A través de la revisión de las experiencias más exitosas en materia de seguridad y organización, y del análisis de dos especialistas, presentamos una serie de apuntes sobre quién realmente combate la violencia organizada en Michoacán y algunos de los intereses económicos más relevantes que se encuentran involucrados en una estrategia gubernamental que no da resultados ni trae paz para la entidad ni para el país.

Por Heriberto Paredes y Rodrigo Caballero

Escena 1

Michoacán, México. – Las primeras imágenes que se difundieron muestran caos y desconcierto: una nube de humo de fondo, en primer plano algunos restos de vehículos destruidos, locales comerciales dañados, lo que queda después de una explosión. En un principio no hubo datos precisos de las personas heridas o muertas, incluso no se sabía qué había pasado realmente; sin embargo, sí hubo certeza de que no había sido un accidente sino un atentado y que los responsables son miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), grupo criminal que opera en total impunidad en el estado de Michoacán y en buena parte de México.

El pasado 6 de diciembre de 2025, un coche bomba explotó en el municipio de Coahuayana, en la región Sierra-Costa, justo afuera del cuartel de la policía comunitaria que comanda –desde su creación en 2013–, Héctor Zepeda, “Teto”, como le dice la gente amistosamente. Al menos cinco personas perdieron la vida y una veintena resultaron heridas. Una vez repuestos de esta explosión, los comunitarios resguardaron el perímetro y comenzaron a investigar para señalar a los responsables, no así las fuerzas federales (Guardia Nacional, Ejército y Marina) o la fiscalía estatal, quienes hasta ahora no han hecho público ningún resultado de alguna investigación llevada a cabo.

Incluso el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que no se trató de un acto terrorista, sino de un acto delictivo de disputa entre dos cárteles. La misma narrativa obsoleta y nada de investigación.

Respuestas evasivas, negaciones y un velo de opacidad y silencio por parte de las autoridades correspondientes es lo que sigue –normalmente– a situaciones como esta que, a pesar de haber sido noticia nacional e internacional, no logró consolidarse como un punto final en la escalada de violencia que vive la entidad.

La violencia continuó. Continúa.

Escena 2

Recibo un mensaje –acompañado de un video– de un guardia comunal de la comunidad indígena de Santa María Ostula. Abro el video que aparece en nuestro chat y veo el interior de una casa humilde dañada, el techo de lámina caído casi en su totalidad, caos al interior, destrozada lo que parece ser una cocina y la voz del Gavilán explicando lo que había pasado: “Ya están droneando las casas de los civiles aquí en [Salitre de] Estopila, cayeron tres dronazos hace unos tres o cuatro minutos”.

En el video también se muestran los daños a las paredes ocasionados por disparos de bala, así como los restos de los explosivos lanzados. Esto ocurrió el 6 de enero de 2026 y nunca se tuvo presencia de alguna autoridad estatal o federal que fuera a investigar, a levantar los datos necesarios, a garantizar atención médica o psicológica para las posibles víctimas de estos hechos violentos. “Ayúdame a difundir esta situación, nadie nos está haciendo caso y solo estamos tratando de proteger a la gente de estos criminales”, me escribe el guardia comunal.

La gente de estas comunidades, al igual que las de Coahuayana o las del resto de la Sierra-Costa, no tienen –en su mayoría– a dónde ir, así que se quedan y tratan de resistir a esta guerra en contra, no solo de la población, sino en contra de la organización comunal que impide el despojo territorial.

Debajo de estas casas bombardeadas hay yacimientos de hierro codiciados por una empresa minera.

Escena 3

“Como lo ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum, no habrá impunidad, quienes generan violencia, quienes cometen delitos, quienes dañan a las familias michoacanas y al pueblo de México serán investigados, detenidos y llevados ante la ley. El Gobierno de México mantiene un compromiso firme con la seguridad de Michoacán y con el derecho de su gente de vivir en paz”, así comenzó su discurso Omar García Harfuch, en la presentación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el 9 de noviembre de 2025, días después del asesinato del alcalde Carlos Manzo.

