El maíz es el núcleo de los pueblos que lo siembran, es la base de la alimentación en México. Sobre él se cimentan las relaciones de las comunidades dentro del país. Por eso la defensa del maíz es tan importante, no se trata solo de una cosa, está en el centro de una lucha por el territorio, que se ha recrudecido en los últimos veinte años.

Fotografías: Rodrigo Caballero

Michoacán, México.- Hace mucho tiempo que Lagunillas dejó de hacerle honor a su nombre. Nada queda de las decenas de cuerpos de agua que abarrotaban el valle de Huatzanguio y brindaban abundante líquido para el maíz y el ganado en toda esa comarca.

Cuentan los mayores que para 1950, cuando Lagunillas entró oficialmente a la lista de 113 municipios de Michoacán, ya era visible la sobreexplotación de los mantos acuíferos, un fenómeno que provocó la desaparición de las ciénegas convirtiendo a Lagunillas en solo un nombre.

Pero el agua sigue ahí, solamente que debajo de la superficie, por lo que los pobladores dependen de los pozos para el agua para su uso diario y de las lluvias temporales para que crezcan sus milpas, los antiguos agrosistemas que les permiten alimentarse y alimentar a su familia.

La milpa es la piedra angular de la alimentación en México. Es un sistema tradicional de policultivo en una huerta que mezcla más de sesenta especies de plantas medicinales y comestibles entre las que destacan el frijol, el maíz, la calabaza, el quelite y el chile, que han conformado la dieta de los mexicanos por milenios.

El problema es que, en el 2018, la lluvia dejó de caer en Lagunillas durante el verano, cambiaron sus tiempos y ahora los campesinos aseguran que llega muy tarde. Normalmente debería hacer su entrada en mayo y acabarse a mediados de septiembre. Ese era el momento del maíz tierno y las corundas, un tamal tradicional de Michoacán en forma triángulo.

Los campesinos aseguran que les quitaron la lluvia, que ahora caen chispitas en lugar de chubascos y que todo comenzó cuando llegaron los grandes productores de fresa y arándanos, esos a los que llaman con coraje “la agroindustria”.

Ahora durante el mes de septiembre las matas de maíz ya no están “güereando”, como dicen los campesinos, sus hojas no agarran un tono brillante ni los pelos del elote brillan de un color dorado con la luz del solar. Por su pequeño tamaño pareciera que estamos en julio, es decir, el sembradío tiene dos meses de retraso.

“A este tiempo ya es para que hubiera elotes, pero mire como va, la milpa va muy atrasada por lo mismo, porque el agua no la dejan llegar, si siembra uno y no llueve la hormiga se mete y se come el maíz adentro de la tierra, por eso no podemos sembrar”, aseguró José Gutiérrez, campesino habitante de Lagunillas.

Esto significa que los esperados elotes no llegarán sino hasta el mes de octubre, lo que implica el riesgo de que comiencen las heladas. Para entonces será demasiado tarde, las milpas se morirán antes de que puedan rendir frutos y los agricultores tendrán que esperar otro año para poder cosechar.

La Red de Defensa

La Red de Defensa del Maíz surgió en 2002 luego de que sonaran las alarmas por la contaminación del maíz transgénico en la sierra norte de Oaxaca y al sur de Puebla. La alerta vino de los investigadores Ignacio Chapela y David Quist, quienes publicaron un estudio en la revista Nature donde se informó por primera vez sobre la presencia de ADN transgénico en el maíz mexicano. 

Su fundación derivó del Primer Foro Nacional en Defensa del Maíz, en el que participaron más de cuatrocientas personas, entre investigadores, activistas y representantes de organizaciones, comunidades indígenas y campesinas de todo el país. Las primeras conclusiones formaron la base de su lucha: El maíz no es una cosa y defender el maíz es defender a los pueblos que lo siembran.

“No se puede defender el maíz sin defender la milpa. No se puede defender la milpa sin defender el territorio. No se puede defender el territorio sin defender la autonomía. La defensa se volvió integral: tierra, agua, bosque, lengua, cultura, asamblea, sistemas de cargos, economía campesina y soberanía alimentaria están entretejidos”, afirman.

