En Yucatán, el discurso de la «soberanía energética» esconde un costo humano. A solo tres metros de las casas, una estación del gasoducto Mayakan −de la empresa francesa Engie− pone en riesgo a familias enteras con vibraciones, olores a gas y miedo a una explosión. Mientras autoridades prometen energía para la península, los vecinos enfrentan un dilema: ¿Progreso para quién y a qué precio? Un amparo y múltiples protestas no han logrado frenar un proyecto que denuncian como autorizado por omisiones del Estado.

Fotografías: Lilia Balam

Yucatán, México.- Cuando Abner Torres adquirió su vivienda en el fraccionamiento Gran Calzada etapa IV, en Umán, Yucatán, nadie le dijo que estaría a escasos metros de una estación de compresión de gas. La inmobiliaria a cargo, Grupo Casitas, le había dicho que el terreno a espaldas de su casa se convertiría en unas bodegas o una plaza.

Él descubrió la verdad días después de mudarse, en agosto de 2024, cuando iniciaron las obras de construcción de la estación y las vecinas y vecinos comenzaron a preguntar qué pasaba. Representantes de la empresa francesa Engie acudieron a informarles que se trataba de ampliación del gasoducto de Energía Mayakan, que transporta gas natural extraído mediante fracking en Estados Unidos, con el eventual objetivo de alimentar la central de Ciclo Combinado Mérida IV. Afirmaron que era seguro y bueno, ya que brindaría energía eléctrica a muchas familias.

Algunas personas manifestaron su inconformidad ante la inmobiliaria, sin embargo, esta se justificó con el argumento de que el gasoducto tenía el derecho de vía desde 1997. Por su parte, el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, en una de sus conferencias matutinas (13 de noviembre de 2025), confirmó que Grupo Casitas ya conocía la situación cuando construyó los fraccionamientos en la zona de amortiguamiento de esta nueva estación de gas.

Las preocupaciones de las y los habitantes se desataron el 13 de octubre de 2025, cuando iniciaron las pruebas de la maquinaria. “Encendieron cinco megaventiladores y empezaron a vibrar las casas, salieron olores a gas, tenían unas lámparas encendidas todo el día, parecía un campo de béisbol. No podías salir a tu patio a lavar la ropa, no podíamos dormir porque era tal el nivel de vibración que parecía que estabas durmiendo debajo de un coche”, recuerda Torres en entrevista para Ceiba, periodismo con memoria.

Las y los habitantes comunicaron a Engie y a Energía Mayakan su preocupación respecto a una fuga o una explosión. Las empresas afirmaron que las probabilidades de que eso ocurra “son muy bajas”; negaron que esto pudiera ocurrir, pese a que hay un historial de siniestros de este tipo en otros estados de la república, como Tamaulipas, Hidalgo y Querétaro. Tampoco han brindado o compartido algún manual o protocolo de actuación en caso de que alguna situación similar se presentara en Gran Calzada.

Ante la ausencia de información, las y los vecinos organizaron una manifestación en la calle y otra en las oficinas de Grupo Casitas, donde recabaron firmas y recibieron el apoyo de residentes de fraccionamientos aledaños. Después protestaron ante el Palacio de Gobierno, con la esperanza de que el Gobierno del estado de Yucatán interviniera.

Obstáculos en la búsqueda de justicia

El 30 de octubre de 2025, las personas afectadas decidieron presentar un amparo contra el Ayuntamiento de Umán, el Gobierno estatal, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), la Comisión Nacional de Energía y otras autoridades federales. Buscaban frenar el inicio de la operación de la estación debido a acciones y omisiones de las autoridades que afectan los derechos a la salud, vivienda, medio ambiente y a la vida. Además, Energía Mayakan no presentó una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), para la ampliación del gasoducto.

“Esas autoridades no cumplieron con sus obligaciones de prevención y garantía de esos derechos humanos, ni ejercieron sus funciones de fiscalización y supervisión sobre las operaciones de los particulares, tanto de Grupo Casitas como de Energía Mayakan”, explicó la abogada del caso, Carla Escoffié.

