Con un grito unánime de soberanía, el movimiento indígena originario de Bolivia activa una resistencia viva y fortalecida contra las políticas neoliberales de su nuevo Gobierno, decidido a frenar el saqueo de sus recursos naturales y defender la dignidad de su pueblo tras más de 500 años de opresión colonial. Más allá del combustible o el pan, Bolivia vive el despertar de una memoria ancestral que se rebela ante el hambre y rechaza el tutelaje imperial.

Fotografías: Carlos Pérez, Richard Vargas de Radio Kawsachun Coca (RKC)

Caracas, Venezuela. – En la madrugada de este 20 de junio, Bolivia amaneció bajo un doble impacto político: primero, el dirigente Mario Argollo selló un pacto con el Gobierno y ordenó levantar los bloqueos sin consulta previa con las bases; minutos después, el presidente Rodrigo Paz anunció en conferencia de prensa la declaración del estado de excepción en todo el territorio nacional. Esta medida drástica somete al país a un régimen restrictivo por un lapso de noventa días y centraliza poderes extraordinarios en el Órgano Ejecutivo.

Durante su intervención, el mandatario justificó la determinación declarando textualmente: “Hemos tomado la decisión de declarar el estado de excepción en todo el territorio nacional. Quiero que los bolivianos comprendan algo fundamental: esto no es un estado de excepción para restringir la vida de la gente, es exactamente lo contrario, es un estado de excepción para devolverle la libertad a la gente, para liberar a Bolivia de quienes usan el conflicto político para bloquear carreteras y hacerle daño a la población, para garantizar que lleguen los alimentos a las familias bolivianas y para que llegue combustible a nuestras ciudades, oxígeno a nuestros hospitales y que los niños vuelvan a clases”.

A pesar del discurso de pacificación oficial, la norma faculta a los ministerios de Gobierno y Defensa para suspender garantías constitucionales básicas, ilegalizar los bloqueos, prohibir concentraciones masivas sin autorización previa y restringir severamente el libre tránsito. Este escenario provocó el rechazo inmediato de sectores sociales clave. Al promediar las 12:00 p. m., la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) emitió un pronunciamiento de repudio desde su sede en la ciudad de El Alto exigiendo la renuncia del mandatario.

Por su parte, la Federación Departamental de Campesinos de La Paz «Túpac Katari» desconoció el pacto entre la Central Obrera Boliviana (COB) y el Gobierno, y ordenó a sus bases masificar las presiones. “Queremos hacer conocer que la Federación Túpac Katari, junto con las veinte provincias de La Paz, hemos recibido la noticia de que hemos sido una vez más abandonados y traicionados por la Central Obrera Boliviana. No hemos sido tomados en cuenta, no hubo ninguna coordinación. Nosotros hemos estado en la lucha y, lastimosamente, el sector asalariado de la COB nos ha dejado a un lado. Junto a las veinte provincias vamos a tomar determinaciones a seguir y estamos los Túpac y las Bartolinas en pie de lucha. Por priorizar a la COB, a nosotros nos dejaron en segundo plano y seguiremos movilizados”, declaró uno de los dirigentes, advirtiendo que ejecutarán nuevas medidas de presión. Asimismo, facciones del transporte urbano mantuvieron protestas autónomas contra la continua importación de “combustible basura”.

Analistas políticos y juristas constitucionalistas de renombre alertan sobre la peligrosa ambigüedad de la norma. El politólogo y abogado Gabriel Villalba Pérez advirtió que el Decreto Supremo 5636 abre la compuerta a graves transgresiones constitucionales y a una persecución judicial masiva, mientras que el constitucionalista Jorge Quiroz cuestionó el alcance restrictivo sobre las garantías ciudadanas básicas. El equipo de juristas de las organizaciones de base califica el decreto de «trampa legal» debido a que criminaliza el derecho a la protesta al catalogar el simple llamado a la organización colectiva como un acto de coacción.

