En 2020, México prohibió el maíz transgénico. En 2025, importó cifras récord del grano. Entre ambos años, un entramado de empresas y funcionarios desmanteló la soberanía alimentaria del país. Ellos son los señores del maíz.

Fotografía: Heriberto Paredes

Sonora, México.– La apertura del campo mexicano a los mercados internacionales significó el inicio de una crisis en la producción agrícola, crisis profundizada, en septiembre de 2023, por una de las sequías más severas que ha visto el país. El 90.64 % de la producción nacional de todo tipo de cultivo se encontró bajo condiciones de sequía, según datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER). La situación se extremó de nueva cuenta en mayo del siguiente año, cuando el porcentaje comprometido alcanzó el 91.75%.

Para la segunda mitad de 2025, la asfixia por créditos adquiridos durante la crisis llevó a los productores, principalmente de maíz, a cerrar carreteras y exigir al gobierno precios de garantía para sus productos. Querían protegerse ante la competencia desigual originada en el extranjero. El epicentro fue Sinaloa, principal productor del maíz blanco mexicano. Nuevamente, en 2026, Campesinos Unidos de Sinaloa elevan consignas como “Presidenta, la agricultura nacional se muere”.

La máxima expresión de la crisis está en la violación de los decretos que prohíben la importación de maíz transgénico. Con ayuda de la bióloga Erica Hagman Aguilar, este reportaje explica quiénes son los Señores del Maíz y cómo operaron su traición a la soberanía nacional.

El maíz entre importación y monopolio

El pasado mes de mayo, el presidente de la Unión Agrícola Estatal de Productores de Maíz del Estado de Veracruz aseguró que México importa casi el 50 % del consumo nacional en condiciones desiguales. El principal vendedor es Estados Unidos, país en el que los productores cuentan con subsidios diez veces más elevados que los mexicanos y donde, además, se producen variedades de maíz genéticamente modificadas.

La situación profundizó todavía más la crisis de los productores de todo el país debido a que dicha importación la llevaron a cabo empresas como MINSA y GRUMA. Ambas operan con formas monopólicas, lo que en el caso de la última había sido expuesto en 2024 por la extinta Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

El dictamen preliminar de la autoridad investigadora de la institución indica:

“La única solución para reactivar la competencia en el mercado, de modo que se fomente la entrada y crecimiento de nuevos competidores y, finalmente, permita que las y los mexicanos disfruten de mejores precios es: que Gruma venda cinco plantas de producción de harina de maíz nixtamalizado, así como toda la flota de distribución y fuerza de ventas de dichas plantas, y que Gruma elimine las estrategias diseñadas para evitar que las tortillerías cambien de proveedor, y que implemente mecanismos de transparencia y supervisión, con el fin de que haya mayor competencia en el mercado”.

Sin embargo, para el 26 de junio de este año el dictamen definitivo fue imponer una serie de medidas menos drásticas y el grupo empresarial evitó la obligación legal de vender cinco de sus plantas productoras.

Maseca, parte de GRUMA, optó por comprar maíz y trigo baratos en el extranjero, tanto de Estados Unidos como de Sudáfrica. La producción nacional quedó sin compradores y las deudas adquiridas, tanto por el campesinado como por los productores industriales, se volvieron más asfixiantes.

La Cofece señaló que las prácticas monopólicas de GRUMA, tal como condicionar a los compradores de harinas para amarrarlos a su negocio y eliminar a la competencia, llevaron a aumentos injustificados del precio de la tortilla de maíz. La crisis llegó a los hogares de todo el país: la tortilla es uno de los productos imprescindibles de la canasta alimentaria mexicana.

La misma Cofece concluyó de manera preliminar que en México no existen condiciones de competencia en el mercado de harina de maíz nixtamalizada que se vende a las tortillerías. Gruma tiene el poder de establecer precios elevados sin que otras empresas puedan hacerle competencia suficiente.

El cálculo era contundente: Gruma acaparaba entre 50 y 90 % de las ventas en ocho regiones del país y, en algunas, casi nueve de cada diez kilos de harina eran vendidos por ella, con un precio promedio casi diez veces superior al de sus competidores.

