La gestión libertaria promueve la desarticulación de los organismos de control y el desfinanciamiento de la ciencia nacional, en un intento por entregar por completo el manejo de la matriz agrícola del país a las corporaciones biotecnológicas globales. Entre la eliminación de restricciones a la aprobación y uso de plaguicidas, y la avanzada para suprimir el histórico derecho al uso propio de semillas, la desregulación de la que hace gala el Gobierno argentino aceleró la aprobación de transgénicos resistentes a múltiples venenos. Frente al repliegue del Estado en su rol fiscalizador, referentes de la ecotoxicología y el derecho advierten sobre la proliferación de cócteles químicos, la promoción de técnicas sin riesgo medido como la edición génica y el impacto directo en las comunidades y el ambiente.

Fotografías: Patricio Eleisegui y Colectivo de Arroyo Leyes

Buenos Aires, Argentina.- No hay fisuras en la política de sumisión al capital transnacional y en el alineamiento con los sectores más conservadores locales que viene aplicando la gestión presidencial de Javier Milei en Argentina. En menos de tres años de mandato, el referente de la derecha doméstica más rancia ha multiplicado las medidas que procuran despejar el camino para el arribo o la consolidación de actores del extractivismo global, con peso en actividades como la megaminería y el agronegocio. En la práctica, Milei viene llevando a cabo lo que prometió en su campaña electoral: la destrucción del Estado como estructura de ordenamiento y regulación; el fin del aparato estatal como promotor clave, preponderante, de alternativas productivas, sociales y culturales ajenas al interés del capital corporativo privado.

En lo que debe interpretarse como una actualización agravada de la desregulación neoliberal que supo atravesar a la Argentina durante los años noventa, Milei ha reducido o apagado los organismos estatales encargados de controlar al empresariado privado. En simultáneo, aceitó el arribo de capitales provenientes mayormente de Estados Unidos e Israel. Sin embargo, no dejó de sostener tratos comerciales de relevancia con China y el bloque europeo, grandes protagonistas del extractivismo ejercido por empresas extranjeras durante las presidencias de Alberto Fernández, Mauricio Macri, Cristina Fernández y Néstor Kirchner.

El referente de La Libertad Avanza (LLA) −partido que ejerce la presidencia en Argentina− quitó restricciones a la megaminería transnacional y promovió políticas de beneficio fiscal e impositivo para las grandes corporaciones de ese nicho comercial. A la par, desplegó para el agronegocio un pilar clave de la recaudación oficial, un esquema de desarticulación de organismos y programas de gobierno que, por ejemplo, promovían la agroecología como alternativa a la siembra extensiva de commodities agrícolas como la soja, el maíz, el trigo y el algodón. También disolvió entidades públicas que respaldaban acciones en términos de agricultura familiar, campesina e indígena, y profundizó de manera acelerada la potestad de las grandes corporaciones de la transgénesis y la comercialización de agrotóxicos para decidir qué y cómo se siembra en las grandes superficies del campo argentino.

Esas políticas incluyen desde la apertura a semillas inéditas en términos de manipulación genética para resistir plaguicidas hasta la eliminación de restricciones en cuanto al tipo de moléculas de agrovenenos que pueden aplicarse en el país. Pasan, además, por la habilitación del uso de drones para pulverizar con esos mismos tóxicos y, por si fuera poco, afirman la decisión de descartar por completo la evidencia científica y médica, acumulada a lo largo de décadas de daño comprobado en el interior agrícola del país, que ha comprobado la afección sanitaria y ambiental que genera la utilización de plaguicidas.

En marzo de 1996, el Gobierno de Menem aprobó la primera soja transgénica Roundup Ready  −llamada así por el glifosato cancerígeno Roundup que en ese momento solo comercializaba Monsanto−. En adelante, la liberación de eventos agrícolas genéticamente modificados (OGM) derivó en una política de Estado que se ha mantenido a lo largo de los gobiernos. Pero la gestión de Milei inyectó una quinta velocidad a la aprobación de esos productos, controlados por las mismas multinacionales que generan y comercializan los agrotóxicos más aplicados a nivel global.

