La comunidad Tzawata-Ila-Chukapi, en la Amazonía ecuatoriana, sufre las tensiones provocadas por las reformas del presidente Daniel Noboa en materia de energía y minería en Ecuador. Sus decisiones se alinean con la estrategia de «aseguramiento de recursos críticos» que emprendió la administración Trump cuando anunció el Project Vault, iniciativa para crear una Reserva Estratégica de Minerales Críticos. Bajo la doctrina del Destino Manifiesto, Trump y sus aliados defienden el expansionismo estadounidense forzando un nuevo orden mundial.

Fotografías: CONFENIAE y Frente Nacional Antiminero (FNA)

Provincia de Napo, Amazonía ecuatoriana.- Un ceibo de quinientos años se eleva en medio del territorio ancestral de Tzawata-Ila-Chukapi y su bosque conformado por los primeros árboles que conocieron a las abuelas y los abuelos de los Kichwas-Ansu. Entre los cedros, caobas y chunchos, el bálsamo y la palma de guayusa, transitan el jaguar, el mono araña, la guanta y la danta. Comen guabas, arazá, uvillas y cacao de monte. Los ríos Ila y Chukapi, seres vivos que se conectan a la cuenca del gran río Napo, corren místicos cargados de peces y riquezas que anhelan los extraños.

Para llegar a la comunidad ancestral de Tzawata, provincia de Napo, hay que ir al cantón Carlos Julio Arosemena Tola. Pero para caminar con su pueblo, los abuelos deben dar permiso, deben ver llegar primero en sueños y las autoridades territoriales deben autorizar el ingreso a tierras colectivas, donde viven unas ciento cincuenta familias.

Durante quince años, la paz de esta comunidad ha sido permanentemente vulnerada, explica el dirigente Kampal Alvarado. La presencia de oro aluvial en los ríos y tierras de la zona ha generado un prolongado conflicto: Los Kichwas-Ansu habitan el territorio ancestral de sus abuelos, pero no tienen los documentos que validen la titularidad de seiscientas veintisiete hectáreas. En mayo de 2023, el juez Cristian Pala, de la Unidad Judicial del Tena, negó a la comunidad Tzawata-Ila-Chukapi, su posesión ancestral.

Sin títulos de propiedad, el Gobierno alega “invasión de propiedad privada” de una concesión de explotación minera otorgada a la empresa canadiense Merendon en 2003, que en 2011 adoptó el nombre de Terraearth Resources S.A. para fines de turismo y extractivismo.

Amenazas e intentos de desalojo han sido permanentes. Al menos la comunidad recuerda dos por el uso de la fuerza pública y el miedo que infundió entre su gente: El primero en 2010, ordenado por el ex Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA), ahora Ministerio de Agricultura y Ganadería, y el de 2021 cuando “Terraearth envió a doscientos hombres armados a desalojarnos” recuerda Kampak Alvarado. En 2023, la Intendencia de Policía solicitó el desalojo al GAD Municipal sin lograr su propósito.

En un nuevo intento, el 15 de enero de 2026, el Ministerio de Gobierno de Ecuador ordenó a la Policía Nacional ejecutar un desalojo «inmediato e irrestricto». El contexto en el cual se produjo el intento de desalojo responde a que el 27 de enero de 2026 el presidente Daniel Noboa enviaría a la Asamblea Nacional dos proyectos de ley con carácter de económico urgente. Uno de ellos fue la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía.

El catastro de la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) ha identificado históricamente bloques mineros en el cantón Carlos Julio Arosemena Tola, donde la empresa Terraearth Resources mantiene concesiones. Informes de la Defensoría del Pueblo del Ecuador y organizaciones internacionales como Cultural Survival detallan que la disputa central de Tzawata-Ila-Chukapi se debe a que su territorio es considerado altamente productivo para la extracción de oro por empresas privadas.

La orden de desalojo contra Tzawata (emitida el 15 de enero de 2026) y la presentación de esta ley (el 27 de enero de 2026) ocurren en un mismo marco temporal de ofensiva estatal para «limpiar» territorios de conflictos sociales antes de que las nuevas reglas de inversión entren en pleno vigor, denuncian colectivos ambientalistas como el Frente Antiminero.

En Ecuador, la expansión de las 5432 concesiones mineras que se superponen con territorios ancestrales pone en grave riesgo de supervivencia a comunidades, denunció la CONAIE y el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL). ¿El caso de Tzawata-Ila-Chukapi es el ejemplo paradigmático de la presión y vulneración de derechos que sufren pueblos y nacionalidades indígenas para el despojo de tierras a concesiones mineras?

