La comunidad de Santa María Ostula ha sido criminalizada en varias ocasiones por el gobernador de Michoacán (México) debido a la existencia de la Guardia Comunal que le hace frente al Cártel Jalisco Nueva Generación. Mientras tanto, en el campo de guerra, la comunidad sigue firme en su organización y en la defensa de su territorio, a pesar del aumento en los ataques armados y bombardeos con drones.

Texto y Fotografías: Heriberto Paredes y Rodrigo Caballero

Michoacán, México.- María es mamá de tres niños y una niña, tiene 36 años y ha ejercido diversos cargos en la comunidad de Ostula. Es originaria de la encargatura de La Cofradía, una de las veinticuatro localidades en las que se divide la comunidad nahua, ubicada en el corazón de la Sierra-Costa michoacana, en el centro del Pacífico mexicano. Es ahí en donde, a comienzos de 2024, aparecieron sobrevolando los primeros drones, mismos que luego descargarían explosivos sobre las casas.

«Es imposible seguir viviendo así, tenemos mucho miedo, no sabemos qué hacer más que defendernos y, pues, la comunidad está muy organizada, tenemos a nuestra Guardia Comunal, aunque el miedo no se va», precisa ella en una conversación que sostuvimos a lo largo de un recorrido por las calles desiertas, desde las que puede observarse que la vida ha sido trasladada al interior de las viviendas.

En 2024, María se desempeñó como encargada del orden. Como autoridad de La Cofradía tuvo la responsabilidad de velar por la integridad de las personas, sus vecinos y vecinas, su propia familia. En febrero de ese año, cuando aparecieron los drones en el cielo azul y su zumbido llenó el ambiente, no sabía qué eran.

Cuando empezaron a caer los primeros explosivos en distintos puntos de la encargatura, entendió que esto era un monstruo desconocido y solo podía tratar de conseguir que la gente se refugiara en sus casas. Al ver que las bombas atravesaban los techos de lámina avisó como pudo para que toda la gente se resguardara bajo techos de cemento o adobe.

Mientras del cielo comenzaron a caer los explosivos, de los cerros que circundan este punto de Ostula se desató una balacera constante que provenía de las armas del CJNG. Los explosivos atravesaron los techos de lámina, las balas destrozaron árboles, perforaron puertas y muros, fracturaron la vida en paz que hasta entonces se tenía en esta zona.

Días más tarde, ese mismo febrero, vinieron otros ataques y luego, en julio de 2024, la duración y la furia de la violencia desatada contra la comunidad aumentó. Para Ostula y su Guardia Comunal queda claro que quieren invadir su territorio y adueñarse para explotar los recursos naturales mientras convierten su belleza en rutas de trasiego.

Los ataques armados son ya una parte de la realidad diaria de esta zona de México. María nos cuenta que es ya tan común que muchos de los jóvenes de la comunidad han decidido mantener sus actividades recreativas a pesar del riesgo de los bombardeos. Para ello han buscado un terreno en las afueras de La Cofradía que les sirve de cancha de fútbol. La maleza les permite mantener en secreto este lugar y los domingos se juntan a jugar fútbol. «La vida tiene que seguir –agrega– y a pesar de la incertidumbre y el miedo no podemos bajar la guardia. Seguiremos defendiendo la vida y nuestro territorio».

Una relatoría de ataques que ha sufrido esta comunidad y poblaciones vecinas puede dar cuenta de la frecuencia con la que ocurren las incursiones, ataques, asesinatos y desapariciones a manos del CJNG. Se trata de un listado público que se ha enviado a las instancias gubernamentales de seguridad, así como al gobernador Ramírez Bedolla y a la presidenta Claudia Sheinbaum:

Desde 2023 y hasta la fecha (2026) las poblaciones de Coahuayula, el Salitre de Estopila y Huizontla, del municipio de Chinicuila, son fuertemente atacadas con armas de alto poder y drones, provocando desplazamientos entre la población y una situación de indefensión entre las familias que aún permanecen en estas comunidades.