“Desde el inicio de esta administración –continúa el funcionario– la presidenta Claudia Sheinbaum nos instruyó a fortalecer la presencia de las instituciones que conforman el gabinete de seguridad en todo el territorio nacional, especialmente en las zonas con mayor incidencia, mediante coordinación, inteligencia, judicialización y mayor presencia operativa. Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia reforzaremos los cuatro ejes de la estrategia nacional de seguridad de la entidad: atención a las causas; consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la policía estatal de Michoacán, o Guardia Civil; inteligencia e investigación y reforzamiento de la Fiscalía de Alto Impacto de la Fiscalía Estatal”.

Seguidamente, otros participantes en el evento fueron detallando este nuevo plan que estableció el Gobierno federal. Primero, el secretario de la Defensa Nacional (SEDENA), el general Ricardo Trevilla Trejo, presentó el Plan Paricutín, mecanismo operativo de las fuerzas de seguridad, en el que participarán un total de 10 mil 506 elementos castrenses y de seguridad. Seguidamente, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles indicó que, de todos los elementos de su Secretaría de Marina (SEMAR), habría “dos secciones de operaciones en zonas mineras”. Toda la estrategia –que consta de 12 ejes, con más de 100 acciones – tendrá  un costo de más de 57 000 millones de pesos.

Casi tres meses después de este evento institucional la sensación es agridulce: si bien detuvieron a César Sepúlveda, conocido como “El Botox”, miembro importante de los Blancos de Troya –uno de los grupos criminales que operan en la entidad–, en el día a día la situación de violencia no ha parado. El coche bomba y el aumento en el uso de explosivos lanzados con drones ocurrieron recientemente, así como otros episodios funestos.

Esta estrategia no es distinta a las que han tenido otros presidentes. Se caracteriza por tres elementos fundamentales: un aumento de la presencia de las fuerzas de seguridad, un costo exorbitante y el no atacar las causas de los problemas, como dicen que combatirán. Para la gente en Michoacán no hay nada nuevo bajo el sol del Estado, y tal vez por ello, en muchas ocasiones, han decidido ejercer el derecho a defenderse y cuidarse.

La Marina destacó ya a algunos cientos de sus elementos a las zonas mineras, mientras que la región de la Sierra-Costa lleva años exigiendo la actuación de esos mismos elementos para desmantelar las organizaciones criminales, específicamente el CJNG.

La lucha por la seguridad es permanente

“Casi todas las comunidades siempre han contado con elementos de seguridad, se llamaban guardias rurales, se llamaban rondas, rondines, policías comunitarios. Todas las comunidades han tenido, a lo largo de su historia, ciertos cuerpos de seguridad con nombres diferentes, en otros lugares se llamaban topiles, actuaban en momentos de fiestas o en momentos importantes de la vida comunal, ahora llamados en algunos lugares como kuarichas, guardias o policías comunales. Muchas de las comunidades ahora ya cuentan de manera permanente con un cuerpo de seguridad”, comparte en entrevista para Ceiba, Carmen Ventura, socióloga e investigadora del Colegio de Michoacán (COLMICH).

Para Ventura, el hecho de que las comunidades indígenas se organicen para tener su propia estrategia y sus propios cuerpos de seguridad no proviene de la coyuntura, ni siquiera del antecedente del surgimiento de los grupos de autodefensas en febrero de 2013. Se trata de “sedimentos o esta memoria organizativa que prevalece en muchas de las comunidades y que ha permitido la organización en distintos niveles”.

En la charla, la especialista en estudios relacionados con los pueblos originarios en la entidad señala que “desde la Colonia, al menos todas las comunidades nahuas participaron en la conformación de las guardacostas del Mar del Sur, participaron en la defensa de la costa en contra de los piratas y a cambio de esa participación se les rebajaba un tercio de los tributos”.

Si para el Gobierno federal y el michoacano resulta un fenómeno relativamente nuevo el tener comunidades organizadas para garantizar la vida en paz, es por su desconocimiento de la historia y de la larga relación de procesos que anteceden el presente.