Finalmente, se denuncia que la norma blinda económicamente al aparato gubernamental al autorizar transferencias directas desde el Tesoro General de la Nación sin ninguna fiscalización previa. Para la dirigencia campesina, encabezada por líderes como Rolando Choque, segundo ejecutivo de la Federación Túpac Katari, la militarización de las calles no proveerá soluciones reales a la crisis hidrocarburífera, a la escasez de divisas ni al desabastecimiento crónico de carburantes. Por el contrario, sostienen que el estado de excepción opera únicamente como un mecanismo de intimidación militarizado y como un escudo de impunidad para el Ejecutivo, y funciona como una cortina de humo destinada a invisibilizar las graves denuncias internacionales sobre los cargamentos de narcotráfico detectados en el exterior.

La historia

Bolivia había cumplido más de cuarenta días partida en dos por un bloqueo nacional de carreteras que no cede. El conflicto acumuló más de sesenta y nueve jornadas y mantuvo contra las cuerdas al presidente Rodrigo Paz.

Todo comenzó el 8 de abril de 2026, cuando comunidades indígenas amazónicas de Pando y Beni iniciaron una marcha de 1100 kilómetros contra la Ley 1720. La norma, promulgada por el Ejecutivo sin consulta previa, eliminaba la protección constitucional que impedía usar las tierras comunales como garantía bancaria. Para los campesinos, el mensaje era claro: si quieren un crédito, van a tener que hipotecar lo único que tienen.

La marcha caminó durante veintinueve días y llegó a la sede de gobierno el 4 de mayo. La presión forzó la abrogación total de la ley. Pero el país ya no se detuvo. Lo que empezó como una movilización indígena sumó a transportistas, mineros, maestros, médicos, juntas vecinales y productores agrícolas. Y hoy Bolivia no se mueve.

El diésel a 20 bolivianos y la furia al volante

Mucho antes de que las comunidades indígenas iniciaran su marcha, el gobierno ya había metido la mano en el bolsillo de todos. El 17 de diciembre de 2025, el Ejecutivo retiró la subvención estatal a los hidrocarburos y los precios se dispararon a niveles que Bolivia no conocía. El diésel, que costaba 3,72 bolivianos por litro, pasó a 9,80. La gasolina premium, de 7,22 a 11 bolivianos, según datos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. En el mercado negro, donde fueron a parar los que ya no conseguían combustible en surtidores, el litro se llegó a pagar a 20 bolivianos −casi tres dólares.

Pero el tarifazo no fue el único golpe. Al encarecimiento se sumó una escasez crónica de carburante y, peor aún, la distribución de combustible adulterado que los choferes bautizaron sin vueltas «gasolina basura».

Santos Escalante, secretario Ejecutivo de la Federación de Choferes Urbanos de La Paz Chuquiago Marka, lo explicó sin rodeos ante la prensa: «No hay una garantía de este combustible, no hay responsables. Todos estamos sufriendo las consecuencias de este Gobierno incapaz; si no sabe manejar el país, mejor que se vaya». Del otro lado del país, Marcelo Pedriel, dirigente del autotransporte del oriente, denunció que el combustible dañaba las herramientas de trabajo de las bases agroproductivas: «No podemos seguir operando bajo estas condiciones donde destruyen nuestros vehículos sin que nadie responda».

La presión obligó al Gobierno a admitir, en febrero, que distribuía combustible en mal estado. El ministro de Hidrocarburos, Carlos Medinacelli, culpó a la gestión anterior: dijo que residuos de goma y manganeso acumulados en los tanques de almacenamiento habían contaminado la mezcla. Pero la explicación no alcanzó. Más de 10,000 propietarios de vehículos dañados presentaron una denuncia colectiva ante Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), y la Federación Departamental de Choferes de La Paz paralizó la sede de gobierno con un bloqueo de 48 horas.

