Pueblos mayas en Yucatán denuncian daños a la salud, viviendas y patrimonio arqueológico, ocasionados por la instalación, dentro de sus comunidades, de bancos de materiales que son operados fuera de la ley con la complicidad de las autoridades. Los pueblos acusan al gobierno de trabajar para beneficiar a los corporativos y ante este racismo ambiental, conformaron la Red de Pueblos contra la Minería para exigir el cese de permisos y respeto a sus derechos.
Fotografías: Lilia Balam
Yucatán, México.- “A nuestros pueblos nos están dinamitando el territorio. Hoy, por donde se mire, hay bancos de material pétreo. Volquetes entran y salen día y noche. Esta no es una forma digna de vivir”. Esto expresaron durante una protesta pobladoras de Yaxcopoil, comunidad de Umán, uno de los pueblos mayas de Yucatán que se han organizado para detener la proliferación de bancos de materiales que dañan a sus comunidades.
El territorio maya yucateco se ha convertido en el epicentro de una creciente resistencia social frente a la proliferación de empresas de extracción de materiales pétreos o, como las nombran localmente, “sascaberas”. Estas han sido impulsadas en gran medida por la demanda de infraestructura y megaproyectos como el Tren Maya en el estado.
Comunidades como Yaxcopoil, Xcucul Sur, Tebec y San José Tzal denuncian un patrón de despojo, racismo ambiental y daños irreversibles a su salud y patrimonio, mientras acusan al Estado de estar capturado por intereses corporativos.
Las irregularidades de los megaproyectos
La demanda de materiales para los mil quinientos kilómetros de vías del Tren Maya y sus ramales de carga dispararon la apertura y reactivación de bancos de materiales a lo largo de la ruta del ferrocarril y en la zona metropolitana de Mérida, de acuerdo con Charles Gaillard, antropólogo social que actualmente realiza una investigación académica sobre ese tema.
De 2018 a 2023 –es decir, en el contexto de construcción del Tren–, la producción bruta total de las empresas dedicadas a la minería de materiales pétreos registró un crecimiento promedio anual de 5.83 %, hasta alcanzar 876.88 millones de pesos. En el mismo periodo, la inversión total creció a un ritmo promedio de 8.90 % anual y se ubicó en 11.49 millones de pesos. Las remuneraciones totales sumaron 121.41 millones de pesos en 2023, con un incremento promedio anual de 7.37 % durante el mismo periodo, según la Secretaría de Economía y Trabajo de Yucatán (SETY).
Entre 2018 y marzo de 2025 se autorizó la operación de 165 bancos de materiales en Campeche y ciento ocho en Quintana Roo, según consta en los estudios de Gaillard. En el caso de Yucatán, la SETY, informó que hay veintitrés empresas dedicadas a la minería de piedra caliza, mármol, arena, grava, entre otras piedras y minerales refractarios.
Pero fue hasta febrero de 2026 que la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) autorizó cincuenta y seis Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA), para bancos de materiales, y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) aprobó otras quince, es decir, habría setenta y una sascaberas con permiso para operar. “Aún existen, además, otras que están operando sin que sus MIA hayan sido autorizadas o sus permisos renovados”, precisó Gaillard.
El municipio más afectado sería Umán, con al menos diez empresas autorizadas para explotar recursos pétreos, dado que se considera una zona industrial. “Se justifica más fácil que se otorguen los permisos aun sin cumplir con la normativa, incluso en zonas de importancia arqueológica o ambiental”, precisó el académico.
Sin embargo, muchos de estos bancos no cumplen con regulaciones como la Norma Técnica Ambiental NTA-002-SDS-24que establece que deben ubicarse al menos a cinco kilómetros de distancia de cualquier asentamiento humano y de los límites establecidos en los Programas de Desarrollo Urbano Municipales, así como de las zonas de protección de vestigios arqueológicos.
Tampoco pueden situarse a menos de un kilómetro de cuerpos de agua, ya que la legislación establece que, en caso de hallarse alguna fuente hídrica, debe notificarse a la SDS, establecerse un perímetro de seguridad y suspender actividades de construcción o excavación en un radio de cincuenta metros.
