La tradición de asilo fue la cara pública. La tortura en campos militares, la realidad oculta. A medio siglo de distancia, las estructuras que permitieron el terror de Estado −la doctrina, los cuerpos especiales, los pactos de impunidad− no fueron desmanteladas, sino heredadas. La democracia mexicana carga con una deuda de justicia que es, también, una arquitectura de poder intacta.
Fotografías: Archivo General de la Nación, Cortesía del Comité Cerezo y Saúl Arroyo
Yucatán, México.– A mediados de la década de los setenta, el Gobierno mexicano proyectaba una imagen internacional de renovado activismo global. Bajo la presidencia de Luis Echeverría, la política exterior se caracterizó por intensos esfuerzos para diversificar las relaciones internacionales del país, participar con protagonismo en foros multilaterales y buscar un mayor margen de autonomía en el escenario mundial.
Ese mismo año, a menos de diez kilómetros de las sedes diplomáticas donde se cultivaba este prestigio, en las celdas clandestinas del Campo Militar Número 1, agentes de la entonces Dirección Federal de Seguridad (DFS) torturaban a militantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre. Muchos de ellos, según documenta el Informe Final del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (2024), terminarían en fosas comunes o serían arrojados al mar desde aviones militares.
Esta esquizofrenia política no fue un accidente histórico, sino el síntoma de una estructura de poder que priorizó el control sobre los derechos. Sus mecanismos −una doctrina contrainsurgente forjada en el exterior, cuerpos de seguridad especializados y un discurso público dual− no desaparecieron con el fin de la mal llamada “guerra sucia” (no fue una guerra entre dos ejércitos enfrentados, fue el Estado contra las disidencias). Por el contrario, se negociaron, se adaptaron y se heredaron, transformándose en la arquitectura impune de la violencia de Estado que el México moderno, a pesar de sus transiciones políticas, no ha logrado ni querido desmontar.
Desenterrar la verdad
Los crímenes de las fuerzas del Estado mexicano fueron ampliamente documentados por organizaciones políticas y de derechos humanos, y en más de una ocasión llegaron hasta las más altas esferas políticas.
Por ejemplo, en 1975 una mujer se escabulliría entre el Estado Mayor Presidencial para entregarle una carta al presidente. En el papel, se describía la desaparición forzada de su hijo, cometida por militares y miembros de la Dirección Federal de Seguridad.
Aquella mujer era Rosario Ibarra de Piedra, quien después fundaría el Comité Pro-Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México, mejor conocido como el Comité Eureka. El hombre al que le entregó la carta, en aquel entonces presidente y jefe máximo de las fuerzas armadas, era Luis Echeverría Álvarez, quien, como otros presidentes mexicanos, informó durante años para la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos.
En 2022 ambos murieron. Echeverría cómodamente en su casa, sin haber pisado la cárcel, y Rosario Ibarra de Piedra, como cientos de madres más, sin saber dónde está su hijo: Jesús Piedra Ibarra.
Sin embargo, la lucha pionera de Ibarra de Piedra –y la de otros colectivos, víctimas y sobrevivientes de la represión y la tortura– no cayó al vacío. En 2021, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un decreto en el que ordenaba la creación de una comisión especial de investigación para esclarecer los crímenes cometidos durante la guerra sucia. La comisión derivó en la creación del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico.
Este Mecanismo –parecido a otros que ya se habían instalado en el país, como la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) durante el sexenio de Vicente Fox– emitió un informe final en 2024, en el que exhumó con nombres y apellidos los crímenes de la guerra sucia. En sus conclusiones apuntó que la violencia ejercida por el Estado mexicano en esos años no fue un error, sino una política deliberada para mantener un orden excluyente a sangre y fuego que no se limitó únicamente a reprimir a militantes de grupos político-militares, sino que se extendió a otros sectores que el Estado mexicano identificó como “enemigos internos”, entre ellos campesinos, personas de la diversidad sexual, sindicalistas, grupos eclesiales de base y comunidades indígenas.