La respuesta del gobierno estatal ha sido la criminalización a la Guardia Comunal, alegando que se trata de un grupo criminal, alentando de esta forma una falsa narrativa de enfrentamiento entre grupos criminales. A pesar de ello, la comunidad de Ostula ha insistido en señalar que el derecho internacional los ampara a través del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por México, el cual tiene el nivel de las leyes constitucionales, según una reforma hecha a la Constitución mexicana en 2012.

«No tenemos ningún reporte de un ataque armado contra Ostula», afirmó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, la mañana del 6 de julio de 2026. Esta declaración cobra importancia porque, dos días antes, la comunidad indígena nahua había sido atacada por un comando fuertemente armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), grupo criminal que opera en buena parte de México y que parece no tener contención, ni siquiera después del abatimiento de su principal líder, Nemesio Oseguera, conocido como el Mencho, el pasado 22 de febrero de 2026.

Particularmente en Michoacán, esta organización criminal actúa a sus anchas, tal y como lo han señalado el Observatorio de Seguridad Humana y la Comisión Solidaria de Derechos Humanos a raíz de diversos episodios de extorsión, desplazamiento forzado y asesinatos en que se señala como responsable al CJNG.

Tras defender su territorio de una posible invasión, la comunidad de Santa María Ostula, emitió un comunicado, a través de sus redes sociales oficiales, en el cual daba cuenta del ataque más reciente –ocurrido tan solo dos días antes de la negativa gubernamental–  a manos del mencionado grupo criminal. El comunicado incluso señala la agresión a un trabajador del ayuntamiento originario de la comunidad.

«Mediante este comunicado denunciamos que alrededor de las siete de la tarde del día 4 de julio de este 2026, la encargatura de la Mina de la Providencia, perteneciente a la Comunidad Indígena de Santa María Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, fue atacada por un número indeterminado de sujetos armados pertenecientes al CJNG, quienes incursionaron en dicha localidad y agredieron a balazos a un comunero que también es empleado del Ayuntamiento de Aquila como encargado de los trabajos de fontanería y que justamente se encontraba en su jornada de trabajo al momento del lamentable acontecimiento».

Ceiba logró visitar la comunidad tan solo unas semanas antes para documentar los efectos de otros ataques armados que habían ocurrido en el mes de mayo y de junio. A través de testimonios de primera mano pudimos acercarnos un poco al horror que vive la población civil tras varios años de ataques y bombardeos, en una guerra que no escogieron pelear y de la que no se ve la salida.

En estos casos, Ostula también emitió comunicados en donde, además de denunciar los hechos, exigió el desmantelamiento de esta organización criminal y la colocación de una base de operaciones interinstitucionales en las inmediaciones de su territorio, con la finalidad de contrarrestar las actividades armadas y criminales del CJNG en la región.

La comunidad incómoda

«Ostula es una comunidad muy incómoda para el gobierno de Michoacán –señala un comunero que pertenece a las autoridades de la comunidad, pero que prefiere mantenerse en el anonimato– por la forma en como nos organizamos, por la forma en como nos defendemos. Ostula es la que no se deja, la que responde, es gracias a lo que hacemos que estamos bien. Hemos sido ejemplo para los demás pueblos, incluso para los pueblos que no son indígenas».

Ninguna otra comunidad de la región tiene puestos de control para repeler al crimen organizado, porque no los han colocado o porque son insuficientes. Sin embargo, en décadas de lucha en defensa de las tierras comunales, Ostula ha logrado sistematizar una lógica de defensa que canaliza a través de su Guardia Comunal, no en el modelo que promueve el gobierno estatal y que llama de «autogobierno».

Este modelo oficial consiste en crear una instancia administrativa al interior de las comunidades, para gestionar el recurso económico directo destinado a ciertos rubros. Por ejemplo, a la creación de una policía comunitaria que no responde a la comunidad solamente, sino a su coordinación con otros cuerpos de seguridad estatales. Este aparente autogobierno en donde la comunidad recibe dinero, para decidir libremente el destino que tendrá, en realidad genera una nueva área administrativa, y reduce el margen de acción de la comunidad para gestionar el dinero en las necesidades que tiene. Digamos que es una libertad a medias que genera dependencia económica. En lo político, existe un compromiso de apoyar al gobierno estatal para sostener el reconocimiento como comunidad indígena y para contar con la venia del oficialismo.

