Más de medio siglo ha pasado y la impunidad de los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado sigue siendo una afrenta para la sociedad uruguaya. Ahora esta se ve amenazada por las nuevas corrientes del negacionismo que se opone a considerar delitos lo actuado por el Gobierno cívico militar, hasta 1984.
Fotografías: Santiago Mazzarovich, Archivo de la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Centro Fotográfico de Montevideo
Caracas, Venezuela.- Una muchacha de no más de veinte años cuelga atada de sus brazos a unos hierros en la pared, desnuda, el cuerpo lleno de hematomas. Los verdugos ya no preguntan, ya no buscan información. Ahora parecen divertirse, aplicando corriente eléctrica en los pezones.
Eduardo es dentista. Fue secuestrado en su consultorio por un comando armado vestido de civil y llevado a golpes y empujones ante los ojos atónitos y la boca abierta de su paciente. Hace meses que está preso en un cuartel, pero solo sus captores saben su paradero. Una noche lo obligan a ir al campo al fondo del cuartel y cavar su propia tumba. Cae rendido de agotamiento, de hambre y torturas, entonces allí lo ejecutan de un disparo de fusil en la cabeza. Lo colocan en la fosa desnudo y cubren su cuerpo con cal viva.
Estos son algunos de los horrores que en el “manso” país de onduladas penillanuras también se vivían, por la aplicación de la estadounidense doctrina de la Seguridad Nacional.
Para muchos que concebían al Uruguay como la “Suiza de América del Sur” −con un pueblo afable embebido de garra charrúa tras obtener en 1950 la Copa mundialista de fútbol, la hermosa y larga rambla de Montevideo, los vecinales y graciosos carnavales− resulta inexplicable que haya pasado más de medio siglo y el destino de más de ciento noventa detenidos desaparecidos sea una incógnita.
El dolor permanente de no saber dónde están los restos de esas y esos compatriotas no es la única herencia de los años de impunidad de los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado en Uruguay, que se jacta de no haber llegado a los extremos inhumanos de las dictaduras de Chile y Argentina.
Con una población de poco más de 3 millones y medio de habitantes, Uruguay tuvo más de 10 000 presos políticos, si solo se toma en cuenta quienes estuvieron recluidos en las cárceles entre seis a trece años, lo que convierte al país en uno de los de más altos niveles de encarcelamiento. Además, otros miles de compatriotas de todas las edades, incluidos recién nacidos, sufrieron encarcelamiento, secuestro, torturas, fueron asesinados, ejecutados, exiliados e inxiliados.
¿Cuándo empezó el terrorismo de Estado?
El Uruguay autoritario antes de 1973
En 1986, el nuevo parlamento surgido de las elecciones del 25 de noviembre de 1984 (primeras en llevarse a cabo en trece años, bajo el gobierno cívico-militar y con candidatos proscriptos), votó la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado sobre funcionarios policiales y militares (Ley N.° 15848). El Artículo 4 obligaba al Poder Ejecutivo a investigar denuncias de desapariciones y secuestros en el marco de operaciones militares y policiales y dar cuenta de los resultados a los denunciantes. Pero su aplicación fue controvertida y declarada inconstitucional en algunos casos por la Corte Suprema antes de ser derogada, descartando la posibilidad de juzgar esos delitos.
Lo cierto es que poder llevar adelante esas investigaciones trajo aparejado otro problema: definir desde cuándo se consideraba la actuación ilegítima del Estado. El acuerdo fue definir un período desde la fecha del Golpe de Estado del 27 de junio de 1973 hasta las elecciones de noviembre de 1984.
En buen romance, parte de los acuerdos para que el país restableciera el Estado de Derecho consistió en impedir que la justicia investigara las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas del Estado.
No solo se pretendía ubicar el terrorismo de Estado en esos años, sino imponer la idea de que previo a esa fecha solo existía la violencia ejercida por los grupos guerrilleros uruguayos (el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T), la Organización Popular Revolucionaria-33 Orientales (OPR-33) y las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL).
Sin embargo, independientemente de todo debate sobre el Gobierno de Jorge Pacheco Areco, quien desde 1968 (año en el que ocurrió el asesinato en manifestaciones de tres estudiantes por parte de las fuerzas policiales y el encarcelamiento de miles de trabajadores ) gobernó bajo el Decreto de Medidas Prontas de Seguridad, la existencia de Escuadrones de la Muerte integrados por funcionarios policiales, militares y civiles bajo el conocimiento del Gobierno, demuestra la génesis del terrorismo de Estado.
