ambiciosos tratados comerciales, el Gobierno ha abierto sectores clave −como el petróleo, la minería y las tierras raras− a intereses corporativos estadounidenses. Esto reconfigura el rol del Estado, subordinando los recursos estratégicos nacionales a la agenda de seguridad de los Estados Unidos en el hemisferio occidental.
A continuación, se presenta el análisis de los diez momentos críticos que definen este viraje político y la crisis multisectorial que atraviesa el país.
La institucionalización de la guerra interna
La seguridad pública se convirtió en el eje de la identidad del Gobierno. El punto de quiebre ocurrió el 9 de enero de 2024 con la toma armada de TC Televisión por parte de un grupo criminal. El evento transmitido en vivo sirvió de justificación perfecta para decretar el Estado de Excepción y la Declaratoria de Conflicto Armado Interno, una guerra contra el narcoterrorismo y los grupos de delincuencia organizada (GDO), con el Decreto Ejecutivo N.º 111.
La estrategia se basó en el Plan Fénix, coordinado por la ministra Mónica Palencia, con un documento estratégico que nunca fue publicado oficialmente, bajo el argumento de seguridad nacional. Políticamente, la seguridad se transformó en un producto de consumo de masas: el presidente Noboa capitalizó el miedo colectivo mediante una estética militar, simbolizada públicamente por su tatuaje en el brazo izquierdo (con el ave fénix) expuesto de forma estratégica en redes sociales para proyectar una imagen de líder de hierro.
El año 2025 fue el más violento en la historia del Ecuador porque registró una tasa histórica de 50.9 homicidios por cada 100 000 habitantes (9216 asesinatos en total). Según el balance regional de instituciones especializadas como InSight Crime y firmas de estadísticas globales, Ecuador ocupa el segundo lugar con mayor tasa de homicidios en América Latina y el Caribe, siendo superado a nivel regional únicamente por Haití.
Abril de 2024: el asalto a la embajada de México
En abril de 2024, el Gobierno de Noboa ejecutó uno de los actos internacionales más polémicos de la historia reciente de la región: la invasión armada a la Embajada de México en Quito para capturar al exvicepresidente Jorge Glas, quien se encontraba en calidad de asilado político. Rompiendo la Convención de Viena, esta acción fue justificada bajo la narrativa derechista de que «la lucha contra la impunidad y la corrupción está por encima de los tratados internacionales».
Ideológicamente, el asalto funcionó como una demostración de fuerza soberana hacia el interior del país. Envió el mensaje directo de que el Gobierno no respetaría inmunidades diplomáticas con tal de neutralizar a sus enemigos políticos, profundizando la ruptura con los gobiernos de izquierda en la región.
Datos del Banco Central del Ecuador reflejan que la inversión extranjera directa (IED) de México creció un 60 % pese a la ruptura diplomática. El presidente Noboa se ha mostrado abierto a restablecer las relaciones con México.
El escándalo energético del caso Progen
A través de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), se impulsó la firma de contratos de emergencia para la adquisición de generadores eléctricos, con el fin de enfrentar la crisis que sumergió al país en prolongados apagones.
El Caso Progen terminó en los tribunales federales de Florida tras revelarse que la empresa estadounidense vendió motores usados haciéndolos pasar por nuevos. Informes internos revelaron presiones corporativas y la intimidación física de los técnicos del Estado para avalar los informes técnicos.
Este caso expuso que la entrega de contratos energéticos a empresas extranjeras −particularmente radicadas en Estados Unidos− terminó en un millonario perjuicio al Estado, estimado en 104.37 millones de dólares.
El caso Progen se reactivó en julio de 2026 tras el juicio político a la exministra Inés Manzano, por parte de la Asamblea Nacional, y el avance de la instrucción fiscal por peculado contra veintiún personas, incluyendo a Antonio Gonçalves, exministro de Energía. El propio ministro Roberto Luque afirmó: “Progen es una empresa corrupta que estafó a todos los ecuatorianos”. La Fiscalía mantiene investigaciones y Celec litiga en Florida, donde se presentaron pruebas de desvío de fondos y falsificación de documentos por parte de la empresa.
