El 31 de mayo de 2026, Colombia celebra elecciones presidenciales en un escenario marcado por la polarización creciente, la violencia, una transparencia electoral en cuestionamiento y una presión geopolítica que ya no se disimula. Con el fin del ciclo del presidente Gustavo Petro y la profunda interdependencia asimétrica que define la relación de la región con Washington, el resultado colombiano tendrá consecuencias que van mucho más allá de sus fronteras: si Iván Cepeda y el Pacto Histórico logran retener el poder, la izquierda latinoamericana conservará uno de sus bastiones más influyentes. Si triunfa la derecha, el mapa político regional se reconfigurará con efectos directos no solo sobre la política interna del país, sino también sobre las dinámicas regionales.

Fotografías: Diana Salazar y Heriberto Paredes

Colombia.- América Latina vive en 2026 uno de los ciclos electorales más intensos de la década. Perú, Colombia y Brasil elegirán presidentes a lo largo del año en un escenario regional donde la segunda administración Trump ha dejado de ser un actor lejano para convertirse en una variable directa de la política interna de varios países.

La política exterior estadounidense es abiertamente transaccional e intervencionista: va desde la intervención militar en Venezuela a comienzos de año y el endurecimiento del bloqueo contra Cuba, pasando por las amenazas de tomar el control del Canal de Panamá, la coerción diplomática y arancelaria sobre México y la presión sobre la justicia brasileña tras la condena al expresidente Jair Bolsonaro por su intento de golpe de Estado.

Los casos recientes son notables. Sobre Honduras, Trump publicó en su cuenta de X –pocas horas antes de que iniciara la jornada electoral– que indultaría al expresidente Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico en Estados Unidos, si ganaba Nasry Asfura, candidato del mismo partido. Tras un cuestionado proceso de escrutinio que se extendió durante meses, Asfura fue declarado ganador y Juan Orlando recuperó la libertad.

En Argentina, Trump condicionó abiertamente el respaldo financiero de Estados Unidos a la victoria del partido de Javier Milei en las elecciones legislativas del 26 de octubre de 2025.

Dos países, dos elecciones, la misma mano. El patrón no es nuevo, pero nunca había sido tan explícito.

El mapa político latinoamericano muestra con claridad que los tres gobiernos progresistas que quedan en pie en la región son los de México, Brasil y Colombia. México mantiene cierta estabilidad bajo Claudia Sheinbaum. Brasil vota en octubre y Luiz Inácio Lula da Silva buscará un cuarto mandato. Colombia vota ahora y si el gobierno actual cae, el bloque se fracturará.

Lo que Colombia decida el 31 de mayo no le pertenece ni le impacta solo a Colombia. La simbología regional importa en política. Una derrota en Colombia tres meses antes de las elecciones brasileñas sería, en el mejor de los casos, un regalo discursivo para quienes quieren demostrar que el ciclo progresista latinoamericano ha fracasado y está llegando a su final. En el peor de los casos, representaría un golpe a las relaciones amistosas y de profunda integración que se han construido bajo los Gobiernos de Gustavo Petro y Lula. Pondría en riesgo la posible consolidación de un bloque de resistencia a la hegemonía trumpiana en el hemisferio.

El mapa electoral: tres candidatos, dos polos y un centro debilitado

Colombia vive un momento histórico en su vida democrática: es la primera vez que la izquierda no solo defiende el poder que conquistó hace cuatro años, sino que busca preservarlo y consolidarse como proyecto de nación a largo plazo.

Las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026 marcaron un hito. Las fuerzas progresistas representadas en el Pacto Histórico, el partido del actual Gobierno, lograron su mejor resultado histórico en el Congreso y se consolidaron como la fuerza más votada del país, asegurando veinticinco curules. No es una mayoría, el Congreso sigue estando dominado por la derecha, pero es una señal de que existe un electorado que no votó a Petro y su partido como forma de protesta, sino que votó porque está identificado con un proyecto.

Eso cambia la naturaleza de la disputa. Ya no se trata de si la izquierda puede llegar al poder. Se trata de una fuerza política que ha ido consolidándose y que ahora disputa por su permanencia en él. Ese giro es el que hace que estas elecciones sean distintas a todas las anteriores y complica el análisis que se hace de Colombia tanto desde adentro como desde afuera.

