En la frontera entre Oaxaca y Chiapas, una de las regiones más biodiversas de Mesoamérica resiste la invasión de talamontes, ganaderos y narcoganaderos. Una sentencia de la Suprema Corte reconoció en 2021 que 160 000 hectáreas son territorio zoque. Cinco años después, los chimas siguen esperando que se cumpla. En medio: 128 propiedades privadas, 30 núcleos agrarios y una consulta indígena que no los escucha.

Fotografías: Diana Manzo y Miguel Ángel García

Oaxaca, México.- En el sureste de México, en la frontera entre Oaxaca y Chiapas, hay un territorio que lleva medio siglo en disputa.

La comitiva camina desde antes de que amanezca. Son comuneros zoques de San Miguel Chimalapa y cargan morrales, chaquetas y botas para recorrer la selva. Van en alerta: talamontes, ganaderos y narcoganaderos han ido cercando su territorio. Ellos lo defienden a pie.

Lo que está en juego no es poca cosa. Los Chimalapas está entre las regiones de mayor biodiversidad de México y Mesoamérica, con dos de los ecosistemas más ricos del planeta: el bosque tropical perennifolio y el bosque mesófilo de montaña. La diversidad de vertebrados terrestres en la zona es la más alta del país, por encima de la Selva Lacandona, y alberga la mayor población de jaguares de México.

Pero también es, desde hace más de medio siglo, un territorio en disputa.

En 2021, una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación −el máximo órgano judicial del país− reconoció que 160 000 hectáreas pertenecen a las comunidades zoques de San Miguel y Santa María Chimalapa. Hoy, los chimas −como se conoce a los comuneros zoques de Los Chimalapas− siguen esperando que se cumpla. En medio hay 128 propiedades privadas, 30 núcleos agrarios y una consulta indígena que no los escucha.

Propiedad comunal frente a la pequeña propiedad

Los defensores recorren kilómetros y kilómetros a diario, en alerta ante talamontes y ganaderos, los principales invasores y depredadores de su territorio. Lo que defienden no es poca cosa: en este ecosistema de Oaxaca, la vegetación es abundante.

Antes, los pobladores cosechaban resina, que se vendía en Michoacán como parte del aprovechamiento forestal. Hoy, los terratenientes trafican con animales: jaguares, loros de diversas especies, y maderas preciosas: pino, cedro y guanacastle.

Los chimas habitan entre bosques de niebla, bosques de pino y selva alta: son los de las congregaciones de San Antonio y Benito Juárez, pertenecientes a San Miguel Chimalapa, Oaxaca, y los chimas tsotsiles de La Libertad y Nuevo San Andrés, pertenecientes a Santa María Chimalapa, Oaxaca.

La lucha de los chimas −de San Miguel y Santa María− y, sobre todo, la de los chimas de la zona oriente, colindante con Chiapas, se hace literalmente a pie. La última lucha abierta por recuperar su territorio la enfrentan con el núcleo agrario de origen chiapaneco Gustavo Díaz Ordaz, asentado hace poco más de medio siglo a instancias de la empresa maderera Sánchez Monroy. El ejido tiene una extensión de 4500 hectáreas.

Desde ese momento, la demanda histórica de los comuneros indígenas es la disolución del supuesto e ilegal ejido. Aclaran que esto no significa desterrar a las familias indígenas tsotsiles que llegaron a habitar ahí, sino incluirlas como parte del territorio chima: que se integren a los bienes comunales, para que reciban todos los beneficios de ser comuneros.

Para eso, exigen la cancelación de las sentencias del Tribunal Unitario Agrario que, en 2024, negaron la nulidad de los ejidos chiapanecos Rafael Cal y Mayor, y Canaán, asentados dentro de su territorio comunal.

