Keiko Fujimori prometió gobernar como su padre, el dictador que esterilizó a la fuerza a más de 300 000 mujeres indígenas. Hoy, convertida en presidenta, reivindica esa política como legítimo control demográfico, niega el dolor de las víctimas y devuelve al poder el apellido Fujimori, ese que construye impunidad sobre la tortura, la misoginia y el desprecio sistemático hacia las mujeres y los hombres que desafiaron su régimen.

Fotografías: Asociación Nacional de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas y redes sociales.

Madrid, España.- La hija del dictador que convirtió a cientos de miles de campesinas pobres en víctimas de esterilizaciones forzadas prometió que si ganaba las elecciones peruanas gobernaría como su padre. Hoy gobierna de forma absoluta quien, haciendo gala del peor negacionismo –el que niega el dolor de las mujeres–, cuestionó que la gran mayoría de las más de 300 000  esterilizaciones practicadas por el fujimorismo fueran forzadas, pese a las pruebas y testimonios de quienes siguen esperando justicia.

Keiko Fujimori no solo miró para otro lado cuando su padre accionó ese aberrante mecanismo de control demográfico diseñado décadas antes por el primer mundo para el tercero y para ser aplicado como política de Estado por gobiernos afines al FMI y al Banco Mundial, violentando los cuerpos de las mujeres. La señora Fujimori la ha reivindicado todos estos años como una política pública de control de la natalidad legítima, es más, se ha atrevido a calificar estos crímenes de casos aislados. Por si fuera poco, ha cometido la afrenta máxima de llevar en su bancada del senado al investigado Alejandro Aguinaga, conocido como “el ministro de las esterilizaciones forzadas”, quien recibió la orden de Alberto Fujimori de despojar a tantas mujeres de su derecho fundamental, tratándolas como si fueran cifras en una estadística, dejando atrás heridas abiertas, tierras baldías, territorios yermos.

Tras unos comicios plagados de irregularidades, Keiko acaba de devolver el apellido Fujimori a la presidencia del gobierno de Perú –aunque en la práctica hace diez años que gobierna el país desde el congreso. Ha conseguido volver a concentrar todo el poder, algo que a su padre le permitió, en su día, cometer sendas violaciones a los derechos humanos. Saben cómo hacerlo. Es el sello de Alberto Fujimori: El que mandó a torturar a su esposa. El que dejó sin justicia a miles de mujeres violadas. El que mandó a secuestrar y maltratar a agentes de inteligencia. El cabecilla de una banda que mandaba sobres bomba a mujeres periodistas y dejaba dinamita en la puerta de las casas de activistas feministas. El que desconoció el sufrimiento de mujeres que buscaban a sus muertos. Insisto: Keiko ha dicho que va a gobernar como su padre.

No olvidamos que Keiko Fujimori estuvo a su lado como hija-primera dama en los años de mayor impunidad del fujimorismo, los que acabaron, tras una movilización popular, con el retorno a la democracia y la condena de su líder por crímenes de lesa humanidad. Desde entonces, el partido más mafioso de nuestra historia no paró de intentar recapturar el poder y fue tomando poco a poco las instituciones como en los años noventa. La hijísima intentó tres veces ser presidenta, sin éxito, y cada vez se encontró con un movimiento antifujimorista sólido. A la cuarta lo ha conseguido, después de allanarse el terreno, cooptar el órgano electoral y recibir el apoyo de la internacional ultraderechista y sus lobbys informáticos. Más de la mitad del Perú, la que votó con memoria y contra el olvido, creemos que actualmente hay en el poder un gobierno ilegítimo y antidemocrático.

Yermas en los Andes

Entre 1995 y 2000, los años más duros de la dictadura de Alberto Fujimori, se estima que fueron esterilizadas contra su voluntad 331 600 mujeres indígenas en el Perú. Esto es que, muchas veces mediante engaños o recurriendo directamente a la violencia, cientos de miles de mujeres no solo se vieron privadas de su derecho a concebir, sino que han arrastrado durante años las secuelas psicológicas y físicas del abuso al que fueron sometidas. Incluso, cargan con el estigma que las persiguió en sus lugares de origen, casi siempre pueblos de los Andes, donde el dictador y sus cómplices se creían con más derecho a aplicar su Programa Nacional de Planificación Familiar.

¿Cómo se llevaba a cabo este programa? Según informes de Amnistía Internacional, algunas de las prácticas consistían en imponer a los médicos un sistema de cuotas o “metas numéricas” para la reralización de los procedimientos (además de “estímulos” si cumplían las metas), la amenaza de practicarles abortos a las mujeres embarazadas si no accedían a ligarse las trompas, campañas engañosas en las que se ofrecía la ligadura como cualquier otro método anticonceptivo no permanente,  el secuestro, el chantaje a los maridos para que firmen “autorizaciones” o el uso de la fuerza.

