La Revolución mexicana prometió repartir la tierra entre quienes la trabajaban. La reforma de los años noventa traicionó ese pacto: abrió la propiedad colectiva del campo a la privatización y con ella las puertas al acaparamiento. Tres décadas después, los cambios de destino convierten el uso común en parcelas, las rentas vacían las asambleas ejidales y las corporaciones mineras y agroindustriales imponen su ley sobre el territorio. Este es el mapa del nuevo latifundismo en México.

Fotografías: Alejandro Ruiz, Heriberto Paredes, Patricio Eleisegui y Giuliano Salvatore

Mérida, Yucatán.– El sueño de Irma es tener un pedazo de tierra para trabajar. Ella es originaria de Baca, Yucatán, un ejido fundado en 1924 conformado por 286 ejidatarios, el nombre que le dieron las leyes mexicanas a los campesinos beneficiados del reparto agrario que impulsó la Revolución de 1910.

Uno de esos 286 ejidatarios de Baca era el padre de Irma. “Cuando muere mi padre, como dicen las leyes, yo me convierto en ejidataria. Esto fue en 2017. Entonces, como yo aparezco en el padrón de ejidatarios, voy a la asamblea y pido que me asignen tierras para trabajar”, dice la mujer de origen maya, explicando, de forma sencilla, lo que las leyes mexicanas establecen: que los hijos e hijas de los campesinos beneficiados del reparto agrario tienen derecho a un pedazo de tierra para trabajarla.

“Yo soy campesina y sé que no hay nada como esta vida: tener algo propio para conservar la naturaleza, y con eso asegurar un sustento”, relata.

Aunque las intenciones de Irma son legítimas, la asamblea ejidal de Baca no consideró su propuesta. Le dijeron que en el ejido ya no existían tierras para asignarle, aunque de acuerdo con los datos del Registro Agrario Nacional, el ejido de Baca posee unas 876 hectáreas de uso común, es decir, un tipo de propiedad colectiva de la tierra en la que pueden trabajar los ejidatarios y sus descendientes.

“La asamblea me negó mis derechos diciendo que no había tierras para mí, pero es mentira: sí hay tierras en Baca, lo que pasa es que se las están regalando a los empresarios”, replica aquella mujer.

Mientras Irma narra su historia, al fondo, un buldózer arrasa con los árboles que habían crecido en 167 hectáreas de uso común. Es decir, en una porción de las tierras que le dijeron que ya no había. El buldózer es propiedad del empresario yucateco Pedro Solís Millet, descendiente de una familia de hacendados esclavistas que durante décadas explotaron a los mayas de la península de Yucatán para la cosecha y producción del henequén.

Mientras la maquinaria continúa removiendo los árboles del monte, Irma, con enojo, se pregunta lo mismo que muchos: “¿por qué este señor puede venir y adueñarse de nuestro territorio si ni siquiera es campesino? Son los nuevos terratenientes, y nadie hace nada al respecto”.

La arquitectura legal del despojo

Lo que Irma vive en Baca lo viven muchas campesinas en México. Es la expresión local de un proceso que comenzó a gestarse décadas atrás, en los escritorios de Ciudad de México, con la reforma al artículo 27 constitucional de 1992. Esto fue el parteaguas normativo que permitió legalizar la venta de tierras ejidales y su circulación en el mercado de tierras, alterando el pacto social revolucionario zapatista que proclamaba que “la tierra es de quien la trabaja”.

El impulso de esta reforma ocurrió durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Bajo el argumento de que ya no quedaba tierra disponible en México, puso fin al reparto agrario e impulsó la inversión privada al campo como medio para modernizar e integrar la agricultura mexicana en la economía global.

La reforma agraria de aquel año favoreció el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE), que delimitó las tierras ejidales en distintos tipos: común, parceladas y asentamiento humano. Además, incorporó mecanismos legales que son aprovechados por actores empresariales y políticos con mayor capital jurídico y económico.

Aunque históricamente las transacciones de tierras ejidales existían desde antes del PROCEDE de 1992, la reforma institucionalizó la posibilidad de privatizar y acaparar las tierras con el cambio a dominio pleno, una figura legal que permite que un ejidatario convierta su parcela en propiedad privada. Es decir, esta reestructuración provocó que la tierra, antes comprendida como un bien comunal ligado a la reproducción social campesina, fuera vista como un derecho individual susceptible de transacción.

Para entender cómo es posible esta privatización, es necesario adentrarse en la arquitectura legal que la reforma de 1992 puso en marcha. Evangelina Robles, abogada agraria, integrante del Colectivo por la Autonomía y de la Red en Defensa del Maíz, en México, lo explica con la claridad de quien ha pasado más de dos décadas defendiendo territorios campesinos e indígenas.