Así, en sus primeros 32 meses de gestión, el presidente argentino dio luz verde a la comercialización de 19 OGM, dejando atrás el récord funesto establecido por el exmandatario Mauricio Macri, con 16 semillas transgénicas habilitadas en igual lapso.

La particularidad no está ligada únicamente al volumen de eventos liberados, sino al tipo de manipulaciones que vienen lanzando las multinacionales que operan en el agro local. Se trata de semillas que ya no funcionan con un solo plaguicida, sino de OGM diseñados para resistir a por lo menos cuatro agrotóxicos. Esto se presenta como una evolución para el negocio multimillonario de Bayer-Monsanto, Corteva (Dow + DuPont), Syngenta-Chemchina y BASF, las compañías que controlan la transgénesis y los venenos que funcionan con las variedades adaptadas a esas bombas químicas.

El largo rastro de los transgénicos en Argentina

Lo que sigue es un detalle de los transgénicos aprobados en la Argentina durante las sucesivas presidencias hasta llegar al actual mandato del líder de LLA. Durante el período 1995-1999, el Gobierno de Carlos Menem aprobó 5 eventos transgénicos −sendas variedades de maíz, soja y algodón dotadas con toxina BT y resistencias a los herbicidas glifosato y glufosinato de amonio−. Las gestiones de Adolfo Rodríguez Saá y Eduardo Duhalde, correspondientes al lapso 2001-2003, habilitaron 2 OGM −maíz y algodón, con BT contra lepidópteros y tolerancia a glifosato−.

Néstor Kirchner, en el período 2003-2007, aprobó 4 transgénicos, todos variedades de maíz resistentes a glifosato y glufosinato de amonio + toxina BT contra lepidópteros. Durante los dos mandatos de Cristina Fernández se liberaron 24 eventos transgénicos, correspondientes a variedades de soja, maíz, algodón y papa. A excepción de esta última −presunta resistencia a virosis−, el resto de los OGM acumuló resistencias a herbicidas y BT. Dicha gestión liberó, además, una variedad de soja con tolerancia combinada a 2,4-D, glufosinato de amonio y glifosato.

Por su parte, el macrismo aprobó 26 transgénicos en tan solo cuatro años, con la particularidad de que los últimos 19 fueron habilitados en el transcurso de apenas veintidós meses. En cuanto a las variedades promovidas, el maíz resultó predominante con 11 aprobaciones, seguidos por la soja con 8 semillas. También durante esa administración emergieron OGM de papa, alfalfa y cártamo. Y quedaron a un paso de su aprobación sendas manipulaciones genéticas aplicadas a la caña de azúcar.

En 2022, con Alberto Fernández se autorizó la liberación comercial del primer trigo transgénico del planeta, producido en Argentina. Esa gestión liberó 14 OGM: 6 semillas transgénicas de maíz, 4 de soja, 2 de trigo, una variedad de alfalfa y otra de algodón.

Con Milei hicieron su aparición variedades con eventos “apilados”, como un maíz de Corteva diseñado para funcionar con los cancerígenos glifosato y 2,4-D, glufosinato de amonio y sendos herbicidas a base de ariloxifenoxipropionato. Y una semilla de soja transgénica que, diseñada por BASF, se siembra a partir de cócteles de herbicidas inhibidores de HPPD, glufosinato de amonio, glifosato y 2,4-D.

Corteva también puso a la venta una variedad de maíz que incorpora desde toxinas BT hasta resistencias a glifosato, glufosinato de amonio, 2,4-D, y ariloxifenoxipropionato (haloxifop). La novedad más reciente en la misma línea corresponde a una soja manipulada en los laboratorios de BASF que, lanzada a mediados del mes pasado, integra BT y opera con glifosato, glufosinato de amonio, 2,4-D y herbicidas inhibidores de HPPD.