Entre sus más de 10 000 páginas, de las que Ceiba tiene una copia, el informe da cuenta del establecimiento de un circuito preciso de represión: detención, tortura en centros clandestinos y desaparición final. Esta no era violencia “caliente” o emocional; era violencia fría, administrativa, planificada. El informe del Mecanismo la califica de sistemática y generalizada, rechazando el mito de los “excesos individuales”. Las cifras, aun siendo conservadoras, son alarmantes: 8 000 593 víctimas directas identificadas, 11 000 743 violaciones graves a los derechos humanos y 46 masacres documentadas, todas ocurridas entre 1965 y 1990.
Sin embargo, como denunció en su momento el Comité Eureka, el objetivo de este Mecanismo no era únicamente ampliar la lectura sobre un período aún oscuro en la historia de México, sino principalmente esclarecer el paradero de los desaparecidos y enjuiciar a los militares, policías y paramilitares que participaron en estas acciones. En esto, apuntaron, el Gobierno dejó tareas inconclusas e inclusive incurrió en alterar escenas del crimen. Además, como señalaron otros colectivos, tangencialmente el informe pretendió “lavarle la cara” a los perpetradores, además de instaurar una narrativa de que la violencia de Estado “era cosa del pasado”.
Al respecto, el historiador Camilo Ovalle, en entrevista con Ceiba, reflexiona:
“Las violencias de Estado no se refieren a un período exclusivamente; son parte estructural del Estado nación moderno desde su aparición. Cuando establecemos una periodización (como de mediados de los sesenta a principios de los noventa) es para señalar que hay patrones y sistemas homogéneos identificables. En ese lapso, el modelo fue la contrainsurgencia para la eliminación de movimientos sociales y grupos políticos caracterizados como un riesgo para el régimen autoritario. Sin embargo, después de ese período hubo continuidad. La década de los noventa fue profundamente violenta, marcada por masacres perpetradas por instituciones del Estado o grupos paramilitares, como Acteal, El Charco y Aguas Blancas, aunque bajo otra lógica de violencia. Las continuidades tienen que ver con prácticas que se van institucionalizando o ciertas formas de entender algunas cosas que se van imprimiendo”.
La violencia continuada
El 25 de mayo de 2007, policías municipales de Oaxaca detuvieron a Gabriel Alberto Cruz Sánchez y a Edmundo Reyes Amaya, y los pusieron a disposición del Ejército mexicano. Desde ese momento se desconoce el paradero de ambos, quienes eran militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), una organización político-militar en México que surgió en la década de los noventa.
Margarita Reyes Sánchez se enteró de la desaparición de su hermano, Gabriel Alberto, días después de la detención. Lo hizo a través de notas de prensa. Desde ese momento, ella buscó ayuda para encontrarlo.
«Yo, como hermana de Gabriel, había dejado de verlo desde hacía más de treinta años; pero en esa época me fui enterando por medio de la prensa de que lo habían detenido/desaparecido, y desde entonces el caminar ha sido muy pesado, porque es un sufrimiento moral, y al principio no sabes qué hacer», narró Margarita a este reportero en 2022, cuando ella y la hija de Edmundo, Nadine Reyes, protestaban frente a la Suprema Corte de Justicia de México para que las autoridades buscaran a sus familiares.
Su desaparición da cuenta de un patrón de continuidad de las prácticas contrainsurgentes aplicadas por el Estado mexicano, perpetradas por los mismos organismos que lo hicieron en el pasado: policías, ejército y grupos paramilitares. Y es ejemplo de la ejecución de un modus operandi institucional que prevalece hasta nuestros días, aunque con distintos matices.
De los sótanos estatales al rancho del terror
La lógica de los centros clandestinos de detención y exterminio, lejos de ser una reliquia del pasado, se ha metabolizado en nuevas formas de violencia. Un ejemplo brutal es el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, descrito por organizaciones de buscadores en 2025 como una “escuelita del terror” y un “centro de exterminio”. En este lugar fueron halladas más de cuatrocientas prendas de ropa, calzado y maletas abandonadas, junto a “hornos” con restos humanos calcinados. El sitio, según investigaciones, era utilizado para el entrenamiento de sicarios, donde el método de asesinato y desaparición final era la incineración.
