A inicios de año, mientras viajaba por el desierto de Sonora, fui testigo de un avistamiento inesperado: una familia de berrendos sonorenses a más de un kilómetro de distancia. Una especie en peligro de extinción, que sobrevive ante la falta de acciones gubernamentales de protección y de los intereses mineros que amenazan su hábitat.

Fotografías: Fundación Bajío Sahuaro y Alberto Duarte

Sonora, México.- A inicios de año vi una familia de berrendos sonorenses con mis propios ojos. Iban camino al oriente mientras le daban la espalda al Mar de Cortés y se adentraban en el desierto. Estaba allí de pasada, en camino a elaborar un reportaje sobre otro asunto.

En un primer momento realmente no pude ver nada. Íbamos en una camioneta, cuando Margarita, una de las personas que me acompañaban, que vive allí y está más acostumbrada a la luz y los colores, los vio. Entonces nos detuvimos para que no los ahuyentara el ruido del motor, aunque estarían a más de un kilómetro.

Por cinco minutos estuve sin ver más que arena y piedras, hasta que Erasmo, quien conducía la camioneta, me prestó un par de binoculares y pude distinguir las capas de tierra, dunas, cactáceas y otras texturas que se diferenciaban entre sí rumbo al horizonte, según la distancia a la que nos encontrábamos, como si fueran sedimentos.

Sobre una parte de arena blanquecina alcancé a ver a dos berrendos poco antes de que desaparecieran. Al final los pude distinguir porque ya los había visto en videos captados donde me encontraba, en el ejido El Bajío, un Área Destinada Voluntariamente a la Conservación que se encuentra entre Caborca y Puerto Peñasco, en Sonora. La distancia me impidió tomar una foto.

Por las condiciones en que los pude ver, las imágenes que circulan en internet y las que utiliza el Gobierno de México de forma oficial me parecieron ajenas a la realidad. La situación, por el contrario, me recordó que se trata de una especie en peligro de extinción.

En otra ocasión escribí un reportaje sobre los riesgos que enfrenta la vaquita marina, otra especie que habita una zona cercana y que también se encuentra amenazada. Pensé en que cada año es noticia nacional el resultado de los cruceros de avistamiento altamente especializados que realizan las autoridades junto con organizaciones civiles. También, en los acuerdos que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) incluye para proteger la marsopa más pequeña del mundo.

En el caso del berrendo, más allá de un par de comunicados girados por el Gobierno de Sonora, no guardaba en mi memoria recuerdos sobre las campañas del Gobierno de México para protegerlo, ni sobre alguna preocupación especial por parte de organismos civiles, como en el caso de la vaquita.

Esta nota tiene por objeto rellenar estos y otros huecos informativos tras un avistamiento ocurrido a veinticinco años de que el Antilocapra americana sonoriensis fuera incluido en la lista de especies en peligro de extinción contenida en la normativa mexicana (primero en la NOM-095-ECOL-2001, actualmente en la NOM-095-SEMARNAT-2010), y a casi cien años desde 1922, cuando se prohibió su caza, según registros de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio).

Lo invisible no se debe al color canela claro

Antes de la invasión del continente, hace más de quinientos años, las tierras de Sonora, Chihuahua, Coahuila y Baja California, principalmente, eran el hogar de “cientos de miles” de berrendos. Pero, para 1925 el biólogo Edward William Nelson estimó una población de 2395 individuos cuando trabajaba en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.

El declive de la especie habría iniciado por el capricho del primer virrey que tuvo la Nueva España, según indica el Boletín de la Conabio de marzo de 2001, el año en el que la normativa mexicana la declaró en peligro de extinción.

“En 1540, ya durante la Colonia, se organizó una gran cacería en honor del primer virrey, don Antonio de Mendoza, sacrificando unos seiscientos individuos entre berrendos y venados, en un lugar al que se le dio el nombre de “El Cazadero”, entre los actuales estados de México e Hidalgo”, dice el texto firmado por Manuel Valdés y Carlos Manterola.

Para el año 1941 la especie aún existía en Zacatecas y para 1953 se observaron las últimas poblaciones naturales en San Luis Potosí. En 1985, los investigadores mexicanos Adolfo González-Romero y Álvaro T. Lafón realizaron el segundo censo. Estimaron, mediante observación, entrevistas con rancheros y revisión de registros, que en México había 446 berrendos en estado silvestre.

