Las Guarimbas son una forma de violencia política organizada impulsada por sectores de la oposición venezolana tras sus derrotas electorales. Lejos de protestas pacíficas, han incluido barricadas, ataques a servicios públicos, linchamientos y asesinatos por motivos de clase y racismo, con respaldo mediático y encubrimiento internacional como parte de una estrategia sostenida de desestabilización.

Fotografías: Alba Ciudad, Leo Ramírez, MIIPCI, La Salida, Archivo PSUV, YVKE Mundial Radio y la Hemeroteca Nacional | Biblioteca Nacional de Venezuela.

Caracas, Venezuela.- Los intentos de la oposición venezolana por retomar el poder político que perdió en las elecciones de 1998 han sido múltiples y no se han limitado a la vía electoral. El 6 de diciembre de ese año ganó la elección presidencial Hugo Chávez. A partir de ese triunfo se abrió un proceso de refundación del país mediante una nueva Constitución, aprobada en referéndum en 1999, que amplió derechos sociales, políticos, económicos y colocó en el centro a sectores históricamente excluidos.

Desde entonces, y ante la imposibilidad de derrotar al chavismo en las urnas, una parte de la oposición optó por vías no democráticas para forzar un cambio de gobierno. Golpes de Estado, sabotajes económicos, conspiraciones militares, magnicidios frustrados, incursiones mercenarias y ciclos recurrentes de violencia conforman una secuencia de más de dos décadas de la historia venezolana.

De la derrota electoral a la violencia en las calles: cronología de una estrategia sostenida

La primera guarimba que viví fue en 2013, seis meses después de mi llegada a Venezuela. Era una palabra que no existía en mi vocabulario; no sabía su significado, pero todo el mundo la utilizaba recordando épocas recientes. Para entenderla, hay que remontarse más atrás: a la estrategia de desestabilización que la derecha venezolana inició tras el Golpe de Estado de abril de 2002 contra Chávez, y que continuó con el sabotaje petrolero de aquel mismo año. En los años siguientes, cada derrota electoral de la oposición estuvo acompañada por denuncias de fraude sin pruebas. Estos eventos, que dejaron una crisis económica multimillonaria, marcaron un patrón: el recurso a vías violentas y no electorales para disputar el poder.

El 17 de abril de 2013, tras la muerte del presidente Chávez, se celebraron elecciones en el país. Nicolás Maduro fue declarado ganador de los comicios con el 50,61 % de los votos, lo que significaba que Henrique Capriles perdía por segunda vez en dos años una elección presidencial (la anterior había sido en 2012, contra el presidente fallecido). Al día siguiente de su derrota, en rueda de prensa, el candidato opositor, siguiendo la misma dinámica de desconocimiento de resultados sin pruebas que caracterizó a la oposición desde 1999, llamó a sus seguidores a descargar “toda esa arrechera [rabia], esa frustración”.

A partir de ahí, y como parte de esa estrategia violenta que se profundizó con la elección de Maduro, se sucedieron cortes de vías, cacerolazos y distintas formas de violencia. En cinco días se registraron once fallecidos (dos de ellos menores de edad) y más de ciento cuarenta heridos. Además, se atacaron treinta y cinco instalaciones de Barrio Adentro (centros de atención médica primaria), hospitales, instituciones estatales, sedes de Mercal y Pdval (abastos de productos subsidiados por el Estado), sedes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), del Consejo Nacional Electoral (CNE) y medios alternativos y comunitarios. Era la materialización de una violencia política organizada, con rasgos criminales, que dejaba comunidades enteras bajo asedio.