Como es de suponer a partir de las características de los más recientes OGM, las modificaciones que poseen estas semillas para “resistir” a combinaciones cada vez más amplias de plaguicidas no han hecho más que redoblar las ventas de agrotóxicos, cuyas principales moléculas, formulados y marcas comerciales pertenecen a los mismos promotores de estos transgénicos potenciados.

Transgénicos, inseparables del negocio de vender más venenos

La liberación de transgénicos es inseparable de la venta ampliada de agrotóxicos. Las compañías que controlan ambos negocios acumulan décadas generando campañas publicitarias e incluso financiando estudios de científicos para instalar lo inverso a esa verdad.

Respecto del incremento en el uso de plaguicidas a partir de la siembra extendida de OGM, comparto un testimonio que publiqué en la reedición, del 2017, de mi libro Envenenados, una bomba química nos extermina en silencio. Quien habla es Medardo Ávila Vázquez, referente de la nacional Red de Médicos de Pueblos Fumigados: “En los años 90, en toda la Argentina se consumían 30 millones de litros de agroquímicos. El último consumo declarado por las cámaras que nuclean a estas empresas en el país, de 2014, fue de más de 300 millones de litros. En alrededor de 20 años la cantidad de agroquímicos que se aplicaron en la Argentina aumentó 1.000 por ciento”.

“Mientras que la superficie cultivada aumentó un 60 %, la cantidad de agroquímicos, insisto, subió 1000 por ciento. Esto muestra un desbalance que impacta”, añadió el experto en ese momento.

Incentivada por la siembra de transgénicos, la venta de agrotóxicos mueve millones de litros y, sobre todo, de dólares en la Argentina. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), una de las dependencias oficiales que más ha sufrido el recorte de presupuesto y funciones aplicado por Milei a la estructura pública del país, es el organismo que acercó el dato más reciente respecto de cuánto agroveneno se aplica en el país: al menos 580 millones de litros anuales.

De ese total, indicó el INTA, unos 230 millones corresponden a formulaciones de herbicidas como el cancerígeno glifosato y la porción restante comprende bombas químicas rotuladas por la industria de los agrovenenos, como insecticidas, acaricidas y fungicidas, entre otras categorías. Semejante volumen, dividido entre los 46 millones de personas que pueblan Argentina, arroja que por cada habitante se aplican 12.6 litros de veneno anuales. Mientras tanto, el negocio económico marcha viento en popa para las multinacionales de ese nicho comercial: la facturación más reciente por venta de plaguicidas en la Argentina superó los 3100 millones de dólares anuales.

La aceleración del agronegocio que envenena

Javier Souza Casadinho es coordinador regional de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina (RAP-AL), docente, investigador y extensionista de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Consultado por Ceiba acerca de las diferencias con otras gestiones que ocuparon la presidencia en Argentina, el experto subrayó que “con matices, desde Menem hacia acá todos los gobiernos tuvieron políticas similares de apoyo al extractivismo y una mirada desaprensiva sobre los bienes comunes naturales”, pero el Gobierno de Milei “aceleró todo ese proceso”.

“Con respecto a los plaguicidas, el Gobierno argentino estableció dos disposiciones el año pasado, la 458 y la 843, que hicieron más rápido y flexible el registro y la categorización de plaguicidas para aquellas empresas proveedoras de Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Europea, Australia, Suiza y Brasil, por mencionar algunos países. A las compañías de ese origen se les dio facilidad para registrar sus productos. Al mismo tiempo, se aprobó una disposición rápida que habilitó la aplicación de agrotóxicos con drones”, detalló.

