La historia reciente del corredor fronterizo de Sonora comenzó para Estados Unidos con una burla a su inteligencia: la huida impune de dos espías soviéticos en 1950. Siete décadas después, los archivos desclasificados de la CIA y el FBI sugieren que la ceguera inicial dio paso a un engranaje de presión política, donde el tráfico de armas, el narcotráfico y el término «narcoterrorismo» se emparejan con la agenda del gobierno de las barras y las estrellas y su pretensión de control global.
Fotografías: Spartacus Educational, Customs and Border Protection (CBP), Archivo Alberto Duarte y Heriberto Paredes
Sonora, México.- Uno de los corredores más importantes del mundo para el trasiego de armas, drogas y migrantes, ubicado entre México y Estados Unidos, fue utilizado en los años sesenta por los “espías atómicos” de la Unión Soviética como vía de escape tras ser identificados y perseguidos durante la Guerra Fría.
El mercado negro de las armas que abastece a grupos criminales en México despegó más o menos a partir de 1984 por las mismas rutas, según publicaciones del Washington Times recopiladas por el Gobierno de Ronald Reagan.
En la misma época, la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) registraba reuniones entre Antonio Toledo Corro, entonces gobernador de Sinaloa, y Miguel Ángel Félix Gallardo, entonces jefe del Cártel de Guadalajara.
La táctica de las agencias estadounidenses para influir en la política interna de México ha estado, desde entonces, estrechamente ligada a las acusaciones de corrupción. Se le atribuía a este fenómeno el creciente mercado ilícito de las drogas.
Estos son algunos de los momentos que la documentación oficial del vecino del norte permite dilucidar como paralelismos de las tensiones que actualmente corren a través del desierto de Sonora y del río Bravo. Durante todas estas décadas, además, la noción oficial de terrorismo se ha transformado hasta su definición actual estrechamente ligada con el narcotráfico.
Espías atómicos huyen por el desierto
El noroeste de México, desde Sinaloa hasta Estados Unidos, se cruce desde Sonora o desde Baja California, es la ruta más importante del mundo para el tráfico de fentanilo.
Los registros de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) indican que el 50.6 % de los cargamentos ilegales de este opioide sintético entró por Sonora y fue sacado de circulación en Tucson Arizona, según datos de los últimos 44 meses.
Lejos de ser terreno inexplorado, se trata de una región plenamente conocida por la inteligencia del gobierno del norte desde hace más de setenta y cinco años.
Uno de los primeros episodios que influyeron en la clasificación de la ruta como una de importancia para la seguridad nacional de los Estados Unidos ocurrió cuando Alfred Sarant escapó antes de ser procesado por espionaje y conspiración.
El escape comenzó, según documentación de la CIA y el FBI, luego de que el espía soviético Julius Rosenberg fue detenido el 17 de julio de 1950 por revelar detalles a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) sobre el Proyecto Manhattan, el cual llevó a la construcción de la bomba atómica.
Dentro de la red de Rosenberg, se ubicó a Sarant, un ingeniero eléctrico de ascendencia griega nacido en Nueva York que durante la Segunda Guerra Mundial se desempeñó como espía para la URSS. Fue citado ante la ley. Sin embargo, a sabiendas de la captura de Julius, el 4 de agosto de 1950 partió al suroeste en un automóvil, en compañía de una mujer identificada como Carol Dayton.
En Tucson, Arizona, Alfred Sarant obtuvo un permiso falso para cruzar a México. Simuló un matrimonio con su acompañante, y los familiares de Carol los llevaron en automóvil a Hermosillo. Desde allí viajaron a Guaymas, luego a Guadalajara y a la Ciudad de México. Seis meses más tarde, cruzaron a Guatemala y en barco cruzaron el Atlántico para llegar a la URSS. En 1956 se casaron, aunque con otros nombres, y se asentaron en Leningrado hasta que ella volvió a los Estados Unidos tras la disolución del bloque soviético.
Todo esto puso de relieve la ignorancia de las agencias estadounidenses sobre lo sucedido, de modo que un agente se lo hizo saber al director de FBI en una carta con fecha del 4 de mayo de 1951.
“En relación con los esfuerzos para determinar el paradero actual del sujeto a cargo de Dayton, la oficina de Phoenix desconoce si se llevó a cabo alguna investigación en Hermosillo, Sonora, a través del Legat (oficinas administrativas del FBI), México. (…) En caso de que aún no se haya hecho, se sugiere que una investigación adecuada en Hermosillo, ya sea por parte del Legat en México o por agentes de la división de Phoenix, podría resultar productiva en el presente caso”, indica el memorándum desclasificado, firmado de recibido el 8 de mayo de 1951.