Cuando cerca al fin de su vida se le concedió a Fujimori el indulto humanitario fue exculpado también de los procesos que tenía abiertos y los juicios pendientes, como el de las esterilizaciones forzadas, que continuaban en investigación fiscal y siguieron impunes.

Por enésima vez lo repito: Fujimori ha dicho que va a gobernar como Fujimori.

El presidente que nos odiaba, la presidenta que nos odia

Alberto Fujimori demostró, durante todo su gobierno, su misoginia radical y una dinámica perversa en su relación con las mujeres. Fue el único presidente del mundo que acudió a la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing en 1995, pero luego de ofrecerse como un defensor de la causa femenina, puso en marcha el programa de control de la natalidad en los Andes.

“A Fujimori en realidad no le importaban las mujeres –cuenta Rocío Silva Santisteban, exdirectora de la Coordinadora de Derechos Humanos en el Perú–, sino el dinero que el Banco Mundial había ofrecido a cambio de un decidido apoyo del gobierno a la política de control poblacional. Esa política se entroncaba con el famoso Plan Verde de los militares: controlar a la población indígena, rural y pobre para evitar la proliferación de “terroristas”. Las esterilizaciones forzadas son la punta de lanza de ese plan”. 

En ese proceso usó también a algunas ONG que trabajaban con colectivos de mujeres y que gestionaron el programa. Se hizo, explica Ana María Vidal, secretaria ejecutiva de la Coordinadora, “en el marco de una política de salud pública, y utilizó como fachada un discurso de reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos para luego enviar a cientos de médicos por las regiones más pobres del país con la orden de esterilizarlas”.

Muchas feministas se opusieron duramente, como la abogada Gina Vargas, que acuñó la frase: “Lo que no es bueno para la democracia no es bueno para las mujeres”. Otra activista feminista histórica, Giulia Tamayo, publicó el informe “Nada Personal”, denunciando las ligaduras de trompas ilegales; al poco tiempo el grupo Colina, escuadrón del Ejército peruano, le colocó una bomba en la puerta de su casa y tuvo que refugiarse en España.

Las agresiones sexuales también fueron banalizadas durante esos años. El Estado les entregó, muchos años después del gobierno de Fujimori, un certificado de víctimas a las 5 000 mujeres violadas, también en su mayoría indígenas –lo que prueba el cariz doblemente discriminatorio de estas prácticas violentas–, que se atrevieron a denunciar (son muchísimas más). Sin embargo, solo hay una sentencia en el poder judicial en la que se sanciona al violador, la de MMM. Las demás nunca fueron juzgadas.

Es el mismo país en el que la ley de violencia de género sirve para poco, donde siete de cada diez mujeres han sufrido violencia, en el que el aborto sigue siendo ilegal, incluso en caso de violación, y en donde un arzobispo fujimorista se atrevió a decir a los medios: “los abortos no se deben a que han abusado de las niñas sino a que la mujer se pone como en un escaparate provocando”.

Dicho esto, no podemos olvidar que la actual presidenta aseguró que gobernaría como el dictador.

Las Geishas

En otro despliegue de falsa empatía, Fujimori creó también el primer Ministerio de la Mujer de la historia del Perú, pero nació con sello clientelista y manipulador. La primera ministra, Luisa Cuculiza, era una señora autoritaria, ultraconservadora y contraria a los intereses de las mujeres. Fujimori se caracterizó por rodearse de mujeres que apañaban sus latrocinios, que lo defendían en los medios, todas desfeminizadas, cómplices. Les llamaban “las martas”, entre ellas estaba la congresista Martha Chávez, de lengua endemoniada, y Marta Hildebrandt, presidenta de la Academia de la Lengua en el Perú y presidenta del Congreso de la época, quien llegó a decir en una entrevista que ella estaba “a favor del autoritarismo, no de la autoridad”. Chávez, que se hizo célebre entre otras cosas por declarar que las víctimas del caso La Cantuta se habían autosecuestrado, también ha vuelto al Senado de la República junto a Keiko Fujimori.

En esta especie de “fiesta del Chivo” a la peruana, Fujimori ejerció idéntica influencia en las periodistas que cubrían Palacio de Gobierno, a quienes se les llamó las “geishas del japonés”. Fueron inmortalizadas en videos que las muestran dándose baños en las pozas de aguas termales que le encantaban al presidente o entrevistándolo sobre una cama de un hotel en Londres, desde donde dio declaraciones. Su principal animadora y groupie en la televisión fue la presentadora Laura Bozzo, quien acabó en arresto domiciliario por comprobarse que había sostenido reuniones con el siniestro asesor de inteligencia y brazo ejecutor de Fujimori, Vladimiro Montesinos, con el fin de hacer campaña por el fujimorismo en sus programas. El estilo de su gobierno fue el de las mujeres autoritarias.