Actualmente, tras cinco años de férrea defensa de las ofensivas del CJNG, la situación no es sencilla en la Sierra-Costa. Prevalece la fortaleza del negocio de la minería –encabezado por la empresa Ternium– que amenaza con ampliar su radio de explotación y extracción de hierro a pesar de la negativa de las comunidades a ello.

Tras la desaparición y asesinato de líderes, abogados y maestros que encabezaron la defensa del territorio, se ha señalado a Ternium como el motor principal de los escenarios de violencia al usar al grupo criminal como brazo armado para eliminar los obstáculos a sus intereses económicos. 

Ventura plantea que lo que está en disputa va más allá de la capacidad de fuego o de mayor presencia de cuerpos armados federales. En el fondo, explica, se trata de quién controla los territorios y la explotación de los bienes naturales. Los grupos armados no solo participan en economías ilegales como el tráfico de mercancías o personas, sino que también se insertan en sectores clave como la minería y la agroindustria, además de prácticas como el cobro de piso o el secuestro. Esta dinámica configura lo que denomina un “trinomio espacial de la violencia”, donde confluyen territorios indígenas con recursos naturales importantes, fuerzas armadas ilegales y los cuerpos armados federales.

No solo es Ternium, también los planes gubernamentales de ampliación de la carretera principal en esta región, los proyectos de construcción de zonas hoteleras y residenciales en sus playas, todas ellas encabezadas por los violentos operativos liderados primero por los Caballeros Templarios y ahora por el CJNG.

Frente a este panorama, por ejemplo, la comunidad con más experiencia organizativa, Santa María Ostula, ha cerrado filas al interior y se fortalece comunalmente para frenar los intentos de despojo de sus tierras, de su territorio.

La unidad interna, el conocimiento del territorio y la permanencia de la vigilancia, así como la lealtad y confianza de los miembros de su Guardia Comunal –la cual data, al menos, desde el siglo XVIII– han convertido a esta comunidad en un ejemplo y en un pilar en favor de la defensa real y concreta del derecho de vivir en paz en su territorio. Tal vez una de las mayores fortalezas que tiene Ostula es entender la seguridad, no como una tarea que debe llevar a cabo un grupo de especialistas, sino toda la comunidad. Todas las personas que la habitan son responsables de que este lugar se mantenga en paz y, en consecuencia, las comunidades vecinas, a quienes apoya para que también logren este objetivo.

A diferencia del movimiento de autodefensas –uno de los más documentados en los últimos diez años–, para quienes esta actividad se volvió su principal modo de vida, en Ostula “se les llama guardias porque no son policías comunes, de los que están uniformados día y noche, son personas normales que andan haciendo sus actividades y en caso de alerta salen y se visten. Si es algo mayor, toda la comunidad somos Guardia Comunal”, dice Pedro, un joven comunero con quien conversamos ampliamente en una visita a la comunidad.

“Cada persona que presta este servicio no recibe un peso, es un servicio comunitario. Esto hace que no dependamos del gobierno, en cuestión de órdenes y ese tipo de cosas. Cada año se va renovando este servicio comunitario y cada año son personas diferentes. Como todos estamos conscientes de la necesidad de nuestra propia seguridad, porque el Gobierno no puede o sí puede, pero no quiere porque a veces es parte de lo mismo, el mismo crimen organizado, entonces qué mejor que hacer nosotros eso”.

Vigilancia entre plantaciones

“Autodefensa −explica Teto−, ese derecho lo tenemos todos, de autodefendernos, cuando la inseguridad y la violencia rebasa a las instituciones, cuando nadie del gobierno te hace caso o te ayuda a defender la vida de tu familia. Cualquier persona hace lo que sea por su familia, antes de agarrar un arma se pidió ayuda a todo el gobierno”. Mientras platico con él no dejan de entrar y salir de su oficina policías comunitarios, le llevan reportes, él da órdenes de lo que hay que hacer, verifica que todo mundo coma y que los vehículos estén listos. Teto lleva siempre una gorra y un chaleco antibalas en donde carga dos radios. Su barba muestra ya canas que no se le veían cuando nos conocimos en 2014, pero algo que permanece es su buen humor y su voz calmada.