El 31 de marzo, el presidente Rodrigo Paz intentó redirigir la indignación con una denuncia propia. Acusó a «las mafias que manejaron los hidrocarburos en el pasado» de operar una trama de robo de combustible: según el mandatario, unas 5000 cisternas que se abastecían en Chile descargaban ilícitamente más de 1000 litros por viaje de los casi 33,000 de su capacidad. Para compensar, el contenido era mezclado con agua y aceite, llenando los tanques de almacenamiento y distribuyéndose en los surtidores. «Todos los responsables se irán a la cárcel, algunos ya están en ella», prometió.

Desde el transporte pesado, el presidente de la Cámara Departamental de La Paz, Álvaro Ayllón, exigió responsabilidades plenas al Estado y rechazó que se culpara a los choferes: «La calidad del combustible depende enteramente del gobierno, desde la compra internacional hasta la entrega final en estaciones de servicio. Responsabilizamos a YPFB por los daños». La Fiscalía General intervino entonces los despachos comerciales de YPFB. El fiscal Aldo Mendoza confirmó que las pesquisas apuntaban a las altas esferas: «Los gerentes de YPFB tenían pleno conocimiento sobre la adquisición y comercialización de esta gasolina desestabilizada que contenía elementos nocivos para los motores».

Para los productores agrícolas, el colapso de sus máquinas y la subida de tarifas volvieron la actividad insostenible. Fue el momento en que dejaron sus parcelas y se sumaron a las carreteras.

La DEA, el litio y el FMI: lo que huele a los 90

Mientras los transportistas lidiaban con la gasolina basura, el gobierno de Rodrigo Paz movía otras fichas. El 27 de enero anunció la apertura del litio a capitales transnacionales mediante alianzas público-privadas, rompiendo con la exclusividad estatal que había defendido durante años el discurso oficial. El 15 de junio, el canciller Fernando Aramayo y la encargada de Negocios de Estados Unidos, Debra Hevia, firmaron una carta de acuerdo bilateral que oficializó el retorno operativo de la DEA al país, con un fondo de 20 millones de dólares para la lucha antidroga. Y el 27 de mayo, durante el Consejo Económico y Social, el presidente confirmó que negocia un crédito de 5000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI) bajo la modalidad de Facilidad Ampliada, un programa que implica reformas de mercado y ajustes fiscales.

Para los sectores movilizados, el combo era imposible de digerir. En las asambleas, en los bloqueos y en los cabildos empezó a repetirse una palabra: «vendepatria». La dirigencia de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y de las Bartolinas Sisa se declaró en estado de emergencia y denunció que el regreso de la DEA no busca combatir el narcotráfico, sino «perseguir, criminalizar y desarticular a los movimientos populares y sindicatos del agro».

Desde el transporte pesado, los choferes denunciaron que la eliminación del subsidio a los hidrocarburos es «la primera condición impuesta por el FMI» para viabilizar el crédito. Las cooperativas mineras, a través de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (FEDECOMIN), advirtieron que los condicionamientos macroeconómicos del organismo terminarán «ahorcando la producción nacional». El expresidente Evo Morales, en un ampliado transmitido por Radio Kawsachun Coca, tildó al Ejecutivo de «brazo sumiso de Washington» y calificó las alianzas del litio como una «privatización encubierta» del recurso estratégico. En el Legislativo, el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana, Enrique Urquidi, resumió el clima de época: «Es una reedición de las políticas neoliberales de la década de los noventa».

La DEA, el litio y el FMI juntos trajeron de golpe un recuerdo que Bolivia no había olvidado. Y con eso, una certeza compartida: el gobierno estaba entregando lo poco que quedaba de soberanía nacional.

Quién es quién en las carreteras

Lo que empezó con comunidades indígenas amazónicas es hoy un entramado de sectores que rara vez coinciden en algo. La columna vertebral del paro es la Central Obrera Boliviana (COB), que lidera el paro general indefinido. Pero el bloqueo no se sostendría sin una red de actores que controlan puntos clave del territorio.