Ecuador, socio minero clave para Occidente

Una de las acciones importantes para comprender cómo Ecuador se está alineando a la estrategia de recursos críticos de Trump es la participación en la Reunión Ministerial de Minerales Críticos celebrada en Washington el 4 de febrero de 2026, convocada por el secretario de Estado, Marco Rubio. En esa ocasión, Ecuador formalizó con Estados Unidos una alianza estratégica bilateral de inversión, transferencia tecnológica y cooperación para combatir la minería ilegal.

La delegación ecuatoriana estuvo encabezada por la canciller Gabriela Sommerfeld, quien suscribió el Marco para el Aseguramiento del Suministro en la Minería y el Procesamiento de Minerales Críticos y Tierras Raras. El convenio busca fortalecer las cadenas de suministro de minerales esenciales como el cobre y tierras raras que se encuentran dispersos y cuya extracción es compleja y costosa. ¿Qué suministros son de interés? Litio, cobalto, níquel y cobre, y tierras raras (grupo de diecisiete elementos metálicos esenciales) para la defensa, la inteligencia artificial y la industria aeroespacial.

Ecuador no consta como un país que registre reservas probadas de tierras raras, según el análisis de reportes entre 2024 y 2025 levantados por diversas fuentes con origen en Estados Unidos, entre ellas, Center for Strategic and International Studies (CSIS), United States Geological Survey (USGS), Department of Energy (DOE), Inter-American Development Bank (IDB). Esos informes señalan a América Latina como clave por contener el 60 % de litio global en el Triángulo del Litio de Argentina, Bolivia y Chile; y el 40 % de cobre en Chile y Perú.

Sin embargo, las declaraciones de Caleb Orr, secretario de Estado adjunto para Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales, anunciaron algo totalmente diferente: Ecuador tiene reservas importantes y de gran calidad de minerales críticos en la franja andina que se extiende hasta Perú.

La prensa local subrayó que el acuerdo bilateral entre Ecuador y Estados Unidos facilita la llegada de capitales para proyectos de gran escala, alineándose con las reformas de urgencia económica enviadas por Noboa a la Asamblea Nacional para potenciar sectores estratégicos. Pero ¿cuáles son los yacimientos probados de minerales y tierras raras en Ecuador? ¿Dónde están? ¿Se han hecho públicos?

La Cámara de Minería del Ecuador (CME) lanzó un dato clave: menos del 1 % del territorio ha sido explorado en lo que se refiere a minerales estratégicos. Dio el respaldo a la política presidencial para que el país se posicione “como una fuente confiable y responsable para el abastecimiento de minerales críticos». Y vislumbra que “el país puede consolidarse como un enclave estratégico para el suministro mineral para el hemisferio, contribuyendo a la estabilidad de las cadenas de valor internacionales”.

El patrón de transferencias a empresas chinas

Los reportes sobre minerales críticos y tierras raras con origen en Estados Unidos, revisados para esta investigación, recomiendan contrarrestar la influencia de China en Ecuador durante la última década (particularmente en materia de petróleo), restringir su avance en la minería y competir por el control de los puertos y la red eléctrica.

Existe evidencia sólida de un patrón repetido en el sector minero ecuatoriano. Consiste en que empresas occidentales (canadienses y australianas) que lideran fases iniciales de exploración terminan vendiendo o cediendo control a empresas asiáticas, principalmente chinas, cuando se avanza hacia etapas de mayor capitalización (etapa de construcción y explotación), en paralelo con conflictos sociales y presiones regulatorias. Ejemplos son:

• Proyecto Mirador (Cobre). El desarrollo inicial fue liderado por estudios técnicos de la canadiense Corriente Resources Inc. La concesión y la producción quedaron luego en manos de Ecuacorriente S.A. −subsidiaria de conglomerados chinos como CRCC-Tongguan Investment Co. Ltd.  La mina estuvo operativa entre 2019 y 2022 bajo capital chino.
• Proyecto San Carlos Panantza (Cobre). Fue desarrollado inicialmente por la canadiense Corriente Resources. Pasó a manos de Explorcobres S.A. (EXSA), que es la filial local del consorcio chino CRCC-Tongguan.
• Proyecto Río Blanco (Oro y Plata). La multinacional Rio Tinto y luego la canadiense IMC iniciaron la exploración en Azuay. En 2013, la empresa china Junefield Mineral Resources adquirió el proyecto a la canadiense International Minerals Corp (IMC).
• Proyecto Curipamba-El Domo (Cobre, zinc, oro y plata). Estuvo inicialmente en manos de la canadiense Adventus Mining. En 2024, la empresa Silvercorp Metals Inc. (empresa canadiense, pero con sus principales operaciones y fuertes vínculos de capital en China) anunció la adquisición de Adventus. 
• Proyecto Cascabel (Oro y cobre). Se encuentra en etapa de exploración avanzada. La empresa minera australiana/canadiense SolGold ha experimentado participación directa o indirecta de capital chino. En diciembre de 2025, la estatal china Jiangxi Copper oficializó la compra de SolGold por una suma de 1170 millones de dólares. 
• Proyecto Cangrejos (Oro). Considerado el mayor yacimiento de oro primario de Ecuador, completó su transición de capitales canadienses a manos chinas durante el año 2025. La operación se estructuró a través de la adquisición total de la empresa canadiense Lumina Gold Corp por parte del gigante asiático CMOC Group Limited. En 2024, Lumina inició el estudio de factibilidad, avanzó en la exploración a través de su filial Odin Mining Ecuador. En abril de 2025, CMOC Group acuerda adquirir todas las acciones de Lumina Gold por aproximadamente 421 millones de dólares.  El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se reúne en Beijing con el presidente de CMOC, Liu Jianfeng.