Keiko Fujimori sin duda es la versión más acabada de ese tipo de mujer política que no trabaja por las mujeres. Solo dos de sus diecinueve ministros son mujeres. En campaña ha usado las estrategias del feminismo blanco, como lo hizo la anterior autócrata Dina Boluarte, victimizándose, pero siendo cómplices del poder patriarcal y racista que nos gobierna.

La esposa y madre torturada

De un día para el otro era una persona diferente. Dejamos de verla por un tiempo y cuando reapareció su salud estaba muy deteriorada, necesitaba de silla de ruedas y no podía hablar con claridad. Una de las primeras denuncias impunes de una mujer contra Alberto Fujimori fue la de su esposa, Susana Higuchi. Denunció haber sufrido secuestro y tortura en el sótano del Servicio de Inteligencia del Ejército, con constantes sesiones de electroshocks, para evitar que hablara de lo que estaba pasando dentro del gobierno, incluso llegó a enseñar sus quemaduras y sufrió intentos de asesinato por envenenamiento. Los medios comprados se encargaron de desprestigiarla, de hacerla pasar por loca y así lograron acallarla. Quedó para la posteridad un video en que una Keiko joven se dirige a su madre, a través de los medios de televisión, para amenazarla sinuosamente por decir la verdad.

El fujimorismo necesitaba su silencio, luego supimos por qué: Fujimori en esos días dio la orden para las matanzas de los nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta y la de los quince habitantes de una quinta de Barrios Altos, incluyendo a un niño de ocho años, sus probados crímenes de lesa humanidad. Sería condenado a veinticinco años de prisión por homicidio calificado con alevosía, lesiones graves y secuestro agravado.

Era, además, un gran corrupto: a Vladimiro Montesinos, su asesor de inteligencia, le entregó a expuertas los fondos del Estado para corromper a jueces, militares, congresistas, periodistas, comprando la línea editorial de periódicos y canales de televisión, por lo que le cayeron otros seis años más. Compró a la prensa amarilla, desde donde difamó a sus rivales políticos y sumaron seis años más de prisión. Por todos estos casos estaba sentenciado cuando fue indultado. También por desaparecer los videos que grabó el propio asesor y que probaban sus fechorías. Y le quedaban un buen puñado de casos por juzgar.

El caso de Higuchi, como el de las esterilizaciones forzadas sigue abierto. Muerto Fujimori quedará sin sentencia. Ante la comisión congresal que investigó el caso de Susana Higuchi años después, la primera en negar la tortura de su propia madre fue Keiko Fujimori, quien luego de verla expulsada de Palacio de Gobierno aceptó convertirse en la hija-Primera Dama de Fujimori. Fue una de las imputadas en el caso de Oderbrecht por recibir millonarias sumas para sus campañas presidenciales, pero gracias a que también se apoderó del Poder Judicial, su carpeta fue archivada.

En el año 2000, Alberto Fujimori huyó a Japón y renunció a la presidencia por fax, ante la evidencia de los casos de corrupción de su gobierno. Allí fue protegido por una poderosa empresaria hotelera, Satomi Kataoka, conocida por sus vínculos con el fascismo japonés, y con quien, ya divorciado de Higuchi, se casó como parte de su estrategia de inmunidad. Quiso empezar una nueva vida junto a ella, postulando a diputado, haciendo valer su nacionalidad japonesa que siempre había negado. Pero no pudo evitar su extradición. Al poco tiempo de ser encarcelado, perdieron el vínculo. Una vez más instrumentalizaba a una mujer para sus oscuros fines.

Mujeres de batalla

Fujimori no pagó por los crímenes contra las agentes de inteligencia Mariella Barreto, asesinada y descuartizada, y Leonor la Rosa, superviviente de tortura, quienes sabían demasiado de las prácticas ilegales de los comandos que estaban a la orden de Montesinos y Fujimori. Todas fueron clave en el desenmascaramiento del régimen. Hubo heroínas también en los medios. La periodista Melissa Alfaro, jefa de informaciones del semanario Cambio, que cada tanto presentaba informes para desenmascarar al gobierno, abrió el sobre bomba que el Servicio de Inteligencia había enviado a nombre del director y murió en el acto.

Pero sin duda, las mujeres que más guerra han dado y siguen dando contra la tiranía de esa dinastía que hoy encabeza Keiko, son las madres, hermanas y familiares de las víctimas del fujimorismo. El día que a la hija del dictador, que quiere gobernar como él y contra los derechos humanos, le colgaron la banda presidencial, allí estaban ellas, más mayores, pero igual de corajudas, llenas de rabia digna, otra vez ocupando las calles con las fotos de sus muertos, perplejas de tener que seguir marchando contra Fujimori en el año 2026, pero esperanzadas en que este gobierno ilegítimo también caerá.