Gaillard ha hecho análisis básicos empleando la herramienta Google Earth y ha detectado que al menos los bancos de materiales instalados en Umán no cumplen con la distancia mínima con las poblaciones o con otras sascaberas. “Todos tienen algo irregular”, precisó.
Además, en ninguno de los casos se realizó algún proceso de consulta y consentimiento con las comunidades afectadas, que simplemente atestiguaron cómo se instalaron las empresas a pocos metros de sus viviendas o, como en el caso de Yaxcopoil con la empresa Urbanizadora Líder Peninsular S.A. de C.V., solo se enteraron de que habría un proyecto porque vieron la maquinaria trabajando.
“En tema de pueblos indígenas, es una tríada de violación a derechos, que tiene que ver con la afectación al territorio, el derecho a la libre determinación, porque es un proyecto impuesto, y el derecho a la consulta, porque estos proyectos se han aprobado y se están llevando a cabo sin el debido proceso de diálogo intercultural en las comunidades y pueblos afectados”, sostuvo Jorge Fernández, uno de los abogados de la asociación Utsil Kuxtal, que brinda asesoría jurídica a las poblaciones afectadas.
El combo del daño: impactos a la salud, al patrimonio, al ambiente y al tejido social
Para las y los habitantes de poblaciones cercanas a las zonas de extracción de material pétreo, los daños están en todos los frentes. El impacto patrimonial es quizá el más evidente. En Xcucul Sur y Tebec, ambas comunidades de Umán, las constantes explosiones para extraer material han provocado daños estructurales en las viviendas: paredes cuarteadas, ventanas rotas y puertas descuadradas.
Debido al ruido de las trituradoras que en ocasiones operan las veinticuatro horas, las familias reportan una situación de estrés crónico, especialmente en infancias y personas adultas. A esto se suman las enfermedades respiratorias causadas por las densas nubes de polvo exacerbadas por el paso constante de camiones de gran calado, mismas que se asientan sobre casas y escuelas, de acuerdo con lo documentado por Utsil Kuxtal.
Los bancos de materiales generan un gran impacto a nivel ambiental, no solo porque para instalarlos generalmente se requiere devastar la selva –lo que representa retirar toda la capa orgánica del suelo, la pérdida de masa forestal y la muerte de especies de fauna y flora–, sino porque expone al manto freático a la contaminación, según la información recabada por Gaillard y Fernández.
La operación de los bancos de materiales también genera afectaciones a la vida comunitaria, ya que la utilización de vehículos y maquinaria pesada genera riesgos para la población que cambia o modifica sus actividades en función del paso de los camiones. En algunos casos, como el de Yaxcopoil, en Umán, se ha reportado el daño a vestigios arqueológicos por la construcción de estos proyectos.
También se ha detectado que los terrenos donde se explotan los bancos de materiales fueron adquiridos de manera fraudulenta, de acuerdo con especialistas.
“Las comunidades, los pueblos están muy molestos, porque no solamente los están despojando de sus tierras en pueblos donde no tienen ya fundo legal [en el derecho agrario mexicano, es la porción de tierra destinada al asentamiento humano dentro de un ejido, es decir, el espacio legal donde se construyen las viviendas], donde puedan crecer las familias. Los dejan sin esa tierra donde ellos podrían tener proyectos para el futuro”, puntualizó Gaillard.
De acuerdo con Fernández, las empresas primero buscan vínculos y alianzas con actores políticos inmediatos, como integrantes de las presidencias municipales, para que sirvan como interlocutores que hablen con los pueblos sobre los supuestos “beneficios” que les brindaría contar con las compañías. En ocasiones también hay cooptación del comisariado ejidal.
“En términos generales, las empresas tratan con discriminación absoluta a las comunidades: no se ocupan de establecer diálogos, generar información, hablar de estrategias. Solo llegan, cooptan e inician los procesos de destrucción o funcionamiento de los bancos sin ningún tipo de acercamiento o consideración. Esto gracias a que tienen el respaldo institucional, sea del comisariado ejidal, del municipio, de las autoridades estatales o de las ambientales”, precisó el abogado de Utsil Kuxtal.