Souza Casadinho resaltó que la presidencia de Milei lleva “un récord de aprobación de transgénicos, fundamentalmente en 2025”, con la perspectiva de incrementar las divisas para el actual Gobierno. “Volvió a hacer algo que también se llevó a cabo durante la presidencia anterior, de Alberto Fernández: bajó las tasas para la importación de los precursores químicos que se emplean para hacer plaguicidas. Aplicó más facilidades, más laxitud. Milei ha seguido y ampliado la perspectiva que venía de otros gobiernos”, dijo.

El especialista señaló, siempre con relación al uso de agrotóxicos, que en la actualidad el Gobierno argentino “no tiene voluntad política para avanzar o siquiera categorizar qué plaguicidas de los que se emplean en el país son altamente peligrosos”. En paralelo, resaltó la existencia de “medidas de apoyo para otras técnicas de alteración de las características de los cultivos como la edición génica”.

En otro tramo de la conversación con Ceiba, Souza Casadinho afirmó que la gestión que encabeza Milei redujo al mínimo los controles respecto del ingreso a la Argentina de agrovenenos prohibidos por su comprobada toxicidad, vía áreas fronterizas con Brasil o Paraguay. “Vemos cómo ingresan ese tipo de productos y se siguen usando plaguicidas que ya habían sido sacados de circulación, como el clorpirifos, que otra vez se lo puede encontrar en la región pampeana. Además, hay venta fraccionada de agrotóxicos, lo cual está prohibido. La decisión política que impera es de establecer poco control a partir de la falta de asignación de recursos públicos. El aparato del Estado que podría ejercer ese tipo de controles está siendo desmantelado”, afirmó.

En paralelo a la aprobación a mansalva de transgénicos, la presidencia argentina actual liberó casi una veintena de microorganismos también modificados genéticamente para su aplicación en vacunas animales y biocombustibles. Sobre el impacto que puede tener en los ecosistemas y la salud humana semejante oleada de productos, surgidos sobre todo de las grandes corporaciones farmacéuticas que operan en el país, escasea la evidencia científica y médica.

“Se modificaron organismos para la producción de etanol, de vacunas; para degradar mejor el maíz. Todo eso tiene implicancias muy fuertes que vamos a tardar en evidenciar. Es, desde una mirada filosófica, ética y hasta espiritual, seguir jugando a ser dioses, a dominar la tecnología. Hay precauciones que no se están teniendo y podemos hacer una analogía con lo que ya pasó con los plaguicidas y los transgénicos. Durante décadas se negó el efecto adverso que los agrotóxicos tenían en la salud socioambiental hasta que ya no se pudo tapar el sol con un dedo. La modificación que se está haciendo de los microorganismos presenta un riesgo muy alto”, concluyó.

Más bombas químicas en el agronegocio con Milei

En búsqueda de profundizar en los impactos de las políticas de Milei en lo que respecta a la promoción del modelo agrotóxico, basado en la siembra de OGM y el uso irrestricto de pesticidas, Ceiba también dialogó con Rafael Lajmanovich, profesor titular de la Cátedra de Ecotoxicología de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL).

Con múltiples investigaciones resonantes y un prestigio consolidado a nivel nacional e internacional, Lajmanovich es referencia científica obligada al momento de evaluar las consecuencias nocivas que generan en la salud del ambiente y las personas la utilización de plaguicidas.

“En este último tiempo lo que vemos es que, frente a la pérdida de eficacia del glifosato ante las resistencias que muestran las especies vegetales que se consideran maleza, se volvió a venenos antiguos y terribles como el dicamba o el paraquat. Las empresas que generan los transgénicos empezaron a apilar resistencias −diversas modificaciones genéticas en una sola semilla para otorgar inmunidad a varios plaguicidas−, por lo cual se usan mezclas de productos que no han sido evaluadas. Se usan cócteles químicos y eso origina entidades químicas de las que nada se sabe a nivel ecotóxico y sanitario”, dijo.

