En México, una de cada diez niñas, niños y adolescentes menores de dieciocho años trabaja, pero no todos lo hacen en las mejores condiciones ni bajo los lineamientos de la Ley Federal del Trabajo. Especialistas aseguran que hay una delgada línea que separa al trabajo infantil de la trata de niñas, niños y adolescentes, y que es necesario hacerla más sólida para garantizar sus derechos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo se pueden combatir estos delitos y garantizar que quienes quieran trabajar lo hagan en las mejores condiciones?

Fotografías: Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y Senado de la República

Yucatán, México.- Iker era un niño que vendía dulces y hacía malabares en la avenida Líbano, ubicada en la zona norte de la ciudad de Mérida, Yucatán. El martes 13 de junio de 2023, alrededor de las siete de la noche, fue atropellado por una camioneta que se dio a la fuga. Las y los vecinos reportaron lo ocurrido, pero cuando llegó la ambulancia ya era demasiado tarde. Iker falleció por las lesiones que le ocasionó el vehículo. 

Sin embargo, no apareció algún tutor o tutora del niño. Además, Iker no estaba solo: lo acompañaban tres niños y una niña, quienes, según los policías que hicieron el reporte, no tenían familiares.

Las personas que atestiguaron los hechos se organizaron y tres días después realizaron una manifestación. Aseguraron que Iker no trabajaba, sino que era víctima de trata de personas y explotación infantil, y que en repetidas ocasiones habían reportado a las autoridades la presencia de niñas y niños que laboraban en la vía pública. 

Las exigencias de la ciudadanía fueron tantas que, dos días después, la conductora responsable del siniestro se entregó a las autoridades. Y seis días después, la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán (SSP), implementó un operativo contra la explotación laboral infantil y la trata de personas, en calles del centro histórico de Mérida. La acción resultó en el resguardo de veinte menores de origen chiapaneco y el arresto de Domingo D., de cuarenta y dos años, quien desde 2001 tenía una orden de aprehensión en Chiapas por el delito de plagio o secuestro.

Hablar de la niñez y el trabajo es complicado, porque la línea que divide las ocupaciones dignas, las peligrosas y delitos como la trata es muy delgada. Aunque especialistas, activistas y organizaciones intentan remarcarla, todavía no es lo suficientemente sólida para proteger y garantizar los derechos de infancias y adolescencias.   

¿Niñez trabajadora o violentada?

En México, una de cada diez niñas, niños y adolescentes menores de dieciocho años trabaja, según la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2022, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

Específicamente, 3.7 millones, es decir, 13.1 % de la población de niñas, niños y jóvenes de hasta diecisiete años laboran: 1.8 millones (6.4 %) tienen ocupaciones no permitidas o peligrosas (en el sector de la construcción o el agropecuario, en minas, bares o cantinas); 1.6 millones (5.6 %) realizan quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas; y 318 000 combinan estos dos últimos. 

Estas cifras son superiores a las de 2019, cuando eran 3.3 millones de niñas, niños y jóvenes los que laboraban. La asociación civil Melel Xojobal, que lleva treinta años promoviendo los derechos de niñeces y adolescencias en Chiapas, lo atribuye a la pandemia, que provocó que este sector de la población saliera a trabajar.

El trabajo infantil se suele estigmatizar. Es un fenómeno complejo con muchas aristas, empezando porque la ley mexicana sí permite que niñas, niños y adolescentes trabajen: la Ley Federal del Trabajo (LFT), en sus artículos 22, 22 Bis y 23, así como los que van del 173 al 180, establece las regulaciones y derechos laborales al respecto. 

Por ejemplo, las personas menores de dieciséis años no deben laborar más de seis horas diarias, con reposos de una hora por lo menos; los menores de dieciocho no deben laborar en horas extraordinarias ni los domingos ni días feriados, además de que deben tener como mínimo dieciocho días de vacaciones pagadas. Y su salud debe ser monitoreada por sus patrones mediante certificados médicos.

“El trabajo que puedan realizar las niñas y niños está bien visto en el sentido de que, siempre y cuando se respeten sus derechos, su salud, espacios de juego, se haga dentro del círculo familiar cercano y ellos puedan ir a la escuela, se considera actividad provechosa, incluso para menores de quince años”, indicó María García, responsable de Desarrollo Institucional de Melel Xojobal.

Como ejemplo, pusieron a las niñas y niños que ayudan en las milpas o solares familiares, una situación común en estados al sureste del país; o aquellos que acompañan a sus familiares en los horarios de trabajo y les apoyan con pequeñas tareas, como cuando van a la tiendita de la familia y se ocupan un rato de cobrar o acomodar mercancía. 

