La construcción de la central fotovoltaica más grande de Latinoamérica no es una promesa menor, tanto en términos energéticos como ambientales. El panorama, sin embargo, cambia cuando la responsabilidad institucional termina convertida en trabajo impago de comunidades históricamente golpeadas. Este es el caso de la Central Fotovoltaica Rafael Galván y la poca atención que le da a los trabajos de reforestación en el ejido El Bajío, en Sonora, México.

Fotografías: Alberto Duarte

Sonora, México.- Cuando cae la noche, hay que llenar los depósitos de agua, ubicar las cubetas, revisar el aire de las llantas del remolque y de la camioneta antes de cenar y luego dormir. O bien, como a eso de las cinco de la mañana, antes de desayunar y del amanecer, preparar todo para iniciar con el riego de unos setecientos mezquites que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) abandonó poco después de sembrarlos.

Esto sucede tres días a la semana, cuando hace calor, y una vez cada ocho días, en tiempo de frío. Lo hacen mujeres y hombres del ejido El Bajío, un área natural protegida que se ubica en los linderos de Caborca y Puerto Peñasco, al norte de Sonora. La zona fue marcada por la CFE como uno de los lugares a reforestar para compensar los daños ecológicos que ocasiona la Central Fotovoltaica de Puerto Peñasco.

La tarea consume cientos de horas a la comunidad, lo mismo que esfuerzo y recursos que no abundan. La gente del ejido, Erasmo, Margarita y Pedro, se organizaron para volver realizable el trabajo, de modo que la vida de los mezquites depende por completo de su labor. La sostenibilidad ambiental de la central fotovoltaica, que promete ser la más grande de Latinoamérica, depende del trabajo no pagado de ejidatarios como los de El Bajío.

“Nos dejaron muy mal esta gente porque ellos, bien o mal, se comprometieron a regar las plantas hasta que crecieran; para eso se comprometieron, para hacer los trabajos. Entonces nosotros estamos haciendo el trabajo de ellos y yo creo que no está bien que la Comisión [Federal de Electricidad] esté recibiendo un recurso de la nación o estén ellos generando recursos y que en lugar de pagar ellos [para que se realice el riego], la gente venga a hacer los trabajos. Nosotros lo hacemos porque están dentro de nuestro terreno, pero ellos se comprometieron”, contó a Ceiba Erasmo Santiago.

En los documentos oficiales, sin embargo, la historia parece otra.

La gerencia de proyectos geotermoeléctricos de la CFE incluyó la relevancia de la reforestación en la documentación que presentaron ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), en 2022. Según la publicación del texto El futuro de la energía solar. Desafíos de la red de transmisión de la Central Fotovoltaica Puerto Peñasco, (CFE, 2024), fueron elaborados “19 planes específicos para prevenir, mitigar y compensar los impactos durante las diferentes etapas constructivas del proyecto”.
Uno de los objetivos relativos a los programas de reforestación, en concreto, consiste en “compensar el impacto ocasionado por las actividades del Cambio de Uso de Suelo de Terreno Forestal (CUSTF)”, cosa que se conseguiría a través de “restablecer en la medida de lo posible, la vegetación nativa en las áreas aledañas al sitio”.

La paraestatal –en el plan relativo a la construcción de una línea de transmisión asociada a la primera fase del parque–,  proyectaba como exitosa una reforestación en la que el 80% de las plantas sobrevivieran, lo que implica, el compromiso de “aplicar riego a las plantaciones en caso de requerirse”. Margarita, sin embargo, observó otra cosa.

“Primero vinieron a ver el lugar y tardaron como medio año para volver. Cuando volvieron nos hablaron para ir a señalar el lugar, les dijimos dónde y luego se pusieron a hacer hoyos con palas. Se ponían a medir y a hacer los hoyos, le ponían cinta y todo. La verdad yo me reía porque no traían plantas: ‘oigan’, les decía, ‘¿qué no tienen que hacer el hoyo y luego plantar? Porque aquí hace mucho viento y en tres o cuatro días ya va a estar tapado’. ‘Pues no sé’, me decía la muchacha, que porque a ellos los habían mandado nada más a hacer hoyos. ‘El jefe es el que manda’, me dijo”.

El cronograma indica que la reforestación iniciaría al sexto mes de arrancado el proyecto fotovoltaico y que el mantenimiento se mantendría por cinco años. La ejecución de un programa de reforestación para compensar los daños en poco más de tres hectáreas, de las 2 mil que comprenden la megaobra, costaría 80 mil pesos mexicanos, según los cálculos de la CFE, lo que significa alrededor de cuatro mil dólares.

Este monto, junto al de otras medidas exigidas por la SEMARNAT, como la elaboración de un estudio de reconocimiento de flora y fauna o el rescate y reubicación de flora y fauna, le significa a la empresa paraestatal un total de 1 millón de pesos, poco más de cincuenta mil dólares.

La cifra, aunque abultada para casi cualquier familia mexicana, representa poca cosa ante los casi 10 mil millones de pesos que fueron invertidos para la construcción de la primera etapa del parque fotovoltaico. La molestia de la gente del ejido se debe a que, además de que el programa de reforestación fue abandonado, el personal, tanto de la CFE como subcontratado, se llevó las pocas herramientas que proporcionaron al inicio.