“A mí me tocó ver cuando se dio la reforma agraria de aquel año, y uno de los temores principales era que se privatizara la propiedad social. En realidad, lo que ahora puedo ver con los años es que la gente mantuvo la tierra todavía en propiedad colectiva. La propiedad social en México era mayor del 60 %. Las tierras que entraron al dominio pleno o a la propiedad privada eran tierras que en su mayoría ya estaban ocupadas por zonas urbanas o las ciudades se las habían comido”.

Actualmente, de acuerdo con el Censo Agropecuario 2022, levantado por el INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), la propiedad social en México abarca 99.7 millones de hectáreas, equivalentes al 51 % del territorio nacional, distribuida en 29 760 ejidos y 2394 comunidades. Estas constituyen no solo el soporte físico de la producción rural, sino también un entramado de organización social, cultural y política que ha sobrevivido a siglos de transformaciones.

En más de dos décadas de reforma agraria, México tan solo ha perdido el 9 % de la propiedad social que existía en 1992. Sin embargo, y aunque este 9 % puede no ser una cifra alarmante, en los últimos diez años se ha acelerado el despojo, privatización y acaparamiento de tierras de propiedad social. Este despojo es impulsado por la visión desarrollista que el Estado mexicano ha sostenido desde la segunda mitad del siglo XX, una visión que ha incrementado la especulación y presión sobre los territorios para desarrollos inmobiliarios, agroindustriales y energéticos.

En abril de 2025, en un informe confidencial al que Ceiba tuvo acceso, el Registro Agrario Nacional (RAN) enumeró los artículos de la Ley Agraria que han permitido este proceso de privatización y concentración de tierras. Estos instrumentos legales permiten que terceros transfieran derechos agrarios (a personas avecindadas con posibilidad de convertirse en ejidatarios), accedan al ejido y utilicen tierras de uso común o las conviertan en parcelas o asentamientos humanos con opción a dominio pleno, es decir, privado. El informe es contundente, pues en México 10 personas concentran 6 697.5 hectáreas de propiedad social. 

¿Qué significa esto en el territorio? Evangelina explica:

“El cambio de destino es una de las estrategias centrales. La asamblea ‘decide’ convertir tierras de uso común −que antes eran para todos− en parcelas. Esas parcelas luego pueden ser vendidas a particulares o a empresas. Todo está dentro de la ley o al menos dentro de lo que la ley permite si se cumplen ciertos requisitos. Pero en la práctica, esos requisitos se saltan”.

El informe del Registro Agrario Nacional confirma la lectura de Evangelina. Es explícito al señalar que “el andamiaje normativo ha permitido que la concentración de tierras se realice a través de cambios de destino de tierras de uso común a parcelas, enajenaciones parcelarias, y la figura del dominio pleno”, y ejemplifica el fenómeno con los datos, al señalar que 202 personas concentran 208 006.55 hectáreas en parcelas, y 209 concentran 130 871.8 hectáreas de asentamiento humano. 

Además de esto, en el apartado dedicado a las “inconsistencias y diferencias” en los procesos de calificación de trámites, es decir, de dar validez a los requisitos legales para privatizar la propiedad social, el informe del Registro Agrario  señala que se detectaron datos inconsistentes. Entre las anomalías encontradas por la institución están sujetos agrarios con Claves de Población apócrifas que no pudieron ser validadas en el Registro Nacional de Población; sujetos fallecidos que aún aparecen con derechos activos; parcelas de grupo con un solo titular activo para eludir el límite de superficie; y acuerdos de asamblea que autorizan el dominio pleno antes de que las parcelas existan.

Las inmobiliarias del despojo: el caso Yucatán

Uno de los casos más emblemáticos que ilustran la arquitectura del despojo se encuentra en el ejido Progreso, municipio de Progreso, Yucatán. Ahí, el RAN documentó que, en una asamblea celebrada el 29 de abril de 2007, se acordaron tres acciones: el cambio de destino de tierras de uso común a parcelas, la asignación de 13 250 parcelas y la autorización para adoptar el dominio pleno a favor de cinco conocidos empresarios y empresarias en la región.

Estos acaparadores –como los llama el Registro Agrario– son Antonino Almazán Arteaga, Carlos Alberto Génova Gamboa, Elsy Lilibeth Zurita Ojeda, Moisés Rafael Mizrachi Nizri y María de Lourdes Zentella González, quienes se hicieron de una superficie total de 1630 hectáreas distribuidas en 13 250 parcelas, las cuales tendrían un valor de mercado cercano a los 6194 millones de pesos.

El caso de Progreso se repitió en otro ejido del mismo municipio, el ejido Chelem. Ahí, el RAN detectó que se asignaron 6169 solares urbanos a solo cuatro personas. Tres de ellas recibieron 2016 solares cada una y una cuarta recibió 121. Los nombres de las acaparadoras y acaparadores son Rafael Acosta Solís, Adriana Cecilia Burgos Chacón, Miguel Adrián Marcos Nader y Miryan Santiago Martínez.