En el altiplano, los Ponchos Rojos de Omasuyos y las federaciones agrarias tienen tomadas las rutas rurales. En Oruro y Potosí, los mineros −asalariados y cooperativistas−bloquean los corredores andinos. En las ciudades, la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) de El Alto y La Paz cerca los accesos a las capitales, mientras los maestros del sistema público, tanto urbanos como rurales, se movilizan en marchas de protesta. Los médicos y profesionales de la salud también han salido a las calles, empujados por la crisis socioeconómica que desborda los hospitales.

En el oriente, los productores agrícolas de los Valles, el Trópico de Cochabamba y San Julián, en Santa Cruz, mantienen cortadas las rutas que sacan los alimentos del campo a los mercados. Y en todas las carreteras del país, los sindicatos del autotransporte pesado −nacional e internacional− están parados, con sus camiones varados al costado de la ruta, exigiendo una respuesta por los motores fundidos y la gasolina basura.

La fotografía es inédita: sectores que en otras coyunturas estuvieron enfrentados entre sí, hoy comparten la misma ruta, la misma olla popular y la misma exigencia.

El país sin comida, sin remedios y sin respuesta

Con las rutas cortadas, las consecuencias ya se sienten en los mercados. Las principales ciudades del eje troncal −La Paz, El Alto, Cochabamba y Oruro− enfrentan una escasez aguda de carne de res, pollo, verduras, medicamentos e insumos hospitalarios. Los precios de la canasta básica se dispararon y el sector gastronómico minorista empezó a suspender actividades por falta de materia prima.

En el mercado La Garita de Lima, en La Paz, dirigentes gremiales y comerciantes minoristas increparon públicamente al viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, en un operativo televisado. «El pollo y la carne no están llegando por los bloqueos, y lo poco que entra por avión se vende con sobreprecio. Las afiliadas no tienen mercadería y los frigoríficos están teniendo que cerrar por falta de producto», le reprocharon.

La parálisis ya tiene cifras. La Cámara Nacional de Industria (CNI), a través de su presidente Gonzalo Morales, informó que las pérdidas económicas superaron los 2500 millones de dólares y que más del 70 % de las 13,000 industrias afiliadas redujeron o paralizaron por completo sus operaciones.

El ultimátum desde El Alto

El 2 de junio, la ciudad de El Alto volvió a ser lo que ha sido en cada crisis boliviana: el termómetro de la calle. Ese día, un cabildo masivo reunió a miles de personas bajo el frío característico de la urbe aymara. Sobre el estrado, el secretario Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Mario Argollo, no dejó espacio para matices:

«Llamamos a mantener firmes los bloqueos ante un gobierno al que acusamos formalmente de criminalizar la protesta. La resistencia en las carreteras está unificada y no daremos un paso atrás, ni tampoco iremos al diálogo con este gobierno vendepatria.»

Detrás de esa declaración hay un pliego de exigencias que ya no admite negociaciones parciales. Los sectores movilizados dejaron atrás sus demandas gremiales y unificaron el reclamo. Exigen la renuncia irrevocable del presidente Rodrigo Paz y el adelanto inmediato de elecciones generales. Piden la abrogación de la Ley de Tierras, el restablecimiento del subsidio a los hidrocarburos y el rechazo al crédito que el Ejecutivo negocia con el FMI. Demandan el cese a la criminalización de la protesta, la anulación de los procesos judiciales contra sus dirigentes y la liberación inmediata de los más de ciento dos ciudadanos procesados durante las jornadas de protesta, a quienes las organizaciones califican como presos políticos. Exigen también la abrogación de la Ley de Regulación de Estados de Excepción, que consideran un instrumento para la represión.

A esa altura, las demandas sectoriales ya no existían. La Ley de Tierras, el diésel, la gasolina basura, el FMI: todo quedó subsumido en un solo reclamo. Lo resumió Feliciano Vegamonte, Ejecutivo nacional de la CSUTCB, la noche del 3 de junio, a través de Radio Kawsachun Coca:

«Hemos completado más de un mes de protestas, bloqueos y manifestaciones contra el Gobierno y convocamos a seguir masificando la movilización. Estamos movilizados para decir no a la privatización de nuestros recursos naturales, no a la privatización de las empresas estratégicas del Estado, pero también esta movilización es en defensa de la economía popular del pueblo. Esta lucha está defendiendo los derechos de los hermanos que viven en la ciudad, de la policía, del ejército; a nuestros hermanos de las ciudades, entendemos que se sientan afectados, pero les pedimos que se sumen a la lucha porque es por todos y para todos».