“Ellos trajeron un tinaco, trajeron una malla sombra donde tenían sus cosas y una bomba de agua porque batallaban mucho para llenar las cubetas. Todas estas cosas, todo, se lo llevaron. Yo les pregunté si nos podían dejar el tinaco para utilizarlo nosotros para regar, pero me dijeron que no, que su patrón les ordenó llevarse todo”, recuerda Margarita.

Prometer no empobrece

La Central Fotovoltaica de Puerto Peñasco, bautizada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador con el nombre de Rafael Galván Maldonado, fue diseñada para abastecer las regiones del noroeste mexicano y conectar la península de Baja California con el resto del sistema eléctrico nacional (que hasta antes de la obra se encontraba aislada) mientras se reduce la dependencia de los combustibles fósiles.

Esto último perfila al megaproyecto como “una medida para disminuir la vulnerabilidad ante los efectos negativos del cambio climático al tratarse de un proyecto de generación de energía limpia”, de acuerdo con el Documento Técnico Unificado correspondiente a la fase I de la construcción.

Según el último documento de la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía sobre la promoción de sistemas fotovoltaicos, publicado el 19 de diciembre del 2025, el resultado de la producción energética del parque, una vez terminado, se resume en “evitar la emisión de 1.4 millones de toneladas de CO₂ anuales, equivalente a retirar unos 270 000 automóviles en circulación”.

Para alcanzar estos objetivos, sin embargo, la CFE ha sido negligente al no tomar con mayor rigurosidad las medidas para compensar los estragos que significó desmontar cerca de dos mil hectáreas, según dijo a Ceiba una de las personas que fue subcontratada por la CFE para hacer el monitoreo de flora y fauna en el sitio.

“Ya hay trabajos previos, en otros parques, como en California y Texas, y hay documentos donde te dicen lo que se recomienda para hacer más amigables los parques fotovoltaicos, y la primera recomendación es mantener la mayor vegetación posible. En lugar de desmontar, armonizar las celdas con la vegetación, y eso no está ocurriendo”, dijo la persona especialista.

Al contrario, más allá del desmonte que se hizo para levantar la infraestructura eléctrica, la CFE mantiene la práctica del deshierbe, lo cual fue verificado durante un recorrido realizado por Ceiba. Desde el cielo, las hectáreas donde se encuentra el parque fotovoltaico muestran paneles rectangulares sobre la arena desnuda.

El huico (una especie de iguana pequeña), el tigre del noroeste, la serpiente cascabel de diamantes, la cachora gris, el halcón mexicano y el camaleón de cola plana son algunas de las especies que habitan la zona. El desmonte incrementa el riesgo que enfrentan para su supervivencia, según la documentación elaborada para justificar el cambio de uso de suelo en terrenos forestales (CUSTF) de 3.19 hectáreas destinado a la construcción de una línea de distribución eléctrica.

Todas las especies enlistadas se encuentran catalogadas como amenazadas o bajo protección especial en la norma mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010.

La región, sin embargo, es emblemática del desierto de Sonora debido a una especie endémica que recorre las planicies aledañas. Se trata del berrendo sonorense, considerado como el único antílope del continente americano, ya que guarda distancia genética con los que habitan en África.

Según la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, no se observó ningún ejemplar de este berrendo en la zona del parque fotovoltaico, pero los efectos del desmonte no le son ajenos.

“Con la pérdida de vegetación se restringe la presencia de individuos, desplazamientos, distribución y abundancia del berrendo sonorense (incluido en la NOM-059-SEMARNAT-2010) en las áreas de influencia del proyecto, aunque no se registraron individuos dentro del área del proyecto, estos sitios se consideran parte de su corredor biológico histórico”, indica la documentación oficial sobre el posible impacto del desmonte.

¿Quién carga con la promesa verde del megaproyecto?

Margarita, Erasmo y Pedro forman parte de una comunidad de unos setenta ejidatarios que tienen el derecho sobre más de 21 mil hectáreas ubicadas en los linderos entre Puerto Peñasco y Caborca, los cuales constituyen la delimitación conocida como “El Bajío”: las tierras preferidas del berrendo sonorense.

Allí, la asamblea ejidal determinó convertir su territorio en un Área Destinada Voluntariamente a la Conservación, por lo que toda actividad extractiva, como la minería, se encuentra prohibida de manera tajante.

Desde hace más de diez años, la comunidad ha sido víctima de amenazas, secuestros y asesinatos al haber terminado con las operaciones de una de las minas de oro más fructíferas del planeta, propiedad del empresario mexicano Alejandro Baillères, quien se había inmiscuido en su territorio de manera amañada, dejando de lado el derecho agrario. Ceiba ha relatado esta historia a mayor profundidad en otras publicaciones.

Durante más de una década, las familias propietarias de la tierra han arriesgado su vida para impedir la devastación que provoca la minería, lo que significa preservar también el territorio del palo fierro y del borrego cimarrón.

Para hacerlo, personas como Margarita, Erasmo y Pedro pasan sus días en el ejido, aunque allí no existen condiciones para una vida digna debido a que la disputa legal y la violencia que acompaña los intereses mineros detuvieron todo intento de la comunidad por desarrollarse. Sus hijos e hijas, mientras tanto, van a la escuela y viven, por lo general, en la soledad en algún centro urbano de los alrededores.

Se trata de décadas de esfuerzo, y de dolor, para proteger sus tierras: por ello realizan el trabajo de la CFE. La indiferencia institucional, en el caso de la gente de El Bajío, se ha convertido en un obstáculo habitual para una vida mejor.