Ostula, por el contrario, al negarse a asumir este modelo oficialista, realmente ejerce su autodeterminación y presiona para que el municipio trabaje para cumplir con sus obligaciones de gobierno. Su rebeldía, ante el modelo que el gobernador Ramírez Bedolla ha pregonado, y en el que incluso las comunidades vecinas de Ostula han caído, le ha provocado la criminalización y señalamiento.

“El que Ostula se defienda se ve mal hacia afuera, el que Ostula se organice se ve mal. No deberíamos hacer nada, deberíamos esperar a que llegue el crimen organizado para que haga con nosotros lo que quiera y nos acabe de matar, eso es lo que quiere el gobierno, porque hacemos lo contrario y se molesta”, comenta con enojo el comunero con quien conversamos.

Es notorio que existe una incomodidad por la falta de atención de parte de las autoridades estatales y federales. Por un lado, las declaraciones sin sustento del gobernador michoacano y, por otro, la inacción del único destacamento de miembros del ejército que están dentro de la comunidad y de Ostula como resultado de una exigencia comunal hecha en 2024: el Ejército mexicano tiene que resguardar la vida de las personas que son atacadas por el grupo criminal, señaló la asamblea de Ostula tras los ataques de julio de 2024.

Las molestias aumentan porque este destacamento, de no más de cincuenta militares, no actúa en contra del CJNG. No apoya a la comunidad en su defensa y se retira cuando hay ataques. Regresa cuando ya todo ocurrió, levanta un reporte de que todo está en calma y pone en entredicho la existencia de agresiones armadas a la comunidad.

«Si nosotros fuéramos un grupo delincuencial, como dice el gobernador, estaríamos buscando al CJNG, emboscándolo, minando caminos. Los grupos o los cárteles se pelean, ganan terreno, van más allá, se expanden. Eso a nosotros no nos interesa, nosotros tenemos el perímetro de la comunidad y ya».

El miedo al cielo azul

El martes 29 de octubre de 2013, una familia de sobrevivientes de un ataque de drones se presentó ante el Congreso de Estados Unidos para dar su testimonio sobre lo que significaba la campaña de bombardeos durante la llamada «Guerra contra el terrorismo».

En aquel momento un niño de trece años llamado Zubair Rehman narró, ante los congresistas estadounidenses, el día en que su abuela murió asesinada, luego de que fuera alcanzada por un misil lanzado por un dron Predator, operado remotamente por miembros de la Fuerza Aérea norteamericana.

Después de hablar del bombardeo, Rehman explicó la forma en que se vivía el día a día en su aldea, ubicada en la región montañosa de Waziristán al noreste de Pakistán, un país que recibió cientos de ataques similares durante casi veinte años.

«Ya no amo los cielos azules, de hecho, ahora prefiero los cielos nublados, los drones no vuelan cuando los cielos están nublados y por un pequeño momento la tensión mental y el miedo se calma», lamentó Zubair durante su participación.

Las palabras del joven pakistaní se convirtieron en un presagio, vaticinaron las condiciones de quienes vivirían bajo el asedio de esta nueva arma quince años después, cuando el uso de los drones de combate se democratizó en pequeños y grandes conflictos armados alrededor del mundo.

Cuando las tropas rusas avanzaron sobre Ucrania y quedaron atascadas en una guerra de trincheras, los drones ya no eran las armas de millones de dólares operadas por pilotos en medio del desierto de Arizona, sino pequeños artefactos portátiles que casi cualquier persona podía operar efectivamente en el nuevo campo de batalla.

Al principio se comenzaron a usar drones «suicidas», pequeños drones que servían para fotografía a los que se les pegaban explosivos y se lanzaban contra objetivos concretos. Luego vinieron los drones que se usaban en la agricultura para derramar semillas, reutilizados para lanzar cualquier tipo de artefacto que detonara sobre las posiciones rivales.

La tecnología cambió, los drones se hicieron más versátiles y eficientes. De repente, ya no solamente formaban parte de los ataques durante conflictos armados entre naciones; en México, por ejemplo, rápidamente fueron adoptados por grupos delincuenciales convirtiéndose en la nueva arma desarrollada para subyugar a la población y enfrentar a grupos enemigos, así como a elementos de la policía y las fuerzas armadas.