A diferencia de lo que ocurría antes del movimiento de autodefensas bajo el control de los Caballeros Templarios, hoy Coahuayana se ha vuelto un referente en materia de producción agrícola y se respira un aire distinto, de mucha tranquilidad. Más de 5 mil hectáreas se destinan al cultivo de plátanos, el 70 % se exporta a Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. Esto lo sustenta casi un 90 % de la población que vive de este tipo de agricultura.

En una cobertura anterior pudimos constatar cómo se había reconstituido la economía local, ahora sin la presencia de cuotas, extorsiones y amenazas. “Hubo un cambio en Coahuayana, no es nada que ver con lo que era en ese tiempo, ahora hay muchas construcciones, una buena economía, la gente tiene la confianza de invertir, de construir, tienen ganas de salir adelante, de seguir trabajando, sabiendo que no van a pagar cuota y que no les van a quitar nada”, nos compartió Teto.

Héctor Zepeda, comandante de la policía comunitaria y del grupo de autodefensa de Coahuayana, explicó para Ceiba: “Lo que me impulsó a mí a tomar las armas fue la inseguridad y la muerte de mi hermano Julio, lo mataron el 13 de enero de 2014. Así como se vive hoy en Colima, así se vivía antes, tuvimos que tomar un arma contra los Caballeros Templarios y ahora la gente de Coahuayana vive tranquila, nada de que vaya a haber desaparecidos, de que vayan a levantar a alguien, de que vayan a pagar cuota, de que vayan a haber asaltos o los asesinen. Así se vive en Colima, donde hay un cártel y ellos deciden quitarle la vida a las personas cuando les da su chingada gana y nadie hace nada”.

En este proceso estaba el municipio hasta que el CJNG comenzó a atacar también esta zona bajo la misma lógica de los intereses económicos de la minería. Es precisamente en este contexto −en el que hay ya decenas de ataques, emboscadas y asesinatos− que explota el coche bomba y se esparce el terror otra vez. Aunque lo niegue García Harfuch, es clara la intención de sembrar algo negativo en la vida cotidiana de las personas. Coahuayana pasó de ser uno de los municipios más seguros de México, sitio elegido por otras localidades desplazadas por la violencia, a saborear de nuevo el amargo gusto de la incertidumbre, del miedo que ocasiona uno de los grupos criminales con mayor poder en México actualmente.

Al igual que sus vecinos nahuas, la población mestiza de Coahuayana comprendió que la responsabilidad de mantener este territorio seguro, productivo y libre del despojo minero o de grandes megaproyectos es y seguirá siendo, una responsabilidad colectiva y permanente, al menos hasta que sean desmanteladas las organizaciones criminales y frenen los múltiples intentos por convertir esta región de Michoacán en un resort estéril: aparentemente bello por fuera, contaminado por dentro.

Cherán: la memoria como primera línea de defensa

Los movimientos comunitarios y de autodefensas en el estado de Michoacán, aunque surgieron derivados de una necesidad de protección y combate a la delincuencia organizada, no se pueden explicar si no se revisan las raíces históricas de la organización social.

A lo largo de una entrevista para Ceiba, el también investigador del COLMICH, Salvador Maldonado, aseguró que en este estado hay dos constantes que hacen posible el surgimiento de movimientos de resistencia en las diversas regiones de la entidad.

“La primera es que, viéndolo en un largo plazo, ha habido muchas formas de organización a muchos niveles y en todas las regiones del estado, con una enorme capacidad de movilización social derivada de luchas por reivindicación de todo tipo de derechos. La segunda es una gran memoria histórica, la construcción sistemática de una memoria histórica, donde los pueblos crean sus propios mecanismos para que sus demandas se mantengan por muchos años, con modelos de organización muy heterogéneos fundamentados en valores de lo más variado”, señaló.

Uno de los primeros movimientos armados herederos de esta tradición histórica ocurrió en el municipio de Cherán, en el centro de la zona conocida como la Meseta P’urhépecha, ubicada al pie de un eje volcánico en el corazón del estado, a unos cuatrocientos kilómetros de la Ciudad de México.

