En 2023, la población de Santa María Chi, localidad de Mérida, Yucatán, harta de vivir con el agua, aire y suelo contaminados por una mega granja de cerdos, se manifestó para exigir al Estado la garantía de su derecho a un medio ambiente sano. Pero, antes de recibir respuesta de las autoridades, la empresa porcícola denunció bajo un cargo falso al subcomisario Wilberth Nahuat. Su caso avanzó más rápido que los distintos amparos que el pueblo promovió para detener la operación de la granja. Pese a las violaciones a sus derechos, él afirma que seguirá en la lucha.

Yucatán, México. –  Era mayo de 2023. El subcomisario Wilberth Nahuat pasaba los días en el campamento que la población de Santa María Chi, localidad de Mérida, instaló para protestar por la contaminación generada por la mega granja de cerdos San Gerardo, propiedad de la empresa Pecuaria Peninsular. Un día aparecieron agentes para notificarle de una denuncia en su contra: la empresa porcícola lo acusó falsamente de despojo y del secuestro de tres guardias.

“Me sentí con miedo. Pensé que me iban a llevar [arrestado]. Pero la gente se encabronó y me apartaron a un lado, me protegieron. Dijeron que yo no iba a ningún lado”, recuerda Wilberth al hablar del apoyo que le brindó la comunidad desde entonces y hasta el día 30 de octubre del 2025, cuando el Juzgado de Control desechó la carpeta de investigación luego de que la empresa no logró sustentar las acusaciones.

“En dos años no pudieron encontrar ni una sola prueba de las acusaciones. Tratan de intimidar porque tienen dinero y tienen todo a su favor, tienen el poder, los contactos, el gobierno está a favor de ellos. Por eso nosotros no podíamos dejarlo solo”, platica Francisco Cauich, uno de los vecinos de Santa María Chi, que está en pie de lucha.

Viento pestilente y agua con bacterias: vivir al lado de una mega granja

La hacienda Santa María Chi, edificada en el centro de la comunidad, perteneció a Tomás Font, quien se la heredó a su yerno, Emilio Sansores, detalla don Francisco, quien trabajó ahí haciendo tapetes de henequén: conoció bien la hacienda y cada cenote de la zona en sus andares. No era el único, pues entonces la gente tenía acceso al lugar, recorrerlo, asistir a misa en la capilla.

“Era muy bonito porque la gente podía entrar. Mientras estaban raspando la penca, cruzaba el agua en las pilas, ahí estaban unos pescaditos rojos. Había un señor que ahí hacía su hortaliza. Y estabas ahí en la misa, podías estar corriendo, bajando, mientras los señores pasaban en el truck con sus pencas”, relata la artesana Norma Tut sobre la vida en la comunidad a principios de 1980.

Ambos atestiguaron cómo la producción henequenera fue decayendo, hasta que el propietario decidió vender la hacienda a Miguel Cicero, quien la desmanteló y ofreció a Francisco y Oswaldo Loret de Mola Coldwell, ambos socios de Grupo Porcicola San Gerardo y el último, también de Pecuaria Peninsular. Fue entonces, a finales de los años ochenta y principios de los noventa, cuando comenzó a operar la granja de cerdos.

Pero al principio eran cinco naves y criaban pocos cerdos. “No había tanta mosca como ahora”, asegura Norma. Todo cambió tras el paso del huracán Isidoro, en 2002, porque destruyó todas las naves. La empresa –que de acuerdo con don Francisco estaba a punto de irse a la quiebra–, recibió apoyo del Gobierno del estado y se volvió socia de la compañía Kekén, con lo que se levantó, aunque con más naves y, por lo tanto, más cerdos. Entonces empezó la pesadilla.

“Fue cuando comenzó a contaminar más y se volvió insoportable el olor, las moscas verdes, los moscos. Aunque las personas estuvieran en sus casas, con las ventanas cerradas, el olor penetraba. Y se impregnaba hasta cuando lavaban la ropa”, recuerda don Francisco.

