Empresas como Sociedad Química y Minera de Chile, Albemarle, Rio Tinto, Ganfeng y Grupo México demuestran que la transformación energética está mediada por relaciones de poder, acumulación y desigualdad. En Abya Yala, esa transición no solo extrae minerales, sino que disputa territorios y vidas.

Fotografías: Heriberto Paredes

Ciudad de México.- Las utopías solo dialogan así, entre aquellas personas que son capaces de ver el florecer en los horizontes de una tierra degradada a polvo. Quizás ese sea el motivo por el cual la palabra de origen Kuna, “Abya-Yala” sea una de las más presentes en cada uno de los discursos pronunciados sobre recuperación de la soberanía energética.

Lo que comúnmente se escucha sobre transición energética suele relacionarse con la única falsa respuesta global frente al colapso climático. Gobiernos, organismos multilaterales y algunas corporaciones internacionales coinciden en que la sustitución de combustibles fósiles por fuentes renovables es un camino presuntamente inevitable para reducir emisiones y sostener la electrificación de la economía mundial. Sin embargo, esto no es del todo cierto.

Ese relato suele omitir su base material. La descarbonización que presume ese supuesto avance no elimina el extractivismo; lo reconfigura. Por lo menos así lo denuncia la Agencia Internacional de Energía (AIE) que reconoce que las tecnologías asociadas a energías limpias requieren mayores volúmenes de minerales que los sistemas basados en hidrocarburos. Paneles solares, turbinas eólicas, baterías y redes de transmisión demandan litio, cobre, níquel y otros insumos estratégicos. La transición, por tanto, no implica menos extracción, sino una redistribución geográfica y material de la presión extractiva.

Transición energética en América Latina

Particularmente en Latinoamérica, esa redistribución se concentra en territorios históricamente integrados a la economía mundial como proveedores de materias prima. La CEPAL ha documentado que Argentina, Bolivia y Chile concentran una proporción significativa de los recursos mundiales de litio, posicionando a la región como nodo clave en la cadena global de baterías.

En los salares altoandinos, donde se concentra la explotación de litio, la extracción se realiza mediante el bombeo de salmueras subterráneas que luego se evaporan en grandes piscinas. Este proceso interviene sistemas hídricos frágiles en regiones donde el agua estructura economías locales, prácticas comunitarias y formas de vida. Ante esto, la socióloga ambientalista Aida Luz López insiste en que los territorios no son superficies disponibles para la inversión, sino entramados donde se sostiene la vida.

Según datos procesados por Ceiba, las empresas de peso en el negocio de la transición energética son Sociedad Química y Minera de Chile y Albemarle Corporation, empresa estadounidense que cotiza en la Bolsa de Nueva York y opera en el salar de Atacama bajo contratos con el Estado chileno. Estas son las dos firmas de los principales actores globales en la producción de litio y mantienen una estructura de propiedad con presencia significativa de inversionistas institucionales internacionales. Es decir, en ambos casos persiste el extractivismo. A su vez, el Estado ha optado por fortalecer su participación a través de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) mediante acuerdos de asociación para el desarrollo del litio (5), sin que esto se traduzca directamente en una mejoría relevante en la vida de los y las chilenas.

Otro ejemplo es el de Argentina, donde la consolidación de grandes conglomerados confirma esta dinámica. Rio Tinto amplió su presencia en el sector tras la adquisición de Arcadium Lithium, integrando proyectos relevantes en el norte del país. Por su parte Ganfeng Lithium mantiene participaciones en distintos emprendimientos y acuerdos de suministro con fabricantes internacionales de baterías. Y, finalmente, para completar el denominado “Triángulo del litio”, en Bolivia, el Estado creó Yacimientos de Litio Bolivianos para preservar la titularidad pública del recurso, pero también acordaron definir condiciones para el aprovechamiento de capital extranjero. Aunque los arreglos institucionales difieren, los tres países se insertan en una arquitectura global marcada por la competencia por minerales críticos. Es decir, el resultado ecológico y social se reducirá a quienes ofrezcan en menor costo sus tierras.

Las empresas de la transición impuesta en México

El cobre ocupa un lugar igualmente decisivo en la arquitectura material de la transición energética. La Agencia Internacional de Energía lo identifica como material esencial para redes de transmisión eléctrica, motores y sistemas de generación renovable. Su alta conductividad lo vuelve indispensable para la expansión de infraestructura eléctrica a escala global. La electrificación masiva prevista en escenarios de descarbonización implica un aumento sostenido en la demanda de este metal.