El mercado de la compra de maíz para tortilla funciona, en los hechos, como un oligopolio controlado por Gruma, Minsa y Cargill, junto con Bunge y Agroindustrias Unidas de México, las cinco mayores intermediarias del grano en el país.

Ante tan pocos compradores, los pequeños productores no tienen más opción que aceptar las condiciones que marcan estas empresas. Mientras venden la tonelada de harina en alrededor de 17 000 pesos, pagan la tonelada de maíz a menos de un tercio de ese valor. Se escudan en el T-MEC para igualar el precio del maíz blanco mexicano −grano de especialidad, no transgénico y destinado al consumo humano− al del maíz amarillo transgénico estadounidense, el cual tiene un costo menor.

Los decretos emitidos durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (publicados por SADER el 31 de diciembre de 2020 y el 13 de febrero de 2023) prohíben la importación de maíz transgénico para consumo de la población mexicana. Pero los grandes harineros llevaron la crisis a su máxima expresión, le dieron la espalda a la agricultura mexicana, asumieron la señoría del maíz y violaron la soberanía nacional.

La soberanía y el maíz, una historia nacional

La bióloga Erica Hagman Aguilar es investigadora experta en temas de soberanía alimentaria, bioseguridad de los organismos genéticamente modificados y control sanitario de plaguicidas altamente peligrosos. Es integrante del Colegio Nacional Transdisciplinario de Toxicología, Salud y Medio Ambiente. Colabora con la red de Comunidades Envenenadas en Resistencia y es miembro del Frente Parlamentario contra el Hambre en México.

El origen de lo que Hagman Aguilar considera una violación a la soberanía nacional está lleno de literalidad, pues se trata de una afrenta en contra de la soberanía entendida desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: la voluntad del pueblo.

El decreto presidencial publicado el 31 de diciembre de 2020 estipula la sustitución gradual del glifosato, un herbicida estrechamente relacionado con la producción de cultivos transgénicos. Además, establece la revocación y abstención de permisos de siembra de maíz transgénico en México y el uso de grano de maíz genéticamente modificado para alimentar al pueblo mexicano. Se estableció un plazo definitivo para sustituir por completo el glifosato, como indica el artículo quinto.

“Las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Salud, y de Agricultura y Desarrollo Rural, así como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a más tardar en el primer semestre del año 2023, promoverán las reformas de los ordenamientos jurídicos aplicables para evitar el uso de glifosato como sustancia activa de agroquímicos y de maíz genéticamente modificado en México”, indica el texto original.

El decreto estaba lejos de ser una ocurrencia, sostiene la investigadora: “Toda la lucha contra el maíz transgénico, que a la vez es la lucha por la defensa de los maíces nativos y la milpa, es llevada al frente directamente por los pueblos y comunidades. Luego ya se le van sumando personas de organizaciones de la sociedad civil y personas del sector académico. Entonces se genera un movimiento muy grande en México en defensa de los maíces nativos y en contra del maíz transgénico. Un movimiento principalmente representado, quizá, por dos grandes grupos: la Red en Defensa del Maíz, que es un movimiento de base social, y otro que es la campaña nacional Sin maíz no Hay País”.

El hecho de que el decreto presidencial fuera publicado el último día del año responde, de acuerdo con Hagman Aguilar, a que hubo resistencias al interior del gabinete del expresidente López Obrador. Ya desde 2019 el gobierno federal había impedido la importación de unas 100 000 toneladas de glifosato, con base en el principio de garantía del derecho humano a la salud, además de la protección del medioambiente, ante la falta de consenso científico sobre la inocuidad del químico.

Pero Víctor Villalobos, quien entonces figuraba como titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), omitió publicar el decreto con el que sería ejercida la “soberanía nacional” respecto al maíz transgénico y al glifosato. En su lugar envió a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) un par de documentos que no correspondían con los acuerdos realizados por el expresidente. Esto fue posible con la complicidad de Julio Scherer, quien fungía como consejero jurídico de la presidencia. La situación fue nombrada en la prensa como Proyecto Scherer-Villalobos.