Para ese entonces, Wilberth Nahuat era estudiante de la licenciatura en Contabilidad Pública y pasaba casi todo el tiempo en Mérida. Pero los fines de semana que regresaba a visitar la casa familiar, notaba los fuertes olores. Empezó a cuestionar qué tan saludable era permanecer todo el tiempo en esa situación. “Me preguntaba cómo pueden vivir así. Todos los días eran moscos, eran olores”, señala.

Durante los siguientes años, Wilberth se dedicó a trabajar en la capital yucateca: tenía el sueño de dejar de vivir en la pobreza en la que nació y brindar a su familia una mejor calidad de vida. No regresó a la comunidad sino hasta que lo liquidaron de la empresa en la que laboraba debido a un recorte de personal.

Entonces notó más que nunca la contaminación del aire y del suelo gracias a la granja: ya no crecían los árboles como antaño. Además, como ayudaba a su padre con sus apiarios, notó que algunas abejas morían por las condiciones de la granja. También era difícil criar ganado, pues cada vez tenía menos espacio para pastar: las instalaciones en la comunidad de 385 habitantes ya contaban con setenta naves, con capacidad para miles de cerdos, pero no tenía pozos de oxidación ni biodigestor.

En 2020, tras las lluvias que ocasionó la tormenta Cristóbal, la zona se inundó de un líquido café con orillas rosadas. Aunque la comunidad se quejaba de todos los problemas, temía tomar acciones más contundentes para detener las operaciones de la granja.

Entonces Wilberth comenzó a platicar sobre la problemática con sus parientes, vecinas y vecinos, que atravesaban circunstancias similares en sus casas, con su ganado y sus sembrados. Sugirieron que, para lograr un cambio, Wilberth se postulara como candidato a la subcomisaría municipal. Al principio lo dudó, pero al notar el apoyo que le brindaron aceptó el reto. Aunque tuvo cinco contrincantes, algunos apoyados por el partido político en el poder (Partido Acción Nacional), ganó las elecciones en 2021 con 80% de aprobación.

La empresa intentó convencerlo de dejar en paz el asunto de la mega granja ofreciéndole pintura y lámparas para alumbrado público, juguetes para la niñez y comida para las fiestas del pueblo. Pero él continuó debatiendo el tema con el resto de la población, con la intención de organizar algún movimiento para lograr combatir la contaminación de la empresa.

Hasta que llegó el mes de abril de 2023, cuando el olor fétido empeoró. Era tan fuerte que la población entera especuló que estaban quemando cerdos. Acudió a las instalaciones de la mega granja para averiguar, pero el personal negó que algo se estuviera quemando ahí. La gente solamente se dio cuenta de la mentira cuando notó el humo en la hacienda y un camión de bomberos solicitó acceso a la empresa para apagar el fuego: estaban quemando las excretas de los porcinos.

“No querían aceptarlo y estaban dañando a toda una comunidad, más que nada a chavitos y adultos mayores. Nos empezamos a enojar porque no cesaban: diario venían los bomberos, diario apagaban el fuego y al día siguiente otra vez lo mismo. Empezó a ser más intenso el humo porque ya la placa no se apagaba. Era más intenso el olor y todo mundo tosiendo, con dolor de cabeza, a muchos les diagnosticaron faringitis aguda, rinitis, bronquitis. Y fue cuando empezamos a levantar las denuncias porque nuestra salud estaba siendo afectada y no nos hacían caso”, explica Wilberth.

Criminalizar la protesta

Acudieron al Ayuntamiento de Mérida y a los Servicios de Salud de Yucatán (SSY), para exigir la reubicación de la mega granja, pero la primera dijo que era competencia de la segunda y viceversa. “Se tiraron la bolita”, dice el subcomisario.

Intentaron dialogar con los encargados del recinto, pero no lo lograron. Entonces bloquearon el acceso a la mega granja con un campamento, para exigir la intervención de las autoridades, las cuales ignoraron sus peticiones.