A pocos días de la primera vuelta, el panorama electoral está marcado por una polarización que no da espacio al centro. Catorce candidatos se inscribieron ante la Registraduría Nacional, pero la intención de voto se ha concentrado en tres figuras. Iván Cepeda Castro, senador del Pacto Histórico, encabeza todas las encuestas, entre el 38 % y el 40 % de intención de voto. Lo siguen Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, cercano al 24 %, y la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, con aproximadamente el 19 %.

Figuras de centro como Sergio Fajardo y Claudia López no logran despegar en las encuestas. Sus candidaturas ilustran algo más profundo: la sociedad colombiana está dividida en dos bloques y no hay oxígeno para posiciones intermedias. La fragmentación del voto de derecha y el inexistente centro es, paradójicamente, el factor que más podría favorecer a Cepeda.

Desde su campaña se espera que la disputa entre De la Espriella y Valencia por el electorado conservador le permita a Cepeda ganar en primera vuelta, algo inédito en la historia colombiana para un candidato de su perfil.

El candidato del Pacto Histórico representa la continuidad del proyecto petrista y promete profundizar políticas y reformas que Petro no logró consolidar. De la Espriella y Valencia, aunque rivales entre sí, coinciden en lo fundamental: el desmonte de las políticas del gobierno actual, mano dura contra las estructuras criminales y el retorno de Colombia al rol de principal aliado de Estados Unidos en la región. Son tres candidaturas que disputan dos visiones de país distintas, y las consecuencias de cada una van mucho más allá de Bogotá.

La presión que nadie nombra, pero que todos sienten

Decir que hay un gran interés externo sobre los resultados de las elecciones presidenciales colombianas no es especulación, es una realidad, y se llama doctrina Donroe. El concepto, que fusiona el nombre de Donald Trump con la doctrina Monroe del siglo XIX y que expone, en esencia, que “América es para los americanos”, fue adoptado por el propio presidente estadounidense tras la operación militar en Venezuela que resultó en el secuestro del presidente Nicolás Maduro.

La doctrina Monroe se concibió en el siglo XIX como una advertencia a las potencias europeas de no intervenir en el hemisferio americano. Su corolario Donroe, además de popner en la mira a las potencias china y rusa, es hoy la justificación ideológica para que Washington opere de manera abierta en los asuntos políticos de sus vecinos del sur, bajo el argumento de que el hemisferio occidental es su zona de influencia natural e irrenunciable.

Colombia no es un caso periférico dentro de esa doctrina. Es un caso central. El país comparte más de 2200 kilómetros de frontera con Venezuela y acoge cerca de tres millones de migrantes venezolanos, lo que convierte cualquier inestabilidad en el país vecino en un asunto de política interna colombiana de manera inmediata. Para Washington –que ha manifestado expresamente la posibilidad de incorporar a Venezuela como el estado número 51 de los Estados Unidos– es estratégicamente importante que el próximo gobierno en Bogotá se alinee con su política regional y respalde su posición frente a Caracas.

Un gobierno que continúe la línea de Petro, quien mantuvo relaciones diplomáticas con Maduro y criticó abiertamente la presión estadounidense sobre Venezuela, representa un inconveniente hemisférico real para la Casa Blanca.

El caso de Ecuador ilustra cómo esa presión puede operar también desde los vecinos más cercanos. El presidente Daniel Noboa arguye falta de control y cooperación del Gobierno colombiano en materia de seguridad en la frontera que ambos países comparten. También alude a la mayor responsabilidad fiscal y militar que Ecuador ha tenido que asumir para contener las estructuras criminales que operan en esa zona. Bajo estos argumentos decidió aplicar, como medida de represalia, aranceles del 30 % a las importaciones colombianas en febrero, los elevó al 50 % en marzo y anunció que llegarían al 100 % a partir del 1 de mayo.

Dos lecturas se pueden hacer de esta decisión unilateral: la primera, que el mandatario ecuatoriano, pese a ir en contra de las obligaciones internacionales de su país, quiere presionar a Colombia para que adopte una postura que se alinee más con lo que desea Ecuador frente a la seguridad transfronteriza. La segunda –en lectura política– es que la balanza electoral se incline hacia los candidatos más afines a sus posiciones.