Los solares urbanos son las áreas de asentamiento humano que tiene un ejido, es decir, el espacio destinado para vivir, que, por ende, puede entrar al mercado inmobiliario de forma automática. En el caso de Chelem, el valor estimado de esos solares supera los 2500 millones de pesos.

Todos estos empresarios y empresarias, como constató Ceiba para este reportaje, están ligados al negocio inmobiliario y forman parte de un circuito de despojo que se ha acentuado en la península de Yucatán en los últimos años: el de la especulación inmobiliaria que permite una mejor posición si se tiene el control sobre tierras de interés para los megaproyectos turísticos, logísticos e industriales que avanzan en la región.

Los casos de los ejidos de Chelem y Progreso son un ejemplo claro. Ambos forman parte de la Zona Metropolitana de Mérida, donde la propia Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial a nivel federal reconoció en agosto de 2025 que la especulación inmobiliaria es ya una realidad. El subsecretario de Ordenamiento Territorial, Urbano y Vivienda, Víctor Hugo Hofmann Aguirre, advirtió que en la zona opera la financiarización inmobiliaria: casas y terrenos que dejan de verse como espacios para vivir y pasan a convertirse en activos financieros, comprados para renta o reventa.

La tierra para la minería

Mientras en Yucatán los acaparadores acumulan parcelas y solares mediante cambios de destino y asambleas amañadas, en diversas partes del país otro tipo de actores ha desplegado mecanismos aún más violentos para hacerse de la propiedad social.

Recientemente, el colectivo GeoComunes documentó en un informe cómo el sector minero ejerce la mayor presión sobre la propiedad social.  Su ocupación “provoca transformaciones irreversibles, no solo en las áreas directamente explotadas, sino también en zonas aledañas”.

En Sonora, el caso del ejido El Bajío ilustra la combinación letal de mecanismos legales e ilegales que las empresas mineras utilizan para apropiarse del territorio, y también los daños que se extienden a las comunidades.

El ejido fue fundado en 1971 con un decreto presidencial que otorgó 21 038 hectáreas de desierto a setenta y siete campesinos. En 1996, la empresa Penmont −filial de Fresnillo PLC− obtuvo, ilegalmente, permiso del comisariado ejidal de ese entonces para explorar minerales en parte del territorio.

Después de eso, el ejido comenzó a promover cambios de destino de tierras de uso común a parcelas. En 1999 surgió un cambio de destino que afectó 8 162 hectáreas con capacidades de cultivo que se asignaron a setenta y siete ejidatarios.

“Lo del 99 fue algo normal para nosotros, decidido por los ejidatarios. Esa tierra es totalmente llana y 100 % cultivable, por eso se parceló y se dividió entre todos. Ahí establecimos que las tierras donde hay cerros, arroyos, dunas y tierras no cultivables se quedaran como tierras de uso común, donde cada ejidatario tiene un porcentaje de derechos”, explica Jesús Thomas, ejidatario de El Bajío.

Sin embargo, en 2006, el entonces abogado de la empresa minera promovió entre un grupo de ejidatarios el parcelamiento del territorio restante en uso común. La estrategia era que, una vez parceladas esas tierras, la minera pudiera comprarlas mucho más baratas y sin los límites establecidos en la ley.

“Dejaron como únicos propietarios de esas tierras de uso común a cinco personas: la familia Cruz, que en ese momento era muy afín a ellos, sus lacayos. Las fragmentaron para, en el futuro, poder comprar solo las áreas que les interesaban, sin tener que negociar toda la superficie. Sin embargo, conforme vieron que tenían controlada la directiva ejidal y que nadie se enteraba, decidieron no comprar nada”, detalla Jesús Thomas.

Un año antes de este movimiento, en 2005, y sin contar con el permiso de la asamblea, la empresa comenzó la extracción de oro de una mina que bautizó como Soledad-Dipolos dentro del ejido. Entonces, para regularizar su situación, la empresa decidió una inusual jugada legal que partía de este irregular cambio de destino.

“En 2009, los Cruz, impulsados por la minera, demandaron a la misma minera. Pedían el desalojo de las tierras de uso común. La minera, obviamente, no se defendió adecuadamente y perdió el juicio, y el tribunal las conminó a negociar. Todo esto ya lo habían pactado previamente, y el acuerdo era pedir 5 millones de dólares. A los Cruz les iban a dar el equivalente a 12 millones de pesos de la época, y la minera se quedaría con el resto. Pero cuando llamaron a negociar, el representante de los Cruz se puso loco, no quiso los 5 millones y exigió 150 millones de dólares más el 30 % de la producción de la empresa. Obviamente lo mandaron al carajo”, recuerda el ejidatario.

