Con una amplia asistencia, la Cumbre Binacional por la Paz y la Justicia deja claro que, a pesar de que entre Canadá, Estados Unidos y México existe una larga historia de agravios y despojos, también es la solidaridad y el trabajo colectivo lo que ha permitido hermanar comunidades y organizaciones sociales para hacer frente a las problemáticas comunes.
Fotografías y videos: Heriberto Paredes
Chihuahua, México.- Es doloroso reconocer que el mundo no está en el mejor momento si de organizaciones sociales se habla. Las redes sociales y el individualismo han ganado un importante terreno en el comportamiento de las personas, sin importar su origen y sus preocupaciones. Por ello, reunir bajo un mismo techo –un auditorio escolar en la fronteriza Ciudad Juárez, Chihuahua– a más de doscientas cincuenta personas activistas, representantes de cien organizaciones de México, Estados Unidos y Canadá, es un logro en sí mismo.
El Movimiento por la Paz y la Justicia (MPPJ) y la organización Global Exchange convocaron a la Cumbre Binacional por la Paz y la Justicia. Consiguieron que, según consta en su boletín de cierre, “representantes de comunidades afectadas por megaproyectos, colectivos de personas buscadoras, personas defensoras de derechos humanos, liderazgos indígenas y afrodescendientes, organizaciones migrantes, sobrevivientes de violencia armada, sindicatos y movimientos sociales”, asistieran para que durante dos días se expusieran denuncias que dan cuenta de las distintas luchas que se llevan a cabo en los países referidos.
La cumbre estuvo acompañada por un grupo de treinta y dos personas que conforman el Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento, de liderazgos y especialistas de diez estados de la región trinacional, incluyendo a, por ejemplo, Chris Smalls, fundador del primer sindicato de trabajadores de Amazon, Steven Dozinger, de la estadounidense Red Nacional de Jornaleros, y autoridades del gobierno comunal de Cherán, quienes escucharon y sintetizaron estas denuncias para presentar un balance preliminar antes de emitir su veredicto final en diciembre de este 2026.
Con la presencia de congresistas de Estados Unidos y representantes del Gobierno mexicano, –entre ellos el morenista y coordinador de asesores de la presidencia mexicana, Jesús Ramírez Cuevas–, las personas que integraron el tribunal dieron a conocer su balance respecto a tres líneas fundamentales: el cierre de los centros de detención migratoria de Estados Unidos y México, el respeto a los derechos de libre movilidad, asilo y refugio, y las medidas para terminar con el tráfico de armas en la región y en el continente.
Para el jurado y las personas asistentes a esta cumbre, quedó muy claro que si hay un eje que atraviesa todas las experiencias participantes es el incremento de la violencia por parte de las instituciones estatales de seguridad y del crimen organizado. Además, reconocieron, de igual manera, que la voluntad de cambio compartida por todas las organizaciones participantes es un común denominador que da fortaleza más allá de las fronteras.
En su intervención, Ramírez Cuevas fue interrumpido por miembros de organizaciones locales, quienes señalaron la protección otorgada por el gobierno federal a Francisco Garduño, excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), al momento de incendiarse un centro de detención migratoria ubicado en Ciudad Juárez el 27 de marzo de 2023 y en donde murieron cuarenta personas y otras veintisiete resultaron gravemente heridas. Apelando a su nula honestidad, el funcionario mexicano aseguró que esta persona no está protegida por el Gobierno mexicano y no tiene puesto alguno en el gobierno. “Estamos investigando para dar con los responsables”, aseguró como parte de su guión.
No es necesario ser muy letrado para darse cuenta de que las declaraciones del Gobierno mexicano son falsas, puesto que Garduño, sin haber sido investigado siquiera, ahora es el director de los Centros de Formación para el Trabajo de la Secretaría de Educación Pública mexicana (SEP). A pesar de estar frente a un tribunal de conciencia y de haber escuchado las valoraciones acerca de las denuncias emitidas durante dos días, para el gobierno federal mexicano la impunidad es la carta de presentación.
Diversidad de luchas
“Las mismas armas que empuña un niño en Michoacán o en Guerrero son las armas que usan las infancias en las escuelas de Estados Unidos”, señaló enérgica Kathy Kruger, integrante de la organización Al otro lado. “La política migratoria en México convierte al migrante en objeto de violencia y persecución”, afirmó el defensor de derechos humanos Rodrigo Yedra. Para Gerardo, de la coalición Desarmando El Miedo, “la violencia afecta de manera diferenciada a los distintos sectores de la población”.
Tras escuchar los testimonios de María Herrera, madre de cuatro hijos desaparecidos, de Cristina Bautista, madre del normalista desaparecido Benjamín Bautista, y de Bernabé Abraham, padre del normalista desaparecido Adán Abraham, alguien en el pleno de la cumbre afirmó que, “según una estadística, para 2030 cada familia en México tendrá una persona desaparecida”. La cantidad de denuncias y testimonios fue inmensa.
La cumbre, con esta buena asistencia, representó un reto en términos de cobertura, por lo que las luchas y reflexiones que presentaré a continuación son parte de un mosaico mucho más grande que me fue imposible documentar en su totalidad. Los videos que presento intentan sintetizar lo que las personas hablaron de sus luchas en diferentes territorios. Tal vez con ello podremos ver una muestra significativa de lo que implica el dolor del despojo y la violencia, pero también la semilla de vida que se ha negado a morir y que sostendrá el mundo que queremos construir.