Nueva ley de inteligencia y opacidad en el gasto reservado
La promulgación en el Registro Oficial de la controversialLey Orgánica de Inteligencia, el 11 de junio de 2025, es complementada el20 de abril de 2026 con la firma de un memorando de entendimiento (MOU) entre el Ministerio del Interior y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de EE. UU. (HSI). Asimismo, el Ejecutivo activó de forma unilateral el despliegue de tropas y aeronaves de la Fuerza Aérea norteamericana en la base de Manta, en diciembre de 2025. Esto representa la consolidación definitiva del engranaje de espionaje, control social y subordinación geopolítica de la nueva derecha ecuatoriana.
La Ley de Inteligencia legalizó un marco de vigilancia radical al facultar a los agentes del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) a interceptar llamadas, rastrear movimientos y monitorear chats en tiempo real sin necesidad de una orden judicial previa. La normativa obliga a las empresas telefónicas y proveedoras de internet a entregar datos históricos y de geolocalización de los usuarios, blindando a los agentes con identidades falsas emitidas por el Registro Civil y eximiéndolos de responsabilidades penales, civiles o administrativas.
En el plano internacional, el Gobierno burló de forma flagrante la voluntad popular. A pesar de que en el referéndum de noviembre de 2025 más del 60 % de la población votó un rotundo «NO» a la instalación de bases militares extranjeras, apenas semanas después, el 17 de diciembre de 2025, Noboa autorizó el arribo de contingentes militares de la Fuerza Aérea de EE. UU. a la base de Manta, bajo la etiqueta de una «operación temporal» para reactivar las antiguas funciones del Puesto de Avanzada estadounidense (FOL).
El despliegue se profundizó con el acuerdo de inteligencia con la HSI y la CIA para el intercambio automatizado de información fronteriza y masiva. Con esto se teje una red de espionaje tecnológico tutelada por Washington que, bajo la fachada del combate al crimen organizado, dota al Ejecutivo de herramientas sin precedentes para el seguimiento a la oposición política y la asfixia de la protesta social interna.
El uso de gastos reservados ascienden a los 200 millones de dólares. Analistas denuncian que, bajo la narrativa de la «guerra interna contra el terrorismo» y la defensa nacional, el aparato estatal creó un agujero negro fiscal exento de auditorías públicas reales.
El colapso del sistema de salud pública y la lógica del mercado
La crisis sanitaria alcanzó niveles alarmantes debido al desabastecimiento crónico de medicamentos esenciales en los hospitales del Estado y la precarización generalizada de la infraestructura médica. Ciudadanos protestando en los exteriores de los centros de salud evidencian un sistema público desbordado.
Esta inacción presupuestaria deliberada responde a la lógica de mercado del modelo neoliberal. Al debilitar de manera sistemática los centros de salud estatales, la administración de Noboa empuja a la población civil a la externalización de servicios, promoviendo el negocio de las clínicas privadas y las aseguradoras, transformando un derecho humano en un bien de consumo.
Hasta julio de 2026, la administración de Daniel Noboa convirtió al Ministerio de Salud Pública (MSP) en la cartera más inestable de su Gobierno, sumando ocho ministros o encargados en poco más de dos años de gestión. Desfilaron figuras como Franklin Encalada, Juan Bernardo Sánchez, Jimmy Martin e, incluso, la propia vicepresidenta María José Pinto, a quien el mandatario delegó temporalmente las funciones de ministra de Salud en noviembre de 2025.
Durante su informe a la nación del 24 de mayo de 2026, Noboa prometió una «megacompra» masiva de medicamentos a la India, asegurando a través de su vocería de Gobierno que el desabastecimiento crónico se solucionaría de forma definitiva en un plazo de tres semanas.
Mientras las promesas se evaporan, la realidad humana la padecen los pacientes renales, cuyas asociaciones denuncian en las calles que deben mendigar o comprar de sus bolsillos hasta las cánulas para la realización de diálisis.
El verdadero trasfondo ideológico del modelo es el desvío de los recursos públicos hacia el sector privado: las actividades de salud del sistema privado registraron incrementos de ganancias, IESS cerró 2025 con 716 millones de dólares en pagos a prestadores externos. Los informes oficiales señalan que el abastecimiento en los hospitales del IESS llega al 65 %, y en los del Ministerio de Salud alcanza un crítico 45 %.