Hace unos días, la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, anunció una llamada que sostuvo con Noboa. El presidente ecuatoriano ofreció reducir los aranceles al 75 %. La maniobra dejó al descubierto lo que ya era evidente: la frontera Colombia-Ecuador es también un frente político donde se pelea la elección colombiana con aranceles y presión diplomática.

Al observar los patrones que comparten estas decisiones del presidente ecuatoriano con las del presidente Trump, es imposible no preguntarse cuál es el papel de Washington en las decisiones que se toman desde Quito. ¿Es mera influencia ideológica? ¿Busca Noboa hacer guiños a Trump para consolidarse como su mejor aliado en la región o está actuando bajo directrices concretas desde Washington? Es claro que estas políticas, además de ser abiertamente contrarias al derecho internacional, han sido dirigidas exclusivamente hacia los gobiernos que Washington ha declarado opositores a sus intereses.

Hay que recordar que, antes de su disputa con Colombia, Noboa impuso en 2025 un arancel del 27 % a los productos importados desde México, poco después de que Estados Unidos impusiera aranceles a este país. 

La decisión se dio en un contexto de tensiones diplomáticas tras la ruptura de relaciones en 2024, cuando la policía ecuatoriana irrumpió de forma violenta en las instalaciones de la embajada mexicana en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas, violando así la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961.

Colombia y México tienen algo en común: son gobiernos que Washington ha señalado con insistencia como contrarios a sus intereses. Que Noboa haya ejercido presión económica y diplomática sobre los dos, con una sincronización difícil de ignorar, es una pregunta abierta que nadie ha respondido formalmente, pero que muchos en la región se hacen.

A esta cadena de presiones externas sobre las elecciones colombianas se suma el escándalo de Honduras Gate. Es la ilustración de un modelo de intervención que no llega en forma de declaración de guerra, sino de coordinación entre actores locales e internacionales y un posicionamiento mediático cuidadosamente orquestado.

En audios filtrados, una voz identificada como la del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández afirma que el Gobierno israelí tuvo un papel decisivo en su indulto y liberación en Estados Unidos. Habla de crear una célula informativa para lanzar operaciones contra gobiernos de izquierda en la región y menciona explícitamente que «se vienen unos expedientes contra México y Colombia», todo con el apoyo de actores en Honduras, Estados Unidos, Israel, Argentina y otros sectores conservadores de la región. 

Independientemente de los argumentos que se usen para desestimar estas revelaciones, lo cierto es que esta historia puso nombres, cifras y conversaciones a una red que muchos en la región sospechaban que existía. Con ese antecedente sobre la mesa, preguntarse si Colombia será el blanco de intervenciones para influenciar el resultado presidencial es una pregunta válida.

¿A quién apoya Washington?

El apoyo explícito de la administración Trump a un candidato colombiano ha sido, hasta ahora, menos visible que en otros procesos electorales recientes de la región. Probablemente no es casualidad. Un endoso abierto antes de la primera vuelta puede producir el efecto contrario en un electorado colombiano profundamente dividido frente a la intromisión de Estados Unidos en asuntos internos. La estrategia que Washington parece estar adoptando es guardar ese apoyo para la segunda vuelta, donde todos los sectores conservadores buscarán unirse para vencer a Iván Cepeda.

Que no haya declaración no significa que no haya posición. La tensión que Petro mantuvo con la Casa Blanca durante su Gobierno, criticando su política exterior en materia de migración, paz y seguridad, desde la guerra en Gaza hasta las operaciones militares contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico como antesala a la incursión militar en Venezuela, dejó una huella que no desaparece con una visita.

Washington ha enviado señales claras: la descertificación de Colombia como socio confiable en la lucha contra el narcotráfico, sumada a la designación de grupos armados colombianos como organizaciones terroristas por parte del Departamento de Estado, alinea directamente la política de seguridad estadounidense con la agenda de los candidatos de derecha. Es una crítica explícita a la política de paz negociada que el Gobierno de Petro denominó Paz Total.

A ello se suma un dato que no debe leerse como un gesto neutral: Estados Unidos será observador internacional en las elecciones del 31 de mayo. El Consejo Nacional Electoral confirmó que acreditó a ochenta y seis miembros de la embajada estadounidense para vigilar los comicios en diferentes ciudades del país. En el comunicado oficial se presentó como una estrategia de cooperación para fortalecer la transparencia del proceso.