La Salida, la segunda oleada de violencia que viví, comenzó el 12 de febrero de 2014 y estuvo liderada por figuras como María Corina Machado y Leopoldo López. Aquella campaña, que había arrancado el 23 de enero de ese mismo año con llamados a movilizaciones y asambleas, ocultaba objetivos más profundos. Formaba parte de un ciclo que, a partir de 2014, combinaba protestas callejeras con planes de alzamiento militar, conspiraciones y la participación de actores extranjeros. El 12 de febrero, aprovechando la celebración del Día de la Juventud, una manifestación opositora llegó hasta la sede principal del Ministerio Público. Yo trabajaba cerca, en un restaurante; nos avisaron de cortes y barricadas, salimos a la calle y nos encontramos con lo que sería la normalidad del mes siguiente: calles cortadas, barricadas en llamas y violencia. Ese mismo día murieron tres personas en el centro de Caracas donde, como declaró el corresponsal de la BBC, «lo que empezó como una marcha pacífica al frente de la Fiscalía General se tornó violenta después de que varios encapuchados empezaron a lanzar piedras e incendiar objetos». Pero el saldo del mes posterior, además de los cuantiosos daños materiales, fue de cuarenta y tres muertos y más de ochocientos heridos.

En 2017 observé de cerca cómo operaba una guarimba en un municipio del este de Caracas gobernado por la oposición. En el centro de Chacao, policías locales (que respondían al alcalde opositor) habían cortado el tránsito en un cruce de la avenida principal. Minutos después apareció un grupo de unas veinte personas encapuchadas arrastrando objetos pesados, como neveras, rejas, troncos o desechos, para simular el bloqueo de la vía; una actuación para la que, de hecho, la policía ya había preparado el terreno. Más de media hora después llegó la Guardia Nacional Bolivariana, que solo portaba escudos protectores y se limitó a observar la escena. Cuando en un momento decidieron avanzar hacia la guarimba, les llovieron piedras y palos, sin que ellos respondieran. Continuaron avanzando a paso lento, sin utilizar ningún arma represiva; los guarimberos se marcharon por donde habían venido y los uniformados se dedicaron a retirar los obstáculos y reabrir la vía.

Esta acción concreta se saldó sin heridos ni muertos, pero entre el 1 de abril y el 31 de julio de 2017 las Guarimbas dejaron más de ciento sesenta muertos y casi 2000 heridos en todo el país. Este episodio se inscribía en un ciclo que ya incluía atentados con explosivos, incursiones armadas y el uso sistemático del caos como herramienta política.

La última vez que viví de cerca una guarimba fue el 29 de julio de 2024, al día siguiente de las elecciones que reeligieron a Nicolás Maduro. Fui en carro con un amigo a buscar a mi novia, a quien, ante el agravamiento de las protestas por el desconocimiento opositor (una vez más) de los resultados electorales, le habían indicado en su trabajo que se retirara a casa por seguridad. En el trayecto tuvimos que sortear motorizados opositores armados, manifestantes, barricadas en llamas y cordones policiales. Finalmente llegamos a la esquina donde ella había logrado resguardarse.

Ante los disparos de encapuchados de la oposición contra la policía y al escuchar el grito de “matar chavistas”, se quitó una camiseta roja a favor de Palestina que vestía, por miedo a ser identificada como revolucionaria y sufrir agresiones. En el día y medio posterior a esa votación se registraron veinticinco asesinatos y 131 heridos, pero la rápida respuesta del Estado y la movilización popular para defender los resultados evitaron que se desatara una nueva y prolongada etapa de violencia opositora. Fue la culminación, una vez más, del largo proceso de acciones planificadas y reiteradas donde se inscriben las Guarimbas: la expresión concreta de una estrategia de violencia política sostenida en el tiempo, que resurge tras cada derrota electoral.

¿Qué son las Guarimbas?

Es en ese contexto de desconocimiento sistemático de los resultados electorales, de las instituciones legítimas y de apuesta recurrente por la confrontación violenta donde emergen las llamadas Guarimbas. En Venezuela, este término designa una modalidad específica de violencia política organizada, desplegada principalmente en zonas de clase media y alta −aunque en determinadas ocasiones también se ha extendido a zonas populares−, atravesadas por un marcado odio de clase, expresiones de racismo y prácticas de carácter fascista.