¿Qué condiciones facilitan las transferencias de concesiones? El mecanismo de transferencia de concesiones en Ecuador funciona bajo la figura legal de Cesión y Transferencia de Derechos Mineros, regulada por la Ley de Minería que en el artículo 125 permite que una concesionaria (originalmente una empresa exploradora) transfiera la totalidad o una parte de sus derechos a otra entidad (frecuentemente consorcios chinos o grandes operadoras).

Para que el traspaso sea válido, debe contar con la autorización del Ministerio de Energía y Minas. Sin este visto bueno, la transferencia es nula. Una vez autorizada, la cesión debe elevarse a escritura pública e inscribirse en el Registro Minero a cargo de la Agencia de Regulación y Control.

En este modelo de negocio, las empresas que obtienen originalmente la concesión asumen el alto riesgo de la exploración inicial. Una vez que el yacimiento es probado y viable, venden la concesión a empresas con mayor músculo financiero, como los consorcios chinos. Aquí cabe señalar que 99 % de las exportaciones de minerales de oro de Ecuador se destinaron a China en 2019, según datos de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El catastro minero nacional ha permanecido mayormente cerrado desde 2018, aunque se inició una apertura progresiva en julio de 2025 limitada a la pequeña minería no metálica. El Gobierno de Ecuador tiene prevista la actualización del Catastro Minero en el primer trimestre de 2026. ¿Facilitará la venta posterior a socios estratégicos del hemisferio alineados a la doctrina Donroe para frenar el expansionismo de China?

El sacrificio de la biodiversidad

La invitación de Donald Trump a Daniel Noboa para la cumbre en Miami, el 7 de marzo de 2026, a la cual asisten además otros aliados como Javier Milei, Nayib Bukele, Santiago Peña, Rodrigo Paz y Nasry Asfura, representa la consolidación de Ecuador como un aliado estratégico fundamental dentro del nuevo orden geopolítico del hemisferio occidental. Este acontecimiento marca una alineación profunda de Noboa con la doctrina Donroe (oficialmente denominada el corolario Trump a la doctrina Monroe) que busca reafirmar la primacía de Estados Unidos en la región y expulsar la influencia de potencias externas, especialmente China.

Aunque el Gobierno y la Cámara de Minería resaltan los beneficios macroeconómicos, los informes de escenarios sociales y ambientales plantean el incremento de conflictos sociales y la pérdida de la biodiversidad. En ese modelo extractivista, “la riqueza fluye hacia el exterior y los costos ambientales (externalidades) se quedan de forma permanente en las comunidades locales” mientras el Ecuador contribuye a la «estabilidad de las cadenas internacionales».

Informes de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos y el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) sugieren que consolidar este enclave requiere una «militarización del territorio» o lo que la doctrina Donroe denomina “paz por la fuerza”. En ese marco de operación, se predice un aumento en la criminalización de líderes indígenas (como ocurre en Tzawata) y la fractura del tejido comunitario por la llegada de trabajadores externos.

Estudios de Ecociencia y la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) han modelado el impacto de la minería en el piedemonte amazónico. La apertura de vías que representa la deforestación de cientos de hectáreas de bosques para explorar ese «99 % no tocado» fragmentará corredores biológicos vitales.

Jorge Villa, investigador de la Fundación EcoCiencia, alerta sobre la crisis severa que la Amazonía enfrenta por deforestación y degradación, impulsada por la expansión petrolera, minería y la frontera agrícola.