Esta acción llega después de que el Gobierno de Estados Unidos expresara públicamente su preocupación por las amenazas contra candidatos de derecha, como Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. Queda abierta una pregunta incómoda: ¿Qué entiende Washington por transparencia y a quién, exactamente, está observando?

Pese a que los niveles de hostilidad abierta entre Trump y Petro bajaron después de la visita del mandatario colombiano a la Casa Blanca en febrero, las relaciones entre Bogotá y Washington siguen siendo las más tensas del período democrático reciente. Si hay segunda vuelta –que se votaría el 21 de junio–, ese apoyo implícito probablemente se volverá explícito. Cuando eso ocurra, la elección colombiana pasará a ser formalmente un episodio más del largo historial de intervención estadounidense en procesos electorales latinoamericanos, y un posible triunfo para la reconfiguración regional que Washington viene ejecutando bajo la doctrina Donroe.

Violencia y fraude: los escenarios que nadie quiere en Colombia

Mientras la atención internacional se concentra en el nombre de la futura presidenta o presidente de Colombia, los colombianos viven este proceso bajo una presión y una división sin paralelo en su historia democrática reciente. La polarización es tan profunda que Colombia irá a las urnas el 31 de mayo sin que los tres candidatos que lideran las encuestas hayan compartido un debate presidencial ni una sola vez. Se excusan y refugian principalmente en la idea de no querer participar en escenarios polarizados.

Resulta difícil hablar de democracia y reconciliación en un país tan marcado por la violencia, cuando quienes aspiran a la Casa de Nariño no logran ponerse de acuerdo ni para asistir a un debate público.

La ausencia de debate no ocurre en el vacío. El tono de lo que se aproximaba lo marcó el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en 2025, primera señal de que la campaña electoral no sería un proceso ordinario. A esa violencia dirigida contra figuras políticas se suma la que viven líderes locales en regiones donde el Estado llega con precariedad, y la que se descarga directamente sobre la población civil.

En una sola semana, entre el 24 y el 30 de abril, se registraron decenas de acciones violentas y terroristas, ataques con drones a instalaciones militares, cilindros con explosivos en vías y una carga explosiva detonada al paso de vehículos que mató a veintidós personas y dejó treinta y siete heridas. Varios atentados fallaron en sus objetivos, pero se sumaron a una campaña de terror sostenida, como reporta INDEPAZ.

A su vez, el registrador nacional Hernán Penagos solicitó refuerzo especial de la fuerza pública para varias zonas del país, donde la presencia de grupos armados ilegales amenaza directamente el desarrollo de la jornada electoral. En esas regiones, votar no es una rutina cívica, es un acto de valentía.

Los cuestionamientos sobre la transparencia del proceso electoral completan el complejo panorama. Antes de las elecciones legislativas de marzo, el presidente Petro denunció la posibilidad de un fraude electoral basado en la presunta manipulación del software usado por la Registraduría para el conteo de votos. Esto generó un debate nacional sobre la confiabilidad del sistema.

Los organismos de control han defendido su solidez y destacado que los programas informáticos cuentan con auditorías técnicas, incluyendo revisiones internacionales. Que ese debate exista a pocas semanas de una elección presidencial en un país tan polarizado, con actores externos que tienen intereses declarados en el resultado, no es un detalle menor.

Lo que Colombia le dice al mundo

Colombia vota el 31 de mayo en las condiciones que este artículo ha descrito: con altos niveles de violencia, sin debates y con dudas sobre la transparencia de su sistema electoral, mientras la primera potencia del hemisferio amenaza militarmente al país, recorta su ayuda diplomática, llama criminal a su presidente saliente y opera militarmente en sus aguas bajo la doctrina Donroe, la justificación ideológica con la que Washington ha declarado este hemisferio su patio de operaciones.

No es un escenario de ficción. Es el escenario real.

En ese contexto, lo que los colombianos decidan el 31 de mayo es un acto político de una magnitud que va mucho más allá de elegir un gobierno. Es una respuesta imperfecta, tomada bajo presión, a la pregunta más urgente que enfrenta América Latina hoy: ¿Puede una democracia latinoamericana decidir sola bajo la doctrina Donroe?

Brasil escuchará la respuesta en octubre. México la leerá de inmediato. Washington ya sabe lo que quiere. La única incógnita real es lo que decidan las y los colombianos.