Eso no les desanimó. Iban todos los días, por turnos, al campamento. En esas estaban cuando un día llegaron agentes a notificar a Wilberth de la denuncia en contra suya: la empresa alegaba que privaron ilegalmente de la libertad a tres guardias. También lo acusó de despojo de un bien inmueble.

Aunque esto lo asustó, el pueblo lo defendió. Incluso tocaron la campana de la iglesia, para convocar a toda la comunidad e impedir que se lo llevaran, aunque según los agentes, la visita únicamente era para notificarle de la denuncia y resguardar a los tres guardias supuestamente retenidos.

“Los agentes dijeron que hubo secuestro, que había gente con machete, con rifle, pero nunca hubo eso. Era una exageración, mentiras. Dicen que, en otros lugares, cuando intimidan a la gente, se para la protesta. Pero aquí nadie se rajaba, nadie se rajó y hasta ahora nadie se ha rajado. Aquí seguimos”, afirma don Francisco, quien estuvo presente aquel día.

Aunque de manera más discreta, la población siguió interpelando a las autoridades. Acudieron a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), levantaron reportes masivos en el Ayuntamiento cuando había malos olores, le mandaron cartas al expresidente Andrés Manuel López Obrador, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Ninguna hizo nada.

Por ello, en noviembre de 2023, mientras el subcomisario se preparaba para su primera audiencia por los cargos en su contra, presentaron amparos para detener las actividades en la granja. Una de ellas –por el derecho de la niñez a vivir en un medioambiente sano– logró que en diciembre de ese mismo año se otorgara una suspensión provisional de operaciones de la granja.

También consiguieron que el Ayuntamiento de Mérida enviara un médico para revisar a las personas que ya presentaban problemas respiratorios por la operación de la mega granja, pero el profesionista enviado no estaba preparado y no quería atender a todas las personas.

Mientras tanto, a Wilberth le impusieron una orden de restricción para no acercarse a metros metros del lote catastral de las instalaciones de la granja, que está a cien metros de su casa y rodea todo el pueblo, por lo cual tenía que disfrazarse o maniobrar y brincar bardas vecinas para hacer las diligencias que exigía su cargo. No tenía abogado, solo un amigo le ayudaba a revisar la carpeta de investigación.

La situación era complicada para él, pues nunca había atravesado por alguna situación de esa naturaleza. Don Francisco y Norma confirmaron que lo conocen desde que era un niño y que siempre ha sido una persona tranquila, a la que le gusta bailar jarana, jugar fútbol, salir al parque y que prácticamente pasa su tiempo trabajando, ayudando a su papá con su ganado o conviviendo con su familia.

El subcomisario comenzó a tener problemas de insomnio cada vez que se acercaban las audiencias, las cuales se sucedieron desde el 2024 y hasta el 2025. Solicitó apoyo al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pero no recibió ninguna respuesta. Solo la asociación civil Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) le brindó apoyo para recibir atención psicológica.

También consiguió el apoyo del Instituto de Defensa Pública del Estado para que lo representara. En enero de 2025 otorgaron datos de prueba y cuando la Fiscalía General del Estado (FGE) los recibió, se reservó el derecho de formular la imputación de los cargos.

Entonces el Instituto de Defensa solicitó que se decretara el no ejercicio de la acción penal, pues incluso las pruebas aportadas por la FGE estaban a favor del subcomisario. La fiscalía se tardó tanto en contestar, que el Instituto de Defensa tuvo que promover un amparo por denegación de justicia para obtener respuesta.

Tras ganar el amparo, el 23 de octubre de 2025, el juez brindó diez días a la fiscalía para decidir si imputaría o no. Ante la falta de evidencias para sostener las falsas acusaciones, la FGE aceptó el no ejercicio de la acción penal: no había delito que perseguir. Para garantizar que no se siguieran violando los derechos de Wilberth, el Instituto solicitó el sobreseimiento total, es decir, el desistimiento total de la carpeta de investigación. Lo obtuvieron: los cargos ya fueron desechados y el subcomisario no podrá ser acusado de ese delito de nuevo.