El Comando Caza Tupamaros, uno de los escuadrones de la muerte, fue creado y actuaba en las oficinas de la Jefatura Central de Policía en Montevideo, organización asesorada por los agentes de la CIA en Uruguay durante el Gobierno de Juan María Bordaberry (Partido Colorado. Esto fue de conocimiento, al menos, del ministro de Cultura de entonces, el dos veces presidente, Julio María Sanguinetti.
A este comando responde la desaparición en 1971 del militante tupamaro y funcionario policial Abel Ayala, centenas de atentados con explosivos contra dirigentes y militares de izquierda, y la ejecución reivindicada de al menos dos militantes. Integrantes policiales y militares de este escuadrón fueron ejecutados el 14 de abril de 1972 por parte de los comandos del MLN-Tupamaros.
Previo al golpe de Estado de 1973, cientos de estudiantes de secundaria de entre doce y dieciséis años fueron encarcelados en Centros de Corrección para adolescentes. Miles de trabajadores públicos, bancarios, de los servicios de salud, del puerto fueron militarizados y presos en unidades militares.
Por tanto, se puede considerar que el terrorismo de Estado en Uruguay se extendió desde agosto de 1968, con el asesinato de los mártires estudiantiles Líber Arce, Susana Pintos y Hugo de los Santos, hasta el asesinato, por parte de los militares, del doctor Vladimir Roslik en abril de 1984.
Y si hurgamos un poco más en la historia, encontramos que los primeros presos tupamaros en 1964 ya recibían los relatos de los presos comunes, quienes denunciaban haber sido torturados con picanas en las comisarías (puestos policiales).
El vuelo del cóndor
Más de la mitad de las ciento noventa detenciones y desapariciones de personas uruguayas se realizaron en Argentina, producto de la coordinación de los militares del Cono Sur en un plan conocido como Plan Cóndor.
La coordinación de las dictaduras cívico-militares de Uruguay, Argentina, Paraguay, Brasil y Chile, al frente de la acción represiva en el sur, se mantuvo incluso retornado el Estado de Derecho. En el caso de Uruguay, su accionar llegó hasta 1992, cuando se procedió al asesinato del químico chileno Eugenio Berrios, quien fabricara el gas sarín para uso de la dictadura de Pinochet.
El Plan Cóndor fue un plan de aniquilamiento acorde a la doctrina de la Seguridad Nacional y a la doctrina Monroe, actualizada ahora por Donald Trump.
El saldo fue miles y miles de detenidos, desaparecidos, torturados y encarcelados, y juicios que durante medio siglo se siguen desarrollando, tanto en tribunales internacionales como en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Los derechos humanos institucionalizados
El acceso al gobierno por parte del Frente Amplio, en el 2004, desarrolló la institucionalidad necesaria para abordar la investigación de los destinos de los detenidos desaparecidos y la reparación de las víctimas, de las y los expresos políticos.
Al Instituto Nacional de Derechos Humanos, junto al Poder Judicial, se le encargó la tarea de las excavaciones que han permitido hasta el momento hallar los restos de ocho detenidos desaparecidos en cuarteles y propiedades militares de Uruguay.
El Gobierno de izquierda también creó la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad, quien lleva adelante las investigaciones de las denuncias presentadas.
Un viejo centro de reclusión conocido como Domingo Arena, fue acondicionado para la reclusión de los terroristas de Estado procesados, pero hay otros centros de reclusión. Más de sesenta terroristas de Estado cumplen reclusión en esas unidades; otros, por problemas de salud, tienen prisión domiciliaria; algunos aún se encuentran prófugos y hay quienes siguen amparados por la impunidad.
Cada 20 de mayo, fecha del asesinato en Buenos Aires de los legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz junto a dos militantes tupamaros, se realiza una de las marchas más multitudinarias en Uruguay, que sigue exigiendo verdad y justicia.
Ya van más de cincuenta años de impunidad, de una justicia que además de ser lenta fue saboteada por los distintos gobiernos. Pero la lucha se mantiene en pie con el reclamo que ahora asumen las nuevas generaciones.