Una nueva fiebre del oro

El Frente Nacional Antiminero (FNA) en Ecuador denuncia que el caso de la comunidad Tzawata no es un conflicto aislado, sino la ejecución táctica de un plan para consolidar la frontera minera en la Amazonía. “Es un momento de una nueva fiebre del oro”, explica en entrevista Luis Jacobo Corral, vocero del FNA. Con fecha del 16 de febrero, el oro se cotiza en niveles históricamente altos, rondando los 4990 – 5020 dólares por onza troy en los mercados internacionales.

−¿Es un caso paradigmático el de la comunidad Kichwa Tzawata-Ila-Chukapi para comprender la política extractiva del Gobierno de Noboa en Ecuador? 

−Sí, la comunidad Kichwa Tzawata-Ila-Chukapi se ha convertido en el símbolo de la resistencia indígena frente al avance minero que utiliza la fuerza pública y un ardid legal para despojarlos de seiscientas veintisiete hectáreas de selva. Tras más de quince años de lucha, la comunidad enfrenta hoy una de sus mayores amenazas: una orden de desalojo reactivada en enero de 2026, enmarcada en una agresiva política estatal para acelerar la explotación de minerales críticos.

−Recientemente, el Gobierno suspendió actividades mineras en Napo alegando contaminación. Sin embargo, comunidades como Tzawata denuncian que estas suspensiones se usan para «limpiar» el catastro de minería ilegal y pequeña minería, dejando el campo libre para las grandes concesiones vinculadas a los acuerdos internacionales de minerales estratégicos. ¿Cuál es su lectura?

−Hay una serie de incoherencias porque mientras el gobierno argumenta la protección de la cuenca del Napo entrega licencias ambientales para explotación a proyectos como La Plata en Cotopaxi, o anuncia el próximo inicio de Cangrejos en El Oro, sin los procedimientos constitucionales mínimamente requeridos. Envía proyectos de ley para facilitar la gran minería, y al mismo tiempo, anuncia desalojo a comunidades como Tzawata. Más grave aún, el gobierno busca criminalizar todo proceso de resistencia y vincular a las comunidad con “minería ilegal” o mafias para justificar la intervención de la fuerza pública, y la militarización de los territorios ancestrales como Tzawata en el marco de la “guerra interna”.

−De continuar el avance de la política minera de Noboa, ¿cuál es el escenario que le espera a la Amazonía ecuatoriana?

−El río Napo ya es víctima de una «zona de sacrificio». Los ríos Ansu y Jatunyacu sufren niveles tóxicos de mercurio y cianuro que afectan a las poblaciones. El escenario esperado es la pérdida total de la biodiversidad acuática En la provincia de Zamora Chinchipe, la minería a gran escala de los proyectos Mirador y Fruta del Norte ponen en peligro las cabeceras de la cuenca que alimenta la red fluvial del sistema Zamora-Santiago. En la provincia de Zamora Chinchipe, y Morona Santiago, la expansión minera podría comprometer el 90% de las fuentes de agua dulce y dejaría de ser el “pulmón hídrico” de la región para convertirse en un territorio de agua no apta para la vida. Traería el desplazamiento masivo y forzado de comunidades indígenas. En la sierra también son casos de preocupación la potencial afectación a Intag en Imbabura, Kimsakocha en Azuay, Fiero Urco en Loja y El Oro; Cerro el Mozo y el Valle de Shincata entre Azuay, Morona SAntiago y Zamora Chinchipe. Para Ecuador, la Ley Minera de Noboa representa el sometimiento del subsuelo ecuatoriano a intereses de empresas extranjeras. 

El FNA respalda las resoluciones de la comunidad Tzawata de mantenerse en resistencia permanente, articulándose con la CONAIE y la FOIN para impedir que la empresa Terraturismo S.A. tome posesión del territorio.

Tzawata es la prueba de fuego: si el Estado logra desalojar a una comunidad con amparo constitucional, sentará el precedente para que cualquier territorio en la ruta de los «minerales críticos» sea intervenido bajo el mismo esquema legal en la ruta de los «minerales críticos» sea intervenido bajo el mismo esquema legal.

Saneamiento territorial para el catastro

El Gobierno de Daniel Noboa suspendió todas las actividades mineras en la provincia de Napo el 2 de febrero de 2026. Esta medida, anunciada por la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, para detener los niveles críticos de contaminación por metales pesados (cobre, plomo, arsénico y cianuro) en los ríos de la zona tiene otra lectura en el marco de la estrategia mineral global:

La suspensión en Napo busca «limpiar» el territorio de irregularidades y minería ilegal antes de otorgar nuevas concesiones bajo el nuevo reglamento modificado en enero de 2026, el cual facilita la llegada de inversión extranjera mediante la transferencia de concesiones.

