Los drones que vigilan e intimidan a las familias del ejido el Bajío, las cuales cuidan su territorio para salvaguardarlo de intereses trasnacionales, vuelan a una altura que hace difícil determinar el modelo. Pero los registros de proveedores de Fresnillo PLC, empresa que busca desde hace décadas explotar el oro de la región, revelan vínculos con la industria de la guerra y el despojo en todos los continentes. Partir de Sonora y seguir las rutas de comercio en el sector minero lleva a algunos de los entornos de violencia más alarmantes del mundo.

Fotografías: Heriberto Paredes, Mine Academy Exyn, Epiroc y WSRW

Sonora, México.- Las familias que habitan y cuidan el ejido El Bajío, tanto por ser área de conservación como porque sus tierras son ansiadas por una compañía trasnacional, han vivido los últimos seis años con drones sobre sus cabezas.

Afirman que se trata de un acto de vigilancia e intimidación por parte de la Minera Penmont, filial de Fresnillo PLC y propiedad de Alejandro Baillères, quien también es dueño de emporios como Palacio de Hierro y GNP Seguros.

Aunque la minera perdió en los tribunales sus alegatos sobre el derecho a explotar las tierras del ejido, que había obtenido de manera irregular, según lo afirmaron 67 sentencias firmes emanadas del Tribunal Unitario Agrario No. 28, el hostigamiento, traducido en secuestros, encarcelamientos y asesinatos, se mantiene al día de hoy.

En otros sitios del país se ha podido rastrear el modelo de dron que se utiliza en contra de las comunidades. Tal es el caso de Michoacán, azotado por la fusión de industrias legales, como la del aguacate, con el crimen organizado, representado por el Cártel Jalisco Nueva Generación. Ciertamente, aquí se trata de bombardeos y no únicamente de vigilancia e intimidación.

En Caborca, al norte de Sonora, donde se ubica el ejido El Bajío, la altura desde la que los aparatos sobrevuelan las tierras hace imposible identificar su modelo. No obstante, registros financieros de 2022, a los que Ceiba, periodismo con memoria tuvo acceso, indican que el emporio minero adquirió esa tecnología mediante contratos con la empresa estadounidense Exyn Technologies que también abastece operaciones militares de Israel en Gaza. Su nombre se relaciona con el de Fresnillo PLC porque oferta drones altamente especializados que son capaces de volar de manera autónoma en entornos considerados de riesgo.

Estos drones pesan poco menos de siete kilogramos, aunque con variaciones por modelo. Están equipados con cámaras de alta resolución y procesador que permite recolectar y visualizar datos georreferenciados en tiempo real. Son diseñados para explorar túneles en entornos mineros, pero sus cualidades también los ubican en la guerra.

En noviembre de 2023, la revista Forbes de Estados Unidos publicó un artículo en el que se describe cómo el Sistema de Localización y Mapeo Simultáneos (SLAM, por sus siglas en inglés) de los drones fabricados por Exyn permite que estos sean utilizados por las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés) para barrer los túneles que atraviesan Gaza y eliminar con ello a Hamás.

“En el mundo comercial, los drones con SLAM de Exyn AI pueden mapear de forma autónoma antiguas explotaciones mineras. Su configuración es literalmente un control por botón, que Exyn demostró en 2020 al tener el dron ‘pilotado’ por un perro que solo tenía que pulsar el botón de arranque. El dron realizó entonces una exploración autónoma completa y regresó. El sistema resulta ser una forma segura de explorar y cartografiar espacios subterráneos peligrosos sin necesidad de enviar humanos”, dice el artículo.

El 7 de noviembre de 2022, Fresnillo PLC pagó 30 555 dólares estadounidenses a Exyn Technologies por un cargamento de 63.5 kilogramos, etiquetado como “sistema de videograbación con dron, control y accesorios (sistema de reemplazo Exyn Aero)”, además de baterías. Este año la relación comercial se extendió a partir de la compra de equipo para levantamiento de registros topográficos.

Aunque la gente del ejido El Bajío afirma que el acoso con los drones comenzó antes de la compra mencionada, se trata de un registro que muestra una relación comercial de una red de proveedores transnacionales inmiscuidos en situaciones de violencia.

La red se compone de compañías que son señaladas en todo el mundo por facilitar operaciones extractivas que se instalan mediante el despojo, o por atentar contra los derechos y la vida de comunidades enteras, y que se resisten a parar. Se consolida a través de contratos de compraventa que les permiten sostener sus operaciones a pesar de las denuncias, a sabiendas del uso que se le da a sus tecnologías y materias primas, y a pesar de que múltiples instancias internacionales les instan a recular.

Los caminos del dinero, en este caso, dan cuenta de una red de empresas que sistemáticamente se rehúsan a cumplir con la ley.

La tecnología Epiroc

De acuerdo con análisis financieros a los que Ceiba tuvo acceso, Fresnillo PLC destinó 869 154.27 dólares para comprar 676 kilogramos de circuitos, tuberías y más equipo técnico, entre el 28 de mayo de 2021 y el 21 de abril de 2023. Fueron tres cargamentos; uno arribó a la Ciudad de México, mientras que el resto a Matamoros, Tamaulipas. El material viajó desde Canadá en tractocamiones, en los casos con destino en Matamoros, y por aire, desde Suecia a la CDMX, donde se fundó Epiroc, la compañía que despachó las mercancías.

