México se dispone a vivir su «primavera laboral» con la promesa de trabajar menos. No obstante, el nuevo límite de horas extra convierte el derecho al descanso en una ilusión. La conquista de las 40 horas es, en los hechos, una jornada máxima de 52.

Fotografías: Alejandro Ruiz y Heriberto Paredes

Ciudad de México.– La promesa sonaba a reparación histórica. Después de décadas en las que México se mantuvo entre los países que más horas trabaja en el mundo y, al mismo tiempo, entre los que peor remunera ese tiempo, el nuevo Gobierno ofreció algo que parecía elemental: trabajar menos para vivir más. Claudia Sheinbaum convirtió la reducción de la jornada laboral en una de las banderas de su sexenio. La consigna era sencilla y políticamente rentable: pasar de 48 a 40 horas semanales.

“40 horas ya”, exigían desde hacía años sindicatos, estudiantes y colectivos agrupados en el movimiento Yo por las 40 Horas. La demanda tenía una carga simbólica enorme en un país donde, según la Organisation for Economic Co-operation and Development, los trabajadores laboran en promedio más de 2100 horas al año, muy por encima de países como Alemania, Francia o Canadá. También tenía un sentido material: más tiempo para dormir, cuidar, estudiar, convivir o simplemente descansar. Durante meses, la frase se repitió como un mantra en conferencias, spots y discursos oficiales. Cuarenta horas. Dos días de descanso. El fin de una de las jornadas más largas del continente. El oficialismo presentó la reforma como una conquista histórica comparable al salario mínimo o a las vacaciones dignas.

Sin embargo, el texto que terminó aprobándose en el Senado cuenta otra historia. La nueva redacción del artículo 123 constitucional reduce, en efecto, la jornada ordinaria de 48 a 40 horas semanales. Sin embargo, en los artículos secundarios de la reforma aparece una modificación menos visible y mucho más importante: el límite de horas extra pagadas al doble pasa de nueve a doce horas semanales. Solo a partir de la hora 13 el patrón deberá pagar el triple. Ahí está el corazón del engaño.

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La trampa

Hasta ahora, la ley permitía una jornada de 48 horas semanales y hasta nueve horas extra “baratas”, es decir, pagadas al doble. Después de esas nueve, las horas extraordinarias se encarecían rápidamente porque debían pagarse al triple. En la práctica, una empresa podía exigir legalmente hasta 57 horas de trabajo antes de enfrentar un costo verdaderamente alto. Con la reforma, la jornada ordinaria baja a 40 horas, pero las horas extra “baratas” aumentan. El patrón ya no podrá disponer de 57 horas relativamente económicas, sino de 52. La reducción real no es de ocho horas, como se prometió, sino de apenas cinco.

La aritmética política dice “40”. La aritmética laboral sigue diciendo “52” (sin contar que los patrones pocas veces reportan de manera real los horarios de las personas). La diferencia no es menor. Significa que el Gobierno vende una reducción de jornada mientras deja abierta una puerta para que las empresas recuperen casi la mitad del tiempo supuestamente eliminado. El derecho a trabajar menos queda condicionado a que el patrón decida no usar esas 12 horas extraordinarias. Y en un país con sindicatos débiles, inspecciones laborales escasas y millones de trabajadores que difícilmente pueden negarse a quedarse más tiempo, esa decisión casi nunca la toma el empleado.

La reforma, además, permite repartir esas 12 horas extra en cuatro días. Es decir, una persona podría trabajar cuatro jornadas de 12 horas y seguir dentro de lo que la ley considera aceptable. La imagen de la semana laboral moderna −cinco días de trabajo y dos de descanso− termina sustituida por otra mucho más familiar para millones de mexicanos: días larguísimos, agotamiento y la obligación de estar siempre disponible. Lo que se anunció como una semana de 40 horas terminó convirtiéndose en una jornada máxima de 52.

Es decir, con el nuevo modelo, la jornada ordinaria será de 40 horas, pero las horas extra “baratas” aumentan de nueve a doce. Solo a partir de la hora 13 se pagará el triple. El cálculo es sencillo:

Antes:

• 48 horas normales
• 9 horas extra al doble
• 57 horas “económicas” para el patrón

Para 2030 (temporada de elecciones en México):

• 40 horas normales
• 12 horas extra al doble
• 52 horas “económicas” para el patrón

La reducción real no es de ocho horas, sino de cinco.