Solamente en 2025, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) registró en México dieciséis agresiones en su contra utilizando drones en los estados de Michoacán, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Chihuahua.

El sitio donde más ocurrieron los ataques fue en Michoacán, con siete arremetidas registradas, sobre todo en la región de la Tierra Caliente, donde se registra un enfrentamiento constante entre diversas facciones de la delincuencia organizada, sobre todo La Nueva Familia Michoacana, el Cártel de Tepalcatepec y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Sin embargo, Sedena apenas cuenta las agresiones ocurridas en contra de elementos del Ejército mexicano. En sus estadísticas no aparecen los ataques contra la población civil. Si lo hiciera tendría que incluir a la región de la Sierra-Costa de Michoacán, donde los bombardeos con drones se han convertido en un suceso cotidiano desde 2024, especialmente contra la comunidad indígena de Santa María Ostula y las poblaciones vecinas de Coahuayula y el Salitre de Estopila.

La frontera norte de Ostula se convirtió en el epicentro del uso de esta nueva tecnología en contra de la población civil. Las aeronaves no tripuladas se abren paso como una nueva arma convencional que sirve para amedrentar a las comunidades, algo que poco a poco se ha ido replicando en otras comunidades de México, como sucedió en Guajes de Ayala en el estado de Guerrero.

«Empieza el zumbido –agrega María– y con eso ya sabemos que nos van a bombardear. Comenzamos a refugiarnos, la gente se va avisando y yo siempre reacciono como cuando era autoridad, como ahora en mayo que traté de ver que los niños y niñas de la escuela estuvieran a salvo».

Especialmente la localidad de La Cofradía –dentro de Ostula– ha servido como una zona de experimentación, en donde se sufren ataques directos de drones en contra de la población, como una medida que busca subyugarla y ganar territorio, por parte del CJNG.

En La Cofradía, desde 2024, la vida gira en torno a los drones y a los ataques armados, la rutina diaria se planea alrededor de esa idea. La gente no se aglomera, no hay fiestas patronales ni graduaciones. Cuando la gente llega a juntarse es en lugares con techo y de preferencia de adobe, el material que más ha resistido los llamados dronazos. Todas las pláticas hacen alusión a los ataques armados, la gente siempre checa que sus vecinos y vecinas estén bien.

De manera instintiva, las personas habitantes de La Cofradía dejaron de caminar por en medio de las calles. Cuando salen siempre procuran que haya un refugio cerca, por si llegan a escuchar el zumbido de los drones, ese sonido chillante que hasta los niños imitan juntando los dientes y haciéndolos vibrar con la lengua.

De repente, los techos de lámina ya no se sienten seguros; de repente, salir a la tienda requiere una planeación táctica; de repente, voltear al cielo constantemente es necesario para sentirse seguros; de repente, se aceptó colectivamente que en cualquier momento todo puede terminar y eso ayuda a calmar los nervios.

Los drones y la forma en que se utilizan han cambiado mucho desde 2013, cuando Zubair Rehman acudió al Congreso de Estados Unidos para denunciar la forma en que su abuela había sido asesinada, alcanzada por un misil disparado desde un dron creado por el ejército más poderoso del mundo.

Lo que no ha cambiado, lo que apenas se está convirtiendo en una nueva realidad para poblaciones como La Cofradía en Ostula es el miedo al cielo azul, es temer que un día soleado sea la excusa perfecta para que la tragedia te caiga encima.

El uso de los drones convirtió a los cielos azules en un escenario terrorífico, el miedo a los días soleados es la nueva amenaza en contra de poblaciones que ya estaban asoladas por grupos delincuenciales.

Los pobladores de Ostula, como lo hizo la familia de Zubair, han encontrado tranquilidad en la tormenta, en la lluvia y en los días nublados. Saben que en ese momento los drones no pueden volar, es una de las pocas garantías que tienen de paz luego de casi tres años de guerra. María y uno de sus hijos, quienes nos acompañan a visitar la comunidad y algunos puestos de control de la Guardia Comunal, voltean al cielo y sonríen: «Hoy nos sentimos más seguros, está nublado y se ve que va a llevar pronto, no creo que nos vayan a bombardear hoy».