“A la autoridad no le importa lo que le pase a un pueblo como el nuestro”

Pero, mientras tanto, Wilberth tuvo que enfrentar todo tipo de ataques a raíz de las falsas acusaciones. Por ejemplo, previo a la primera audiencia, medios de comunicación como La Chispa, El Grillo y Expreso Yucatán publicaron notas en las que lo acusaban de “vendetierras”.

“Salió hasta en páginas de Maxcanú y Chumayel, donde tengo amigos que también bailan jarana. Me preguntaban por qué estaban publicando esas notas. Llegó hasta sus pueblos el rumor de que estaba despojando tierras a los pobres campesinos”, comenta.

También se generó división en la comunidad: cuatro de las mamás de niñas y niños que querían firmar el amparo para exigir el respeto a su derecho a vivir en un medioambiente sano fueron contactadas por la empresa, que presuntamente les dio obsequios a cambio de que desistieran. Además, la granja también apoyó a una de las mujeres que protestaban contra la granja para que se postulara al puesto de subcomisaria, tensando la convivencia en el pueblo, de acuerdo con Wilberth. 

Afortunadamente, en los últimos años los ánimos se han calmado, agrega el subcomisario. Lo que no se ha apagado es la exigencia de detener a la mega granja, que aunque ya tiene una suspensión y en septiembre de 2025 fue clausurada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) por descargar directamente aguas residuales sin permiso y omitir la caracterización de sus lodos, sigue funcionando.

“Yo me levanto a las seis de la mañana y se escucha que están chillando los cerdos para que los críen. Si supuestamente ya tienen la suspensión, no sé qué están haciendo”, señala Norma.

Entretanto, varios estudios científicos demostraron que el agua de Santa María Chi sí estaba contaminada. La Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) y el Instituto Tecnológico de Mérida analizaron el agua de pozos artesanales de ocho a diez metros de profundidad y del cárcamo, y encontraron bacterias coliformes y alta conductividad, lo cual se traduce en altas cantidades de sal y bacterias. De acuerdo con estos estudios, explica Wilberth, esa agua no es apta ni para consumo ni para riego.

En agosto de 2025, el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco (CIATEJ), también realizó pruebas. Todavía no han salido los resultados, pero el subcomisario no espera que sean distintos. El Ayuntamiento también hizo un monitoreo, sin embargo, no ha proporcionado los hallazgos a la comunidad.

Ahora la población exige tener los documentos de la suspensión y de la PROFEPA para conocer en qué términos se impusieron esas medidas, para exigir que se cumplan y que se detengan las actividades del recinto.

Wilberth también tiene en mente fortalecer los conocimientos de la comunidad sobre los derechos humanos y el cuidado del medioambiente, específicamente de la niñez y las adolescencias. Aunque en la escuela primaria Zamná les cerraron la puerta para realizar actividades de educación ambiental, debido a que el recinto tiene un proyecto con la mega granja que se los impidió, el subcomisario ha contactado con asociaciones civiles como Kanan, que llevan a cabo talleres con niñas y niños sobre defensa del territorio.

Ahora, que nuevamente es un hombre completamente libre, el subcomisario tiene más energías de continuar en la lucha con el resto de la comunidad para exigir a la empresa porcícola la reparación de los daños ambientales y de salud que ha ocasionado. Además, planean exigir que se garantice su derecho a la autodeterminación como pueblo maya.

“Sé que a la autoridad no le importa lo que le pase a un pueblo como el nuestro, no le importa lo que está viviendo la comunidad ni nada de eso. Imagínate todo lo que se está yendo a las casas, con lo que te cepillas, bañas, lavas los trastes, hay gente que incluso cocina con eso. Todo es preocupante, por donde lo quieras ver”, sostiene Wilberth.