Aun así, la minera se quedó ilegalmente en el territorio, hasta que, en 2013, los ejidatarios de El Bajío interpusieron sesenta y siete demandas por ocupación ilegal del territorio ante el Tribunal Agrario.

La lucha legal dio resultados históricos. El 8 de diciembre de 2014, el Tribunal Agrario número 28 de Hermosillo dictó sesenta y siete sentencias a favor del ejido. Ordenó a la empresa Penmont devolver todo el oro extraído durante la ocupación ilícita, desalojar las tierras, pagar las rentas por la ocupación ilegal y restituir las tierras a su estado natural.

El 6 de mayo de 2025, el tribunal dictaminó que la indemnización que la empresa debe pagar al ejido asciende a 1205 millones de dólares por concepto del mineral extraído. Pese a las sentencias, la minera promovió sesenta y siete amparos y obtuvo una suspensión provisional. Los amparos se han ido desechando uno por uno, pues no hay argumentos legales para sostenerlos, por lo que, concluidos esos procesos, deberían ejecutarse las sentencias en contra de la empresa.

La violencia, sin embargo, no espera las resoluciones judiciales. En 2018, los ejidatarios Noemí Elizabeth López Gutiérrez y Raúl Ibarra de la Paz fueron asesinados, y hasta la fecha se desconoce el paradero de sus cuerpos. En 2021, otros dos ejidatarios fueron asesinados: José de Jesús Robledo Cruz y María de Jesús Gómez Vega. En sus cuerpos, los asesinos dejaron un mensaje de amenaza al resto de los ejidatarios que luchaba contra la minera. Además de estos casos, el ejido ha seguido recibiendo amenazas, han sido privados de la libertad, les han sembrado armas y ha ocurrido un desplazamiento forzado como consecuencia de toda esta violencia. Al respecto, Jesús Thomas reflexiona:

“Hemos perdido a cuatro compañeros, somos objeto de persecución por parte del Estado con la criminalización de la resistencia. Hemos tenido más de doce encarcelados y todavía tenemos órdenes de aprehensión vigentes. 

Lo único que me queda es una desesperanza inmensa porque ves que el Estado mexicano no te protege. Siempre está a favor del capital. Aclaro que no fue la actual administración la que hizo todo esto, pero sí es la que está obligada a darle un cierre y justicia a nuestra comunidad, y confiamos en que lo hagan”.

El caso del ejido El Bajío deja ver un patrón de acción del que el informe de GeoComunes da cuenta. El caso del ejido Carrizalillo, en el municipio de Eduardo Neri, Guerrero, es otro ejemplo paradigmático.

En 2005, la minera canadiense Goldcorp Inc. llegó al ejido para establecer el proyecto minero “Los Filos”. Su estrategia incluyó la compra de tierras de uso común y al menos ciento veintiséis convenios para la adquisición de parcelas, lo que en conjunto representaba el 85 % de la superficie total del ejido.

La compra se realizó a un precio de alrededor de 2600 pesos por hectárea, justo cuando la empresa había recibido información privilegiada del Servicio Geológico Nacional sobre la riqueza del yacimiento. Goldcorp, en ese momento considerada la segunda empresa más poderosa del mundo, proyectó una inversión de 1000 millones de dólares en el proyecto, que en sus primeros años llegó a generar el 10 % de su producción mundial anual de oro.

Lo que ocurrió en Carrizalillo fue una violación flagrante de la Ley Agraria: la compra de tierras de uso común está prohibida en México, solo se permite su arrendamiento, pues primero tienen que convertirse en parcelas, es decir, propiedad privada. Sin embargo, la Dirección General de Minas −dependiente de la Secretaría de Economía− y el Registro Agrario Nacional inscribieron los convenios de compra como si fueran legales.

Cuando el ejido reaccionó y encontró un resquicio legal para recuperar sus tierras, más del 60 % del territorio ya estaba ocupado por la actividad minera. La única salida que les quedó a los ejidatarios fue transitar de ese acto ilegal a la elaboración de un convenio de arrendamiento “conforme a la ley”.

El informe de GeoComunes señala que esta misma estrategia se repitió tres años después en el ejido de Mazapil, Zacatecas, donde la empresa volvió a comprar tierras de uso común. Esta perdió el juicio agrario, pero ya era imposible sacarla porque la mina Peñasquito ya estaba en operación. Es el patrón: entrar de forma rápida, aunque sea ilegal, para que la discusión posterior se centre en el monto de las indemnizaciones, no en la restitución del territorio. En Carrizalillo, ese proceso no fue pacífico: hubo muertos asociados a la presencia de la mina.