Aquí vale la pena detenerse en el perfil de Víctor Villalobos Arámbula, un ingeniero agrónomo formado en Chapingo y con un doctorado en Morfogénesis Vegetal en Canadá. Su carrera ha estado ligada a poderosos empresarios agroindustriales, como Javier Usabiaga y Alfonso Romo, y a organismos internacionales como el IICA, brazo agropecuario de la OEA, que promueve la producción y comercialización de transgénicos en el continente y que Villalobos dirigió en dos periodos.

Su trayectoria en el sector público agrario se remonta al menos a 1998, cuando fue nombrado titular de la Comisión Intersecretarial de Organismos Genéticamente Modificados durante el Gobierno de Zedillo. Desde ese cargo tuvo un papel decisivo en la creación de la primera Ley de Bioseguridad de México, conocida como ley Monsanto-Villalobos. Esta ley, según especialistas, niega el principio de precaución, no prevé consultas públicas y exime a las grandes empresas de responsabilidad por daños.

Posteriormente, ocupó la Subsecretaría de Agricultura y Ganadería en el sexenio de Vicente Fox y, más tarde, la titularidad de la SADER, desde donde omitió publicar el decreto presidencial contra el maíz transgénico y el glifosato.

“Se adelantaron y básicamente lo que decían estos documentos no era que se restringía o se prohibía el glifosato, ni siquiera metían lo del maíz transgénico. Se decía que durante los años que quedaban del Gobierno de López Obrador se iba a investigar si el glifosato era tóxico, si era o no seguro. Entonces López Obrador detiene esto y encomienda a CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) afinar la redacción con base en el trabajo interinstitucional que ya se había realizado”, asegura la experta. La situación fue recogida por el sitio oficial de Greenpeace.

El decreto fue finalmente publicado el último día de 2020, y la reacción internacional no se hizo esperar. Un ejemplo fue la celebración de la organización Greenpeace México, que publicó mediante sus redes sociales que el caso significaba “la culminación de una resistencia donde las voces unidas de cientos de personas a lo largo de los años ganan la defensa del maíz nativo así como de las semillas originarias del país”.

Lluvia de amparos

En los siguientes dos años después del decreto del 31 de diciembre de 2020, una serie de organismos iniciaron cientos de demandas en contra del Gobierno mexicano. Uno de ellos fue el Consejo Nacional Agropecuario, dependiente del Consejo Coordinador Empresarial, que incluye entre sus objetivos “Representar al sector agropecuario privado del país ante los sectores público, privado y social, así como defender la libre empresa en el campo”.

También procedió la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos, fundada por empresarios mexicanos e integrada más tarde por empresas extranjeras dedicadas a proveer productos fitosanitarios. Tiene como misión “Ser una organización que coadyuve con sus socios en el impulso en la producción de insumos que demanda la agricultura; que represente y defienda sus intereses ante autoridades que regulan los agroquímicos”.

También se sumó a la lluvia de amparos una empresa llamada Agricultura Nacional de Veracruz, misma que fue responsable de la explosión de una fábrica de plaguicidas sucedida en Córdoba, Veracruz, en 1991: un caso catalogado como una de las tragedias ambientales más graves de la historia nacional.

Una de las empresas que dedicó más recursos a tratar de revocar el decreto mediante recursos legales en el marco mexicano fue Monsanto. Tiene gran experiencia en la materia al ser una de las más controversiales a nivel mundial por acusaciones que señalan que sus productos son una fuente de contaminación. Algunos países donde las controversias se han desarrollado son, además de México, Estados Unidos, Colombia y Francia, según documentación del Business and Human Rights Centre.

“Monsanto casi casi decía que gracias al glifosato comemos, que gracias a ello se ejercía el derecho humano a la alimentación, pero entonces CONACYT presentó más de 250 pruebas documentales, entre estudios científicos, reportes e informes de instancias regulatorias, principalmente internacionales. Incluso el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas dijo que los plaguicidas no contribuyen al derecho humano a la alimentación y tampoco los organismos genéticamente modificados. Monsanto hacía trampa en la ciencia a través de ghostwriting con influencia corporativa en la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, la que dice que el glifosato es seguro. Los jueces que sí se metieron a fondo, porque el caso no se agotó en la forma, dieron la razón a lo expuesto por CONACYT”, explica Hagman Aguilar.