Lejos de tratarse de protestas espontáneas o “manifestaciones pacíficas”, las Guarimbas han implicado la instalación planificada de barricadas, la quema de instituciones públicas y ataques a centros de salud y hospitales, escuelas y universidades, mercados populares, sedes comunales y espacios de atención social. A ello se suman agresiones directas contra personas señaladas como chavistas o, simplemente, por su apariencia, su color de piel o su condición social. En distintos momentos, estas acciones derivaron en linchamientos, personas quemadas vivas, asesinatos selectivos y un saldo trágico de decenas de muertos, muchos de ellos completamente ajenos a cualquier confrontación política, convertidos en víctimas del terror como método de disputa del poder.

A pesar del discurso opositor que presenta a las víctimas como “manifestantes pacíficos asesinados por el chavismo”, la realidad ha sido muy distinta. Tanto los medios hegemónicos como los aliados extranjeros de la oposición han repetido esa narrativa de forma sistemática, invisibilizando los hechos.

– Se vivieron episodios en los que grupos opositores colocaban alambres cruzados de lado a lado de la calle para degollar motorizados, a quienes el discurso opositor identifica sistemáticamente como afines del proceso bolivariano.

– También atacaron marchas oficialistas en las que fueron asesinadas personas por disparos realizados desde edificios o como sucedió en el centro de Caracas, donde murió una mujer a la que le impactó en la cabeza un frasco congelado que lanzaron desde una ventana.

– Varias personas fueron quemadas vivas tras ser señaladas como simpatizantes del gobierno o, simplemente, por enfrentar a los grupos violentos.

– Se incendiaron guarderías a las que asistían hijos de trabajadores públicos, acciones que recuerdan el discurso sionista que justifica el asesinato de niños palestinos bajo la idea de que serán futuros enemigos.

– Funcionarios de la Guardia Nacional y cuerpos policiales fueron linchados o asesinados por disparos de los llamados “pacíficos manifestantes” opositores.

– Fueron asesinadas mujeres lideresas comunitarias, responsables de la organización popular para la distribución de alimentos a familias con menos recursos, únicamente por su identificación política.

– En redes sociales se difundieron fotografías de militantes o simples simpatizantes, acompañadas de llamados a agredirlos o acosarlos en sus hogares, como parte de una estrategia de terror.

– También se atacaron y asediaron ambulatorios y centros de salud donde médicos cubanos ejercían su labor en comunidades empobrecidas, como parte de su compromiso internacionalista.

Un caso icónico de esta violencia fascista desatada es el asesinato de Orlando Figuera, un joven venezolano que fue brutalmente atacado y quemado vivo en el municipio Chacao (este de Caracas, zona acomodada de la ciudad) el 20 de mayo de 2017, en medio de una manifestación opositora. Figuera no estaba protestando ni participando en ninguna acción política. Aquella tarde simplemente regresaba de trabajar cuando quedó atrapado en medio de una marcha opositora en las cercanías de la plaza Altamira, uno de los epicentros de las Guarimbas. Vestía una camiseta color vino tinto y llevaba una mochila. Eso bastó.

Según relató su madre, Inés Esparragoza, en una entrevista en 2019, primero lo acusaron falsamente de ser un ladrón y comenzaron a golpearlo. Luego vino la pregunta que selló su destino: “¿Tú eres chavista, sí o no?”. Orlando ya había sido apuñalado varias veces cuando respondió. “Mami, respondiera lo que respondiera me iban a matar. Dije que sí. Soy chavista, ¿qué pasa?”, le contó después, en el hospital. Lo rodearon, lo lincharon, le rociaron gasolina y le prendieron fuego. “Lo quemaron vivo porque era negro y porque era chavista”, sentenciaba sin rodeos su madre, quien lo vio morir tras quince días de agonía en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Domingo Luciani.

Inés Esparragoza recordaba en aquella entrevista dos imágenes que no la abandonan: la de Orlando en cuidados intensivos, “todo golpeado, con un ojo morado, la cara hinchada y el cuerpo lleno de quemaduras”, y la que vio por televisión tras su muerte, cuando en las noticias mostraban “un cuerpo envuelto en llamas que corría sin rumbo ni esperanza, buscando ayuda a tientas entre la multitud que le había prendido fuego”. Orlando tenía veintidós años, no militaba en ningún partido y se ganaba la vida como podía, ayudando en un mercado de Caracas. Sin embargo, su historia apenas cruzó fronteras. “Quizás sea porque a Figuera lo mató la misma oposición que llama asesino a Maduro”, reflexionaba su madre.