La madrugada del 15 de abril de 2011, esta población p’urhépecha de unos veinte mil habitantes se levantó en contra de los talamontes que devastaban el bosque de la comunidad y tenían amenazada a la población, prohibiéndole incluso caminar por sus sitios ancestrales. Aunque la tala ilegal del bosque era la actividad económica más visible, también el narcomenudeo y el secuestro afectaban aspectos de la vida de esta comunidad indígena e incrementaban los niveles de violencia de manera exponencial.

Los talamontes eran la representación más tangible de la delincuencia organizada que azotaba a la región, en aquel momento vinculada a la presencia de la organización criminal La Familia Michoacana. Estos personajes relacionados directamente con la destrucción del bosque florecieron en colusión con las autoridades locales y el grupo criminal mencionado, que se dedicaba, además, a otras actividades ilícitas en la zona.

Así que los pobladores, encabezados por las mujeres, se levantaron en armas y durante meses cerraron el municipio reviviendo un sistema comunal para la organización y la vigilancia conocido como “fogatas”, derivado de un modelo ancestral del pueblo p’urhépecha.

Cada fogata se instaló en las esquinas de las calles y se conformó de los vecinos que vivían a media cuadra de esa esquina. Durante años, día y noche, permanecieron encendidas funcionando como centro de reunión para dar de comer, para difundir información y para reaccionar ante cualquier eventualidad.

Tras el levantamiento, y luego de un proceso de lucha en tribunales, en 2012 el municipio de Cherán se convirtió en un modelo de autogobierno indígena, desechando la figura de presidencia municipal, policías municipales y desterrando a los partidos políticos, creando un sistema de gobierno comunal representado por un concejo mayor y ocho concejos operativos.

Entre los concejos operativos se creó el Jurámutspeku, el Concejo de Justicia, encargado de la vigilancia, mediación y procuración de justicia que sustituyó a la extinta policía municipal. Ahora la seguridad quedó en manos de un cuerpo llamado Ronda Comunitaria o Kuaricha en P’urhépecha, un tipo de seguridad que rememora los sistemas ancestrales de protección y cuidado del bosque y de su gente.

“Es importante entender que los modelos de organización, tanto en movimientos de autodefensas como en movimientos comunales más ligados a poblaciones indígenas no surgieron de la nada, son el resultado de un amplio proceso de organización comunitaria, es decir, fueron producto de la memoria histórica colectiva”, subrayó Maldonado.

Armando y la camioneta negra 

“¿Qué tanto les interesaría revivir una historia?” dijo Armando y su semblante risueño cambió por una mirada más seria y mesurada. La historia que proponía revivir Armando es la de Santiago Ceja Alonso y David Campos Macías, dos comuneros asesinados en 2012 por un grupo de talamontes en un predio conocido como El Puerto, en plena sierra cheranense.

Armando era en ese momento el encargado de los viveros que proveen de nuevos pinos al devastado bosque de Cherán. Formaba parte del Concejo de Bienes Comunales, uno de los organismos creados luego del levantamiento de 2011.

El 18 de abril de 2012, él salió a trabajar en unas represas para contener el agua necesaria para la reforestación de El Puerto. Desde las siete de la mañana, alrededor de diecisiete trabajadores comenzaron a preparar el terreno en la sierra. A las diez de la mañana Santiago propuso almorzar, pero era demasiado temprano; minutos después volvió a proponer el desayuno y secundado por sus compañeros se aproximaron a la fogata que habían hecho desde que llegaron.

“En eso se escuchó una ráfaga y caen los tiros en la fogata”, contó Armando. Su relato se volvía cada vez más vivo conforme narraba lo que había pasado y movía las manos y la mirada como si fuera el director de esa obra que recreaba en su cabeza lo sucedido.

“–¿Qué pasó compañero?, no tires las balas al fuego.

–No, yo no fui– dijo el otro.

Entonces se escuchó otra detonación más fuerte y fue cuando le pegan al compañero, a Santiago, y grita,‘¡Ay, ya me dieron!’ y David gritó también,‘¡cúbranse!’ y le dan también.

Puro silencio luego de eso, dejaron de tirar un buen rato”, narró.