El 20 de noviembre de 2024, el Tribunal Unitario Agrario del distrito 22, con sede en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, emitió dos resoluciones. Los juicios 3035/2017 y 321/2018 fueron promovidos por Santa María Chimalapa para demandar la nulidad de los ejidos chiapanecos Rafael Cal y Mayor, y Canaán.

El Tribunal reconoció que ambos ejidos están en territorio oaxaqueño, pero se negó a anularlos: cuentan con resoluciones presidenciales propias −Cal y Mayor de 1971 y Canaán de 1987−, posteriores a las de 1967 que titularon los bienes comunales de Santa María Chimalapa. En lugar de nulificarlos, el tribunal ordenó a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) «resarcir» a la comunidad zoque con una «justa compensación».

Es decir: el tribunal dejó los ejidos tal como están, reconoció que están en Oaxaca, pero los declaró chiapanecos, y ofreció dinero a cambio de que Santa María Chimalapa renuncie a 7400 hectáreas en el caso de Cal y Mayor, y a 2651 hectáreas en el caso de Canaán.

«Nosotros no estamos vendiendo las tierras», respondió el dirigente comunero Vidal López Hernández cuando se presentó el recurso de revisión ante el tribunal, el 4 de diciembre de 2024.

El caso escaló al Tribunal Superior Agrario. El 18 de febrero de 2026, ese tribunal ratificó el fallo a favor del ejido Canaán: Santa María Chimalapa deberá ceder 2651 hectáreas a cambio de una indemnización. El caso de Cal y Mayor quedó pendiente; el Tribunal Superior lo devolvió al Tribunal Unitario Agrario de Tuxtepec para integrar el expediente, pero la comunidad prevé una sentencia similar.

En respuesta, el Comisariado de Bienes Comunales de Santa María Chimalapa interpuso dos amparos agrarios contra las sentencias de ambos juicios. Lo hizo el 7 de abril de 2026. Antes, a principios de marzo, los comuneros habían retenido al procurador agrario, Víctor Suárez Carrera, para exigir la intervención de la Secretaría de Gobernación federal y de la presidenta de la Suprema Corte en el conflicto.

El 8 de abril, comuneros zoques marcharon en la Ciudad de México, desde el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas hasta la sede del Tribunal Superior Agrario, para anunciar los amparos y advertir que continuarán con acciones legales y protestas.

Mientras tanto, en San Miguel Chimalapa sigue pendiente la solicitud de anulación del ejido Díaz Ordaz, que será revisada por el Tribunal Unitario Agrario. Los comuneros esperan la sentencia del tribunal de Tuxtepec.

Una sentencia que no basta

La sentencia de la Suprema Corte de noviembre de 2021 confirmó que ese territorio de 160 000 hectáreas está en Oaxaca y no en Chiapas, y que es propiedad de las comunidades indígenas zoques de San Miguel y Santa María Chimalapa, por resoluciones presidenciales de reconocimiento y titulación de bienes comunales publicadas en marzo de 1967.

A pesar de que es la máxima resolución, los caciques chiapanecos pretenden ampararse y no acatar. El conflicto, además de los intereses empresariales, demuestra la profunda diatriba por la propiedad de la tierra entre los núcleos agrarios creados después de la revolución de 1917 y la propiedad ancestral que los pueblos indígenas tienen sobre su territorio desde épocas previas a la invasión española.

«Ellos −los chiapanecos− dicen que su ejido ya estaba cuando nosotros llegamos, pero eso no es verdad. Tenemos documentos que abarcan títulos virreinales de condueñazgo, otorgados por la corona española en 1687. Y, además, nuestro territorio es ancestral prehispánico; pero eso no lo reconocen», señalan los comuneros chimas.

A los chimas les parece injusto, también, que las propias autoridades agrarias −a través de la Procuraduría Agraria y de los Tribunales Agrarios, ambos dependientes del Poder Ejecutivo federal− pretendan obligarlos a aceptar y reconocer, dentro de su territorio comunal, núcleos agrarios en calidad de ejidos chiapanecos, como los ya mencionados.

