Con su más reciente elección presidencial, Colombia se suma a la avanzada fascista en la región. Entre nombramientos que alarman a movimientos sociales y ambientales, y una ola de violencia contra comunidades campesinas y LGBTIQ+, el país se prepara para un giro que amenaza los derechos conquistados en la última década. Pero frente a la incertidumbre, se refugia en su historia de resistencia.

Fotografías: Daniela Díaz

Putumayo/Bogotá, Colombia.- En los Llanos Orientales de Colombia, para una familia campesina la elección de Abelardo de la Espriella (ADLE) se convirtió literalmente en una tortura. Habían transcurrido apenas veinticuatro horas desde que el ultra fue electo presidente en Colombia cuando en la finca, que desde hace algunas semanas los campesinos ocupaban gracias a la restitución de tierras, aparecieron hombres encapuchados que les advertían que debían irse. Durante toda la noche los agredieron físicamente, les dispararon y los golpearon. Ese fue apenas el hecho más mediático de una seguidilla de agresiones similares, en las que muchas veces les advertían que, con la administración entrante, esas tierras recuperadas −la mayoría al narcotráfico− volverían a sus “verdaderos” dueños.

Así comenzaron las semanas de zozobra que ha vivido el país en el último mes, tras el regreso aplastante de una derecha que prometió “destripar” a la izquierda y que, en medio de una victoria con muchas dudas, asume el poder este 7 de agosto.

Con esa oleada de violencia llegó el abrebocas del gobierno electo y, desde entonces, Colombia se ha sumido en la zozobra alimentada por cada uno de los nombramientos ministeriales del nuevo mandatario. La hija de un testaferro del narco, Pablo Escobar, fue anunciada como ministra de Cultura; el nuevo encargado de Ambiente habló de dar vía libre al fracking y una pastora cristiana abiertamente homofóbica fue designada como la cabeza de la cartera de Educación. La derecha colombiana, en su amplio espectro, se repartió el poder ejecutivo ante un congreso con mayorías. Y pese a que el eslogan de su campaña fue que los “nunca” −es decir, personas que no habían estado en política− ocuparían esos cargos, la realidad fue otra: volvieron los de siempre. La mayoría de los nuevos ministros ya han ocupado cargos gubernamentales o han estado activamente en la política electoral.

Como un guion bien articulado, las decisiones que ha revelado ADLE, en apenas un mes de ser electo, van en la misma línea que otros gobiernos de ultraderecha en la región: mano dura, alianzas férreas con Donald Trump y retroceso en los derechos sociales, incluso si la soberanía nacional está en juego. De la Espriella, solo dos semanas después de su victoria, anunció que Colombia se uniría al Escudo de las Américas, la cuestionada alianza de Estados Unidos que, entre otras cosas, abre la posibilidad del ingreso de tropas estadounidenses a los territorios. Argentina, El Salvador y ahora Perú, con Fujimori, y Chile, con Kast, han afirmado que se unirían a tal estrategia.

Una resistencia histórica

El estupor que vivían los más de doce millones de ciudadanos que votaron por el candidato progresista, Iván Cepeda −quien perdió por un margen mínimo de 250 820 votos y con numerosas denuncias de un posible fraude por parte de su opositor−, se transformó rápidamente en rebeldía. Ese 21 de junio, cientos de abogados se presentaron voluntariamente en el lugar donde se recontaron los votos para apoyar el escrutinio. En paralelo, a las afueras del lugar, miles de personas con banderas se amotinaron al grito de “Resistencia” o “Cepeda, amigo, el pueblo está contigo”.

En total, según las entidades oficiales, fueron 12 708 712 sufragios para la izquierda: un número histórico y nunca antes visto en un país principalmente de derechas, donde en los años ochenta, hubo incluso un genocidio contra un partido de izquierda, en el que se encontraban el papá y la mamá del candidato Cepeda, Manuel y Yira. Es que en Colombia la resistencia de la población ante la violencia estatal y paraestatal ha sido histórica y casi orgánica al movimiento social. Igual de histórico ha sido su reclamo por la paz, una batalla que, en la coyuntura política actual, vuelve a ser el centro de sus disputas.