Robo legal de las tierras
El abogado Flavio Ayuso, del colectivo Taller Agrario, advirtió que el despojo se legitima a través de «dispositivos de apropiación agraria». El proceso suele seguir un patrón de corrupción y falta de transparencia que inicia con la captura del comisariado, cuando los empresarios se acercan. En muchos casos, corrompen a los comisariados ejidales mediante pagos de dinero.
Se generan actas de asamblea falsas o simuladas donde se reconoce al empresario como “avecindado” de la comunidad. El comisariado se encarga de ir casa por casa para recabar firmas de los ejidatarios, a menudo sin que estos tengan información clara sobre el propósito real del documento. Estas actas se ingresan al Registro Agrario Nacional (RAN). Debido a que dicha institución solo verifica formalidades y no tiene la obligación de investigar si la asamblea realmente ocurrió, las inscribe, otorgando plenos efectos legales al empresario dentro del ejido.
Una vez que el empresario obtiene el estatus de avecindado, la ley le permite legalmente comprar tierras o parcelas, convirtiéndose en el dueño de áreas que antes eran de uso común o agrícola.
Otro instrumento recurrente es el contrato de usufructo. Mediante este esquema, la empresa asegura a la comunidad que la tierra “sigue siendo del ejido”. Sin embargo, en la práctica, el empresario mantiene la posesión y explotación del terreno por periodos de hasta sesenta años.
“Es una trampa”, señaló Ayuso, ya que, aunque técnicamente la propiedad no cambie de manos, la empresa tiene libertad para desmadrar o devastar el área mediante la extracción intensiva, devolviendo tras décadas un terreno totalmente improductivo.
Un punto crítico en este proceso de despojo es la violación sistemática de la vocación de la tierra. Legalmente, la gran mayoría de la tierra ejidal en Yucatán tiene una vocación plenamente agrícola. Pero los empresarios instalan bancos de materiales industriales en estas áreas. Las autoridades agrarias y ambientales rara vez vigilan que se respete el uso de suelo agrícola, permitiendo la minería de facto hasta que los casos son judicializados por las comunidades.
“Todos los procesos extractivistas que estamos viendo en la región tuvieron que pasar por los dispositivos de apropiación agraria. 50 % de las tierras en México están en la modalidad de propiedad social y ese es el territorio que concentra la biodiversidad. Entonces, los ejidos ya no solo desempeñan un papel meramente agrícola. La cuestión ejidal ya no puede entenderse separadamente de la ambiental ni de los otros derechos de las comunidades indígenas”, señaló Ayuso.
Los pueblos no quieren bancos de materiales en sus comunidades
En 2025, pobladoras y pobladores de Xcucul Sur, comunidad de Umán, contactaron a la asociación Utsil Kuxtal. Querían detener las explosiones del banco de materiales de la empresa Grupo Zamudio, que dañaban sus vidas. Con la asesoría de la organización, presentaron una denuncia popular ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y ante la SDS, con lo que lograron clausurar la sascabera.
La organización les brindó asesoría legal y la noticia corrió. Pronto otras comunidades quisieron hacer lo mismo: comenzaron a organizarse y a realizar acciones jurídicas para detener a las empresas.
En ese recorrido, Utsil Kuxtal y las propias comunidades detectaron irregularidades en los procesos. Por ejemplo, después de que habitantes de San José Tzal, Tebec y Hotzuc presentaron una demanda de amparo contra un banco de materiales que arrancó operaciones sin contar con la MIA, la SDS aprobó ese documento.
Otro caso fue el de Xcucul Sur, donde a mediados de 2025 diez pobladores fueron notificados de una denuncia por la Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE). La empresa los acusó de golpear a sus trabajadores y portar armas. Este es un claro caso de criminalización de la defensa de derechos humanos, pues los pobladores, como documentaron medios de comunicación presentes en ese momento, solo protestaban frente a la empresa sin agredir a nadie. Incluso, con la presencia de policías estatales.
Ante estas situaciones, diez comunidades mayas decidieron agruparse en una Red de Pueblos contra la Minería, con el fin de denunciar las graves afectaciones provocadas por la extracción de materiales pétreos en sus respectivos territorios. Su primera acción fue, precisamente, manifestarse frente al Palacio de Gobierno del Estado de Yucatán para exigir un alto a las empresas de extracción de material pétreo.