Recuerdan que estos ejidos fueron dotados ilegalmente dentro de territorio comunal zoque por el gobierno de Chiapas y por la entonces Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), amparándose en el falso conflicto de límites estatales entre Oaxaca y Chiapas.

«Nosotros, como chimas, hacemos nuestra parte: cuidamos, denunciamos y protegemos. Siempre lo hemos hecho, porque acá nacimos, acá vivimos, acá hemos crecido toda la vida, y vimos cómo nuestros padres cuidaron y defendieron esto como herencia. Lo que buscamos es que las autoridades federales agrarias y de ecología, así como la Suprema Corte, cumplan sus funciones y responsabilidades, y realmente valoren nuestro esfuerzo por defender y conservar. Que se unan y se coordinen entre ellos, porque vemos que no lo hacen», señalan.

El extractivismo detrás del conflicto

Miguel Ángel García Aguirre, del Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas, reconoce que si Los Chimalapas está entre las regiones más biodiversas y mejor conservadas de México y Mesoamérica, ha sido gracias a la paciente y tenaz lucha de sus comunidades, que han cuidado y defendido este territorio sin apoyos reales y hasta en contra de las autoridades estatales −de Oaxaca y de Chiapas− y federales.

«Esta lucha la han encabezado ellos, los chimas, sobre todo los de la zona oriente, en el límite con Cintalapa, Chiapas. Ellos alertan a sus cabeceras comunales de las afectaciones, de las invasiones, de la tala y el tráfico de madera y de los devastadores incendios. Caminan y conocen muy bien su territorio y sus invaluables bienes naturales: árboles majestuosos como la ceiba, el guanacastle, la caoba, el cedro rojo, el liquidámbar, el pino real; flores como las orquídeas y silvestres que atraen polinizadores, así como plantas medicinales; peces como el bagre y el robalo; y animales impresionantes como el tapir, el mono aullador, el águila harpía, el puma y el jaguar». Lo desafortunado, dice, es que para las autoridades eso no ha importado.

En los hechos no le han dado la importancia debida a esta bioregión, generadora de invaluables servicios ecosistémicos, que cada día pierde vida por su impune devastación. Tan solo en la zona oriente de Los Chimalapas, esa devastación alcanza ya las 50 000 hectáreas de bosque de niebla y selva alta, causadas por talamontes, ganaderos y narcoganaderos provenientes de Chiapas.

En entrevista, en el contexto de alto riesgo de violencia social en la zona oriente de Los Chimalapas, García Aguirre cita un hecho que permanece subyacente y bien oculto en la conflictividad agraria actual, y que aparece claramente en una gaceta parlamentaria emitida en enero de 2012 por la Cámara de Diputados federal.

Ahí, el entonces procurador agrario, Rosendo González Patiño, aseguraba que la problemática deriva de la ejecución de las resoluciones presidenciales de los bienes comunales de San Miguel y Santa María Chimalapa.

Esa ejecución afectó una superficie aproximada de 47 000 hectáreas ubicadas en Chiapas, donde se localizan diversos núcleos agrarios y grupos de campesinos chiapanecos con distintas situaciones jurídicas. Además, se encuentran 128 pequeñas propiedades con títulos legalmente expedidos y 42 expedientes inconclusos o en trámite de presuntos terrenos nacionales.

Esas 47 000 hectáreas son parte de las 160 000 que la Suprema Corte reconoció como territorio oaxaqueño en la sentencia de noviembre de 2021. Pero esa sentencia resolvió un conflicto de límites entre estados, no la tenencia de la tierra. Por eso, los ejidos chiapanecos siguen existiendo en los hechos, y por eso los chimas han tenido que litigar su nulidad, uno por uno, en el Tribunal Agrario.

García Aguirre recalca que la sentencia inatacable de la Corte confirmó que la propiedad de ese territorio era desde 1967, por decretos presidenciales, de las comunidades indígenas zoques de San Miguel y Santa María Chimalapa, en calidad de bienes comunales.

