Cuando la tierra se sacudió en Venezuela, el imperialismo vio una oportunidad donde solo había escombros. Miles de muertos después, la misma mano que aplicó las sanciones ofrece ahora una pala que esconde un fusil.

Fotografías: Ariadna A. Mogollón,  Ministerio del Poder Popular para la Información y Comunicación

I

En América Latina estamos hartas. Hartas de que Estados Unidos nos trate como su bodega de insumos. Hartas de que se sienta con derechos por encima de nuestra soberanía, de cualquier gobierno y de cualquier pueblo. No soportamos que en lugar de enviar rescatistas especializados manden militares de élite. Ellos sí que traen un fusil en lugar de una pala.

Son los mismos que el 3 de enero intervinieron militarmente Venezuela, bombardearon poblaciones e instalaciones militares y secuestraron al presidente Nicolás Maduro y a la diputada Cilia Flores. Ante una tragedia de alcances aún difíciles de asimilar, Estados Unidos no envía profesionales para salvar vidas: manda efectivos militares para tratar de quedarse.

No es nuevo. Ante un terremoto, un huracán o una inundación, este país intenta volcarse sobre la herida para instalarse y controlar, para posar de superhéroe con una capa que no le queda. Si tiene intereses previos, usará cualquier escenario para conseguirlos: sea vanagloriarse sobre las ruinas y los muertos de un sismo, sea con una invasión abierta. El guion es viejo. La memoria tiene pruebas.

El 12 de enero de 2010, un terremoto partió la historia de Haití en dos. Más de 200 000 personas murieron. ¿La respuesta internacional? Fortalecer las fuerzas de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), que si bien existía desde 2004, fue a partir de aquella catástrofe que cobró una musculatura beligerante. La ayuda militar no reconstruyó Haití: lo ocupó con otro uniforme.

Hoy Venezuela tiembla y la receta se repite. Los sismos del 24 de junio no solo quebraron edificios: dejaron al descubierto el mecanismo de una potencia que asfixia durante años y luego se presenta con el disfraz de buen samaritano. Un doblete sísmico −dos terremotos de 7.2 y 7.5 separados por apenas 38 segundos− inyectó en la corteza terrestre una energía que superó en 32 veces la del terremoto de Caracas de 1967. Miles de muertos. Decenas de miles de familias bajo los escombros. Ciento ochenta y nueve edificios desplomados por completo, la mayoría en el estado La Guaira. Y mientras el polvo aún no se asienta, Washington anuncia su «intervención humanitaria militarizada».

Conviene detenerse en los números porque son la arquitectura invisible de esta catástrofe. Para enero de 2026, Venezuela acumulaba 1 081 medidas coercitivas unilaterales. Solo en 2025 se impusieron 107 nuevas. Entre 2017 y 2024, el cerco le succiona al país 226 mil millones de dólares −el 213 % de su PIB−, un drenaje de 77 millones diarios. 

Ese dinero, que debió ser reserva de emergencia, capacidad hospitalaria y parque de maquinaria para la respuesta inmediata, fue confiscado por la decisión unilateral de Washington. Cuando la tierra se movió, Venezuela enfrentó la catástrofe con las cuentas vacías por decreto extranjero. 

La factura se cobra en lo concreto: cada intento de adquirir una grúa, un lote de antibióticos o un generador eléctrico choca con un muro financiero levantado a miles de kilómetros. Las sanciones operan como un lazo invisible que aprieta justo cuando se necesita aflojar. Mantenerlas durante una emergencia de esta magnitud es un cálculo que convierte el sufrimiento en presión política.

Pero incluso con el lazo apretado, el Estado venezolano activó lo que tenía. En las primeras 24 horas se desplegaron 4 000 funcionarios civiles y militares. A las 48 horas eran 11 000. Hoy hay más de 29 500. Se estableció un puente aéreo para traer rescatistas de todos los estados del país, se militarizó La Guaira para contener el caos y se solicitó a las cámaras empresariales poner toda la maquinaria amarilla disponible al servicio del rescate. Se creó un fondo inicial de 200 millones de dólares para la reconstrucción. Se activaron 80 campamentos transitorios que atienden a más de 16 000 personas. El sistema de salud completo −público y privado− recibió a los más de 16 500 heridos, con clínicas privadas operando a costo del Gobierno. La respuesta, contra lo que repiten los titulares, fue inmediata.