En la actualidad, el monitoreo del berrendo sonorense en estado silvestre se realiza en la zona de Arizona y Sonora a bordo de avionetas pequeñas, desde donde se trata de observar y registrar a la especie descrita por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de México (CONANP) como un animal “relativamente robusto, con cuernos negros, planos y perpendiculares con la punta dirigida hacia adentro”.

“Presentan −sigue la descripción incluida en la ficha de la especie− una corona de pelo en la base de los cuernos y sus extremidades son largas y delgadas. Las regiones dorsales del cuerpo y cuello están cubiertas de pelo color canela claro. En la porción ventral del cuello destacan dos bandas blancas, una a la altura de la garganta y, otra, debajo de ella”.

Desde el cielo, investigadores acompañados de pilotos estadounidenses trabajan cada dos años para conseguir avistamientos, mismos que han permitido estimar una población actual cercana a los 416 ejemplares en Sonora. Estas cifras de 2024 fueron proporcionadas a Ceiba por el ingeniero Federico Godínez, quien fuera director de la Reserva de El Pinacate y Gran Desierto de Altar (RBPGDA), uno de los sitios donde habita la especie y donde ha sido reintroducida en las últimas décadas.

“Esta especie se localiza solamente en Arizona y en el norte de Sonora. En el área de Cabeza Prieta, una reserva dentro de terrenos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, hay una población importante. También en el Pinacate y Gran Reserva de Altar y en una zona llamada Quitovac, en Sonora. Los monitoreos se hacen con tres aviones que vienen de Estados Unidos y en colaboración con la RBPGDA”.

Los monitoreos binacionales enfocados en el berrendo sonorense se estandarizaron a partir de los años ochenta, luego de la publicación del Plan de Recuperación de la subespecie en los Estados Unidos, en 1982. Para 1998, el plan fue actualizado y se estimó invertir 9 millones 30 mil dólares, en un lapso de siete años, para recuperar la especie de manera definitiva.

El documento oficial de 1998, sin embargo, advertía que, debido al desconocimiento de “algunos aspectos significativos de la historia de vida del berrendo sonorense”, resultaba imposible estimar la fecha en la que el animal dejaría la lista de especies en peligro de extinción.

Algunos de los factores que derivaron en la conclusión son de tipo poblacional, pero otros se relacionan directamente con la actividad humana. En 1996, tres modelos predictivos arrojaron que una medida ineludible era “incrementar el hábitat disponible”.

El hecho de que, a cuarenta y un años de los resultados de González y Lafón, la población silvestre, en México y en Sonora, no ha podido crecer para salir de la lista de especies en peligro de extinción, tiene que ver, según el ingeniero Godínez, con que el desarrollo industrial tiene prioridad.

“Sus principales amenazas son la caza ilegal, la reducción de su hábitat por la minería, la construcción de infraestructura eléctrica y carreteras”, señaló en entrevista.

¿Qué decisiones ha tomado el Estado mexicano?

Por décadas, las tierras donde vi a los berrendos, las del ejido El Bajío, han sido objeto de deseo por parte de las personas más ricas de México debido a la presencia de yacimientos de minerales como oro. Esto ha sido contado por Ceiba en otras ocasiones.

El Área Destinada Voluntariamente a la Conservación (ADVC) fue una idea de la asamblea ejidal que se materializó tras décadas de asesinatos, encarcelamientos, secuestros y otros crímenes utilizados para amedrentar y desplazar a la comunidad. Mientras, la minera Penmont, propiedad de Fresnillo PLC, trataba de explotar los minerales, aun en contra de las decisiones de los tribunales agrarios de México, y destruía, al mismo tiempo, el hábitat del berrendo.

La comunidad, así, optó por hacer uso de esa figura introducida en la legislación mexicana en 1996, cuando se reformó la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. El artículo 59 dice lo siguiente:

“Los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, las organizaciones sociales, públicas o privadas, y demás personas interesadas, podrán promover ante la Secretaría el establecimiento, en terrenos de su propiedad o mediante contrato con terceros, de áreas naturales protegidas, cuando se trate de áreas destinadas a la preservación, protección y restauración de la biodiversidad”.

La primera ADVC se estableció en 2002 en un terreno de Petróleos Mexicanos (Pemex), de acuerdo con un artículo académico escrito por investigadores e investigadoras del Colegio de la Frontera Sur. Para inicio de este 2026, la lista ya incluye 619 delimitaciones territoriales clasificadas como tal, mismas que abarcan 1 348 257.64 hectáreas del suelo mexicano, según la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. La del ejido El Bajío fue la número 503.