El 9 de junio, una semana después del primer cabildo, El Alto volvió a congregarse. Esta vez, según estimaciones de los organizadores −cifra no verificada de forma independiente−, fueron más de 25 000 personas. Otra vez Mario Argollo tomó la palabra, pero ahora no hubo advertencias ni pliegos. Hubo un ultimátum:

«Este cabildo determina de manera unánime desoír las mentiras del Palacio. No vamos a permitir que se use al Ejército para masacrar a los trabajadores que defienden sus tierras y su pan. Exigimos la renuncia inmediata de Rodrigo Paz porque su incapacidad entregó nuestra soberanía y destruyó la economía del pueblo boliviano. La resistencia se mantendrá firme en los caminos hasta que este Gobierno dictatorial dé un paso al costado.»

La presión judicial también escaló. El 10 de junio, el vicepresidente del Estado Plurinacional, Edmundo Lara, denunció en conferencia de prensa que el Ministerio de Gobierno utiliza detenciones preventivas arbitrarias para forzar «de manera extorsiva» el levantamiento de los noventa y tres puntos de bloqueo activos en las carreteras. Lara exigió la anulación inmediata de los mandamientos de apremio contra los líderes sectoriales, tras la captura del Ejecutivo de su federación, Vicente Salazar. Las organizaciones del Pacto de Unidad y la COB advirtieron que no aceptarán ninguna mesa de diálogo mientras se mantenga bajo detención a los dirigentes.

Evo, sin margen y sin salida

Evo Morales no está en las rutas ni en los cabildos, pero su voz llega a todos lados. Desde Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba, el expresidente se ha convertido en el altavoz digital de las protestas. Usa su cuenta de X y su programa dominical en Radio Kawsachun Coca para amplificar lo que sucede en los bloqueos, denunciar cada movimiento del Gobierno y mantener viva la consigna que hoy lo iguala con la calle: la renuncia de Rodrigo Paz y el adelanto de elecciones.

Su situación personal, sin embargo, lo tiene contra la pared. El 11 de mayo de 2026, el Tribunal de Sentencia Primero de Tarija emitió una orden de aprehensión en su contra tras declararlo en rebeldía por no asistir al juicio por presunta trata de personas y estupro. El proceso, que había sido cerrado en el pasado y fue reabierto bajo el gobierno de Luis Arce, continúa su curso de oficio pese a que no existe una denuncia formal de la parte afectada. El 8 de mayo, la propia Cindy Saraí Vargas Pozo, identificada por la Fiscalía como la presunta víctima, presentó un memorial judicial en el que aseguró taxativamente que «no existió hecho, como tampoco existió explotación» ilícita en su contra, y solicitó la nulidad de la apertura del juicio oral y el archivo definitivo de la causa por falta de materia justiciable.

Para Morales, el mensaje es claro: el aparato judicial está siendo instrumentalizado para sacarlo de la cancha política. En los últimos días denunció, además, que existe un plan para extraditarlo fuera del país.

Desde su refugio, el expresidente acusa al gobierno de Rodrigo Paz de haber montado un aparato estatal para criminalizarlo. Sostiene que el Ejecutivo busca culparlo «sistemáticamente de todo lo que acontece en el país»: la escasez de carburantes, el encarecimiento de la canasta familiar, el desabastecimiento. Para Morales, se trata de una campaña con un solo objetivo: hacer pasar el descontento popular genuino por un complot orquestado desde Lauca Ñ.

En el plano militar, denunció que el Ejecutivo dispuso más de 68,000 millones de bolivianos para comprar agentes químicos y gases lacrimógenos, y rechazó la Ley de Regulación de Estados de Excepción como un instrumento para viabilizar una «masacre militarizada».