El presidente Nicolás Maduro calificó el hecho como “un crimen de odio y un crimen contra la humanidad” y denunció que “quemar a una persona porque parece chavista” formaba parte de la escalada de odio y violencia alentada por sectores de la oposición. El entonces defensor del pueblo, Tarek William Saab, afirmó también que Figuera fue “golpeado, acuchillado y quemado vivo por manifestantes” y pidió “la máxima pena” para los responsables.

Lamentablemente, muchos años después de aquellos hechos, varios de los autores materiales, plenamente identificados, con órdenes de captura vigentes y causas judiciales abiertas, consiguieron evadir la justicia, huir a otros países y continúan sin haber sido juzgados. “Hubo investigaciones, pero no fueron suficientes. No hay nadie condenado por lo que le hicieron a mi hijo”, lamentaba Inés. Parte de esa impunidad ha contado, entre otros, con la complicidad de instancias del Estado español, que se negó a ejecutar solicitudes de extradición y ha permitido que al menos dos de los implicados permanezcan protegidos en su territorio, retrasando deliberadamente el acceso a la justicia y convirtiéndose, de facto, en encubridor de un crimen político.

Apoyo opositor y encubrimiento internacional

Dirigentes opositores promovieron abiertamente la violencia como método político, una estrategia que, combinada con el respaldo mediático y diplomático internacional, permitió encubrir y presentar como legítimas estas acciones bajo el discurso de la “lucha por la democracia”, a la que en ocasiones se le añadía el adjetivo de “pacífica”. Lo ocurrido entre 1999 y 2026 no puede leerse como una sucesión de episodios inconexos, sino como una misma ofensiva prolongada en el tiempo, derrotada una y otra vez por la movilización popular y la respuesta del Estado.

Esta estrategia no se limitó al discurso y a la logística local: contó con un flujo sostenido de recursos económicos provenientes de gobiernos y agencias internacionales, que financiaron tanto a partidos y organizaciones opositoras como a redes y actores que participaron directamente en las campañas violentas. Según registros oficiales de la Oficina de Asistencia Exterior de Estados Unidos, entre 2001 y 2024 Washington destinó a programas orientados a la “transición política” en Venezuela un total de 1200 millones de dólares, administrados en su mayoría a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). La mayor parte de esos aportes se canalizó hacia programas de “gobernanza” y “participación ciudadana”, presentados formalmente como iniciativas para fortalecer la sociedad civil, pero que en la práctica incidieron en la conformación, capacitación y financiamiento de la confrontación política en las calles.

El flujo de recursos tuvo momentos de especial concentración. En 2008, tras las primeras olas de movilización, se registró un pico de desembolsos destinados a actividades de “participación de la ciudadanía”. En 2017, en medio de una de las fases más violentas de la desestabilización, Washington aportó 14 millones de dólares, canalizados a través de la USAID y el Departamento de Estado. Entre 2019 y 2023, en plena campaña internacional para desconocer al Gobierno legítimo surgido de las urnas, la USAID destinó cerca de 800 millones de dólares a Venezuela. En 2024 se produjo además un nuevo pico, con más de 200 millones de dólares asignados por Washington, buena parte de ellos registrados como “asistencia humanitaria” y “programas de gobernanza”.

La existencia de esta caja negra de recursos con destino a “programas democráticos” no es neutra: en la práctica, esos fondos terminaron canalizándose hacia estructuras partidarias, organizaciones interpuestas y operadores en la calle que facilitaron la logística de las campañas violentas y, en algunos casos, el pago directo a protagonistas de las acciones más extremas. Esta articulación financiera internacional explica, en buena medida, cómo un repertorio reiterado de tácticas, desde el boicot económico hasta los disturbios organizados, pudo sostenerse en el tiempo y escalar cada vez que la apuesta opositora fracasaba en las urnas.