Lo que comenzó con el fenómeno de la modificación genética derivó en un movimiento que integra decenas de comunidades, activistas y pueblos comprometidos con la defensa del territorio Desde 2002 la lucha se ha vuelto más relevante con el avance de la agroindustria, la deforestación, la sequía, los megaproyectos, la urbanización y la violencia.

“Lo que ha pasado es que se ha recrudecido todo. Hay mucha más conciencia y eso es bueno, hay mucha más claridad por parte de los pueblos. Al mismo tiempo, hay mucho más ataque, mucho más embate, mucha más violencia, la violencia está en todos lados”, aseguró Ramón Vera Herrera.

“Siempre pensamos que la violencia está entreverada entre las corporaciones y el crimen organizado y los gobiernos, hay una mezcolanza ahí rara. Pero de algún modo todo eso va creando un clima de despojo y devastación de los pueblos”, subrayó.

Vera Herrera es editor, traductor y narrador, cofundador de la revista Ojarasca y de la revista Biodiversidad, sustento y culturas. Además, participó en el Primer Foro Nacional en Defensa del Maíz y es miembro de la Red desde sus inicios, por lo que ha seguido de cerca la evolución de los conflictos que afectan al maíz.

El Tratado de Libre Comercio TLC, firmado en 1994, que actualmente está en proceso de renegociación (llamado T-MEC: Tratado México, Estados Unidos y Canadá) ha incrementado las amenazas contra los cultivos locales y ancestrales.

“Ahora vemos cómo se abren zonas para una agricultura que además es muy nociva. La agroindustria es un grave problema contra lo que son los núcleos campesinos, porque ellos llegan con sus invernaderos de bayas, de berries que le dicen ahora”, detalló Ramón Vera.

Este modelo es el que se ve en la zona que conforman los municipios de Huiramba, Lagunillas, Pátzcuaro y Morelia, en donde se ha impulsado el monocultivo de las frutillas como el arándano, la zarzamora, la fresa y la frambuesa.

“Llegaron aquí sin dar ninguna información previa de las condiciones en las que venían; inicialmente la gente vio con cierto beneficio que vinieran, aquí lo que se siembra no es para comercializar, entonces pensamos que era bueno que nos trajeran el trabajo”, dijo José Gutiérrez, habitante de Lagunillas.

Una de las empresas que llegaron fue Driscoll´s, que se define como una “empresa familiar” fundada hace más de cien años en los Estados Unidos de América. En su sitio oficial, asegura que sus operaciones en México abarcan los estados de Baja California Norte, Puebla, Tlaxcala, Michoacán y Jalisco, mientras que sus oficinas centrales se ubican en la ciudad de Guadalajara.

Los campesinos dicen que las empresas de la frutilla no trajeron los empleos que habían soñado ni tampoco la prosperidad económica que los gobiernos municipales habían prometido. Por el contrario, se llevaron el agua.

“Lo que les importa es controlar el territorio, a fin de cuentas, porque eso les permite hacer muchas otras manipulaciones”, concluyó el activista e investigador Ramón Vera Herrera.

La pandemia y los cañonazos

En 2020 inició el movimiento. En medio de la pandemia los campesinos rompieron las condiciones del confinamiento ante la amenaza de que ese año volverían a perder la cosecha de maíz. Salieron a las calles a exigirle a las autoridades que sacaran a los freseros de la región.

A través del Movimiento de Campesinos, Amas de Casa, Ejidatarios, Jóvenes y Trabajadores en Defensa del Agua, decenas de personas exigieron que el agua vuelva y que la agroindustria se vaya de los municipios de Lagunillas, Huiramba, Morelia, Pátzcuaro, Tzintzuntzan y Acuitzio.

Los campesinos tuvieron una primera reunión institucional con la Mesa de Seguridad Ambiental, el 8 de julio de 2020. Ahí establecieron tres condiciones que nunca se cumplieron: el cese del uso de los llamados cañones antigranizo, la clausura de pozos de agua clandestinos y el cierre de los invernaderos de frutillas que hay en la región.