Al reflexionar sobre la naturaleza de estos sitios, el historiador Camilo Ovalle señala una continuidad fundamental que la memoria autoritaria busca ocultar:
“Existe la idea errónea de que los centros de exterminio necesitan grandes infraestructuras para ser reconocidos. Sin embargo, históricamente, los centros clandestinos de detención estaban en zonas urbanas, en medio de la población. Esta lógica se repite en casos actuales como el de Teuchitlán. No comprender nuestro pasado nos hace creer que estas violencias vienen de otro planeta, cuando se han alimentado de diversas genealogías locales”.
Este análisis vincula la violencia fría y administrativa de los años setenta, ejercida en el Campo Militar Número 1, con la violencia industrializada y paramilitar de hoy en día, donde la quema de cuerpos busca lograr la desaparición total, impidiendo la identificación y, por tanto, la justicia. No se trata de una réplica exacta, sino de la adaptación de una lógica de exterminio y ocultamiento que ha encontrado nuevos operadores y métodos, mientras el Estado fracasa en su obligación de prevención, búsqueda y castigo.
Para Camilo Ovalle, las continuidades no son elementos fijos o inmutables, sino prácticas recurrentes o formas de entender la seguridad que se institucionalizan. Un ejemplo es la creación de Grupos Especiales para atender tareas específicas de seguridad, una lógica heredada de la segunda mitad del siglo XX, donde el ejército y las policías crearon este tipo de grupos que fueron los que operativizaron la contrainsurgencia en zonas específicas.
Este modelo de securitización mediante cuerpos especiales persiste, señaló Ovalle. Evidencia de ello es la reciente creación de un grupo especial bajo la gestión de Omar García Harfuch (actual secretario de Seguridad e hijo de uno de los militares que operativizó la guerra sucia) y la implicación de modelos similares en desapariciones actuales en Veracruz y Coahuila.
Héctor Cerezo, integrante del Comité Cerezo, la organización de defensa de los Derechos Humanos en México que acompaña el caso de Edmundo y Gabriel, ahonda en este punto:
“En México sigue habiendo elementos de terrorismo de Estado que son diferentes en algunos aspectos al que se aplicó en el siglo XX, aunque tienen la misma lógica: descabezar el movimiento popular anticapitalista, socialista, ecologista. Esta ola de violencia logró que muchas organizaciones con un corte más radical se volvieran moderadas. El éxito del terrorismo de Estado y la contrainsurgencia no es solo la eliminación física, sino convertir un movimiento que cuestiona las bases del sistema en uno reformista o integrarlo al Estado”.
Para Cerezo, desde 2006 el Estado mexicano ha sostenido, durante casi dos décadas, una política centrada en la contrainsurgencia, que es un elemento del terrorismo de Estado. Ha sido muy eficaz porque el Estado mexicano, siguiendo la escuela norteamericana e israelí, aprendió y copió de otros procesos, como el colombiano. Incorporó un elemento que estaba embrionario: el paramilitarismo, el cual se volvió central en esta nueva forma del terrorismo de Estado. La política contrainsurgente, hasta 2018, fue clásica: el aparataje militar, el paramilitar, el legal y, sobre todo, grupos especializados en la eliminación de lo social.
“Eso lo podemos documentar con el caso de Edmundo y Gabriel y otros, pues en Oaxaca se creó un Centro de Estudios Estratégicos en 1997, tras los ataques del EPR. Ese centro de inteligencia y contrainteligencia tuvo su grupo operativo: la Fuerza de Policía de Alto Rendimiento (FPAR). Esa FPAR –integrada por unos setenta elementos, muy de manual norteamericano– fueron entrenadas por militares en la zona militar de Oaxaca y van a cumplir una represión desde 1997 hasta 2007, caracterizada por la militarización, escuadrones de la muerte, ejecuciones, doscientas personas detenidas y torturadas. Es un grupo especializado en contrainsurgencia, y su primer director dijo públicamente que su objetivo era eliminar al EPR, pero se amplió para incluir al movimiento magisterial y otras disidencias”.
La persistencia de las estructuras: adiestramiento e influencia externa
Los métodos y los personajes que han aplicado la contrainsurgencia en México no surgen de un vacío. Sus estructuras de formación y doctrina tienen un origen y un vínculo claros que se mantienen hasta hoy.