La propia ENTI reveló que 31.5 % de la niñez trabajadora lo hace por gusto o solo por ayudar. Y 15.2 % porque quiere aprender un oficio. Incluso, el Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores (MOLACNATs) habla de las aptitudes que adquiere ese sector de la población al trabajar: desde la solidaridad, la participación y la escucha hasta la creación de comunidad, a la par de que desarrollan sus habilidades en matemáticas, comunicación y expresión verbal.  

“Se sienten parte, se sienten útiles, les gusta ‘no dar problemas’. Incluso en algunos casos, tienen la visión de que se ganaron su sueldo y les sirve para comprar dulces, para no preocupar a su madre o padre, no pedir dinero. Tienen un lugar”, indicó Ricardo Bautista, director de Melel Xojobal. Por ello, en dicha asociación prefieren referirse a la niñez trabajadora y no al trabajo infantil; así recalcan que primero son seres humanos y después son parte de la fuerza laboral. 

Pero es necesario no romantizar el trabajo infantil. De acuerdo con la ENTI, 22.7 % de la niñez y juventud de menos de dieciocho años trabaja para solventar sus propios gastos, 12.2 % para pagar deudas, 11.4 % porque en su hogar se necesita de su trabajo y 7 % porque sus familias requieren su aportación económica.

Además, las condiciones no son siempre las mejores, tomando en cuenta que alrededor de 51 % de la población mexicana trabaja de manera informal, es decir, no cuenta con seguro médico ni otras prestaciones, se suele concentrar en espacios públicos, entre otras condiciones no favorables.

Esas son algunas de las cosas que escucha Mejel Xojobal cuando platica con niñeces trabajadoras: que no les gusta estar expuestos en la calle a mojarse, se aburren porque no tienen espacios para jugar. “Eso no les gusta de su trabajo: todas las carencias que existen”, precisó García. 

Tampoco les gusta que les quiten agencia: es frecuente que las personas adultas desestimen sus habilidades o cuestionen sus conocimientos. “En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por ejemplo, nos han dicho que no les creen cuando dan los precios de mercancía y prefieren esperar a que llegue otra persona adulta”, contó la integrante de Melel Xojobal. 

Por otro lado, algo que suele ocurrir es que algunas infancias y adolescencias no se identifican como trabajadoras: consideran que están ayudando a sus familias. Por eso, el primer paso es que se reconozcan como tales, pues finalmente están haciendo labores que cuestan. Esto es importante para que conozcan sus derechos y, por supuesto, dignifiquen su trabajo.

Y es que cuando las niñas, niños o adolescentes trabajan, hay cambios que impactan en su desarrollo, ya que se les brindan responsabilidades en contextos de personas adultas; además, escuchar las conversaciones de estas repercute en su identidad como infancias y juventudes. 

De acuerdo con Xixili Fernández, activista y defensora de derechos de niñas, niños y adolescentes de Yucatán, el porcentaje de deserción escolar en la niñez trabajadora es muy alto, pero las encuestas de Melel Xojobal realizadas en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, apuntan a que 93 % de las niñeces que acompañan labora y estudia. Del porcentaje restante, en muchas ocasiones el abandono escolar se debe a condiciones que limitan su acceso, como que no cuentan con acta de nacimiento o no tienen los recursos suficientes para costear su educación.

Por supuesto, las condiciones de pobreza extrema, falta de recursos y de acceso a servicios básicos son las que suelen encontrarse alrededor de las niñas, niños y adolescentes que trabajan.

De acuerdo con la ENTI, 2.1 millones de niñas, niños y adolescentes se dedican a labores no permitidas, 33 % se dedica al sector agropecuario, 23.2 % a los servicios, 21.5 % al comercio, 12.5 % a la industria manufacturera, extractiva, de electricidad, gas y agua y 7.0 % a la construcción. 

Todo esto pese a que el artículo 176 de la LFT enumera como labores peligrosas o insalubres las nocturnas, las de rescate en siniestros, las que se desarrollen en altura o espacios confinados, en las que se operan equipos de manejo de sustancias químicas peligrosas, las de soldadura y corte, las que les expongan a deshidratación, golpe de calor o hipotermia, las de aserrado, las de pesca y caza, las de las industrias de la construcción, la gasera, cementera, minera, petrolera y nuclear, entre otras. 

Por otro lado, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) clasifica a la esclavitud, la venta y tráfico de niñeces, el trabajo forzoso, la pornografía, el reclutamiento de niñeces o adolescencias para la producción y tráfico de estupefacientes como “las peores formas de trabajo infantil”, a pesar de que esas actividades en realidad no son trabajos: son delitos, como en el caso de Iker, y se deben erradicar de manera urgente. “Pero la mayoría de las veces eso no es en lo que las políticas públicas se enfocan, porque ahí te tienes que meter con redes de grupos criminales”, sostuvo María. 