Esta arquitectura de financiamiento, respaldo diplomático y blindaje mediático no solo permitió sostener la violencia en el tiempo, sino que también garantizó su posterior encubrimiento en los foros internacionales. Un ejemplo claro de esta manipulación sistemática fue el tratamiento dado a las propias víctimas de las Guarimbas en los organismos multilaterales. En 2019, el Comité de Víctimas de la Guarimba de Venezuela condenó públicamente el informe presentado por la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, al denunciar que el documento invisibilizó deliberadamente a cientos de personas asesinadas, linchadas, quemadas o mutiladas durante los ciclos de violencia de 2013, 2014 y 2017. Pese a que Bachelet escuchó en persona los testimonios y recibió 123 casos debidamente documentados durante su visita al país, el informe final omitió a las víctimas e incluso exigió la liberación de responsables directos de esos hechos.

Tras la publicación del informe, el Gobierno venezolano presentó setenta observaciones formales al documento por errores de hecho, sesgo metodológico y uso prioritario de fuentes externas al país. En el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, delegaciones del ALBA-TCP, junto a países como Rusia, China, Cuba, Nicaragua, Irán y Bolivia, rechazaron el documento por considerarlo una herramienta de presión política y desestabilización, denunciando su carácter selectivo y su silencio frente al bloqueo económico. De este modo, también en el terreno de los derechos humanos, la narrativa internacional ha operado como un mecanismo de encubrimiento de la violencia opositora y de criminalización del proceso bolivariano.

No fue por la democracia

A la luz de este recorrido, no se puede seguir presentando la ofensiva opositora contra el chavismo como una lucha por la democracia o por los derechos humanos. No es un conflicto entre proyectos equivalentes que compitieron en igualdad de condiciones dentro de las reglas del juego democrático, sino la reacción violenta de sectores que, tras perder el control del Estado por la vía electoral, se negaron a aceptar que las mayorías populares se convirtieran en sujeto político y en poder real.

Las Guarimbas, los golpes, los sabotajes económicos, los llamados insurreccionales y el desconocimiento sistemático de los resultados electorales no fueron desviaciones ni excesos aislados, sino expresiones de una misma lógica de clase. Una lógica en la que las élites tradicionales buscaron recuperar por la fuerza lo que ya no podían obtener en las urnas, y en la que la violencia se dirigió contra los sectores populares. El odio racial, el clasismo explícito y la deshumanización del chavista fueron el combustible necesario para legitimar el linchamiento, la quema, el asesinato y el terror como herramientas políticas.

Frente a la narrativa internacional que insiste en hablar de “protestas pacíficas” y “resistencia democrática”, la experiencia venezolana muestra una lucha de clases abierta, en la que una minoría privilegiada intentó excluir y castigar a quienes históricamente habían sido invisibilizados y que, con el proceso bolivariano, accedieron por primera vez a derechos, protagonismo y poder.

*Nota:

Al escribir esta nota, aún no había salido a debate la Ley de Amnistía en la Asamblea Nacional. En varias ocasiones, el gobierno venezolano ha recurrido a amnistías, indultos o excarcelaciones como forma de reconducir a la vía democráticas a sectores violentos o golpistas de la oposición. Un ejemplo claro fue lo ocurrido tras el golpe de Estado contra Chávez en 2002: a las escasas condenas que se produjeron se sumó el Decreto de Amnistía de 2007.

Es posible que amnistías y excarcelaciones no hayan logrado reducir de manera considerable los niveles de violencia opositora. En muchos casos, responsables identificados de la violencia generada durante las guarimbas en diversos años, han huido y han sido protegidos por gobiernos extranjeros, lo que ha impedido que se haga justicia. Sin embargo, sí han contribuido a desacreditar aún más a los sectores golpistas y a favorecer el entendimiento entre demócratas, tal como se evidencia actualmente.

Este proyecto de ley es una fórmula que ya se ha intentado anteriormente y se presenta, una vez más, como muestra de voluntad de diálogo y convivencia por parte del gobierno revolucionario. En el debate actual sobre la Ley de Amnistía cabe esperar que su aplicación no implique una revictimización de las personas asesinadas, heridas, mutiladas o afectadas por la violencia opositora.