La inteligencia de la CIA y el FBI sobre el corredor, que actualmente se encuentra focalizado por cuestiones de seguridad nacional y presiona la política interna de México, inició en aquel momento.
Río (de armas) revuelto, ganancia de políticos
Un total de 7 898 armas de fuego ilegales, de distintos tipos, además de explosivos, fueron decomisados desde octubre de 2022 hasta el pasado mes de mayo de 2026, en su recorrido desde los Estados Unidos hacia México y otros destinos.
De este total, el 49.16 % tenía como destino México, según los datos oficiales de la CBP, armas que por lo general terminan en las manos del crimen organizado, uno de los enemigos internacionales declarados por el Gobierno de Donald Trump bajo el mote de “narcoterroristas”.
El río de armas de norte a sur creció hasta desbordarse a partir de 1985, aproximadamente, según recogió desde Guadalajara, Jalisco, el periodista David Brock para The Washington Times, en un reportaje publicado el 9 de octubre de 1987.
«Para aumentar –escribió Brock– la preocupación a alto nivel (sumada al trasiego de drogas y otros asuntos de interés para los Estados Unidos), se suma el contrabando de grandes cantidades de armas de fuego hacia México, muchas de las cuales terminan en manos de los narcotraficantes. En el país ya no se fabrican armas de fuego; la mayoría se compran en los Estados Unidos y se transportan a través de la frontera. Algunas eventualmente van más al sur, destinadas a las guerrillas comunistas en El Salvador y Guatemala. Los agentes de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. reportan un aumento constante en el número de armas incautadas en investigaciones de contrabando en la frontera entre EE. UU. y México. Se incautaron mil armas en 1984, 4,000 en 1985 y más de 10,000 en 1986”.
Durante años, además de señalar el auge del narcotráfico, la política estadounidense se concentró en el tema de la corrupción, aunque de manera más discreta en periodos electorales. Un informe de inteligencia llamado México, proyecciones ante las elecciones intermedias, elaborado por la CIA en junio de 1985, resume la postura:
“La importancia que De la Madrid atribuye a la relación bilateral se ve en cierta medida contrarrestada por un resentimiento antiestadounidense generalizado, el cual puede surgir rápidamente en México, tal como ocurrió tras las acusaciones de Estados Unidos sobre corrupción a altos niveles dentro de su gobierno. Por lo tanto, resulta problemático determinar si De la Madrid será más receptivo a una mayor cooperación en áreas de interés clave para los Estados Unidos, tales como el control de narcóticos, la inmigración y Centroamérica”, revela el informe desclasificado.
Los señalamientos al Gobierno mexicano, de tono más o menos elevado, mientras crecía el tráfico de armas de Estados Unidos a México, formaron parte de una estrategia para controlar la relación binacional y presionar para la apertura de inversión extranjera directa, y no de una cruzada contra la criminalidad.
Una nota del 12 de agosto de 1985 expone cómo la oposición del Partido Revolucionario Institucional (PRI), entonces centrada en el Partido Acción Nacional (PAN), mostraba fuerza en sitios como Hermosillo, Sonora, con un discurso cercano al de la CIA, lo mismo que en Matamoros, Tamaulipas, es decir, de extremo a extremo de la frontera entre estos dos países. La nota titulada Mexico: Where “La Mordida” Is King, establece lo siguiente:
“Un controvertido estudio de la CIA calificó a México como la principal preocupación de política exterior a largo plazo para los Estados Unidos debido a la probabilidad de que se tenga un descontento social generalizado. El presidente De la Madrid se eriza ante tales sugerencias”, señala el texto de Rod Nordland.
Ese mismo año, mientras la presión política se cocinaba en Washington y las armas cruzaban hacia el sur, las agencias estadounidenses reportaron las presuntas reuniones entre Antonio Toledo Corro, gobernador de Sinaloa, y Miguel Ángel Félix Gallardo, el Jefe de Jefes, que controlaba el trasiego de cocaína.
Los reportes dan cuenta del conocimiento del entramado político-criminal que en el noroeste se consolidaba desde entonces como un punto de presión que, setenta y cinco años después, define los términos de la frontera.