Frente a la dimensión de la tragedia, la solidaridad internacional ofreció un contraste que merece ser contado. En las primeras horas, la presidenta Delcy Rodríguez contactó a 72 jefes de Estado y de gobierno. A todos les pidió lo mismo: rescatistas sin condiciones, sin miramientos políticos. Ciento cuarenta y siete países se solidarizaron. Llegaron equipos de República Dominicana, México, Brasil, España, Qatar, El Salvador, Colombia, Chile, Argentina. También de Estados Unidos y el genocida Estado de Israel. 

Hasta el cierre de esta edición treinta y tres países mantienen presencia activa con personal de rescate y salud. Once hospitales internacionales de campaña se instalaron en las zonas afectadas. La ONU, a través de su coordinador humanitario Gianluca Rampolla, validó las cifras oficiales y reconoció que no hubo barreras de acceso. Hasta los perros de rescate −151 unidades caninas− recibieron la condecoración «Héroe de Venezuela».

Ese gesto solidario, sin embargo, no puede ocultar la contradicción que lo atraviesa. Washington envía colaboradores y al mismo tiempo sostiene el bloqueo que impidió que Venezuela contara con recursos propios para responder. Ofrece una mano mientras con la otra mantiene el lazo que asfixia. La ayuda humanitaria, cuando no va acompañada del levantamiento de las sanciones, no es ayuda: es una limosna que pretende comprar legitimidad sobre las ruinas.

II

La guerra contra Venezuela no se libra solo con sanciones ni con amenazas de invasión. Hay un tercer frente que se activó minutos después del primer temblor y que no requiere bombarderos ni buques de guerra: requiere un teclado, una conexión a internet y una ausencia total de escrúpulos. Mientras los rescatistas aún intentaban abrirse paso entre los escombros, una maquinaria de intoxicación digital empezó a operar con una velocidad que ningún equipo de emergencia podía igualar.

El primer disparo fue un supuesto comunicado de Corpoelec (Corporación Eléctrica Nacional) anunciando un apagón nacional de 24 horas. Bastó revisar los canales oficiales para comprobar que era falso, pero en esos primeros minutos de confusión nadie revisa: se reenvía. 

El segundo fue más dañino porque tuvo consecuencias físicas: el rumor de un tsunami inminente. Alguien desenterró un video del maremoto de Japón de 2011 y lo hizo pasar por las costas de La Guaira. El resultado fue inmediato: las vías entre Caracas y el litoral colapsaron, las ambulancias quedaron atrapadas en el caos y las labores de rescate se interrumpieron en varios puntos. El Servicio Meteorológico de Estados Unidos aclaró que no existía ninguna amenaza, pero la aclaración llegó tarde. El rumor ya había hecho su trabajo: sembrar un pánico que corrió más rápido que cualquier brigada de salvamento.

Luego llegó el turno de la inteligencia artificial como herramienta de desestabilización. Una imagen de decenas de personas durmiendo a la intemperie, generada con Gémini, se publicó para fabricar la evidencia de un gobierno ausente. Videos de dos torres tambaleándose hasta chocar entre sí, creados digitalmente, se viralizaron como si fueran registros reales del desastre. Un edificio blanco que aparecía derrumbándose días después del sismo resultó ser, tras una verificación elemental, una demolición controlada en Turquía ocurrida en 2023. La falsificación no buscaba ser perfecta: le bastaba con ser veloz y golpear donde la emoción anula el juicio crítico.