En la protesta, realizada en marzo de 2026, pidieron detener la autorización de nuevos bancos de materiales, reconocer la emergencia socioambiental que atraviesa la península, respetar la autonomía y libre determinación, y reparar integralmente el daño, incluyendo atención a la salud física y emocional de la población, refacción de viviendas afectadas y restauración del monte, el aire y el agua.
También presentaron el manifiesto colectivo Basta de minería en nuestro territorio, donde expusieron la falta de procesos de consulta previa, libre, informada y culturalmente pertinente para el establecimiento de las empresas.
El Estado: capturado por los corporativos
“Hay una obligación de debida diligencia por parte tanto de las empresas como de las autoridades”, recordó Fernández. Es decir, las empresas deben cumplir con la normatividad establecida. Es tarea de las autoridades, tanto municipales como estatales y federales, verificar que lo hagan y que no violen derechos humanos.
Sin embargo, lo que se ha visto hasta ahora es que el Estado facilita el funcionamiento de estas empresas en detrimento de los derechos humanos, puntualizó el abogado, quien consideró que esto visibiliza la captura del Estado por las corporaciones. “¿A quién sirve el Estado?”, cuestionó.
Además, es un claro ejemplo de racismo ambiental. Se privilegia el factor económico, las ganancias de las compañías, en detrimento de los derechos humanos de las comunidades.
En la opinión de los expertos entrevistados para este reportaje, las autoridades y las empresas deben escuchar las peticiones de las poblaciones mayas que están alzando la voz contra las afectaciones de los bancos de materiales.
“Están pidiendo que se respete el derecho que tiene toda la población para decidir sobre las actividades que se hacen en sus territorios, sus montes, en lugares que para ellos tienen otros significados más allá de la ganancia económica que se pueda tener. Eso, traducido en cuestiones institucionales, formales, jurídicas, reconocidas por el Estado, significa que también las empresas deben respetar el derecho a la libre determinación de los pueblos”, insistió Gaillard.
Lo mejor que puede pasar es que el Estado deje de autorizar las MIA y las operaciones de los bancos de materiales, pero también debe comenzar a solicitar Manifestaciones de Impacto Ambiental estratégicas como requisito previo para establecer un proyecto.
“Por otro lado, urge la actualización del marco legal, tanto local como federal, en materia de autorizaciones para bancos de materiales y derecho ambiental, pero también en cuanto a la Ley Agraria, que no ha tenido reformas sustantivas en más de treinta años, lo que la hace incapaz de proteger los derechos ambientales y de los pueblos indígenas frente al extractivismo actual”, en la opinión de Ayuso.
Mientras tanto, los ejidos pueden fortalecerse y blindarse apostando por la creación de reglamentos internos, que son leyes vinculantes que toda autoridad debe cumplir. Esto con el fin de establecer candados para evitar que personas externas, sobre todo aquellas ligadas a empresas extractivas, lleguen y con solo una firma de acta se avecinden y puedan adquirir tierras del ejido para establecer megaproyectos.
“Los bancos de materiales –continúa Ayuso– no tendrían que estar sucediendo, por el tema del agua, entre otras cuestiones. Debe haber voluntad institucional y política para atender esto de manera integral de la mano de las propias comunidades que habitan el territorio”.
El respeto a los derechos humanos no debe quedar en un discurso político, sino que debe aplicarse institucionalmente y deben generarse las condiciones para que el aparato judicial también pueda tener capacidades, herramientas y garantías de aplicación. Eso implica destinarle más presupuesto, pues “los derechos también tienen costos”, de acuerdo con el abogado de Taller Agrario.
Finalmente, son las autoridades quienes deben impulsar mecanismos para cumplir con lo que las poblaciones exigen: que en sus territorios no se instalen bancos de materiales. Mientras el gobierno del Estado incumple con su promesa de instalar mesas de trabajo para llegar a acuerdos al respecto, las poblaciones mayas siguen en pie de lucha y vigilantes. Tienen claro que no quieren esas empresas a la vuelta de sus hogares, pues como expresaron en su manifiesto, “no puede sostenerse un modelo de desarrollo que destruye pueblos, fragmenta comunidades y sacrifica nuestra salud”.