“La corrupción notarial, la Dirección General de Minas y el Registro Agrario Nacional validaron el despojo al inscribirlo como si fuera legal”, señala Geocomunes en su informe, y precisan que “nada de estos mecanismos puede ocurrir sin la complicidad de funcionarios e instituciones del Estado mexicano”.

Aunque los casos de acaparamiento para proyectos inmobiliarios o mineros demuestran explícitamente que la concentración de tierra se hace violando la ley, existe otra forma de concentración que se centra en el uso de la tierra. Así, además de las ocupaciones ilegales, en México también pueden encontrarse ejidos que pierden el control de sus tierras mediante rentas de largo plazo, cambios de destino irregulares y la desaparición de las asambleas, sin que necesariamente la propiedad cambie de nombre en los registros.

Un ejemplo de esto es el acaparamiento por la agroindustria.

Agroindustria y agricultura por contrato: el acaparamiento silencioso

Evangelina ha visto de cerca cómo la agroindustria transnacional ha transformado territorios enteros en las últimas dos décadas. Como ejemplo habla del caso de los municipios de San Gabriel y Sayula, al sur de Jalisco, a un costado del océano Pacífico. Ahí los campesinos históricamente se han dedicado a la producción agrícola de jitomate y hortaliza; sin embargo, “en los últimos quince años esto cambió a agroindustria transnacional”.

“Empezaron a rentar tierras o a apropiarse sobre todo los usos comunes que la gente veía como tierras abandonadas, sin uso. Se generó mucho el discurso de que era un desierto donde no había nada. En los últimos quince años todo esto se llenó de invernaderos transnacionales. Ya son más de 2000 hectáreas en los municipios de San Gabriel, Tolimán y Tuxpan de pura agroindustria”.

La expansión de la agroindustria en México no es un fenómeno aislado. Los registros históricos de cierres agrícolas que abarcan desde 1987 hasta 2024, sistematizados por Ceiba, permiten observar la especialización productiva del país. Mientras regiones como el noroeste −Chihuahua, Sonora, Sinaloa y Nayarit− se consolidaron como el motor de la agricultura tecnificada y de exportación, otras regiones vieron transformarse sus sistemas productivos tradicionales bajo la presión de nuevos actores corporativos.

Chihuahua, por ejemplo, lidera en alfalfa achicalada y nuez pecanera. En 2024, el municipio de Chihuahua, específicamente en la zona de Tabalaopa, registró un valor de producción de nuez de 472.6 millones de pesos en 5019 hectáreas cosechadas. La nuez pecanera de Chihuahua se exporta principalmente a Estados Unidos, Europa y China.

Sonora, por su parte, se constituyó como el principal abastecedor nacional de trigo, con municipios como Etchojoa que produjo 176 691 toneladas en 2018. Nayarit se consolidó como el corazón del mango y el frijol en el Pacífico. En el sursureste, Tabasco se convirtió en el centro de la palma africana y el cacao, mientras que Campeche expandió su producción de soya.

Pero hay tres cultivos que condensan las contradicciones del modelo. El maíz, base de la dieta nacional y símbolo de la soberanía alimentaria, es hoy el principal producto importado: México compró en noviembre de 2024 más de 408 millones de dólares en maíz amarillo, destinado casi en su totalidad a la industria ganadera, no al consumo humano. El aguacate, por otro lado, provocó que Michoacán y Jalisco enviaran al exterior más de 175 millones de dólares en un solo mes, pero con un costo que incluye deforestación, acaparamiento de agua y violencia en los territorios productores. Y el agave, que vivió un boom especulativo cuando el precio alcanzó los treinta pesos por kilo, dejó tras de sí ejidos endeudados, tierras hipotecadas y campesinos que firmaron contratos leoninos con empresas tequileras que desaparecieron cuando el precio colapsó a menos de cincuenta centavos.

La mayoría de esta producción es acaparada por empresas intermediarias ligadas a las ABCD: Archer Daniels Midland, Bunge, Cargill y Louis Dreyfus. Estas empresas controlan la mayor parte del comercio mundial de cereales y oleaginosas, y operan como si fueran un reloj de arena: en un extremo hay millones de productores dispersos; en el otro, miles de millones de consumidores; y en el estrecho túnel del medio, ellas. Son las que fijan los precios de referencia globales, las que deciden cuándo y a qué costo llega el alimento a los puertos mexicanos, las que imponen las condiciones a los productores nacionales.

En esta estructura, el campo mexicano no compite: se somete. Cuando los precios internacionales suben, la inflación golpea a quienes destinan más de la mitad de su ingreso a comprar alimentos; cuando bajan, los productores locales no pueden sostener sus cosechas. En ambos casos, la tierra se vuelve un activo más para la especulación, y los ejidos se convierten en el blanco fácil de quienes buscan ampliar sus cadenas de suministro con especializaciones productivas que, de acuerdo con Evangelina, “tienen efectos múltiples y encadenados”.