Además, la reforma permite distribuir esas 12 horas extra en hasta cuatro días de la semana. Eso significa que una persona puede trabajar jornadas de 12 horas diarias durante cuatro días seguidos. La ley prohíbe superar ese límite diario, pero normaliza una rutina que el propio movimiento por las 40 horas intentó combatir. En otras palabras, la reforma no elimina la cultura de la disponibilidad permanente; solo la reorganiza.

El Frente Nacional por las 40 Horas, articulado en la plataforma Yo por las 40 Horas, llevaba años pidiendo otra cosa: una reducción inmediata de 48 a 40 horas, dos días obligatorios de descanso y ningún mecanismo que permitiera compensar la reducción mediante horas extra. Su propuesta no era una semana laboral de seis días ligeramente más corta, sino una semana de cinco días.

“Uno de los principales argumentos para negar las 40 horas efectivas a los trabajadores es que el Producto Interno Bruto (PIB) es más pequeño que en países donde sí se logró. Sin embargo, hoy eso es una farsa debido a que México posee un PIB 2.91 veces mayor que el de Estados Unidos cuando lo aprobó en 1938. No hay pretexto”, explica Samuel Rosado Zaidi, economista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para Ceiba.

La propia página del Frente insiste en que la demanda original incluía dos días de descanso obligatorios y una aplicación inmediata, no una reducción gradual de una o dos horas por año. Sin embargo, el Congreso dejó intacta la frase histórica de la Constitución: “por cada seis días de trabajo deberá disfrutarse al menos uno de descanso”.

Eso significa que una empresa puede seguir obligando a sus empleados a trabajar seis días a la semana. Solo tendría que repartir las 40 horas entre esos seis días. El escenario más probable no es el del viernes libre, sino el de jornadas de seis horas y media, seis días seguidos.

El malestar tiene una explicación más profunda. Durante años, México ha sostenido su competitividad sobre jornadas largas y salarios bajos. La investigación “Epístola de un pueblo cansado”, elaborada por PODER y estudiantes de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, mostró que un trabajador de la industria manufacturera produce el valor completo de su salario en apenas 24.67 minutos. El resto de la jornada, más de siete horas, se traduce en riqueza para la empresa.

La investigación calcula que, en promedio, los ingresos de la industria superan los salarios obreros en 282%. En entidades manufactureras, el patrón puede quedarse con hasta veintiocho veces más riqueza de la que recibe un trabajador. En Chihuahua, si se toma en cuenta el valor de las exportaciones, esa diferencia alcanza veintiséis veces.

México no es un país que trabaje poco

Por eso la demanda de las 40 horas tenía un significado que iba más allá de la aritmética. Reducir la jornada era una forma de disputar el tiempo. Tiempo para dormir, para cuidar, para estudiar, para estar con la familia. Tiempo que, durante décadas, fue absorbido por una economía basada en maquilas, dobles turnos y disponibilidad absoluta.

Especialistas laborales han advertido que la nueva ley institucionaliza una “jornada elástica”: una jornada oficialmente reducida, pero fácilmente expandible hasta las 52 horas. La frontera entre trabajo ordinario y extraordinario se vuelve más flexible para el patrón y más incierta para el trabajador.

El problema no es únicamente económico. También es político. La promesa de las 40 horas fue presentada como una conquista histórica de la llamada primavera laboral del nuevo Gobierno. Pero al revisar el texto final, aparece una vieja costumbre de la política mexicana: conceder un derecho en el discurso y neutralizarlo en los detalles.

La reforma llegará gradualmente hasta 2030. Este año la jornada sigue siendo de 48 horas. En 2027 bajará a 46, en 2028 a 44, en 2029 a 42 y solo en 2030 llegará a 40. Para entonces, además, las empresas ya habrán incorporado a su operación las nuevas 12 horas extraordinarias. La consigna social pedía 40 horas. La ley terminó escribiendo 52. Y en un país donde millones de personas apenas producen su salario en media hora y entregan el resto de su vida al patrón, esa diferencia no es técnica. Es toda la diferencia.