El cerco informativo y cooptación de medios
El mapa mediático ecuatoriano sufrió una mutación agresiva ante denuncias de presiones, cooptaciones y presuntas transacciones comerciales orientadas a alinear las líneas editoriales de medios como La Posta y Radio Centro Diario por un valor total de 2.6 millones de dólares. La transacción se habría realizado a través de la empresa Galamedios S.A.S., propiedad de Luis Alvarado Campi, asambleísta alterno/suplente de la bancada oficialista ADN. Se habla también de la posible compra del diario El Universo.
Por el contrario, con Diario Expreso se mantiene una posición de confrontación constante frente al poder central debido a su línea editorial fiscalizadora. El medio denuncia ser blanco recurrente de descalificaciones oficiales en redes sociales y discursos presidenciales.
Este fenómeno es visto por expertos internacionales como un esfuerzo sistemático de la derecha gobernante por edificar un cerco informativo para defender las reformas estructurales del Gobierno.
Organizaciones como la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC) denuncian un cierre sistemático de espacios de fiscalización y un hermetismo estatal para obstaculizar el acceso a información pública. La estrategia comunicacional del Ejecutivo combina la omisión deliberada de datos sensibles (como estadísticas de pobreza o la crisis eléctrica) con una fuerte narrativa de confrontación orientada a polarizar a la ciudadanía.
En un episodio que puede evidenciar lo dicho, el expresidente Osvaldo Hurtado declaró en televisión nacional que Daniel Noboa actúa como un «criptodictador» que arremete contra la separación de poderes; en reacción, los legisladores oficialistas salieron de manera coordinada en redes sociales a cuestionar al expresidente. Los mensajes y cronología revelarían esta respuesta coordinada, según Ecuador Chequea, para blindar al mandatario.
La marcha contra los magistrados del Poder Judicial
El 12 de agosto de 2025, el oficialismo orquestó una multitudinaria marcha en contra de los magistrados del Poder Judicial. Los acusó de ser cómplices de la delincuencia por liberar a sospechosos o retrasar sentencias.
Esta marcha fue una operación de diseño político de alta gama para posicionar una narrativa unificada: «La justicia le falla al pueblo, el presidente lo defiende». La marcha se organizó como repudio directo tras los fallos constitucionales que suspendieron leyes clave del Gobierno.
La estrategia consistió en trasladar la culpa del colapso de la seguridad pública desde el Ejecutivo hacia los jueces, publicando pancartas gigantes con sus rostros.
Proscripción política y la persecución a la Revolución Ciudadana
La proscripción e inhabilitación temporal del movimiento Revolución Ciudadana (RC5) se dio el 6 de marzo de 2026, cuando el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ordenó su suspensión por nueve meses del Registro de Organizaciones Políticas. Esta medida bloqueó de forma directa la capacidad de RC5 para inscribir candidatos y alianzas de cara a las elecciones seccionales.
La sanción fue impuesta bajo el marco del denominado caso Caja Chica. Se trata de una investigación de la Fiscalía General del Estado por el presunto delito de lavado de activos, enfocada en un supuesto ingreso de fondos ilícitos provenientes de Venezuela para financiar la campaña presidencial del movimiento en 2023.
El intento de lo que los sectores de oposición tildan de una «estrategia de cancha vacía» para favorecer al partido oficialista ADN del presidente Daniel Noboa, ha afectado directamente a cuatro movimientos políticos que han sido suspendidos de participar: Movimiento Amigo (Lista 16), Movimiento Pachakutik (Lista 18), Unidad Popular y Movimiento Construye.
Enfrentan procesos de bloqueo bajo la misma modalidad de indagaciones judiciales reservadas (lawfare) y trabas administrativas destinadas a sacarlos del juego electoral frente a los próximos comicios para renovar a las autoridades locales.
El argumento de que «Noboa quiere ir solo» cobró mayor fuerza tras las declaraciones del ministro del Interior, John Reimberg, quien de forma abierta afirmó en julio que «Ecuador necesita alcaldes alineados y coordinados con el Gobierno nacional».
