La defensa del medioambiente va de la mano con la defensa de la vida, de la seguridad, del territorio y de la libre determinación de los pueblos. Las y los activistas que están al frente de esta lucha consideran que es un concepto rebasado por la complejidad de problemas a los que se enfrentan diariamente para tratar de conservarlo.

Fotografías: Rodrigo Caballero

Michoacán, México.- No se puede defender lo que no se conoce y el profesor Antonio Díaz Valencia conocía la Sierra-Costa de Michoacán como la palma de su mano. Nació en 1952 en la ranchería de El Rincón, incrustada en medio de la serranía, y desde niño caminó a lo largo y ancho del territorio.

Un día llegó a la cabecera municipal de Aquila y nunca más se fue, tenía seis años. Lo habían mandado junto a su hermano mayor para que se inscribiera en la primaria del municipio, pero no solamente se inscribió, además recibió una beca que mantuvo por el resto de sus estudios hasta que se graduó como maestro de educación básica.

Cuando fue momento de ir a la secundaria, Antonio Díaz se tuvo que ir de Aquila hacia el municipio de Coalcomán.  No le gustaba quedarse allá y cada quince días regresaba caminando por el Camino Real de la sierra cruzando desde las zonas boscosas llenas de pinos hasta la parte baja, casi llegando a la playa.

“Cuando me contaba eso me volaba la cabeza, yo pensaba ‘de verdad cuánto amas a tu pueblo’, porque siendo yo un niño de doce años me subía a una combi, mientras él se aventaba caminando por el Camino Real, setenta y dos kilómetros solo para llegar a Aquila”, recordó su hijo, Keyvan Díaz Valencia.

Por eso a Keyvan no le sorprende que su padre siempre estuviera disponible para cualquier persona que tuviera un problema en su tierra. El joven de veintinueve años recuerda que era más fácil que Antonio le respondiera el teléfono a un extraño que a él o a su hermana, si se daba cuenta de que el número provenía de Aquila.

“Siempre nos dijo que debíamos tener una deuda social con nuestro pueblo, él se tomaba muy en serio esa idea de tener una deuda con quienes lo apoyaron desde que era chico y a nosotros nos inculcó la misma idea de aportar algo a nuestra comunidad”, aseguró.

El día que Antonio dejó de contestar el teléfono a quienes lo llamaban desde Aquila, Keyvan se dio cuenta de que algo no estaba bien, era la primera vez que el profesor de setenta y un años hacía algo por el estilo y era una señal de lo que estaba por venir.

La hidra de mil cabezas

Desde las oficinas en las que se trata de categorizar la lucha de las comunidades y los colectivos para defender el medioambiente, es difícil distinguir la magnitud de lo que implica esa lucha. Cruza desde la defensa del territorio hasta la exigencia de las condiciones de seguridad necesarias para poder mantenerla viva.

En medio de un complejo escenario en el que se mezclan los intereses de las transnacionales, las pugnas políticas y la presencia constante del crimen organizado, todos tras el botín de los recursos naturales, activistas como Claudia Ignacio Álvarez, de la Red Solidaria de Derechos Humanos en Michoacán, aseguran que las categorías actuales de la defensa quedan rebasadas.

“Las palabras no están alcanzando para describir lo que ocurre en la realidad, conceptualizar es un problema que pasa por categorías que tenemos preestablecidas, pero en el terreno vemos que quedan rebasadas. Tal vez es momento de repensar estas problemáticas para mejorar los esfuerzos desde las organizaciones y desde las comunidades”, explica la activista.

Por ejemplo, está el caso de Cherán. La madrugada del 15 de abril de 2011, esta población indígena purépecha de unos veinte mil habitantes se levantó en contra de los talamontes que devastaban el bosque de la comunidad y tenían amenazada a la población.

Aunque su lucha inició como respuesta a la tala ilegal de su bosque, de inmediato descubrió que quienes se llevaban sus árboles también tenían alianzas específicas con cacicazgos políticos, miembros de la delincuencia organizada y grupos empresariales que buscaban explotar los recursos del municipio.