Rocha Moya y Campos Galván
La noción de terrorismo que se utiliza hoy unida a la de narcotráfico se ha definido según la coyuntura, ligada desde siempre a lo que los Estados Unidos considera sus “intereses vitales”. En el caso de México, esto se relaciona por lo general con la política interna.
Un claro ejemplo de esto: el 23 de mayo de 2026, la Fiscalía General de la República citó a declarar a Rubén Rocha Moya, morenista gobernador con licencia de Sinaloa, y a Maru Campos Galván, panista gobernadora de Chihuahua.
El primero fue citado luego de que el Gobierno del vecino del norte giró una solicitud de extradición en la que se señala al morenista con la facción del Cártel de Sinaloa conocida como Los Chapitos, uno de los grupos responsables de la violencia que se vive en ciertas zonas de México durante los últimos años.
La gobernadora Campos fue citada luego de que dos agentes de la CIA murieron en lo que se comunicó como un “accidente” durante un operativo para desmantelar un laboratorio clandestino para la fabricación de drogas.
En el caso del sinaloense, se generó un escándalo mediático debido a que la presidenta Claudia Sheinbaum y otros personajes, como Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora, afirmaron que el caso debía tratarse con la presunción de inocencia como punto de partida.
La oposición, el PAN y el PRI, principalmente, utilizaron lo sucedido como un eslogan para golpear mediáticamente al oficialismo de cara a las elecciones intermedias que se llevarán a cabo en 2027. “Narco Estado”, “NarcoMORENA” y “narcoterrorismo” pasaron a formar parte de su vocabulario político.
“Quitemos del poder a NarcoMORENA”, dijo María Lilly Téllez, senadora del PAN, en mayo de 2022, luego de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador dijo que habría que respetar la vida de todos, incluidos delincuentes, mientras aludía a que los seres humanos “no son malos por naturaleza”, sino que las “circunstancias” los llevan a la criminalidad.
“México se ha convertido en un narcoestado. El cinismo, la corrupción y la violencia criminal se mudaron al Palacio Nacional de la mano del cínico, corrupto y narco-presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso no lo decimos nosotros, lo sabe la comunidad internacional. Lo que en 2018 se presentó como una promesa de transformación, hoy se ha consumado como la peor traición a la Patria”, dijo Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, el 1 de julio de este año, durante la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe.
“Bajo el liderazgo del presidente Trump, nunca dejaremos de luchar contra los narcoterroristas violentos que inundan nuestra nación con drogas mortales”, dijo Marco Antonio Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, mientras anunciaba la designación del Cártel de Juárez y de Los Viagras como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados, el pasado 16 de julio.
En el caso de la chihuahuense, la polémica fue impulsada desde MORENA al cuestionar desde la legalidad, en primera instancia, y desde la moralidad, en segunda, la colaboración del gobierno de oposición con la agencia de inteligencia estadounidense.
La presencia de los agentes de la CIA se constató irregular, pero no se ejerció acción penal contra la gobernadora ni contra la agencia internacional.
En cambio MORENA, a través de candidaturas y otras figuras de su estructura, comenzó a usar constantemente el término soberanía como punto de partida para pedir el voto. “La defensa de la soberanía” se convirtió en su carta de presentación de cara a las elecciones; un eslogan más.
Esto se puso de manifiesto cuando a nivel nacional, el día 22 de junio de este año, comenzó formalmente el proceso de selección de Coordinadores de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, una denominación utilizada para adelantar la elección de precandidaturas para las estructuras estatales, como gubernaturas, y nacionales del partido ante los comicios que se realizarán en 2027.
La historia del término “terrorismo” como objeto de la CIA y del FBI da cuenta de que el significado de este no se reduce a un adjetivo de las corrientes políticas de izquierda o de derecha −aunque sí se empareja con proyectos de corte social− ni a la persecución de la criminalidad o a la búsqueda de justicia.
Los papeles desclasificados de las agencias estadounidenses muestran, en cambio, que el término se ha utilizado para etiquetar organizaciones palestinas, guerrilleras, pero también a organizaciones cubanas nacidas en Miami en contra del Gobierno de Cuba y otras israelíes.
Los Estados Unidos utilizan este término, según la coyuntura, para nombrar el límite de lo que se encuentra dentro o fuera de su control o lo que afecta sus intereses económicos.
Gran parte de su definición actual tiene como escenario el mismo corredor por el que Alfred Sarant escapó hace poco más de setenta y cinco años y once meses, mismo desierto por donde las armas y las drogas circulan en gran escala y por el cual una parte de la política interna de México se define bajo la presión de su vecino incómodo del norte.