Se trata de la misma empresa que envía tecnología necesaria para las operaciones de la mina Peñasquito, ubicada en Zacatecas, en el centro norte de México. Esta mina, propiedad de la empresa Newmont, opera de forma similar que Fresnillo PLC, pues durante los últimos treinta años ha acaparado las tierras y el agua del municipio de Mazapil, según reportes de medios y literatura especializada.

“Cuando ellos [los de la mina] entraron a las tierras, hablaron de que iban a ser de 9 a 10 pozos de agua y nunca dijeron para qué querían la tierra. Cuando estuvo el convenio pusieron un pago único de 30 años… Les dieron tres millones y medio para todos los ejidatarios… A mí nunca me pareció esa negociación, no se me hacía justa… Le digo a mi esposo, ¿cómo van a rentar la tierra por un pago único 30 años? Revisamos y entonces nos hicieron la cuenta unas personas que sabían y decían que nos estaban pagando a 50 centavos la hectárea por 30 años. Imagínese, es una burla”, dice Isabel López, habitante de El Vergel. Su testimonio fue recogido para el artículo académico titulado “Desplazamiento poblacional por minería en Mazapil, Zacatecas”.

Desde el 2013, la población del ejido El Vergel, ubicado en Mazapil, ya mostraba su descontento ante los abusos de la compañía minera. En julio de ese año decenas de ejidatarios bloquearon la mina de oro para exigir el pago por el uso del agua que la empresa sacaba de los pozos sin autorización.

Epiroc publicó en 2018 un mensaje en su sitio oficial donde resume el papel que juega en el desarrollo minero de la región: “Uno de los ejemplos más recientes de integración exitosa de la tecnología minera autónoma de Epiroc es la mina Peñasquito de Newmont (anteriormente Newmont Goldcorp Corporation) en Zacatecas, México. La explotación es una mina polimetálica a cielo abierto de gran tamaño, y un importante contribuyente a los ingresos de Newmont”.

A unos cincuenta kilómetros de Peñasquito se ubica la mina Camino Rojo, propiedad de la compañía canadiense Orla Mining. Allí un panel del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida que se contempla en el T-MEC documentó la utilización del crimen organizado para limitar la actividad sindical en 2024.

“El Panel calificó a Camino Rojo como el ‘principal promotor de la Denegación de Derechos’ en la mina, dado su apoyo a actividades dirigidas a lograr la desafiliación de los trabajadores de Los Mineros. El Panel señaló además que el conocimiento que Orla Mining y Camino Rojo tenían de la presencia del crimen organizado en la zona de la mina incrementaba su responsabilidad de proteger los derechos de los trabajadores”, dice el comunicado oficial publicado por la embajada de Estados Unidos el pasado 26 de marzo.

Aunque la relación de Orla Mining con el proveedor Epiroc no aparece explícitamente en documentos a los que Ceiba tuvo acceso, su coincidencia en espacios dedicados a negociaciones junto a funcionarios del gobierno, como las reuniones del Clúster Minero, ha quedado documentada en múltiples ocasiones.

La presencia de Epiroc en Zacatecas se terminó de establecer cuando en 2024 se instaló un laboratorio especializado para ofrecer servicios a las compañías extractivistas. En la presentación oficial estuvieron representantes de Fresnillo PLC, de la mina Camino Rojo y de Grupo México, según el reporte del evento levantado por el sitio mineacademy.mx.

En todos estos casos, los compradores de las mercancías de Epiroc comparten el mismo discurso sobre el respeto a la ley y los derechos humanos. Sin embargo, en los hechos, han prolongado su participación en la violencia, ya sea provocándola o facilitándola, para sostener sus actividades lucrativas.

También pasa en África
 

En este contexto, la simbiosis entre el shipper y el consignee, el proveedor y el comprador, en la industria extractivista se ha sostenido gracias a que Epiroc ha postergado cuanto ha podido la rendición de cuentas ante las críticas por su papel en la devastación y el despojo durante años.

Ese fue el caso de la explotación de minerales en el oeste del Sáhara, región que se encuentra ocupada de manera irregular por Marruecos, despojada a sus habitantes históricos. El seguimiento del caso se realizó, entre otros sitios, en el Centro de Negocios y Derechos Humanos (BHRRC, por sus siglas en inglés) a partir de un informe que publicó el Western Sahara Resource Watch en 2020.

“En febrero de 2020, Western Sahara Resource Watch (WSRW) publicó su informe anual P for Plunder, en el que documenta un panorama general del comercio de roca fosfórica realizado por Marruecos desde el territorio ocupado del Sáhara Occidental durante el año anterior.

El informe recuerda que dichas inversiones violan el derecho a la Soberanía Permanente sobre los Recursos Naturales de los pueblos indígenas y señala que las empresas extranjeras contribuyen a normalizar y respaldar la controvertida ocupación del Sáhara Occidental por parte de Marruecos”, indica el sitio BHRRC.