“Con maquinaria desaparecen toda la cobertura vegetal, modifican el suelo y hacen su cultivo. Toda la diversidad que había ahí desaparece al cien por ciento. No queda ni una planta”.

Ella recuerda un caso, en el ejido San Isidro, también en Jalisco. Recibía agua de tres manantiales, ahora dos están en manos de una empresa aguacatera y el tercero ya no tiene agua. A la comunidad le tienen que llevar agua con pipas dos veces a la semana. Este caso, reflexiona, también demuestra que la agroindustria no solo acapara agua y suelo, sino también la posibilidad de producir alimentos de manera autónoma.

“Los ejidatarios de más arriba no rentaron sus tierras, pero pierden el acceso a su parcela porque las empresas aguacateras les cierran los caminos. Cuando logran ingresar en burros, esquivando a las aguacateras, su parcela o su área de uso común ya es una aguacatera. Están siendo invadidas las tierras”.

Además de este mecanismo, en los últimos años ha emergido otra forma de acaparamiento aún más esquiva: la agricultura por contrato.

Uno de estos casos ocurre en el ejido San Vicente, en la Península de Yucatán. Empresarios limoneros y de la pitaya llegaron con una oferta que no buscaba la propiedad de la tierra, ni siquiera la posesión formal. Ofrecieron a los campesinos un pago por sembrar su producto, asegurando que ellos lo comprarían, pero estableciendo que no podrían sembrar otra cosa en su territorio.

“A las empresas ya no les interesa la propiedad de la tierra y a veces ni la posesión. Lo que les interesa son los recursos que hay en ella. En muchas páginas web son muy transparentes y dicen: ‘Nuestra prospección en esta región es de quince o de veinte años porque los recursos de agua, de suelo o de personas solamente van a soportar eso’”, comenta Evangelina.

Recuerda otro caso más en la región del agave para tequila, en Jalisco. Ahí, cuando hubo un boom del precio −treinta pesos el kilo−, las empresas ofrecieron rentas atractivas. “Primero llegaron unos y les decían a los campesinos: ‘Te vamos a pagar 10 000 pesos la hectárea para rentarla por siete años’. A esos por suerte les pagaron, pero luego cayeron otros empresarios que les dijeron a los campesinos ‘te pagamos en el primer año’, y a esos ya no les pagaron. Los que llegaron a rentarles las tierras se esfumaron, y de pronto ya había una empresa en posesión de su tierra”. El resultado es una posesión de facto que el derecho agrario no alcanza a regular.

El avance de la agroindustria y la agricultura por contrato revela un problema estructural de fondo en México: la única alternativa para defender la propiedad social es volver al planteamiento que Emiliano Zapata dibujó durante la revolución mexicana: “la tierra es de quien la trabaja”.

Sin embargo, el panorama actual muestra que no hay políticas públicas eficientes que se encaminen a fortalecer a las comunidades campesinas para que esto sea una realidad. El único esfuerzo que actualmente existe en el país es el programa Sembrando Vida, iniciado en 2019. En sus objetivos se plantea revertir la lógica de abandono del campo. Su diseño, apoyado en algunas organizaciones campesinas e indígenas, busca transitar de sistemas de producción tradicionales hacia Sistemas Agroforestales (SAF) y de Milpa Intercalada entre Árboles Frutales (MIAF).

Una evaluación cualitativa del CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la Políticas de Desarrollo Social) de 2024 destacó que el programa ha tenido efectos positivos, centrados principalmente en asegurar un ingreso mensual a productores individuales, mayor diversidad alimentaria, recuperación del sistema de milpa y formación de Comunidades de Aprendizaje Campesina que reconstruyen el tejido social mediante el trabajo colectivo.

No obstante, los logros del programa chocan con un muro estructural.

De acuerdo con el Censo Agropecuario 2022, en México existen 103.5 millones de hectáreas con vocación agropecuaria, pero los productores declararon una superficie efectivamente trabajada de 88.1 millones, lo que deja más de 15 millones de hectáreas con potencial productivo sin aprovechar. Esas tierras —muchas de ellas en manos de ejidos y comunidades— son las que la agroindustria señala como “abandonadas” para justificar su llegada. El programa Sembrando Vida intenta reactivarlas desde la producción campesina individual, pero mientras opera en la escala de las familias, el acaparamiento opera en la escala de los Estados, los tratados internacionales y las corporaciones globales.

Aunado a esto, Evangelina reflexiona sobre un fenómeno tangencial: el programa como desestructuración de los espacios colectivos. La transferencia económica de 6000 pesos mensuales que da el programa se entrega de manera individual a cada productor, no a la asamblea ejidal o comunal.