La sentencia también dice que no existían terrenos nacionales −forma en la que se conoce a la tierra que en México no está en posesión de alguna comunidad o núcleo agrario−. Y que era totalmente ilegal la dotación de ejidos sobre el territorio comunal chima, realizada por la entonces Secretaría de la Reforma Agraria a instancias del gobierno chiapaneco.

Así se creó una treintena de ejidos ilegales para usarlos como escudos humanos, enfrentando a indígenas tzotziles chiapanecos contra indígenas zoques oaxaqueños, y encubrir la existencia de esas 128 «pequeñas propiedades» privadas: ranchos ganaderos cuyos dueños son caciques de Cintalapa y políticos de Tuxtla Gutiérrez.

García Aguirre señala que desde 1991 los chimas realizaron un proceso de conciliación de campesino a campesino con los núcleos de indígenas chiapanecos. Ofrecieron respetar sus poblados y sus milpas −la de los verdaderos campesinos que viven de la tierra− a cambio de que reconocieran que estaban en territorio comunal y aceptaran la autoridad y los estatutos comunales chimas.

Ese proceso de conciliación, entre 1991 y 1992, logró la firma de acuerdos con 18 de los 30 núcleos −incluyendo entonces Díaz Ordaz y Rafael Cal y Mayor−. Pero tuvo que suspenderse súbitamente cuando la Comisión Chima de Conciliación, acompañada por integrantes del Comité Nacional para la Defensa de Los Chimalapas, recibió amenazas de muerte directamente emitidas por el entonces gobernador chiapaneco Patrocinio González Garrido, quien poco después fue nombrado secretario de Gobernación federal.

Años después, en 1996, ya de forma oficial, se constituyó el Comité Interestatal Paritario, integrado por los gobiernos de Chiapas y de Oaxaca, los representantes especiales de la entonces Secretaría de la Reforma Agraria en ambas entidades, las delegaciones de la Procuraduría Agraria, los representantes de las comunidades chimas y de los núcleos agrarios y poblaciones involucradas.

Su propósito era atender a los grupos en conflicto dentro de un nuevo proceso de conciliación, partiendo de su situación jurídica y considerando la fecha de sus resoluciones presidenciales.

«Fueron infinidad de reuniones de conciliación, desde 1996 hasta el 5 de octubre de 2009. Y desde la SRA, la Procuraduría Agraria y en algún breve momento el propio gobierno de Chiapas, les recomendaron a los núcleos chiapanecos que aceptaran la propuesta chima», recalca Miguel Ángel García Aguirre.

Así, en ese periodo de trece años, se logró que seis de los treinta núcleos agrarios de tsotsiles chiapanecos se integraran como comuneros, viviendo y trabajando en paz desde entonces. Inclusive, para 2016 y 2020 se integraron otros dos nuevos núcleos chiapanecos: El Quebrachal (en San Miguel Chimalapa) y Nuevo San Andrés (en Santa María Chimalapa).

Sin embargo, para el activista resulta incomprensible que gobiernos estatales y federales, que pertenecen al movimiento y partido Morena y dicen estar comprometidos con los derechos de los pueblos, en el caso de Los Chimalapas demuestren negligencia, incapacidad y, «no dudamos, corrupción, para favorecer y proteger los intereses devastadores de caciques y oligarcas». Con ello, dice, se colma la paciencia de los chimas y se pone irresponsablemente en alto riesgo la paz social en el territorio ancestral zoque.

«Las tierras son comunales y la lucha es comunitaria. Los chimas siempre están protegiendo su territorio, y eso se debe enfatizar, se debe revivir. Acá es un claro ejemplo. Considero que las autoridades deben respetar los acuerdos que se tomen en la asamblea, que es la máxima autoridad. No obedecerla sería violentar el principio de autonomía», concluye Miguel Ángel.