México, en ese sentido, es un actor relevante en la producción global de cobre. La Cámara Minera de México subraya su peso dentro del valor total de la producción minera nacional y destaca la centralidad del estado de Sonora en esta actividad. El cobre extraído en territorio mexicano se integra a cadenas industriales que abastecen infraestructura eléctrica, manufactura tecnológica y redes energéticas vinculadas con la transición global.

En este contexto, Grupo México constituye un caso paradigmático. A través de Southern Copper Corporation controla operaciones como Buenavista del Cobre y La Caridad, y mantiene una participación mayoritaria en su subsidiaria. La producción anual de Southern Copper supera el millón de toneladas considerando sus operaciones en México y Perú, volumen que la sitúa entre los actores más relevantes del sector. La estructura corporativa del grupo revela un alto grado de concentración accionaria encabezada por Germán Larrea y su familia. Esta concentración define estrategias de expansión, decisiones de inversión y relaciones con autoridades regulatorias.

El vínculo entre cobre y transición energética no es abstracto. La expansión de redes eléctricas, infraestructura urbana electrificada y manufactura de vehículos eléctricos requiere volúmenes crecientes de este metal. Sin embargo, la dimensión territorial de esa producción implica conflictos socioambientales, disputas por el agua y cuestionamientos sobre responsabilidad corporativa. Desde la perspectiva de Aida Luz López, el extractivismo reorganiza las cargas sociales y ambientales de manera desigual. Cuando los impactos afectan las condiciones de vida, son las mujeres y comunidades racializadas quienes asumen mayores tareas de cuidado y gestión de la escasez.

El mapa empresarial del litio en el Cono Sur y del cobre en México muestra que la descarbonización global descansa en conglomerados con fuerte inserción financiera internacional. Sociedad Química y Minera de Chile y Albemarle en Chile, Rio Tinto y Ganfeng en Argentina, Yacimientos de Litio Bolivianos en Bolivia y Grupo México con Southern Copper en México articulan territorios de extracción con bolsas de valores y mercados internacionales. Las decisiones estratégicas se toman en espacios corporativos que suelen estar alejados de los territorios intervenidos.

Transición energética y tensión estructural en Abya Yala

Contar con una proporción significativa de minerales críticos puede enunciarse como oportunidad de desarrollo. Sin embargo, desde la ecología política feminista en Abya Yala, la pregunta central no es solo cuánto valor puede capturarse, sino qué relaciones de poder se reproducen y qué territorios sostienen esa acumulación.

La transición energética, leída desde Abya Yala, revela una tensión estructural. Se presenta como respuesta al cambio climático, pero su viabilidad para la académica e investigadora Yayo Herrera es inviable, pues depende de intensificar la extracción en ecosistemas sensibles y regiones periféricas. Yayo también plantea que una transición justa requiere reducir la escala material de la economía y reorganizar prioridades en torno a la sostenibilidad de la vida. Sin esa reorientación, la electrificación puede convertirse en una nueva fase del mismo patrón de acumulación que produjo la crisis.

La académica advierte que la crisis ecológica expresa los límites biofísicos del planeta y la inviabilidad de un modelo basado en crecimiento ilimitado: “Nosotras reivindicamos a esta academia activista, que se involucra, que acompaña las luchas de los pueblos y que es capaz de llevar esta formación a nuestro estudiantado”. Su planteamiento desplaza la discusión del cambio tecnológico hacia el sistema económico: una organización social que requiere cada vez más energía y materiales para sostener patrones de consumo desiguales. En ese marco, la transición energética no puede limitarse a cambiar fuentes si mantiene intacto el volumen de extracción y el horizonte expansivo de la economía global.

Si la demanda de minerales críticos continúa creciendo como proyectan los organismos internacionales, la presión sobre salares andinos y regiones mineras mexicanas se intensificará. La cuestión no se reduce a instalar más energías renovables, sino a definir bajo qué modelo de sociedad se organiza esa expansión. Recuperar la propuesta de Yayo Herrero López implica reconocer los límites materiales del planeta y situar la sostenibilidad de la vida como eje rector. Incorporar la mirada de Aida Luz López exige comprender que la defensa territorial no es oposición al cambio tecnológico, sino afirmación de condiciones que permiten sostener la vida en común.

La transición energética no es neutra. Está atravesada por relaciones de poder, estructuras corporativas concentradas y desigualdades históricas. Litio y cobre revelan que la descarbonización global depende de territorios en disputa y decisiones empresariales altamente centralizadas. En Abya Yala, la discusión no gira únicamente en torno a cuánto mineral se extrae, sino a quién decide, quién se beneficia y quién asume los costos de una transición que, sin transformación estructural, corre el riesgo de reproducir el mismo patrón extractivo bajo un discurso verde.