El repertorio incluyó también la explotación de los miedos más profundos. Circuló la denuncia de una red de venta de menores desaparecidos. Una creadora de contenido afirmó desde el exterior que en el Parque Alí Primera, en Caracas, había entre 300 y 400 niños solos, sin fuente, sin prueba, sin más respaldo que la indignación que pudiera generar. El Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes tuvo que salir a desmentir categóricamente que algún menor estuviera siendo entregado a desconocidos. La trata de personas y la explotación infantil, crímenes reales y gravísimos que atraviesan a todas las sociedades contemporáneas, fueron utilizados como munición retórica para instalar la imagen de un Estado que abandona a los suyos.

Mientras tanto, desde el exterior, la oposición política amplificaba el guion. María Corina Machado denunció que el Gobierno había cerrado el espacio aéreo comercial para impedir su regreso y el de miles de venezolanos que querían volver para ayudar. Acusó obstáculos a la ayuda internacional, censura a periodistas y un supuesto bloqueo a los rescatistas. Afirmó que el gobierno pretendía «enterrar la verdad cuando los venezolanos queremos enterrar a nuestros muertos con dignidad».

Pero los hechos cuentan otra historia: 147 países solidarizados, 33 con presencia activa de personal de rescate y salud, 11 hospitales internacionales de campaña operando, y un coordinador humanitario de la ONU que reconoció públicamente que no hubo barreras de acceso. La única barrera real fue la distancia entre lo que se declara desde un hotel en Panamá y lo que sucede en el terreno.

El dirigente estudiantil y opositor Miguelángel Suárez aportó su propio capítulo a esta narrativa. Denunció que la Guardia Nacional había interceptado siete camiones cargados de ayuda humanitaria que venían desde la Gran Sabana rumbo a la Universidad Central. Exigió explicaciones sobre el paradero de los conductores. Horas después, los familiares de los transportistas lo desmintieron con una simple frase en Instagram: los camiones llegaron a su destino sin novedad, estaban en Baruta embolsando donaciones para bajar a La Guaira al día siguiente. La denuncia duró lo que tarda un tuit en volverse tendencia. La verdad, en cambio, llegó caminando.

Esta es la fisonomía de la guerra cognitiva: rumores que paralizan rescates, imágenes sintéticas que fabrican pruebas, denuncias sin anclaje en los hechos que buscan instalar la sensación de un país a la deriva y figuras políticas que repiten el libreto desde micrófonos internacionales. El objetivo no es informar a la opinión pública, es intoxicarla. No es canalizar ayuda, es bloquear la legitimidad de quien la coordina. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, lo dijo con palabras que no necesitan adornos: «Entre tanto altruismo, entre tanta grandeza que ha demostrado nuestra población, también aparecen los miserables».

Los daños de esta operación son incalculables. No se miden solo en las horas de rescate perdidas por el falso tsunami, pues las vías de comunicación se saturaron, lo que orilló a que se desplegara al ejército para ordenar el tráfico. Se miden en la confianza erosionada, en la polarización que se profundiza justo cuando el país necesita unidad, en la fatiga de una población que ya no sabe si lo que ve en su pantalla es un hecho o una fabricación. Las noticias falsas, en este contexto, no son simplemente mentiras: son un temblor adicional, silencioso y deliberado, que agranda las grietas que los dos primeros ya abrieron.

Los grandes medios corporativos completan la maniobra desde sus trincheras de prestigio. En lugar de señalar el bloqueo, difunden una explicación prefabricada donde cada grieta en la pared y cada servicio interrumpido se presentan como falla exclusiva del Gobierno venezolano. Se necesita un cinismo de laboratorio para pararse frente a las ruinas y usar el polvo de los muertos para maquillar a sus verdugos. Pero a esta altura del desastre, el cinismo ya ni siquiera se molesta en ser sofisticado: la mentira burda, repetida mil veces, se vuelve coartada.

III

Dos mundos conviven sobre la misma placa tectónica de la injusticia. Mientras una parte de nuestro equipo periodístico llega a La Guaira y observa la magnitud de la tragedia −el polvo, la desesperación, las vigas de acero retorcidas como gusanos−, en cualquier ciudad estadounidense la gente camina despreocupada, anda en bicicleta y disfruta del verano. Mientras en Venezuela los edificios son escombros, en aquel país que quiere dominar el mundo la maquinaria de construcción no se detiene. El dinero, por supuesto, proviene del sistema de explotación y despojo que han edificado para dominar América Latina y el Caribe. Un mundo construido sobre las ruinas del otro. Es injusto que tras tantos años de bloqueo Venezuela padezca esta destrucción sin los recursos para darle a cada persona fallecida un entierro digno.

