República Dominicana ejecutó, entre 2021 y 2025, deportaciones masivas que no constituyen una política migratoria ordinaria, sino una práctica sistemática de expulsión racializada: se actúa «porque éramos negros», no por la condición migratoria. Con cuotas de hasta 10 000 expulsiones semanales y centros de retención marcados por el hacinamiento y la violencia, el Estado aplica un estado de excepción de facto sobre cuerpos negros sin declararlo formalmente.

por Felipe Granja Orejuela

Fotografías: Lorena Espinoza Peña, Colectivo HaitianosRD, Dirección General de Migración de la República Dominicana

República Dominicana.-Entre 2021 y 2025, la República Dominicana ejecutó deportaciones masivas que, lejos de constituir una política migratoria ordinaria, configuran una práctica sistemática de expulsión racializada. La fijación de cuotas semanales (como las 10 000 deportaciones anunciadas en 2024 bajo el Gobierno de Luis Abinader) evidencia una lógica de gestión cuantitativa aplicada sobre una población haitiana, previamente marcada por criterios raciales. Esta dinámica se da en un contexto de graves violaciones sistemáticas de derechos humanos y prácticas de violencia racial documentadas por el Colectivo HaitianosRD.

El problema no radica únicamente en la magnitud de las deportaciones de población y descendencia haitianas, sino en la lógica que las sustenta: un Estado que suspende garantías fundamentales (debido proceso, libertad personal, derechos de la niñez, protección de mujeres gestantes) sin declararlo formalmente, aplicando un estado de excepción de facto, selectivamente sobre cuerpos negros.

Advertía Jean Louis Vastey en 1814, el sistema colonial no se organiza sobre una ley universal, sino sobre una distinción racial que define quién es sujeto y quién es objeto. Ese principio se reactualiza: lo que se presenta como control migratorio es, en realidad, la continuidad de esa lógica. Así, la frontera opera como un dispositivo de clasificación racial, tal como lo planteó Frantz Fanon en Los condenados de la tierra.

La experiencia del encierro y del encarcelamiento migratorio actualiza una genealogía larga de deshumanización. Los centros de retención en República Dominicana (como los de Haina) han sido caracterizados por informes de derechos humanos y por HaitianosRD como espacios de hacinamiento, insalubridad y violencia física y sexual.

En entrevista, la defensora de derechos humanos Altagracia Jean Joseph los describe de la siguiente manera: “las personas son interceptadas en base a su color de piel […] y trasladadas a centros donde no hay cuidado ni condiciones mínimas de higiene”. Además, señala patrones sistemáticos: detención de mujeres recién paridas junto a sus bebés, deportación de niños sin acompañamiento y violencia sexual en hospitales, acompañados de procesos de detención.

Uno de los datos más reveladores es la concentración de las deportaciones sobre población haitiana, frente a otras poblaciones migrantes que acceden a mecanismos de regularización. Como lo señala la propia Altagracia: “No se pregunta o se exige un documento […], se actúa en base a tu color de la piel y la percepción de quien te intercepta”.

No se trata de hechos aislados, sino de un régimen que profundiza lógicas históricas de exclusión. En términos fanonianos, se trata de la producción de una “zona del no-ser”, donde la vida pierde valor político y jurídico.

Deportación y crisis en Haití: el circuito de la exclusión

Las deportaciones no terminan en la frontera. Como advierte Daniel Pierre, de Plateforme Haïtienne de Plaidoyer pour un Développement Alternatif (PAPDA), “sus efectos en Haití son sumamente graves y multidimensionales en un contexto atravesado por la violencia de las gangs, la pobreza estructural y la débil capacidad estatal”. Desde su perspectiva, el sistema de expulsión opera como un “estado de excepción, voire d’apartheid (incluso apartheid)” dirigido contra la población haitiana.

Sin ninguna intención de producir retornos ordenados, las deportaciones generan caminos de ruptura. Las personas retornadas enfrentan enormes dificultades de reintegración: pérdida de empleo, especialmente en sectores como la construcción, y ausencia de oportunidades en Haití. Como señala Daniel Pierre, “muchas de estas personas simplemente no encuentran cómo reinsertarse”.

A esto se suma que buena parte de la población deportada es acogida en campamentos temporales gestionados por organizaciones como Groupe d’Appui au Rapatriés et Refugiés (GARR), en condiciones de alta precariedad. Así, las deportaciones funcionan como un mecanismo de externalización: los costos sociales de la política migratoria dominicana se trasladan a un Estado sin capacidades suficientes para absorberlos.

Es un ciclo estructural: exclusión histórica del pueblo haitiano, explotación laboral en República Dominicana, persecución racial, deportación masiva y retorno precario. Una economía política del desecho humano. “El agente de Migración que nos detuvo lo hizo porque éramos negros”. Este testimonio resume lo esencial: no se trata de migración, sino de raza. No de legalidad, sino de jerarquía colonial.

Solidaridad afrodescendiente: entre la denuncia y la supervivencia

Frente a este escenario, las respuestas no provienen de los Estados, sino de redes de solidaridad. Como explica Daniel Pierre, el movimiento social haitiano, en articulación con organizaciones en República Dominicana, “alerte énormément sur la situation en République Dominicain (alerta enormemente sobre la situación en la República Dominicana)”, han impulsado protestas, presión política y acciones jurídicas para denunciar las violaciones de derechos, exigiendo que el Estado haitiano asuma su responsabilidad: “obliger l’État à prendre ses responsabilités”.

Organizaciones como GARR realizan un “travail de terrain sur l’accueil des migrants” (trabajo de campo con migrantes) recibiendo a personas retornadas en condiciones extremas. Del lado dominicano, el testimonio de Altagracia muestra la otra cara de esa resistencia: organizaciones que distribuyen pañales, toallas sanitarias y alimentos; que acompañan a mujeres detenidas con recién nacidos; que denuncian violaciones sexuales en hospitales. No es solo incidencia, es supervivencia. Como ella misma lo resume: “tratar de mantenernos vivos”. Pero esa solidaridad también es castigada. Defender derechos implica enfrentar persecución, estigmatización y hostigamiento. El campo de la defensa se convierte en un espacio de riesgo.

Haití no es una excepción. Es un laboratorio. Lo que ocurre hoy en la frontera dominico-haitiana no es una anomalía del sistema internacional contemporáneo, sino su expresión más descarnada. Un orden global que, cada vez más, reconfigura prácticas de control, exclusión y racialización.

Como advertía Vastey, el colonialismo no desaparece: se transforma. Hoy no se nombra esclavitud; se nombra control migratorio. No se legisla explícitamente como dominación racial; se administra como tal. Mientras tanto, en la frontera −y más allá de ella−sigue operando la verdad más simple y brutal: ser negro sigue siendo suficiente para no ser.