Armando hizo una pausa y siguió asignándole la voz a sus compañeros caídos, mientras apuntaba al suelo como si todavía estuvieran tirados junto a la fogata, en medio de la recién construida Casa de la Cultura de Cherán, donde nos había empezado a contar la historia.

“Fue ahí cuando se terminó Santiago; y después que se terminó, David dijo, ‘yo creo que yo ya me voy a morir, ya me estoy muriendo’, él quedó con la mano recargada en un árbol y también se terminó” contó Armando.

Al mismo tiempo que ellos fueron atacados, la Ronda Comunitaria era emboscada en otra parte de la sierra, por eso no recibieron ayuda hasta unas horas más tarde. Fueron sus compañeros los que subieron hasta el lugar en donde estaban.

Ni el ejército, ni la policía, ni las patrullas de la entonces Procuraduría General del Estado (PGE) subieron al lugar, ellos mismos tuvieron que bajar los cuerpos de Santiago y de David hasta la entrada del pueblo, donde los esperaban las autoridades estatales, quienes ahí tomaron las fotos con las que mostraron que habían hecho su trabajo.

La rabia y la tristeza se mezclaban con una profunda melancolía en el relato de Armando, se había acercado solo a los periodistas mientras improvisaban un lugar donde dormir en el edificio.

Armando dijo que habían bajado los cuerpos de Santiago y de David en la caja de su camioneta negra, todavía no podía creer que ese día había salido con sus compañeros sentados en la cabina y había regresado con ellos acostados y sin vida en la parte trasera.

“Era negra pero mis compañeros me ayudaron y la pinté de guinda, pero imagínense lo que sentía, yo le pedí que me la compraran porque no podía yo manejarla ya, me daba mucho miedo, hubo un tiempo en que no podía estar solo en la oscuridad”, dijo a manera de conclusión de la historia, y luego se alejó del salón caminando entre las penumbras.

Al día siguiente subimos a la sierra para ver los trabajos de reforestación, llegamos hasta el lugar donde todavía estaban las mochilas y las chamarras de los que fueron emboscados por los talamontes. Subimos en la caja de aquella camioneta guinda.

Tancítaro: el reto de mantener vivo al movimiento

El movimiento de autodefensas de 2013, que en su momento llegó a conformar toda una oleada de grupos armados en contra de la hegemonía del cártel de los Caballeros Templarios, es algo que actualmente se ve como cosa del pasado.

Este grupo heterogéneo que albergó distintos actores sociales, entre ellos empresarios, comunidades indígenas, activistas sociales e, inclusive, criminales, excriminales y también miembros activos e inactivos de las fuerzas armadas, parece extinto.

Ni siquiera las cunas del movimiento, Tepalcatepec y Buenavista Tomatlán, en el centro de la región de Tierra Caliente, recuerdan el levantamiento que ocurrió el 24 de febrero de 2013.

Años de conflicto interno entre grupos de autodefensas, policías comunitarias y guardias rurales terminaron por minar el objetivo del movimiento que pretendía regresarle a la población la responsabilidad de su propia seguridad ante la cooptación de las fuerzas de seguridad pública tanto municipales como estatales y federales.

Además, su surgimiento y rápida expansión provocó que el entonces presidente, Enrique Peña Nieto, decretara la creación de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, que de facto sustituyó los poderes del Gobierno del estado e instaló la figura plenipotenciaria del comisionado, Alfredo Castillo Cervantes. El nivel de poder que este obtuvo con el cargo le mereció el apodo de “El Virrey”.

Para finales de 2015, Castillo había supervisado la desarticulación de las autodefensas, ya fuera integrándolas a las nuevas policías municipales, cooptándolas, desmovilizándolas o combatiéndolas directamente. Concluyó así este período de intervención federal en Michoacán, donde la militarización sirvió para romper modelos de organización social que cuestionaron –al menos en un inicio– la autoridad del Gobierno federal.

“Michoacán es considerado un espacio rebelde, por el Gobierno federal, insumiso”, aseguró Salvador Maldonado, “esa es una de las claves para que hayamos visto tantas intervenciones militares en la entidad en la historia de larga data”.