El gobierno, mientras tanto, elevó el tono. El miércoles 3 de junio, durante la posesión de su nuevo ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, el presidente Rodrigo Paz ratificó sus acusaciones y leyó un pasaje que luego Morales reprodujo en su programa radial: «Nuestra seguridad se pone en riesgo cuando el narcoterrorismo, y las prioridades de ciertos actores, no están alineados con nuestra democracia, con nuestra Constitución. A los violentos, a los narcoterroristas, así como cayó Marset, sus días están contados».

La respuesta del expresidente no se hizo esperar. El 9 de junio, desde el Chapare, ironizó: «Ahora nosotros somos los narcoterroristas, nos culpan de todo». Y contraatacó apuntando al entorno presidencial: «Narcomaletas, es el gobierno; cocaína líquida, es el gobierno; las narcomaderas, es el gobierno».

Morales sigue refugiado en Lauca Ñ, rodeado por vigilias permanentes de sus bases sindicales. Desde allí monitorea los noventa y tres puntos de bloqueo que mantienen a Bolivia partida en dos.

El Ejecutivo se blinda

Mientras las carreteras seguían cortadas, el gobierno buscó blindarse por otra vía: la legal. Tras un debate de más de cinco horas, el Senado y la Cámara de Diputados aprobaron la Ley de Regulación de Estados de Excepción (Ley N° 1740) con más de dos tercios de los votos. La norma quedó lista para su promulgación.

El punto más controvertido fue el artículo 26, que otorga una «presunción de legalidad» a las actuaciones de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas durante los operativos de contención. Mientras la oposición denunció que ese artículo representa un blindaje de impunidad frente a posibles excesos, el diputado Alejandro Reyes, de la alianza oficialista Pacto de Unidad, defendió la medida el 7 de junio asegurando que el objetivo es «dar seguridad a la población y evitar que Evo Morales continúe con su plan de derrocar al Gobierno legalmente constituido».

El lunes 8 de junio, el presidente Rodrigo Paz promulgó la ley con un discurso que no dejó lugar a dudas sobre contra quién iba dirigida: «Promulgo esta norma porque está bajo la lógica de defender a las grandes mayorías de aquellos que nos quieren atacar e irrumpir este proceso democrático. Siempre atenderemos los reclamos justos, pero no permitiremos que intereses narcoterroristas actúen para desestabilizar y destruir la democracia».

Para las organizaciones sociales, el mensaje fue interpretado como una declaración de guerra. El Pacto de Unidad denunció que la ley busca «forzar una masacre militarizada». El Magisterio Urbano y Rural la catalogó de «instrumento dictatorial». Las cooperativas mineras advirtieron que la «presunción de legalidad» es una «licencia para matar» que solo radicalizará las protestas. Y Mario Rivera, secretario de relaciones de la Federación de Comunidades Interculturales Chimoré, exhortó al Ejecutivo a que «piense muy bien antes de ordenar a los militares y policías que vayan a los puntos de bloqueo a reprimir al pueblo».

El escándalo de las narcomaderas

El mismo 8 de junio en que Paz promulgaba la ley, las aduanas de Chile destapaban en el puerto de Arica un cargamento que complicó aún más al gobierno. Se trataba de madera de exportación procedente de Santa Cruz impregnada con cocaína líquida, un método diseñado para infiltrar la droga en los poros del material y evadir los controles visuales y caninos. El destino final era el mercado europeo.

La dirigencia del Pacto de Unidad y legisladores de oposición reaccionaron de inmediato. Denunciaron que los apellidos de los principales inversionistas del consorcio maderero investigado coinciden con el entorno familiar y empresarial del flamante ministro de Defensa, Ernesto Justiniano Urenda, quien antes de asumir el cargo se desempeñaba como Viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, el zar antidrogas del gobierno. Según los movilizados, las ciento ocho toneladas de sustancias ilícitas se procesaron bajo su gestión en el área de fiscalización de precursores, lo que consideran una prueba de complicidad institucional.