Por ejemplo, desde el Gobierno de Felipe Calderón, el Estado mexicano envía periódicamente a elementos de sus fuerzas armadas para ser entrenados por el Ejército de los Estados Unidos, y deja que los militares norteamericanos usen el espacio mexicano para tareas de entrenamiento. La única interrupción en esta periodicidad ocurrió a inicios de este año, tras las amenazas de Donald Trump de invadir el país, aunque después de la segunda quincena de enero se reanudaron los entrenamientos.
Otro ejemplo llega hasta el inicio de la cadena de mando en las Fuerzas Armadas, es decir: hasta el actual secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, quien entre marzo y mayo de 1992 –de acuerdo con documentos clasificados obtenidos por Ceiba– fue formado en la Escuela de las Américas en un curso de Inteligencia Militar al que, según fuentes especializadas en el estudio de las Fuerzas Armadas, muy pocos militares acceden.
Hasta antes de su clausura, México, según informes de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, había enviado a cerca de 1000 efectivos militares a formarse en la Escuela de las Américas entre 1953 y 1996.
Esta Escuela, fundada por el Ejército de los Estados Unidos en 1946 para entrenar a militares y policías latinoamericanos en técnicas de guerra y contrainsurgentes, cerró formalmente en 2001, después de que en 1996 se filtrara el contenido de sus manuales de entrenamiento que aconsejaban “aplicar torturas, chantaje, extorsión y pago de recompensa por enemigos muertos”.
La Escuela no desapareció, sino que tomó el nombre de Instituto de Cooperación y Seguridad del Hemisferio Occidental, el cual prácticamente surgió con las mismas tareas, pero ahora para combatir al «terrorismo».
Camilo Ovalle reflexiona sobre esto:
“Históricamente, Estados Unidos ha mantenido una presencia dominante para conservar a América Latina bajo su influencia, marcando las estrategias de nuestros ejércitos durante los últimos cincuenta años. Es una política de Estado estructural que trasciende administraciones”.
El terrorismo de Estado en tiempos del progresismo
La derrota electoral del Partido Revolucionario Institucional (PRI) entrado el siglo XXI, que muchos llaman “transición a la democracia”, no fue una cirugía mayor que extirpó el órgano represor del Estado mexicano. En muchos casos, fue un maquillaje institucional que conservó la formación castrense de la doctrina contrainsurgente de la Guerra Sucia, los pactos de impunidad y la capacidad del Estado para adaptar sus métodos de represión a nuevas épocas y nuevos enemigos.
Héctor Cerezo reflexiona al respecto:
“En México, desde el sexenio de Vicente Fox (2000-2006), pero más contundentemente con Calderón (2006-2012) y su mal llamada “guerra contra el narco”, construyeron un enemigo interno e instauraron el terror como método, todo esto acompañado de procesos de militarización. Su objetivo era profundizar el neoliberalismo, y para eso necesitaban aplicar el terror”.
Para Cerezo, esta nueva forma implicó, además, la criminalización de la protesta social, no solamente judicial sino también mediática, al considerar a una persona sin derechos, lo que la hace propensa a que le puedan hacer lo que sea justificándolo legalmente. También está la creación de un marco jurídico, un proceso de “volver legal lo ilegal”. Otro elemento son los medios de comunicación masivos como parte de una guerra, involucrados enteramente en esta política de visibilizar y ejemplificar la violencia. Y, finalmente, una ruptura acelerada del tejido social. “No es que antes México fuera un paraíso, pero se aceleran y profundizan procesos de polarización social, dividiendo a la sociedad en buenos y malos, narcos o Estado”, considera.
Los efectos de esta guerra, o nueva estrategia contrainsurgente, fueron devastadores, pues en México, desde diciembre de 2006 a la actualidad, ha habido 460 000 homicidios dolosos y más de 114 000 personas desaparecidas. De estas, según estimaciones de Héctor Cerezo, “en desaparición forzada y ejecución extrajudicial, más del 60 % de los casos fueron en contra de líderes, coordinadores o fundadores de organizaciones”.
La estrategia de contrainsurgencia en los primeros dieciocho años del siglo XXI nos dejó en la historia, entre muchos otros casos, momentos como la represión a los campesinos de San Salvador Atenco (2006); la represión, tortura y desaparición de profesores que participaron en la insurgencia magisterial de Oaxaca (2006); la desaparición forzada de los cuarenta y tres estudiantes de Ayotzinapa (2014); la matanza de Tlatlaya (2014).