El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificó y dejó en firme el adelanto de las elecciones seccionales el 8 de abril de 2026, tras rechazar de forma definitiva los recursos de apelación interpuestos por partidos de oposición como el Partido Social Cristiano (PSC). Con esta resolución, el día del sufragio se adelantó 77 días, pasando del 14 de febrero de 2027 al domingo 29 de noviembre de 2026.
La detención del alcalde de Guayaquil
El 10 de febrero de 2026, la Fiscalía ejecutó ladetención del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y sus hermanos. Procesado bajo el Caso Goleada por delincuencia organizada y lavado de activos, sumado al Caso Triple A por comercialización ilegal de combustibles, el alcalde fue recluido en la cárcel El Encuentro. A nivel local, este hito generó un fuerte sentimiento de orfandad institucional y una sensación de liderazgo a la deriva.
Luego siguió Quito. La Fiscalía General del Estado abrió una investigación penal contra el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, obligándolo a comparecer el 24 de marzo de 2026 por presunto peculado, tras un informe de Contraloría sobre la compra de sesenta trolebuses eléctricos, realizada en convenio con la Oficina de las Naciones Unidas para Proyectos (Unops). El alcalde calificó el proceso como un «bochorno internacional y una persecución política» diseñada para truncar su reelección.
Y finalmente, Cuenca. El TCE resolvió suspender los derechos políticos del alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, por seis meses debido a una denuncia de violencia política de género. Esta sanción supuso su inhabilitación oficial para postularse a la reelección en los comicios seccionales.
El tratado sobre minerales críticos y la entrega de tierras raras a Estados Unidos
El hito económico fundamental del giro a la derecha se consolidó en Washington con la firma del acuerdo bilateral sobre minerales críticos y tierras raras. Convocado por el secretario de Estado de Estados Unidos y el Gobierno ecuatoriano, este tratado busca asegurar cadenas de suministro estratégico −como litio, cobalto, cobre, oro y elementos de tierras raras− exclusivamente para el mercado estadounidense, contrarrestando el histórico avance de las empresas mineras chinas en la región.
Para dinamizar este negocio, el Ejecutivo envió reformas legales orientadas a acelerar, simplificar y desregular la entrega de permisos y licencias ambientales, otorgándole prioridad absoluta a empresas de Estados Unidos para la compra y explotación de activos mineros y petroleros del país.
La doctrina del enemigo único y el escarmiento político
A lo largo de este recuento, se reúnen elementos de análisis sobre el estilo de gobernar del presidente Noboa. ¿Adoptó una retórica de confrontación total, propia de los autoritarismos de derecha? Toda crítica periodística, movilización social u oposición legislativa ¿es catalogada inmediatamente como un acto de desestabilización o complicidad con el crimen organizado? Esta postura radical fue fijada por el propio mandatario en sus intervenciones públicas, estableciendo una línea política donde la diplomacia interna y el diálogo se reemplazan por el escarmiento directo a los adversarios. “Soy un mal enemigo… soy un pésimo enemigo”, dijo en entrevista con medios.
El giro a la derecha en el Ecuador no se ha limitado a una transformación de discursos; ha implicado una reconfiguración agresiva y estructural del Estado. Desde la legitimación del miedo civil tras el asalto terrorista a TC Televisión hasta la edificación de un sofisticado aparato de espionaje amparado en la nueva Ley de Inteligencia, el Ejecutivo ha priorizado el control social y el blindaje corporativo por encima de las urgencias de la población.
Ecuador inicia julio con un incremento de pasajes en los servicios de transporte y la caída en la evaluación del desempeño presidencial del 26 % al 21 %, de acuerdo con cifras del Centro de Investigaciones y Estudios Especializados (CIEES).
Para una América Latina que observa con cautela, el experimento ecuatoriano enciende las alarmas sobre los alcances del nuevo conservadurismo punitivo en la región: un modelo donde el libre mercado radical y la entrega de recursos estratégicos al norte global se sostienen únicamente mediante la demolición de la separación de poderes, la judicialización de la política y el escarmiento sistemático a la disidencia.