Las cifras son engañosas, ya que se trata de actividades ilícitas. Sin embargo, el reporte de Incidencia Delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indica que, durante el 2025, se abrieron ocho carpetas por el delito de tráfico de menores y 635 por trata de personas, aunque de este último delito no se especifica en cuántos casos las víctimas fueron niñas, niños o adolescentes. Pero, el Reporte Anual contra la trata de personas del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México indicó que entre enero de 2024 y junio de 2025 se recibieron 5 170 reportes en la Línea Nacional contra la Trata (LNCTP). 

Racismo, clasismo y omisiones del Estado

Las y los especialistas entrevistados para este reportaje coincidieron en no romantizar el trabajo infantil, pero tampoco criminalizarlo con argumentos que aducen el derecho a la supervivencia, a la participación y al interés superior de las niñeces. Sobre todo, porque alrededor de la estigmatización del trabajo infantil también hay racismo y clasismo. En algunos pueblos originarios es habitual que las hijas e hijos trabajen en sus contextos comunitarios y familiares, lo que probablemente sea mal visto desde otros ámbitos, indicó Fernández.

“Me han preguntado si está prohibido que niños o adolescentes vayan a la milpa. Y bueno, eso es algo que se debe mantener, la transmisión cultural de los saberes, que vayan con el abuelito el sábado y el domingo y aprendan todo. Pero una cosa es eso y otra que el niño tenga que ir a la milpa a las cuatro de la mañana, para después ir a la escuela a las siete de la mañana”, apuntó la activista.

Además, al criminalizar esas actividades pareciera que se responsabiliza a las niñeces y adolescencias por tener que trabajar, cuando en realidad es responsabilidad del Estado brindar las condiciones necesarias para que puedan realizar actividades propias de su edad y no preocuparse por ser el sostén económico.

“El Estado no ha garantizado el ejercicio de los derechos de todas las personas y eso hace que las familias tengan que trabajar. Tampoco garantiza el derecho de cuidado ni del trabajo digno para los papás ni para la comunidad. Por ejemplo, hay estancias que manejan horarios que no son compatibles con las jornadas de los papás, y no les queda más que llevárselos al trabajo para no dejarlos solos en la casa, donde también hay riesgos”, apuntó García. 

Las políticas públicas al respecto son insuficientes. En la opinión de Bautista, si bien hay bajos presupuestos destinados a programas para la niñez y las juventudes, falta coordinación entre las instituciones que se supone que trabajan para su protección. Por ello, son vacíos los discursos para erradicar el trabajo infantil si no se plantean estrategias reales para crear alternativas a las problemáticas que lo ocasionan.

Para Melel Xojobal, la prioridad es que el Estado ataque las causas principales del trabajo infantil. Es la pobreza la causa número uno, asociada con la falta de oportunidades laborales dignas para las familias, de acuerdo con Fernández. También se ha detectado que, cuando la jefatura de la familia tiene menor nivel educativo o una discapacidad, hay más probabilidades de que haya trabajo infantil. Es la falta de protección y seguridad social lo que marca la presencia de trabajo infantil.

Por otro lado, se debe acompañar a la niñez trabajadora para garantizar su permanencia escolar y, a la par, fortalecer la educación pública gratuita y de calidad. Aunque existen instituciones como el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en México (CITI), lo cierto es que no suelen contar con todos los recursos económicos ni los procesos de capacitación necesarios para operar al 100 %.

Lo ideal sería que, además de sistemas de sanción, se implementen programas de acompañamiento para las infancias, más allá de prohibirles el trabajo, pues esto último no garantizaría el cumplimiento de sus derechos. Es importante escuchar lo que ellos tienen que decir respecto a sus labores y sus derechos.

En pocas palabras, justicia social y fiscal, según Fernández: “Que cada persona pueda tener acceso a un trabajo decente, con seguridad y protección social. Abrir el diálogo en el aspecto cultural y fortalecer un sistema de cuidados. Tiene que haber una justicia social, una fiscalidad más redistributiva en este país, para reducir la desigualdad”, sostuvo.

Finalmente, sí es urgente que se erradiquen los delitos relacionados con el trabajo infantil, que las autoridades investiguen los miles de casos reportados y sancionen a las personas responsables de cometer esos ilícitos contra niñas y niños como Iker. El primer paso en el cual la ciudadanía puede colaborar es reportando al 911 cuando sospeche de algún caso, aunque eso tampoco garantiza que el Estado se responsabilice.

Hasta 2024, el cuerpo de Iker seguía sin ser reclamado. La persona detenida en el operativo realizado por la SSP fue entregada a las autoridades de Chiapas. De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), las y los veinte menores resguardados tras el operativo que impulsó la muerte de Iker fueron trasladados a un albergue, donde permanecerían mientras se determinaba su situación jurídica. La comisión no ha hecho pública más información respecto al destino de estos niños y niñas.