Una de las empresas que facilitó el comercio del fosfato del Sáhara, utilizado a nivel mundial para fabricar fertilizantes para la agricultura a gran escala, fue Epiroc. Lo hizo al no romper sus vínculos con la compañía estatal de Marruecos que lo explota. Otras fueron Atlas Copco, compañía de la que se desprendió Epiroc, Siemens y Worley Parsons.

Tras la publicación del informe y la creciente presión internacional, Epiroc y otras compañías anunciaron el cese de sus actividades relacionadas con la explotación ilegal en el Sáhara. Sin embargo, para entonces la relación comercial, que inició en 2008, ya tenía cerca de doce años, según el propio WSRS, y las ganancias eran millonarias.

“Aunque Atlas Copco y Epiroc no hicieron comentarios al respecto durante mucho tiempo después de la creación de Epiroc, los propietarios de ambas empresas tenían el entendimiento común que el contrato con OCP (la mina de Marruecos) había sido asumido por Epiroc, al igual que otros contratos de Atlas Copco. No se respondió a una carta dirigida a Epiroc en noviembre de 2019, pero cuando se topó con el BHRRC a principios de este año, la empresa declaró que «estaba estudiando esta cuestión en la actualidad», dijo el Centro de Negocios y Derechos Humanos.

También en Oceanía

A pesar de que Epiroc se deslinda del saqueo de las tierras del Sáhara, en fechas recientes anunció contratos con un proyecto minero donde se refleja nuevamente la ponderación del enriquecimiento por encima del respeto al derecho. Se encuentra en Australia y es negocio de la compañía trasnacional Fortescue.

“Epiroc AB, socio líder en productividad y sostenibilidad para las industrias minera y de la construcción, ha obtenido un importante contrato para suministrar una gran flota de equipos de minería a cielo abierto totalmente autónomos y eléctricos a Fortescue en Australia. Se trata del mayor contrato en la historia de Epiroc”, indica una publicación del 16 de abril de 2025 del portal oficial de la compañía.

Fortescue, propiedad del magnate Andrew Foster, ocupó los titulares de medios de comunicación internacionales hace pocos días, luego de que una corte federal de Australia determinó que había explotado minerales en terrenos ajenos sin ningún permiso, justo como en el caso del ejido El Bajío.

“Los propietarios tradicionales del remoto norte de Australia Occidental han recibido 150.1 millones de dólares (australianos) en compensación, luego de que la empresa del magnate de la minería, Andrew Forrest, extrajera cientos de millones de toneladas de mineral de hierro de sus tierras sin su permiso”, resume el archivo del BHRRC.

El organismo detalla que el pago representa “la mayor indemnización por derechos de propiedad jamás otorgada en Australia”, además de ser “la culminación de una batalla legal de casi dos décadas entre el pueblo Yindjibarndi y la empresa”.

A pesar de la victoria, testimonios recogidos por la prensa internacional señalan que los ancianos de la comunidad originaria criticaron la decisión del tribunal debido a lo pobre de la sanción y compensación, si se consideran los “miles de millones de dólares” que significó la extracción de hierro por parte de la minera.

Entre la argumentación del tribunal se dijo que las operaciones de Fortescue, a través del complejo minero Solomon Hub, destruyeron por completo ciento veinticuatro sitios de importancia arqueológica para el pueblo Yindjibarndi, mientras que otros doscientos cuarenta quedaron dañados.

“Las cuatro enormes minas a cielo abierto fueron construidas sin el consentimiento de los propietarios tradicionales y han generado decenas de miles de millones de dólares en ingresos para la empresa desde que comenzó la producción en 2013, y se esperan miles de millones más antes de que se prevea el cierre de la mina a mediados de la década de 2040”, concluye el BHRRC.

El monto, de unos 108 millones de dólares, fue adjetivado por los ancianos como una miseria, además de que la explotación se mantiene para abastecer el mercado siderúrgico. Tras el fallo de los tribunales, las acciones de la minera se elevaron, según reportes de Market Screener.

El paralelismo con México

En el caso del ejido El Bajío, los fallos de los tribunales significan que la empresa Penmont debe pagar más de 700 millones de dólares por un concepto similar: haber extraído minerales del territorio ejidal sin autorización y haber dañado el medio ambiente. Esto no es otra cosa que haber destruido cerros, arrancado árboles, desplazado y asesinado personas y animales, algunos en peligro de extinción.

El último informe anual de Fresnillo PLC dirigido a sus inversionistas menciona por primera vez la deuda, aunque la desestima y niega la extracción ilegal, como lo ha hecho por más de una década luego de perder el caso.

“En abril de 2025 el Tribunal Agrario emitió una orden que Penmont considera altamente irregular en forma y fondo, ordenando a la empresa a pagar aproximadamente 13,330 millones de pesos mexicanos (US$742 millones) por la extracción de minerales realizada en el tajo Dipolos.”, indica el documento oficial correspondiente al análisis del año 2025.