La demanda fue turnada al Juzgado Tercero de Distrito. El pasado 5 de noviembre, la jueza Mercedes del Sol Hernández otorgó una suspensión provisional por considerar que había riesgos medioambientales, a la salud y a la vida. Dicha suspensión fue retirada a los cuatro días porque la empresa demostró contar con una MIA Regional (MIA-R) del proyecto. Aunque esta fue presentada en 2021 y en ella se emplearon imágenes satelitales antiguas, en las que no aparecen las zonas habitacionales cercanas, la jueza consideró que con ese documento acreditaba tener los permisos “y no había ningún riesgo”.

“Ese es un problema, porque una cosa es la MIA del proyecto Energía Mayakan como un todo y otra la MIA de la estación de compresión en particular, porque esta no estaba contemplada en el proyecto original, se hizo a través de una ampliación”, indicó Escoffié. Agregó que, independientemente del tema de la MIA, hay otras irregularidades que la jueza debió tener en cuenta al momento del fallo, como considerar que la estación está a menos de tres metros de las viviendas, cuando la norma oficial aplicable señala que la distancia debe ser de cien metros mínimo.

“Se hicieron señalamientos constantes a la jueza, pero ella se centró únicamente en la existencia formal de una MIA, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han dicho que las MIA no deben ser vistas como un mero requisito formal administrativo”, recalcó la abogada.

También se argumentó que el proyecto de Energía Mayakan tiene como objetivo garantizar la soberanía energética y proveer de energía a toda la península, por lo cual inhibir su operación sería quitar el derecho a la energía al resto de la población.

“Consideramos que es una sobredimensión de la importancia de la estación, porque no estamos pidiendo que remuevan todos los ductos, sino que se reubique esta nueva estación porque nos está dañando. Además, en ningún momento se analizó el riesgo de explosión, la contaminación del medio ambiente”, explicó Torres.

Inconformes, las y los residentes realizaron un bloqueo en el Anillo Periférico de Mérida. Días más tarde les negaron la suspensión permanente, lo cual desembocó en otro bloqueo.

“Vamos a subir a las instancias de derechos humanos que tengamos que llegar, porque esto es un tema de derechos humanos. Eso es clarísimo, pero ninguno de los juzgadores está juzgando con perspectiva de derechos humanos, a pesar de que hicieron campaña de derechos humanos”, sostuvo Torres.

Ante esta situación, el grupo de habitantes promovió un recurso de revisión, solicitando a un Tribunal Colegiado modificar la resolución de la jueza para que brinde una suspensión definitiva. Mientras analizan a qué instancias acudir para ser escuchadas, las y los habitantes sufren las consecuencias de vivir a unos metros de una estación de compresión de gas: las personas viven en constante estrés ante una posible fuga y se han desatado las alergias respiratorias, además de que se les dificulta dormir bien, debido a las lámparas que operan por las noches.

“El discurso es la soberanía energética, pero ¿a costa de qué?, ¿de nuestras vidas? Podemos debatir muchos temas de contaminación ambiental y de la soberanía, pero lo importante es que no están atendiendo la situación, no están haciéndolo con la rapidez que debería ser. El día que enciendan esas máquinas, si seguimos viviendo ahí, aunque ellos digan que no hay riesgo, la vulneración va a seguir: la gente no podrá dormir junto a las vibraciones y van a decir que es temporal”, expresó Torres.

“Para negar la suspensión se habló de que al cancelar el proyecto habría una afectación al bien común, pero ¿de qué bien común estamos hablando?, ¿de alimentar a una empresa, de seguir generando dinero a una empresa extranjera a costa de la vida de muchas personas que estamos aquí? Más allá de hablar de una reubicación o de una zona de amortiguación, deben intentar ponerse un poco en los zapatos de las personas que estamos viviendo aquí”, indicó Jenny Ek, una de las vecinas.