“Hoy hay que hablar de interacciones químicas y cócteles antes que de productos en solitario. En un estudio comprobamos que Argentina tiene el récord mundial de presencia de glifosato en peces, en un trabajo que hicimos en el río Salado. Pero también encontramos otros 9 productos en la misma cuenca. Hablamos de un nivel de toxicidad impresionante y eso sigue incrementándose”, agregó.

El científico comentó que, en términos de decisiones gubernamentales, Milei incrementó el ritmo de avales a la actividad agropecuaria industrial con una desregulación acelerada que encontró eco en varios gobernadores alineados con LLA. Una muestra de ello está en la reducción de las distancias de fumigación respecto de áreas pobladas, que vienen promoviendo provincias como Entre Ríos. En ese mismo distrito, en diciembre de 2024, el Concejo Deliberante de la ciudad de Gualeguaychú derogó una ordenanza que prohibía el uso, venta y almacenamiento del cancerígeno glifosato en el ejido de la ciudad. De esa forma, puso fin a una norma pionera a nivel nacional aprobada en 2018.

Ya en Misiones, por poner otro ejemplo, la Legislatura local también se expresó en línea con el Gobierno nacional y en este inicio de septiembre acaba de derogar una normativa que, sancionada a mediados de 2023, ponía fecha de expiración al uso del cancerígeno glifosato en el sector agrícola provincial. En concreto, se tiró abajo una ley que vetaba la utilización del herbicida a partir de 2030 y fijaba para el agronegocio misionero dos años de transición hacia los bioherbicidas.

“A nivel plaguicidas, y en lo que refiere a las políticas en ese sentido, el Gobierno se ha encargado de desmantelar el SENASA − ente encargado de controlar ese segmento y actividades como la salud animal y la inocuidad alimentaria−, que de alguna forma establecía cierta regulación, y también el INTA −organismo estatal orientado a la investigación y el desarrollo agrícola local−, donde han bajado el presupuesto y despedido a un montón de gente. Muchas de las comisiones donde se discutía el rumbo agropecuario de la Argentina ya no existen más”, enfatizó.

Lajmanovich fijó como diferencia respecto de otros gobiernos que también alentaron el uso ampliado de agrotóxicos y el cultivo de OGM la predilección de Milei por “atacar a toda la ciencia”. Ligado a esto, dijo que “a nivel científico en Argentina no se ha salvado nadie, todos hemos caído en un abismo de desfinanciamiento. Se disminuyeron los apoyos y las becas, la promoción de más especialistas, y por eso muchos científicos ya se han ido a países como Brasil o España. Incluso las matrículas universitarias de las carreras ambientales han caído fuertemente”.

La destrucción de la ciencia argentina y la imposición de tecnología y patentes derivadas de las multinacionales del agro que se observa en la actualidad fue advertida ya en diciembre de 2023, a escasos días después de ocurrida la victoria electoral de Milei, por el doctor Damián Marino, uno de los expertos más importantes a nivel mundial en el estudio de los impactos en la salud y el ambiente que generan los plaguicidas y quien falleciera también durante ese mes.

“… cuando ves caer los planes bianuales de proyectos a pedazos, y lo peor y más conmovedor de todo, cuando becarios y pasantes brillantes con los que uno trabaja vienen a preguntarte si sus becas continúan o cómo sigue su futuro, créanme que estoy muy indignado con quienes votaron a Milei. Con el andar se van a dar cuenta que arruinaron un país, que nunca el odio es buen consejero, y que los más pobres son los que pagarán los caprichos de ese voto y nunca la casta…”, escribió Marino en ese diciembre.

Alineamiento con Estados Unidos y la privatización de las semillas

En entrevista con Ceiba, Marcos Filardi, abogado de derechos humanos y soberanía alimentaria, y facilitador del Museo del Hambre, definió a la gestión de Milei como un escenario “peor que en los años noventa”. El retorno de un alineamiento extremo con Estados Unidos se hace visible, por ejemplo, en la aprobación automática a nivel local de todas las decisiones vinculadas al agronegocio que establece la nación que gobierna Donald Trump.