En una de las demandas, no obstante, un juez llamado Ricardo Gallardo Vara, del Cuarto Tribunal Colegiado en materia administrativa, emitió una sentencia favorable a Monsanto en la que, entre otras cosas, desestimaba que el glifosato fuera cancerígeno. El juzgador ya había sido cuestionado por intentar favorecer a la empresa, de modo que el caso fue turnado a otro magistrado y entonces Monsanto retiró la querella.

“Hubo cerca de treinta juicios de amparo en contra de ese primer decreto presidencial. La agroindustria trató de manejar el tema en lo doméstico. Las empresas perdieron todos los juicios. La mayoría cuestionaba la forma, sobre si el presidente tenía la facultad para emitir el decreto presidencial”, relata la bióloga Hagman.

Nuevo atentado de SADER contra la soberanía

El decreto de López Obrador no indicaba nada sobre prohibir de tajo la importación de maíz transgénico para el consumo animal. Dicho producto, de bajo valor nutrimental, de acuerdo con la investigadora Hagman Aguilar, es utilizado para la engorda de ganado. Fuentes informaron a Ceiba, periodismo con memoria que Víctor Villalobos acudió entre 2020 y 2023 ante las autoridades estadounidenses para advertir que dicho negocio se encontraba en riesgo.

El gobierno federal, todavía encabezado por Andrés Manuel López Obrador, determinó emitir un nuevo decreto en el que se esclareciera que dicha situación no estaba sobre la mesa, más allá del consumo de maíz transgénico por parte de las mexicanas y mexicanos y de la importación de glifosato. Se pretendía esclarecer que el alimento para el ganado no estaba considerado en la determinación presidencial.

“Se encargó a Raquel Buenrostro, que estaba en la Secretaría de Economía, que se coordinara con la Secretaría de Salud, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el CONACYT para la redacción del nuevo decreto. No participó SADER y tampoco la Secretaría de Relaciones Exteriores”.

Integrantes de esta comisión encargada de redactar el nuevo decreto, escrito durante el último trimestre de 2022, acudieron en diciembre a los Estados Unidos para exponer que se publicaría un nuevo texto en el Diario Oficial de la Federación. Se pretendía que las agencias estadounidenses desistieran de iniciar una controversia, en el marco de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Pero inició en enero de 2023, a pocos días de que el nuevo texto fuese publicado, el 13 de febrero.

El cambio de gobierno en México y acatar las órdenes

Aunque se publicó el nuevo decreto en el que se eliminaba toda ambigüedad que pudiera apuntar la controversia hacia el tema del comercio de maíz transgénico destinado a la alimentación de ganado en México, se realizaron una serie de paneles para discutir el tema en el marco del T-MEC.

“México metió todo un conjunto de evidencias, un trabajo exhaustivo, y ofreció ciencia. Solicitó el apoyo de escritos de personas expertas para argumentar que el maíz transgénico causa daño a la salud y al medio ambiente, y Estados Unidos no presentó una sola prueba científica, no llamó a expertos. El resultado final del panel, sin embargo, fue que México debía ajustar sus medidas de conformidad con el T-MEC”, recuerda Hagman Aguilar.

Los argumentos que originaron los dos decretos presidenciales durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador quedaron condicionados a un asunto mercantil, aunque en el fondo se pretendía regular el tema en función de los derechos humanos.

Cuando los paneles terminaron, ya se encontraba en funciones la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y optó por “acatar” la situación. A juicio de Hagman Aguilar, el Gobierno de México todavía tenía opciones, como simplemente no acatar la resolución de los paneles o, incluso, formular un nuevo decreto para ajustar lo necesario.

A inicios de 2025, la Secretaría de Economía del nuevo gobierno, encabezada por Marcelo Ebrard hasta nuestros días, publicó un nuevo decreto en el que la postura de la presidenta se materializó: se eliminaron los artículos referidos al maíz transgénico dejando la parte relativa a la prohibición de la importación de glifosato.