Como escribió el iraquí Sinan Antoon en El libro de los daños colaterales, hablando de Estados Unidos: «Podemos perdonarles la invasión, pero no tantos años de bloqueo». La frase cruza fronteras y aterriza hoy en Venezuela con una vigencia estremecedora. Porque el bloqueo es la guerra que no sale en las portadas pero que mata todos los días. Y la desinformación es su infantería ligera: no dispara balas, pero dispara pánico; no derriba paredes, pero derriba confianzas; no ocupa territorios, pero ocupa conciencias.

La decadencia material de Venezuela es la consecuencia directa de un asedio económico sostenido durante más de una década. Para los poderes hegemónicos, la vida del venezolano es una abstracción, una ficha intercambiable en el tablero de la geopolítica. Ojalá esta tragedia abra caminos que la diplomacia no supo construir. Ojalá sirva para que el mundo mire lo que el bloqueo le ha hecho a un pueblo.

Pero mientras eso llega, denunciar no es suficiente, aunque es la condición previa de cualquier rescate. Las medidas coercitivas unilaterales tienen que terminar. Venezuela no necesita tropas extranjeras sobre sus grietas. Necesita que le devuelvan el aire.

Y necesita, sobre todo, que dejen de fabricarle temblores. Porque el primer terremoto lo hizo la tierra. El segundo, el bloqueo. Y el tercero, la mentira. Contra los tres, el pueblo venezolano solo tiene una respuesta: la verdad, que siempre llega. A veces tarde, a veces caminando, pero siempre llega.

***

Tras los devastadores terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 del pasado miércoles 24 de junio de 2026 en Venezuela, una tragedia sin precedentes que alcanzó a seis estados, siendo La Guaira el más afectado, vemos que todos los actos de solidaridad son necesarios.

Por ello, desde Ceiba, periodismo con memoria  buscamos ser otro canal para que nuestras redes puedan hacer llegar apoyo directo a donde más se necesite.

Ceiba es un medio independiente latinocaribeño con equipo en México, Venezuela y Colombia. En nuestro andar, hemos compartido con organizaciones, comunas y colegas periodistas que atraviesan momentos difíciles tras los terremotos. Por ello, buscamos recaudar fondos para apoyar:

Desde Ceiba buscamos ser otro canal para que nuestras redes puedan hacer llegar apoyo directo a donde más se necesite. Los fondos recaudados serán entregados a comunas, organizaciones, periodistas locales con quienes hemos compartido y conocemos su labor. Lo restante se entregará en centros de acopio oficiales.

Hemos visto cómo la ayuda suele concentrarse al inicio de la catástrofe, por eso pensamos que lo recaudado se entregará en dos fases: en la respuesta inicial de la emergencia y en un segundo momento, para apoyar en las labores de recuperación y reconstrucción.

Por medio de esta plataforma y a través de nuestras redes sociales , compartiremos actualizaciones sobre lo recaudado y sobre cómo fue destinado.

Enviamos toda nuestra solidaridad al pueblo venezolano y aprovechamos para exigir el fin del bloqueo económico criminal que Estados Unidos ha impuesto unilateralmente contra Venezuela: Para enero de 2026, Venezuela acumulaba 1 081 medidas coercitivas unilaterales. Entre 2017 y 2024, el cerco le succionó al país 226 mil millones de dólares —el 213% de su PIB—, un drenaje de 77 millones diarios. 

Ese dinero, que debió ser reserva de emergencia, capacidad hospitalaria y parque de maquinaria para la respuesta inmediata, fue confiscado por la decisión unilateral de Washington. Si quieres donar, puedes hacerlo en este enlace.

Venezuela se levantará nuevamente.