En 2020, se publicó un acuerdo para simplificar los trámites y que la figura legal fuese más accesible para la población, pero en los últimos diez años, de acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A.C. (CIEP), la situación presupuestal muestra otro rumbo, pues obliga a que la supervivencia de las ADVC dependa casi exclusivamente de los recursos de sus titulares.

“Entre 2013 y 2026 el presupuesto de esta dependencia presenta una disminución. En 2013, el presupuesto por hectárea era de 98.3 pesos/ha y para 2026 será de 15.3 pesos/ha. Se estima que el costo anual de manejo de las ANP [Área Natural Protegida] pueda ser de 7 mil 706 millones de pesos (mdp). Ampliar la cobertura sin fortalecer capacidades y financiamiento incrementa el riesgo de comprometer la efectividad de la conservación”, indica un estudio sobre el presupuesto de la CONANP.

Desde que las tierras son área protegida, cosa que el Gobierno mexicano oficializó en 2023, las personas que han cuidado al berrendo son las mismas que se defienden de la compañía transnacional, tanto en los juzgados como en el territorio.

La minería, ahora, está prohibida en El Bajío, la zona preferida por el berrendo sonorense, según el ingeniero Godínez. Pero a escasos metros se encuentra otra mina, que también pertenece a Fresnillo PLC y que se mantiene activa.

La gente del ejido afirma que la población de animales, como berrendos, borregos cimarrones, codornices y más, volvieron a poblar las planicies y cerros de la región cuando los estruendos de la mina que estaba en El Bajío, llamada Soledad–Dipolos, se detuvieron por orden de los tribunales.

El ingeniero Godínez considera que la contaminación que se desprende de esta otra mina aledaña, llamada La Herradura, mantiene efectos devastadores para la especie en peligro, aunque es difícil medirlos y, por tanto, regularlos con base en la normativa.

“Se tiene que trabajar mucho en cuestiones de monitoreo precisamente. Monitoreo de emanaciones que requieren de equipos más costosos y sofisticados. Es importantísimo, pero ¿cómo demuestras que está afectando un vapor, sin dolor, sin color? Se necesita esfuerzo, trabajo, costo, que yo digo van a ser actividades de mediano y largo plazo”, dijo.

La conciencia sobre la contaminación que provoca la minería, sin embargo, trasciende el ámbito de la academia y de la función pública. La trágica experiencia de la gente en la sierra de Sonora lo atestigua.

En 2024, Martha Patricia Velarde Ortega visitó las tierras de El Bajío. Se trata de una de las más férreas lideresas de la lucha por la remediación del desastre ambiental que desató Grupo México en el año 2014, tras derramar 40 000 metros cúbicos de ácido sulfúrico en el Río Sonora.

“¿Dónde vive usted, Doña?”, le preguntó Erasmo durante una conversación que sostuvieron mientras recorrían el ejido en la misma camioneta en la que yo viajaba cuando vi los berrendos. “En el Río Sonora”, dijo la activista, y Erasmo reviró: “¿Donde está la contaminación? Fíjese nomás, qué chinga le arrimaron”. “Los desgraciados mineros”, completó Martha.

Martha Patricia murió de manera prematura el 16 de febrero de 2025 a sus 66 años, dejando tras de sí a sus amados gatos. La versión oficial es que murió por un paro cardiaco, pero arrastraba complicaciones de salud que durante su vida asoció con los efectos de los metales pesados en el ambiente, cosa que la autoridad mexicana se negó a reconocer. Poco antes estuvo en El Bajío para conocer la historia de su lucha en contra de la minera Penmont.

Mientras tanto, el Gobierno de Sonora sostiene convenios con la Minera Penmont para la elaboración de estudios que, al día de hoy, no se encuentran disponibles al público. La compañía aportó 2 millones de pesos en 2025 para ello, según los registros públicos disponibles en Plataforma Nacional de Transparencia.

En lo formal, fue a través de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora que la minera colaboró económicamente para un “estudio demográfico del berrendo sonorense (Antilocapra americana sonoriensis), sus amenazas, presiones y monitoreo de sus poblaciones y hábitat en la región de Quitovac, Desierto de Sonora”.

Los acuerdos millonarios inician en el tercer trimestre del 2022, pero el proyecto, desde entonces, se encuentra “en proceso de elaboración”, según la Dirección General de Conservación.