Lo que comenzó como defensa ambiental rápidamente se convirtió en una lucha por la seguridad cuando los criminales intentaron recuperar el territorio a la fuerza. Derivó en un conflicto armado que se extendió por meses en los que los pobladores se atrincheraron en la zona central de la cabecera municipal.

Con el paso del tiempo, el movimiento armado y ambiental ascendió al terreno político. Luego de llevar su caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los cheranenses eliminaron al gobierno municipal y desterraron a los partidos políticos, creando un sistema de gobierno comunal representado por un concejo mayor y ocho concejos operativos elegidos de forma tradicional.

Cada una de las capas del conflicto de Cherán entre 2011 y 2015 ayudó a entender que la defensa ambiental no está aislada de otros fenómenos que ocurren en la región. Destaca la necesidad de atender problemas de manera general y de fondo, sin minimizarlos como hechos aislados que se limitan a una categoría específica.

Este panorama puso en evidencia que el medioambiente es tan complejo como los ecosistemas que lo componen y que los enemigos son una hidra de mil cabezas. Sus intereses económicos acechan en búsqueda de recursos naturales, poder político y control territorial para el desarrollo de actividades delictivas, detalló la activista.

“Hay una necesidad de transitar a nuevos conceptos, nuevas conceptualizaciones que nos permitan ver la defensa del medio ambiente como defensa de la vida y del territorio, con todas las complejidades que esto implica”, aseguró Claudia Ignacio.

“Lo mismo ha pasado con el tema de ser defensora de derechos humanos o activista medioambiental. Ese tipo de distinciones no nos han ayudado a generar la responsabilidad del Estado para garantizar nuestro derecho a defender derechos”, señaló.

De acuerdo con Claudia Ignacio, la distinción entre temas de seguridad, temas ambientales, de territorio, de autodeterminación y de defensa de derechos humanos proviene de una necesidad de compartimentar en categorías fáciles de distinguir (al menos en teoría) a fin de resolver y acompañar problemáticas específicas.

El marco legal sobre el que trabaja el Estado y el marco teórico en el que se basan las organizaciones y colectivos crearon un montón de etiquetas para los problemas que dividen los esfuerzos al aprobar apoyos: proyectos de política pública, becas y presupuesto, consideró.

Sin embargo, en el terreno de los hechos, la línea que divide el medioambiente de la seguridad y del territorio desaparece. Además, impide hacer un análisis más amplio del contexto en el que se desarrollan las problemáticas y, sobre todo, de los actores que participan en la defensa de la vida y quienes actúan a favor de intereses económicos.

Armando Gerónimo, Rafael García, Jesús Hernández y Tirso Madrigal son comuneros de Cherán que fueron desaparecidos en 2011 por oponerse a la tala ilegal. Sin embargo, los familiares acusan a miembros del cártel de los Caballeros Templarios, así como mandos de la extinta policía y al gobierno municipal por dar los detalles de las actividades del Consejo de Bienes Comunales a las que los communeros acudieron cuando se cometieron los crímenes.

“Se configura una red de actores que amenazan el territorio, con distintos intereses −todos económicos, por supuesto, y de poder− y ahí no hay paralelismos. Son los mismos actores políticos, empresariales y criminales los que sostienen estas dinámicas de explotación, de extractivismo y de inseguridad que atentan contra las comunidades”, destacó Claudia Ignacio.

El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, quien se encuentra prófugo de la justicia por los delitos de enriquecimiento ilícito y desvío de recursos públicos, fue uno de los que apoyó acérrimamente al sector empresarial que promovió la expansión de monocultivos como aguacate y frutos rojos. Esta agroindustria amplió la crisis climática, por el cambio de uso de suelo, y la sequía en diversas zonas del estado, por el uso excesivo de agua.

Mientras ejercía su cargo en el gobierno de Michoacán fue señalado por episodios de represión contra comunidades indígenas como Arantepacua y Caltzontzin, que fueron ocupadas por fuerzas estatales y federales provocando cuatro muertos y decenas de heridos. También se le acusa por oponerse a la creación de gobiernos autónomos independientes de partidos políticos y con su propio presupuesto en decenas de localidades.