“Como en los noventa, cuando se hablaba de ‘relaciones carnales’ entre el Gobierno de Menem y Estados Unidos, ahora se allana el camino para los negocios de las empresas de ese país. Por supuesto que hay una política de Estado de promoción del agronegocio transgénico que se ha sostenido desde 1996 a esta parte, sin fisuras. Pero sí hay una mayor intensidad en la cantidad de eventos que se aprueban y, claro, sus características: ahora la mayoría viene con resistencias ‘apiladas’ para un uso de más cantidad de agrotóxicos”, expresó.

Filardi también recordó que una de las primeras medidas que tomó LLA en el ámbito de las políticas agrícolas públicas fue cerrar la Dirección de Agroecología creada durante el mandato presidencial de Alberto Fernández.

“Primero no renovó contratos y luego directamente avanzó con el cierre de la dirección. Lo mismo aplicó para programas como ProHuerta —promovía la soberanía alimentaria mediante la autoproducción— y Cambio Rural —orientado a estimular las producciones de pequeños grupos de campesinos y unidades familiares—, y se cerró el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFSI). Programas que fueron política de Estado claves, algunos con más de tres décadas de funcionamiento, resultaron desarticulados. En cambio, se estimuló la importación y el predominio de los intereses de los capitales transnacionales, sobre todo estadounidenses”, precisó.

El experto comentó, además, que Milei impulsa la adhesión del país sudamericano al Acta 1991 de la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV 91). Esto alude a establecer un cambio sobre el manejo de las semillas: en Argentina rige una ley de 1973 (luego el país adhirió a la versión UPOV 1978) que permite que las y los productores agrícolas guarden parte de las simientes originadas durante las cosechas para “uso propio”. De esa forma, pueden seguir efectuando siembras sin necesidad de recaer en los tentáculos comerciales de las grandes semilleras globales y los productores de transgénicos.

La adhesión de Argentina al UPOV 91 es reclamada por las multinacionales desde hace décadas y Monsanto supo ejercer presiones sobre los distintos gobiernos argentinos —con resultado trunco para la corporación— apelando incluso a la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires.

De lograr Milei ese objetivo, las empresas semilleras y de biotecnología podrán extender su monopolio de patentes y cobrar regalías no solo sobre las semillas de la primera compra, sino también de la cosecha que se obtenga de esas simientes e incluso derivadas de los productos originados con posterioridad, si se usó material protegido sin autorización. Al mismo tiempo, ya no habrá posibilidad del “uso propio”: toda vez que la o el campesino decida sembrar, deberá comprar su bolsa a Bayer-Monsanto, Corteva, Syngenta, BASF o a los grandes grupos locales que operan en ese negocio −Grupo Don Mario, Klein, ACA, Gear y Bioceres, por mencionar algunos−.

El intento de adherir a la UPOV 91 y el fin del “uso propio” de las semillas marcan el objetivo de fondo de la desregulación oficial: el traspaso definitivo del control productivo a un puñado de firmas multinacionales. Con organismos como SENASA y el INTA desmantelados, y el presupuesto de la ciencia nacional reducido a su mínima expresión, el Estado no ha hecho más que renunciar de forma deliberada a su rol fiscalizador.

Sin controles fronterizos ni evaluaciones sobre el impacto de los nuevos eventos apilados, la eliminación de trabas operativas no genera mayor libertad de mercado, sino la consolidación de un monopolio biotecnológico y químico cuyo costo económico, ambiental y sanitario golpeará de lleno el territorio argentino.

La esperanza, aunque magullada a partir de una instancia de anarcocapitalismo que parece no perder velocidad, sigue residiendo en las asambleas socioambientales, los pueblos fumigados que siguen dando testimonio de la tragedia y los científicos y abogados críticos que no abandonan la trinchera de oposición al modelo entreguista que propone Milei.