“Disgregar los apoyos para el campo fue un golpe muy duro para las comunidades y ejidos. El problema no es menor, pues decidieron dar el dinero uno por uno a cada ejidatario en lugar de darlo a la asamblea. Según, la razón era evitar corrupción, pero esto no acaba ahí, pues aun así el fenómeno persiste. Lo que sí es que están acabando con los espacios de discusión y organización colectiva de los campesinos. Están acabando con sus asambleas, pues ya no hay una razón más para que se reúnan. Les quitó fuerza a las asambleas”.

La asamblea ejidal es el órgano supremo del ejido, donde se construye lo colectivo, se deciden los destinos del territorio y se distribuyen los recursos. Es un espacio en disputa. Al individualizar los apoyos, reflexiona Evangelina, el Estado debilita esa estructura que podría resistir el acaparamiento y, además, no hay una ruta clara que oriente sobre cómo evitarlo.

La respuesta institucional: entre la contención y la complicidad

En 2022, el Registro Agrario Nacional promovió reuniones con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), la Procuraduría Agraria* y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para diseñar una “ruta de trabajo contra el acaparamiento de tierras”. Pero los trabajos, señala el propio RAN, “entraron en una pausa”. Esa pausa ha tenido consecuencias: entre 2019 y 2023, el número de juicios de amparo interpuestos por acaparadores aumentó de 1 047 a 2 469, sin que las autoridades tengan un panorama claro de cómo asumir una postura contundente frente a los empresarios.

Evangelina es crítica con la capacidad del Estado para revertir el fenómeno.

“Está muy difícil para el Estado mexicano lograr cambios. Tendrían que cambiar completamente su política y no financiar la agroindustria transnacional. Pero estamos atados de manos con todos los tratados firmados a nivel internacional que tienen que ver con el comercio”. Pone dos ejemplos que desnudan las contradicciones del modelo:

“En 2013 encontraron 273 personas en situación de esclavitud en empresas agroindustriales del sur de Jalisco. La empresa llegó y encontró a personas que puso a trabajar sin pago, y además les invadió sus tierras. Cuando el caso se ventiló apareció el Gobierno federal, y en vez de sancionar a la empresa, les dio 10 millones de pesos para subsanar y mejorar las condiciones de sus empleados. ¿Cómo no va a ser negocio todo esto, si invades tierras, si no estás pagando las concesiones de agua, si tienes trabajo esclavo y aparte te dan subsidios?”.

El segundo es una historia extensa y compleja.

La historia comienza el 23 de agosto de 1939, cuando el presidente Lázaro Cárdenas del Río firmó una resolución presidencial que dotaba al ejido San Isidro de 536 hectáreas. Pero la ejecución del decreto quedó trunca: los campesinos solo recibieron 256 hectáreas. Las 280 restantes, correspondientes a una hacienda antigua, fueron entregadas en una serie de traspasos y ventas apócrifas que, con el tiempo, llevaron a que en 1994 fueran adquiridas por Nutrilite, una división de la transnacional estadounidense Amway, propiedad de la familia DeVos (la misma de Betsy DeVos, secretaria de Educación durante el Gobierno de Donald Trump).

Durante décadas, muchos campesinos empobrecidos por la falta de tierras tuvieron que trabajar como jornaleros en los mismos campos que alguna vez les pertenecieron. Aun así, paralelamente mantuvieron viva la lucha legal. En 2017, impulsaron una denuncia ante la Organización de las Naciones Unidas, donde lograron demostrar que Amway-Nutrilite había violado los derechos humanos de los campesinos a la propiedad, el agua, la dignidad, el libre tránsito y el territorio. El Tribunal Permanente de los Pueblos había recibido ya en 2012 una denuncia sobre las afectaciones ambientales de la empresa: contaminación del agua, daños a la salud, casos de cáncer e insuficiencia renal en la región.

La lucha jurídica dio frutos. En abril de 2022, la SEDATU ordenó la ejecución complementaria de la resolución presidencial de 1939. El 30 de junio de ese año, las autoridades federales comenzaron el deslinde de las 280 hectáreas para restituirlas al ejido. Evangelina celebró entonces que, después de cuatro generaciones, los campesinos recuperaban el territorio que les había sido arrebatado. El plan, anunció, era convertir ese espacio en “una parcela colectiva, una restauración ambiental de las áreas de arroyos”, un proyecto alternativo frente a la agroindustria.

La reacción de Amway no se hizo esperar. La transnacional presentó una controversia bajo las reglas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), exigiendo al Estado mexicano una indemnización de casi 3 000 millones de dólares por la expropiación de sus inversiones. Argumentaba que México había tomado tierras privadas sin compensación justa.