Silvano Aureoles estuvo involucrado en todo tipo de violaciones de derechos, desde lo ambiental a lo político pasando por la crisis de seguridad y derechos humanos. Ahora la Fiscalía del Estado lo señala como aliado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que habría ayudado a su fuga.

De acuerdo con la activista, bajo la dinámica actual, los problemas de medioambiente, los de seguridad, los de territorio y los de derechos humanos están aislados. Personajes como Silvano Aureoles no se toman en cuenta adecuadamente, simplemente se relegan a notas al pie de página en lugar de verlos como actores clave del conflicto.

“La crisis climática y la crisis de seguridad que vivimos en la actualidad nos llama a replantear los marcos temáticos que por mucho tiempo nos guiaron y que mantuvieron muchos esfuerzos aislados en líneas paralelas, cuando en realidad siempre tenían una lógica de defender el derecho a la vida en todos sus aspectos”, aseguró Claudia Ignacio.

La mina Ternium

Desde 2019, el profesor Antonio había hecho mancuerna con el abogado Ricardo Lagunes Gasca. Llevaron el caso de la comunidad de San Miguel de Aquila, el grupo de comuneros nahuas que negoció la entrada de la minera Ternium al municipio desde 1980 y el pago de regalías, a cambio de la explotación del proyecto minero Las Encinas conformado por las minas Aquila, Palomas y El Encino.

Como experto en temas agrarios, Ricardo Lagunes ayudó en el proceso legal que estaba trabado en tribunales para la elección del nuevo presidente del comisariado, una posición clave para la exigencia del pago justo de regalías. El cargo estaba en contienda entre los grupos conocidos como “mayoritario” y “minoritario”. Por esto, había una disputa legal ante el Tribunal Unitario Agrario 38, con sede en la ciudad de Colima.

San Miguel de Aquila tiene una representación de casi quinientos comuneros indígenas. Una cantidad considerable de estos integra el grupo mayoritario, del cual Antonio era uno de los favoritos para convertirse en presidente del comisariado.

Antonio y Ricardo habían llevado la representación legal hasta que lograron que el tribunal convocara a un nuevo proceso de elección. Antonio se podía entonces presentar, lo que desató una serie de amenazas en su contra.

“Un día que regresaron de Colima, encontraron una corona de flores colocada en Aquila. En varias ocasiones habían recibido amenazas de muerte telefónicas y, en una asamblea, mi papá denunció que lo amenazaron, a él y a otras cuatro personas, con meterlos a la cárcel por delitos federales si seguían presionando”, aseguró su hijo, Keyvan Díaz Valencia.

Por eso, cuando Antonio dejó de contestar el teléfono era obvio que algo estaba pasando. Entre agosto y septiembre de 2022 había recibido amenazas más directas y cada vez era más difícil transitar por la sierra por la que había caminado desde que era niño.

“Mi papá de verdad ama a su pueblo y esa lucha que hizo siempre fue por la gente, que es algo que luego se nos olvida. La gente que vive en Aquila tiene derecho a vivir sin miedo, a salir a la calle, a disfrutar de su familia. Ese es el trasfondo de lo que mi papá siempre quiso, por eso se lo llevaron”, dijo Keyvan.

“Eso es algo que me gustaría subrayar, que más allá de la mina o de los recursos naturales, que son muchos en la zona, se nos olvida que ahí vive la gente y tiene derecho a vivir sin miedo, Aquila vale la pena porque su gente vale la pena, eso mi papá me lo dejó muy claro”.

El domingo 15 de enero de 2023 hubo una asamblea donde Antonio y Ricardo le anunciaron a la comunidad que la espera había terminado. Por fin se llevarían a cabo las elecciones del presidente del comisariado y una vez que se renovara la mesa directiva volverían a exigir el pago justo de las regalías y el cumplimiento de los acuerdos con la minera Ternium.

Al terminar la asamblea, la mancuerna del profesor y el abogado salieron de Aquila rumbo a Colima. No los han vuelto a ver desde entonces, la camioneta en la que viajaban apareció junto a la carretera a la altura de la localidad de Cerro de Ortega con las llantas ponchadas a balazos.