La imagen de «minería responsable» y control estatal firme, para atraer a los cincuenta y cuatro países interesados en la cadena de suministro de minerales críticos, se presenta como confiable frente a las críticas previas de nula capacidad operativa para detener el avance de la minería ilegal en la provincia de Napo y otras regiones.

Adicionalmente, en diciembre de 2025, mediante el Decreto 273, el Gobierno de Daniel Noboa reformó el reglamento minero para presionar a las empresas a operar bajo amenaza de extinguir sus concesiones. Esto obliga a las compañías a ejecutar desalojos rápidos en otras comunidades: Tzawata-Ila-Chukapi; Nankints y Tundayme del pueblo Shuar (proyecto Mirador y Panantza-San Carlos); Sinangoe del Pueblo A’i Cofán que logró un hito legal al revertir cincuenta y dos concesiones mineras en la cabecera del río Aguarico en la provincia de Sucumbíos; Tzawata del pueblo Kichwa Naporuna; Pactocucho o áreas cercanas a proyectos como Loma Larga y Cascabel en la sierra, provincias de Imbabura y Azuay.

Ante la evidencia de que la minería ilegal en Napo genera entre 8 y 11 millones de dólares diarios para estructuras criminales, según reportó CONNECTAS en la investigación titulada «Napo, donde la minería legal y la ilegal se funden como el oro», la suspensión total se utiliza como una herramienta de seguridad nacional.

Informes del colectivo Geografía Crítica y Ecociencia han documentado el avance de la minería de oro aluvial en la provincia de Napo, señalando que los sedimentos de los ríos de la zona (incluyendo el sistema hídrico del que forman parte el Ila y el Chukapi) contienen partículas de oro que son explotadas tanto de forma legal como ilegal.

En el caso de la comunidad Kichwa Tzawata-Ila-Chukapi hay una traba legal que ahora mismo  se enmarca en una estrategia de «limpieza» de obstáculos legales para atraer inversión: cuenta con personería jurídica reconocida por la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades (antes CODENPE) que le reconoce derechos colectivos constitucionales como pueblo ancestral. Sin embargo, la empresa TerraTurismo S.A. que actúa como fachada para intereses de la minera Terraearth Resources, posee títulos sobre las 70 hectáreas en disputa, adjudicados originalmente por el Estado (vía IERAC/MAGAP) hace décadas, ignorando la ocupación histórica indígena.

En procesos judiciales previos (como la acción de protección de 2010), se determinó que el desalojo era inviable debido a que la comunidad es posesionaria ancestral, lo que choca con la simple tenencia de un título de propiedad civil, explica Pepe Moreno, representante de la organización civil, Napo Resiste. Una nueva alerta de desalojo hace comprender que la amenaza es latente y por esta razón, Tzawata es un ejemplo claro de la resistencia de los pueblos. 

Entre los impactos ambientales de la actividad minera por “agentes mineros externos” que constan en denuncias están la deforestación absoluta del lugar minado, la contaminación del agua, la remoción de suelo y rocas, y la producción de desechos sobre el suelo y hacia los ríos. Los mineros hacen uso recurrente de maquinaria pesada, como retroexcavadoras, bulldozer, zarandas y dragas que se ubican a las orillas de los ríos.

Minerales críticos, decisiones críticas

Lo que ocurre en Tzawata-Ila-Chukapi no es un episodio aislado ni un simple conflicto legal. Es la expresión local de un reordenamiento global donde los territorios biodiversos, especialmente la Amazonía ecuatoriana, pasan a ser piezas estratégicas en la disputa por minerales críticos. Bajo el discurso del desarrollo, la inversión y la seguridad, se normaliza un modelo que desplaza comunidades, tensiona el tejido social y traslada los costos ambientales hacia quienes menos se benefician de la extracción.

El debate de fondo no es únicamente minero o económico. Es un debate sobre el tipo de país que Ecuador quiere ser: uno que sacrifica ecosistemas irremplazables y soberanía territorial en nombre de mercados externos, o uno que coloca la vida, el agua y los derechos colectivos como límites innegociables. La historia reciente de conflictos, entrega de concesiones y expansión extractiva demuestra que las decisiones adoptadas hoy tendrán impactos que perdurarán por generaciones.

La ciudadanía no es un actor pasivo en este proceso. Informarse, exigir transparencia sobre los acuerdos internacionales, vigilar las reformas legales y participar activamente en el debate público es una responsabilidad democrática. La Amazonía no es solo un espacio geográfico ni un reservorio de recursos: es un sistema vital para la estabilidad climática, hídrica y cultural del país. Su destino no puede resolverse en silencio.