Las organizaciones sociales sostienen que el gobierno aceleró la promulgación de la Ley de Estados de Excepción y la acusación de «narcoterrorismo» contra los bloqueadores para desviar la atención de este escándalo internacional. El Ministerio de Defensa y el presidente Paz rechazaron categóricamente las acusaciones. Justiniano defendió la legalidad de sus funciones y afirmó que el cargamento corresponde a un esquema criminal transnacional que el gobierno está combatiendo. Paz, por su parte, calificó las denuncias como una campaña para encubrir una «narco-subversión» destinada a desestabilizar la democracia.

San Julián: la mañana en que todo se desbordó

El 7 de junio, un día antes de que el presidente promulgara la Ley de Estados de Excepción, un contingente conjunto de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas irrumpió a las seis y media de la mañana en los bloqueos que los productores agrícolas de San Julián, en Santa Cruz, sostenían desde hacía más de veinte días. La orden, según denunciaron los dirigentes locales, llegó directamente del Ejecutivo: había que levantar las rutas por la fuerza.

Lo que ocurrió en las horas siguientes es, hasta ahora, materia de versiones encontradas. Lo que nadie discute es que hubo violencia, saqueos y un muerto.

Del lado de los productores y de las juntas vecinales, la denuncia es contundente: acusan a las fuerzas del orden de haber operado en complicidad con grupos de choque de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC). Según testigos, civiles armados con palos, machetes y armas de fuego irrumpieron junto con los uniformados, saquearon viviendas y quemaron motocicletas y vehículos. La diputada Patricia Patiño responsabilizó directamente al Órgano Ejecutivo por la muerte de un comunario durante el operativo y negó que los pobladores hubieran usado armas de fuego. Acusó al Gobierno de recurrir a «grupos paraestatales» para reprimir una movilización legítima.

Del otro lado, la versión es diametralmente opuesta. El vicepresidente del Comité Cívico cruceño, Stello Cochamanidis, declaró ante la prensa que los bloqueadores no eran productores, sino «hordas enviadas y financiadas por Evo Morales desde el Chapare», equipadas con armas de fuego y francotiradores. «No son productores campesinos −insistió−, son grupos delincuenciales armados que responden a las órdenes de un prófugo de la justicia que quiere incendiar el país para tapar sus delitos personales».

Hasta el cierre de esta nota, el gobierno no había ofrecido una versión oficial detallada de lo ocurrido en San Julián. Lo que queda, por ahora, es el relato de dos bandos que se acusan mutuamente, una ruta despejada por la fuerza y un comunario muerto cuyo nombre aún no trascendió.

La renuncia como único horizonte

A esta altura del conflicto, las demandas sectoriales ya no existen. La Ley de Tierras, el diésel, la gasolina basura, el FMI, la DEA, el litio: todo eso quedó subsumido en un solo reclamo. La palabra «incluso» que usó Vegamonte el 3 de junio —»cambios en la gestión gubernamental e incluso la renuncia del presidente»— ya quedó vieja. Hoy la renuncia no es una posibilidad entre otras: es el piso desde el que se negocia, y no hay negociación.

El cabildo del 9 de junio en El Alto, con más de 25 000 personas según los organizadores, terminó de blindar esa postura. Argollo leyó el acta de conclusión: no al diálogo, no a la tregua, no a la Ley de Excepción. Las organizaciones ya no discuten condiciones. Piden la salida de Paz y advierten que no se moverán de las rutas. Aunque al final cedieron. 

La promulgación de la ley coloca a Bolivia en un punto de no retorno. La vía de la fuerza institucional y la determinación de las organizaciones sociales en las carreteras están en rumbo de colisión. Lo que empezó como una marcha indígena de 1100 kilómetros podría transformarse en un conflicto civil de consecuencias impredecibles. La pregunta ya no es si habrá choque, sino cuándo y a qué costo.