Sin embargo, hay un municipio en el centro del estado que sigue recordando al movimiento de autodefensas año con año y mantiene esa memoria histórica viva, además de que muchos de sus miembros se volvieron autoridades locales y mantuvieron un sistema de vigilancia que sigue funcionando hasta la actualidad.

Se trata de Tancítaro, el único lugar de Michoacán que conmemora el Día de la Comunidad, una festividad que recuerda el 16 de noviembre de 2014, cuando los grupos de autodefensas de Tierra Caliente entraron al municipio liderados por el doctor José Manuel Mireles Valverde y se hicieron del control de la seguridad.

Tancítaro es un municipio a ciento sesenta kilómetros de la ciudad de Morelia, colinda con Uruapan, Apatzingán, Parácuaro, Buenavista y Peribán. Es el único de toda esta lista que logró consolidar una fuerza policiaca propia luego del movimiento: el Cuerpo de Seguridad Pública de Tancítaro (CUSEPT).

El municipio logró afianzar a esta fuerza derivada del movimiento de autodefensas y todavía cuenta con una extensa red de guardias civiles que mantienen vigilancia constante dentro de su territorio, de poco más de 30 000 habitantes.

A falta de una tradición basada en costumbres de pueblos indígenas –como ocurrió en Santa María Ostula o en el municipio de Cherán–, la religión fue uno de los elementos que ayudó a amalgamar el movimiento de autodefensas luego de que los combates terminaron.

La población encontró en la Iglesia católica un refugio luego de los violentos meses de 2013 y 2014. El propio Día de la Comunidad es una ceremonia que mezcla la parte cívica y la religiosa, donde los sacerdotes encabezan la mayoría de los actos y toman la palabra para recordar los sucesos que afectaron al pueblo de Tancítaro antes, durante y después del levantamiento.

“Recordemos que nuestro pueblo es un pueblo que ha tenido la enorme responsabilidad de servir como ejemplo de paz y tranquilidad, pero que esa paz no se logró fácilmente y este día nos sirve para reflexionar sobre lo que nos ha costado y las personas que lamentablemente hemos perdido en el camino”, dijo en entrevista, Roberto Torres, cura de la parroquia de San Francisco de Asís de Tancítaro.

Una vez culminado el conflicto en el que fueron expulsados los miembros de los Caballeros Templarios, el municipio de Tancítaro trabajó de la mano con asociaciones religiosas y compañías como los jesuitas, quienes llevaron a cabo jornadas de paz y reconciliación dentro de la zona y por años han mantenido labores de mediación entre los pobladores.

“Los jesuitas nos ofrecieron un proceso que llevamos en todos los pueblos de la región, algo que nos ayudó a superar el trauma, porque yo digo que es un trauma la violencia que vimos y que sufrimos, fue un gran esfuerzo de terapia de toda la comunidad que llevamos a cabo y que la religión jugó un papel muy importante”, recordó José Trinidad Meza Sánchez, expresidente municipal, entrevistado por Ceiba.

La otra parte la jugaron los productores de aguacate. Tancítaro es, junto a Peribán y Uruapan, uno de los municipios que más exporta esta fruta hacia los Estados Unidos. El dinero proveniente de esta agroindustria fue clave para mantener el movimiento de autodefensas cuando muchos otros municipios cayeron en manos de grupos delincuenciales a falta de recursos económicos para mantenerlas.

El propio CUSEPT, la institución policíaca creada tras el levantamiento de las autodefensas, recibe financiamiento público y privado a través de los empresarios aguacateros de la región, por lo que se conoce también con el apodo de la policía aguacatera.

Además, existe el llamado Grupo de Reacción, antiguos autodefensas que mantienen sus labores de seguridad en todo el municipio, donde hay patrullajes constantes en coordinación con el CUSEPT y con instituciones del Gobierno federal como el Ejército Mexicano o la Guardia Nacional.

Este grupo se integra por los pobladores. Son los encargados de las barricadas y vigilancia interna del municipio. En la mayoría de las ocasiones son quienes responden primero y repelen agresiones antes de que las autoridades municipales, estatales o federales puedan actuar.