Las y los vecinos conformaron un Comité que se ha reunido en al menos cuatro ocasiones con representantes del Gobierno yucateco para plantear la problemática, pero hasta ahora no han alcanzado un consenso. Lo último que se dialogó fue que se necesita un dictamen de riesgos para determinar las acciones siguientes. El único avance que se ha tenido fue el anunciado por el gobernador Díaz Mena en su conferencia matutina, respecto a una posible reubicación de las personas afectadas.

“Esto tiene que ser solucionado a través de un acuerdo de la empresa Mayakan con la empresa Casitas, que son los que hicieron estas viviendas, y no hay otra solución más que la reubicación de todas esas viviendas que están pegadas a la empresa y que pudieran tener en el futuro la incertidumbre de un posible peligro”, explicó el mandatario, quien afirmó que ya comenzaron los diálogos de la inmobiliaria respecto a esta medida.

Vivir en la incertidumbre

Entre tanto, el proyecto sigue su avance. A las y los habitantes les comunicaron de manera informal que la nueva estación iniciaría operaciones entre enero y febrero de 2026.

“En cualquier momento lo encienden y eso va a generar un pánico muy grande, se escucharán las maquinarias a kilómetros de nosotros. Es muy triste que la zona se pueda volver una zona de sacrificio, como hay en muchas partes del mundo, donde se ve todo el costo ambiental y quienes absorben eso somos las personas que vivimos alrededor de las maquinarias para darle luz y mayor capital a personas de otras partes de la ciudad, del estado o del país”, sostuvo Torres.

Las y los vecinos también ven con preocupación que Grupo Casitas sigue construyendo y vendiendo viviendas cerca de esta construcción, a pesar del actual proceso jurídico y de que se han expresado diversas preocupaciones al respecto.

Para Víctor Balam y Jenny Ek, las afectaciones van más allá de los posibles daños al patrimonio, dado que las casas no tienen cimientos (fueron construidas con moldes) y con las actividades de construcción y las constantes vibraciones pueden resultar afectadas. También hay un alto costo en la salud mental de las y los residentes.

“Una de las molestias más grandes es la falta de empatía de las autoridades. Ha sido muy fácil para ellos hablar desde su privilegio y no estar viviendo esta situación. Hemos notado mucha falta de compromiso de las instituciones tanto privadas como públicas y creo que eso habla mucho de este tipo de proyecto, que se hace sin consultar a la gente, sin considerar el impacto que puede tener en las personas, porque aquí hay niñas, niños, personas adultas mayores, mascotas. Es mucho el costo contra el beneficio”, indicó Ek.

Sobre la posible reubicación, tampoco consideran que sea la solución idónea. “Para muchos significaría volver a comenzar, volver a conocer a sus vecinos o la incertidumbre de lo que pasará con lo que ya le invirtieron a sus casas”, precisó Balam.

Para la abogada Escoffié, una reparación integral de las personas afectadas implicaría no solo abrir un diálogo respetuoso con las y los residentes hasta llegar a un consenso sobre la solución que garantice sus derechos, sino también hacer responsables a las autoridades que permitieron esta situación.

“Las autoridades están obligadas a dar una reparación integral a las personas afectadas, ya que, a diferencia de lo que se ha querido sostener, no es un conflicto entre particulares. Es una situación que se dio por acciones y omisiones de las autoridades de los tres niveles de gobierno, porque Grupo Casitas y Engie actuaron con permiso y aquiescencia de las autoridades. No es posible que se dé esta situación sin que haya un vacío institucional; este vacío es lo que no permite garantizar la planeación urbana y la prevención de accidentes y situaciones de riesgo para la población civil”, apuntó Escoffié.

Al final, lo que las y los residentes de Gran Calzada buscan es vivir de manera segura y tranquila, sin perder el patrimonio que les ha costado mucho trabajo obtener.