La misma exposición de motivos del “Acuerdo por el que se deja sin efectos la aplicación de diversas disposiciones sobre el maíz genéticamente modificado” se menciona en las resoluciones del panel del T-MEC. El cuerpo del texto se limita a un solo artículo, que indica lo siguiente:

“Se deja sin efectos la aplicación de los artículos Sexto, fracción II, Séptimo y Octavo, del Decreto por el que se establecen diversas acciones en materia de glifosato y maíz genéticamente modificado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de febrero de 2023”.

Los artículos derogados establecían la competencia de las autoridades mexicanas para revocar y para abstenerse de otorgar autorizaciones para el uso del maíz genéticamente modificado para la alimentación humana, así como su obligación de sustituir este producto de manera gradual y la consideración de sustituir el transgénico para alimentación animal con la condición de la “suficiencia en el abasto”.

En marzo del mismo año, Claudia Sheinbaum Pardo firmó una reforma constitucional con miras a “proteger el maíz mexicano”, pero se limitó a prohibir la siembra del maíz transgénico y no así la importación.

“Su cultivo [del maíz] en el territorio nacional debe ser libre de modificaciones genéticas producidas con técnicas que superen las barreras naturales de la reproducción o la recombinación, como las transgénicas. Todo otro uso del maíz genéticamente modificado debe ser evaluado en los términos de las disposiciones legales para quedar libre de amenazas para la bioseguridad, la salud y el patrimonio biocultural de México y su población”, dice la redacción publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de marzo de 2025.

En paralelo, su gobierno anunció la creación de un Consejo Asesor Empresarial para mantener diálogos con la iniciativa privada, el cual sería coordinado por Altagracia Gómez, presidenta del consejo de administración del Grupo Minsa. Este es uno de los cinco mayores intermediarios de maíz en el país; junto a Maseca, parte de Gruma, controla más del 20 % del mercado de tortillerías, operando con maíz transgénico. En 2024, cuando se investigó a Gruma, la Cofece reconoció que el único competidor no marginal en el mercado era Grupo Minsa.

La designación generó cuestionamientos sobre un posible conflicto de interés. Gómez también preside Promotora Empresarial de Occidente, la empresa tenedora de Minsa, Almacenadora Mercader y Dina Camiones. Además, venía de participar como asesora económica de la propia presidenta Sheinbaum en espacios del sector privado organizados por entidades con cabilderos acreditados ante la Cámara de Diputados.

Como resultado, empresas como GRUMA y MINSA estuvieron ese mismo año en condiciones de sortear la crisis del campo mexicano para mantener su tasa de ganancia a través de la importación del grano transgénico a precios imposibles de alcanzar por los productores locales, ya de por sí asfixiados.

De enero a diciembre de 2025, México importó 26 millones 112 845 toneladas de maíz de los Estados Unidos, lo que significó un avance de 5.14 % respecto del 2024, según cifras del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), del Servicio de Investigaciones Económicas basados en datos del Departamento de Comercio de los Estados Unidos y de la Oficina del Censo de los Estados Unidos.

Durante los primeros siete meses de 2026, Estados Unidos exportó a México 14 millones 751 353 toneladas de maíz, la mayor parte amarillo y transgénico. La cifra es prácticamente idéntica a la reportada en el mismo periodo del año anterior, en negocio controlado en gran parte por corporaciones trasnacionales como Archer Daniels Midland, Bayer, Bunge, Cargill, DeBruce y Bartlett Grain. Pese a ello, Washington insiste en que en México persisten barreras no arancelarias al grano genéticamente modificado y se mantiene atento al cumplimiento de los compromisos del T-MEC.

El domingo 20 de septiembre de 2026, la presidenta Sheinbaum Pardo acudió como parte de su agenda a Culiacán, Sinaloa. Fue recibida por Campesinos Unidos de Sinaloa, con consignas como “Presidenta, la agricultura nacional se muere”. El grupo asegura que desde hace más de un año “el sector agrícola se encuentra al borde de la quiebra”. Esto, como denunciaron otros campesinos en sus protestas, debido a que los intermediarios no invierten en la producción, pues ganan entre 2000 y 2500 pesos por tonelada, solo por servir de vínculo entre el campo y las multinacionales.