Todo esto conforma uno de los espacios donde las autodefensas permanecen vivas, aunque con sus características propias y su debida distancia. Un movimiento que se sostiene a pesar de las adversidades cuando la mayoría de los grupos desaparecieron luego de 2015.

Hablando respecto de los diversos movimientos armados que han caracterizado a Michoacán en los últimos años, el académico Salvador Maldonado señaló que es importante recordar a las tradiciones políticas e ideológicas que albergan y cómo estas forjaron parte del camino para que movimientos como Cherán, Tancítaro, Coahuayana y Ostula se mantuvieran presentes cuando otros más fracasaron.

“Lo que tenemos es un espacio sumamente heterogéneo y contrastante que alberga formas de reivindicación de sus derechos y sus reclamos en una realidad extremadamente compleja que se ha desarrollado bastante, pero en la que vemos una consistencia y una lógica muy clara si nos vamos a un análisis histórico de muy larga data”, esclareció.

Lo que se ve no se pregunta

¿Qué ocurre con cada plan de seguridad que se establece desde el Gobierno federal, el cual no arroja los resultados esperados en términos de reducción de la violencia cotidiana en las distintas poblaciones y comunidades? Esta es la principal interrogante que gira en torno a la compleja realidad michoacana, en donde decenas de miles de efectivos de las distintas instituciones de seguridad recorren avenidas principales y carreteras del estado mostrando sus armas y sus vehículos de guerra, sin que las organizaciones criminales sean desmanteladas.

Hay quienes consideran esto como un fracaso, sin embargo, para la investigadora Carmen Ventura, se trata de algo distinto, “la no intervención, es decir, parece que intervienen, pero no lo hacen. Si hay cincuenta cuarteles de la Guardia Nacional (en Michoacán), los de la Guardia Civil, los cuerpos armados federales y estatales, en noventa de los ciento trece municipios, y además ahora este nuevo plan que viene con inteligencia militar, etcétera ¿por qué no se ha parado la ola de violencia?, ¿por qué no se actúa en tiempo cuando las comunidades están sufriendo incursiones armadas?”.

Desafortunadamente, en Michoacán es bastante común ver elementos del Ejército, de la Marina o de la Guardia Nacional haciendo rondines en zonas en donde la calma es la que predomina. Cuando se les aborda para pedirles –en ocasiones exigirles– que se trasladen a las zonas o puntos en donde se encuentran posicionadas células del CJNG y les combatan, la respuesta es tajante: “No tenemos órdenes para eso, cuando nos den la indicación iremos”.

Pareciera que se trata de nuevos planes de seguridad para que las cosas permanezcan, hasta cierto punto, sin grandes cambios. Esto responde a una lógica en donde a la seguridad hay que añadirle el componente del desarrollo económico, un criterio fundamental para entender la militarización de la entidad.

“El 14 % del territorio estatal está concesionado. Sabemos que en la Sierra-Costa –subraya Ventura para dar un ejemplo– existen muchos yacimientos minerales muy importantes. Como el caso de Huitzontla [comunidad nahua del municipio de Chinicuila] donde se ganó un amparo contra Ternium y fue asesinado uno de los defensores del territorio, Eustaquio Alcalá. Hay que colocar el eje del desarrollo, es decir, están imbricados seguridad y desarrollo, y la militarización como políticas de securitización para inhibir procesos organizativos”, finaliza la académica del COLMICH.

Hasta el momento de cerrar este texto, quienes diariamente están procurando la seguridad en los territorios violentados y amenazados por el despojo capitalista, son sus habitantes organizados, a partir de la memoria histórica o de la creación de nuevas tradiciones colaborativas. Mientras, el gran despliegue del Estado no solo no da resultados, sino que mantiene la lógica de gobiernos anteriores en donde la narrativa predominante tiene que ver con guardar las apariencias y mantener las cosas sin cambios significativos.

Como me dijo alguna vez un autodefensa cuando le pregunté por qué no acababa la violencia: “Si ves un animal con patas de conejo, con orejas de conejo, que come zanahoria y brinca como conejo, es altamente probable que sea un conejo. Como dijo Juan Gabriel, “lo que se ve no se pregunta”.