Pero en enero de 2026, un tribunal internacional desestimó la demanda. La decisión fue técnica pero contundente: las reglas comerciales bajo las cuales Amway había presentado su queja ya no estaban vigentes después de que el TLCAN fuera reemplazado por el T-MEC en 2020. El tribunal no solo rechazó los miles de millones de dólares que la empresa exigía, sino que la condenó a pagar cerca de 1.3 millones de dólares por los costos legales y de arbitraje del Estado mexicano.

“La empresa, que según su escritura compró las tierras ‘sabiendo que son del régimen ejidal’, presentó tres amparos y una controversia en el marco del tratado de libre comercio”, explicó Evangelina. “Imagínate el Estado mexicano, ¿qué puede hacer contra eso? Si decide no dar inversión a las empresas transnacionales o recuperar y darle fuerza a los ejidos y comunidades, las empresas se van a ir contra el Estado”.

La alternativa viene desde abajo

Para Evangelina, a pesar del panorama sombrío, hay razones para la esperanza. Esa esperanza, dice, está en la propiedad social de la tierra. “No es nada más un pedazo de parcela que cultivas y te da algo. No es una mercancía. Es en realidad el territorio con todo el significado amplio o integral de la palabra. Es el espacio donde los colectivos indígenas o campesinos o rurales pueden desarrollarse como pueblos”.

Ese territorio, explica, “está compuesto no solamente por parcelas productivas, sino por un sistema complejo que reproduce la vida: bosques, selvas bajas caducifolias, semidesiertos donde se reproduce el agua, la flora, la fauna, la biodiversidad. Se reproduce la vida para todas y todos”.

La defensa de la propiedad social, sostiene, es un logro de la Revolución mexicana que hoy resulta más vigente que nunca.

“Cuando se logró la Revolución y la Reforma Agraria, no solamente se dotó de tierra al campesino, se le dotó también de montes y aguas. Y eso en colectivo es lo que ha permitido que, aun con este panorama, más del 50 % del territorio en México esté en propiedad social y que tengamos tantos bosques, selvas y desiertos que se han mantenido y que permiten ser el centro de biodiversidad no solamente del maíz, sino de tantas plantas y animales”.

Detrás de esa conservación hay una presencia fundamental: la de los pueblos originarios y campesinos que han habitado y cuidado esos territorios durante siglos. Los datos censales lo confirman: el Censo Agropecuario 2022 reveló que cuarenta y seis de cada cien productores agropecuarios se consideran indígenas, lo que equivale a más de 2.1 millones de personas que gestionan la tierra desde sus conocimientos y prácticas tradicionales.

En un mundo donde “todo es mercancía para los capitales, para las empresas, para los Estados”, la propiedad social se erige como un bastión. “La única manera que tenemos es trabajar de manera colectiva, en asambleas. Si aún hay control del territorio, pues hay esperanza”, recalca Evangelina.

Cuando se le pregunta qué elementos tendría que tener una nueva reforma agraria, Evangelina responde con una honestidad que desarma:

“En el tema de la defensa de las semillas del maíz hemos concluido que no queremos ningún tipo de legislación porque cada vez que regulan algo, lo único que sucede es que cuando están regulando algo es porque quieren apropiárselo. Pero bueno, pensemos un mundo idílico donde sí nos tomen en cuenta. En el tema agrario yo le daría eje central a la propiedad social. Volvería a hacer reparto agrario. Así de simple y contundente, porque yo creo que no se puede pensar en regulaciones chiquitas de lo que ya hay. Está todo hecho para desamortizar la propiedad agraria”.

La propiedad social no ha desaparecido. Está sitiada, pero sigue en pie. En los ejidos de la península de Yucatán, los acaparadores continúan acumulando títulos. En las montañas de Sonora, las minas siguen extrayendo minerales de tierras que no les pertenecen, mientras sus dueños se amparan para no pagar. En los valles de Jalisco, la agroindustria sigue expandiendo sus invernaderos sobre suelos que alguna vez fueron de uso común. Y en las asambleas ejidales, cada vez más vacías, la memoria de lo que fue la tierra colectiva se desvanece con cada generación que emigra.

Pero también, en la parcela autogestionada de campesinos mayas, en los tribunales agrarios donde ejidos como El Bajío ganan sentencias históricas, en las redes de defensa del maíz que resisten la imposición de transgénicos, y en la lucha cotidiana de millones de campesinos e indígenas que aún mantienen la tierra en común, hay una respuesta silenciosa pero firme. La defensa de la propiedad social ganada a partir de la Revolución Mexicana es, como dice Evangelina, lo que ha permitido que en México todavía haya esperanza.

*Ceiba contactó a la Procuraduría Agraria y le envió un cuestionario para conocer su posición respecto a los temas que se plantean en este reportaje. Hasta el cierre de esta edición no recibimos sus respuestas.