“Ni un paso atrás” han repetido hasta el cansancio las personas en algunas pocas manifestaciones que se han dado tras el 21 de junio. La primera fue la del orgullo LGBTIQ+, con mensajes contra ADLE, que ha hecho pronunciamientos en contra de la adopción por parejas del mismo sexo y que designó como ministra a Viviane Morales, una mujer que ha luchado por suprimir ese derecho obtenido en 2015. “No volveremos al armario”, le dijeron varios asistentes a este medio.

Wilson Casteñeda, uno de los líderes más visibles de la comunidad LGBTIQ+, sostuvo en conversación con Ceiba, periodismo con memoria que la preocupación está en la posibilidad de que “use el poder presidencial para echar atrás derechos adquiridos y retroceder en materia de igualdad  y no discriminación en el país”. Pero deja claro que sus derechos no pertenecen a ningún presidente y se preparan para defenderlos ante cualquier intención de serles arrebatados, más aún en medio de una coyuntura de fuerte violencia transfóbica. “No volveremos al clóset, no daremos pasos atrás y es responsabilidad del gobierno, más allá de su ideología, garantizar, proteger y protegerlos. Fortaleceremos la acción colectiva, la articulación con otros movimientos y organizaciones sociales, y pondremos en el centro el bienestar y el cuidado”, aseguró.

Mayerly López, lideresa defensora del Páramo de Santurbán, en la zona nororiental del país, comparte temores con Castañeda, solo que en materia ambiental. “La llegada de Abelardo de la Espriella para la defensa ambiental es un desafío muy grande porque es un gobierno que va a apoyar la explotación minera, el extractivismo o el fracking, arriesgando el agua y los ecosistemas esenciales. Todo ello nos tiene que impulsar a comunidades a robustecer los procesos organizativos, las movilizaciones pacíficas y las acciones jurídicas, porque en un contexto como el que estamos viviendo, de crisis climática, en donde según las entidades se aproxima un fenómeno de El Niño, sin precedentes, se convierte en un tema de supervivencia”, agrega la lideresa.

Poco a poco, el movimiento social se ha sacudido la parálisis después de la derrota y han ido surgiendo apuestas de organización social para proteger no solo lo ganado en el territorio de garantía de derechos, sino también hacer frente a cualquier arremetida de violencia. Así nació la Red Nacional de Defensa de la Reforma Agraria que busca proteger lo avanzado en la Reforma Agraria, un punto derivado del Acuerdo de Paz de 2016, pero implementado de manera integral en los últimos cuatro años. Se otorgaron cientos de hectáreas de tierras a campesinos que habían sido despojados de ellas durante las peores épocas del conflicto armado.

Asimismo, las víctimas del conflicto armado que han participado en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a la que se opone De la Espriella, piden mantener el tribunal que ha develado la cruda realidad del conflicto. El exjefe guerrillero que se acogió al Acuerdo de Paz de 2016, Rodrigo Londoño, señaló que insistiría en defender ese legado, incluso si ello le costara sumarse a los más de quinientos firmantes de paz asesinados desde hace diez años.

A diferencia de Londoño, en el Putumayo, un departamento fronterizo con Ecuador, los 99 excombatientes que hace un mes dejaron sus armas, en uno de los pocos procesos exitosos de la política de paz de Gustavo Petro, no quieren sumarse a la lista de muertos por apostarle a la paz. Pocos días antes de que Abelardo llegue al Palacio de Nariño, ese casi centenar de hombres y de mujeres le enviaron una carta pidiéndole que respete esa voluntad de alejarse del conflicto. “Hoy, buscamos caminos de paz que no sean interrumpidos por los intereses y negocios de la guerra”, le dicen.

Aún en medio de la zozobra, Colombia guarda la memoria de lo que fueron las semanas previas a la segunda vuelta: una campaña sostenida por el pueblo mismo, la alegría colectiva y la política de la vida, la cual hoy es la misma que sostiene a quienes se organizan para defender lo conquistado, frente a la política de la muerte que amenaza con imponerse.

Hoy, el refugio es la esperanza que emerge de su misma historia. Eso bien lo saben las madres, a las que llamaban locas, que buscaron justicia por sus hijos asesinados por el Ejército para hacerlos pasar por guerrilleros. O las víctimas que lograron esclarecer que los hombres, a quienes los paramilitares habían asesinado y con cuyas cabezas posteriormente jugaron, eran campesinos inocentes. En Colombia, rendirse nunca ha sido una opción.