Los cañones antigranizo son un dispositivo que usa explosiones con distintos tipos de gas con el objetivo de disipar las nubes que generan el granizo que afecta los cultivos. Sin embargo, su efectividad no está científicamente probada.

No existe consenso científico que permita concluir que el uso de cañones antigranizo tiene un impacto en las nubes que traen la esperada lluvia. De hecho, este método es cuestionado a nivel internacional por su eficacia y hasta el momento no existe evidencia de que funcione contra la lluvia o contra el granizo.

“Ya han pasado los años y ellos no aprenden, el problema sigue, no han dejado los cañones, no han dejado de sacar agua de los pozos y los freseros siguen aquí, expandiéndose. Ya les gustó nuestro territorio y no se van a ir”, aseguró Agustín Gómez del Ejido El Pedregal, en el municipio de Huiramba.

Autoconsumo comunitario

Las familias de la Región Centro no producen el maíz para comercializarlo. Este producto es su principal fuente de subsistencia y la mayoría de lo que se cosecha se queda en casa para autoconsumo. La otra parte se vende entre los mismos vecinos.

“Yo veo varios de por aquí que dicen ‘pues yo no siembro, a mí no me preocupa’, pero no se ponen a pensar que los que sí sembramos somos los que les vendemos a ellos, si no tenemos ni para nosotros cómo les vamos a vender a ellos”, dijo José Gutiérrez, campesino de Lagunillas.

Otro problema de la falta de cosecha son las pérdidas económicas. Una parcela promedio en la región de Lagunillas es de un cuarto de hectárea, es decir, unos 2.000 m², que está en riesgo de perderse completamente dejando sin dinero a sus dueños.

Entre fertilizante, abono, pesticida, semilla y renta de animales para arar la tierra, las familias tienen que invertir entre 15 000 y 20 000 pesos para sembrar maíz y frijol en ese terreno, dinero que se va a la basura si no hay lluvias.

“Si no se da el maíz, si no se da el frijol pues valió pura… porque ya ve que el frijol está carito, pon que ahí en esa tierrita salen unos 10 costales de frijol, de 50 (kilos), a 20 pesos el kilo, son 10 000 pesos que se pierden, más el maíz, más el rastrojo para las vacas”, aseguró el campesino.

La peor parte es que además de perder el dinero invertido y la cosecha, ahora tienen que comprar el maíz, el frijol y el rastrojo en las tiendas, lo que representa un golpe más a su mermada economía.

“Ya nos cansamos, este año apenas vemos que hay agua, pero ya son muchos años antes que no hay agua, no puede haber otro año sin agua, la gente ya está molesta, cansada, no se va a aguantar otro año sin tener su maíz”, dijo José Gutiérrez.

A pesar de las protestas que han realizado desde 2020, las condiciones de la Región Centro son las mismas. Luego de casi nueve años de la presencia de la agroindustria en la zona, las consecuencias las siguen pagando las comunidades campesinas y los pueblos que dependen de la milpa para subsistir.

“No llueve porque los freseros no quieren que llueva. ¿Y qué está haciendo el gobierno?, pues nada, el gobierno nos deja solos. Pues entonces solitos vamos a pelear nuestros derechos”, dijo Ana María Reyes, campesina de Lagunillas.

La señora, cansada de haber perdido una parte de su parcela de maíz, frijol, trigo y habas durante años, es una de los centenares de inconformes que exigen la salida de los freseros y la intervención del gobierno federal.

Sin embargo, no solamente está en contra de los productores de frutos como fresa, zarzamora y arándano, sino también en contra de quienes tienen huertas de aguacate en los cerros que rodean la región. En localidades como Tiripetío, El Pedregal, Atécuaro también existen huertas de aguacate, otro fruto que consume el agua de los campesinos y que contribuye a poner en riesgo la seguridad alimentaria de la región.

“La gente me quiere venir a comprar maíz, lo poquito que tengo, yo les digo que no porque no sabemos cuándo nos quitan el agua y no se nos da nada, pero yo les digo ‘no se apuren tenemos harto aguacate, vamos a hacer tortillitas de aguacate, y en lugar de frijolitos vamos a ponerle arándanos’, si no nos vamos a morir de hambre”, bromeó Ana María Reyes.