Ante el arribo de la izquierda electoral al poder en 2018, representada por Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena, los mecanismos de contrainsurgencia cambiaron, aunque persistieron, como resalta Héctor Cerezo.
Para Cerezo, desde 2018, con el inicio del Gobierno de López Obrador, se observa una disminución en las violaciones graves a derechos humanos contra luchadores sociales, que pueden atribuirse directamente a instancias federales. Aunque estos hechos no han desaparecido y persisten casos alarmantes, en términos históricos la tendencia ha sido a la baja. Esto responde, por un lado, al costo político que la Federación busca evitar, y por otro, a que administraciones previas lograron debilitar de forma significativa al movimiento popular. En ese contexto, el actual Gobierno ha recurrido a otros dispositivos de control y represión, como el uso de estructuras paramilitares, fuerzas estatales o la activación de poderes judiciales locales, lo que ha implicado el retorno de la figura de los presos políticos en México.
“Cuando analizamos este Gobierno, nosotros sabemos que no son iguales; hay que ir a los hechos y profundizar para no caer en un simplismo. Tenemos que ver el fenómeno de la contrainsurgencia a partir de 2018 como una continuidad de lo que pasó antes. No es algo totalmente distinto, aunque efectivamente no son iguales. Los de antes lograron descabezar la mayoría del movimiento popular, contener el descontento y profundizar políticas neoliberales. Eso lo capitalizó Morena y llegó al poder, capitalizando el descontento y prometiendo mejoras, pero también porque no había una izquierda fuera de ellos con fuerza suficiente para disputar las banderas. Sigue habiendo control con procesos de militarización (ahora con la Guardia Nacional), el mantenimiento de grupos paramilitares, y también con los programas sociales. Estos efectivamente ayudan a la gente, no decimos que no. Pero también han servido para mantener la base política de Morena y para frenar un descontento real ante una crisis. La apuesta no es solo terror, sino terror y una beca. Son más listos en ese sentido”.
La búsqueda de justicia encontró, al menos en el discurso, un eco en el Gobierno actual. Al decretar la creación de la comisión que daría origen al Mecanismo de Esclarecimiento Histórico en 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró: “No basta solamente conocer la verdad, sino iniciar ante las autoridades ministeriales y judiciales todas las acciones que sean necesarias para que haya justicia”.
Sin embargo, la respuesta institucional de las Fuerzas Armadas a estas demandas ha mantenido un rumbo distinto. Durante un acto público en 2022 por la llamada Comisión para la Verdad, familiares de víctimas exigieron frente al entonces secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, la apertura de archivos y cárceles militares. La respuesta oficial no fue dirigida a esas demandas, sino que consistió en anunciar la inscripción de nombres de “militares fallecidos” en un monumento a los caídos, lo que provocó protestas entre los asistentes. Esta secuencia ilustra la brecha entre las promesas políticas y la resistencia institucional al escrutinio.
La historia del doble rostro del Estado mexicano −su proyección humanitaria y su terror interno− no es solo un capítulo cerrado del siglo XX. La condición para la alternancia política en el siglo XXI fue, y sigue siendo, un acuerdo tácito que garantiza la impunidad de las fuerzas de seguridad.
Por su parte, Héctor Cerezo concluye, recordando el caso de Edmundo y Gabriel:
“Saben que, si investigaran a fondo, la cadena de mando llega hasta la Secretaría de la Defensa Nacional y la Presidencia. Sabemos que el pacto para que dejaran gobernar a López Obrador fue el pacto de impunidad con los militares, y se ha mantenido. No solo en este caso, sino en todos los que tienen que ver con militares”.
Así, el órgano represor, lejos de ser extirpado, negoció su permanencia. La herencia impune de sus mecanismos −la formación, los pactos, la doble lengua− asegura que, aunque la máscara cambie, el rostro, al final, sea reconocible. La pregunta que queda no es si el terror del siglo XX se repite, sino cuánto de su lógica esencial sigue operando, intacta, en los sótanos del poder.
