Cuando salir de casa puede significar no volver, la comunidad aprende a cuidarse. En medio de redadas masivas, ejecuciones extrajudiciales y vigilancia permanente de ICE en Estados Unidos, personas migrantes del Bronx, Nueva York, construyen redes de autodefensa comunitaria para alertarse, acompañarse y resistir el terror cotidiano.

Por Érika Lozano y Lilia Balam

Fotografías: Heriberto Paredes y el Molino Informativo

Ciudad de México y Yucatán.- En Nueva York, comunidades migrantes viven una intensificación de redadas y vigilancia, lo que ha transformado barrios enteros en espacios de alerta permanente. En ese contexto surge la Comisión de Cuidado de la Comunidad, como parte de un sistema más amplio de cuidados impulsado por la Red de Pueblos Transnacionales en el sur del Bronx, un entramado que articula salud, cultura, alimentación, atención a personas y protección barrial para enfrentar las consecuencias sociales, económicas y políticas del trumpismo. “Estamos viviendo prácticamente en un Estado de sitio”, dice Marco Castillo, integrante de la Comisión de Cuidado de la Comunidad y de la Red de Pueblos Transnacionales. Desde hace un año, con el regreso de Donald Trump a la presidencia, esas redes de comunidades indígenas y migrantes se reactivaron, ampliaron y fortalecieron sus formas de organización.

Las redadas no solo producen detenciones. Generan miedo, ruptura y un trauma que se expande más allá de las familias directamente afectadas. En los barrios donde ocurren, la vida se repliega: personas que dejan de salir a trabajar, que evitan llevar a sus hijxs a la escuela, que suspenden actividades básicas. Muchas optan por regresar por su cuenta antes de enfrentar una detención. El crecimiento de los llamados “retornos voluntarios”, explica Castillo, es una señal clara del daño psicológico que estas políticas están dejando.

El terror se intensifica cuando alguien es detenido. “Es inevitable pensar en la muerte”, dice. Tan solo el año pasado, decenas de personas murieron bajo custodia migratoria en Estados Unidos. Para la comunidad, agrega, lo que hoy se vive se parece a “circunstancias de guerra, de los peores episodios de la historia”. No se trata solo de la violencia directa, sino de la atmósfera permanente de amenaza que atraviesa la vida cotidiana.

Castillo explica que estas redes de cuidado comenzaron a tomar forma durante la pandemia, lo que obligó a las comunidades a recuperar sus propios sistemas de ayuda mutua. En ese contexto, el aumento de asaltos a repartidores de comida y la inseguridad en puentes y calles detonaron las primeras experiencias de vigilancia comunitaria entre migrantes indígenas, principalmente provenientes de Guerrero.

Hoy, la Comisión de Cuidado de la Comunidad, o Triple C, forma parte de un sistema organizado en distintas áreas: cuidado de la cultura, cuidado de la salud y la alimentación, atención a personas en situación de emergencia y, finalmente, protección comunitaria. Esta última opera a través de comités de vigilancia barrial encabezados en su mayoría por personas indígenas, con presencia en el Bronx, Queens y Brooklyn. Son redes hiperlocales que funcionan por edificio, calle, barrio.

A diferencia de otros mecanismos de respuesta rápida frente a ICE, muchas veces dominados por activistas que llegan desde fuera del territorio, la Triple C opera desde dentro de la comunidad. Mientras otras alertas pueden tardar hasta quince minutos en activarse, estas redes permiten responder en los primeros cinco. No se trata de un activismo visible ni de confrontación abierta, sino de una estrategia silenciosa que prioriza la prevención, la observación y la disuasión, explica Castillo.

La Comisión realiza patrullajes comunitarios, acompañamientos a personas cuando van o regresan del trabajo o de la escuela, y verificaciones directas de avistamientos de agentes migratorios. En algunos casos, han logrado intervenir cuando familias migrantes han sido sitiadas por autoridades, ayudando a evitar detenciones y separaciones. También distribuyen información sobre derechos migratorios en lenguas indígenas, mapas de refugio y alertas tempranas para que las personas no abran la puerta o no salgan de casa. Existen incluso espacios seguros donde, quienes se sienten en riesgo, pueden resguardarse.

Para Castillo, estas prácticas son la continuidad de una larga tradición comunitaria que los pueblos migrantes traen consigo. “La seguridad siempre ha estado en manos de la comunidad”, afirma. Frente a una idea de seguridad estatal basada en la ley, el orden y el uso de la fuerza y profundamente atravesada por el racismo, la protección comunitaria se construye desde el cuidado mutuo.

Vecinxs construyen redes de cuidado mutuo

Bruno* vive en el Bronx y forma parte de la Triple C. Es uno de los patrulleros comunitarios que, desde hace meses, recorren calles y edificios para responder a la violencia cotidiana que enfrentan las personas migrantes ante los arrestos y redadas del ICE, su grupo se autodenomina “Los Gavilanes”.

Su participación surge a partir del trabajo previo de la Red de Pueblos Transnacionales, quienes durante años han acompañado a personas detenidas, a familias afectadas por redadas y a comunidades que viven bajo el miedo constante de los operativos migratorios. “Esto nace de ver lo que vive nuestra gente”. Familias separadas, personas detenidas sin aviso, afectadas por el miedo, el trauma y la desintegración comunitaria, explica Bruno.

La Comisión está integrada por personas de distintas nacionalidades, en su mayoría migrantes con un estatus migratorio más estable, lo que les permite intervenir con mayor margen de seguridad en situaciones de riesgo. El objetivo es llegar al lugar en menos de diez minutos para verificar si la presencia de ICE es real, documentar los hechos y alertar al vecindario. “Tratamos de grabar, tomar fotos, confirmar lo que está pasando y acompañar a las personas que lo necesiten”, cuenta Bruno.

Crispín* llegó a Estados Unidos hace treinta y cinco años cruzando la frontera sin papeles, porque en aquel tiempo, como hasta la fecha, era difícil que las personas como él, hijo de sembradores de cacahuate, con poca solvencia económica y sin propiedades, pudieran conseguir una visa.

“Fuimos prácticamente expulsados de nuestros pueblos. Por eso caímos aquí, por los gobiernos tan corruptos de nuestros países. No porque quisimos, no vinimos a pasear ni a turistear, vinimos a trabajar”, cuenta.

Aunque un tiempo estuvo casado con una ciudadana estadounidense, no pudo tramitar sus papeles. Y actualmente sigue en el limbo, pues no se ha impulsado ninguna política que permita a las y los migrantes regularizar su situación.

“Ninguno de los gobiernos que han pasado, desde Barack Obama que pensábamos que como venía desde abajo iba a hacer algo en favor de la comunidad migrante. Joe Biden abrió las puertas para que entraran más personas, pero nunca pensó en los que estábamos aquí, que la mayoría pagamos impuestos, apartamento, que nuestros hijos ya trabajan y también pagan. Los políticos no se han fijado en nosotros”, enumeró Crispín.

Él se ha sumado a diversas movilizaciones por los derechos de la población migrante en Estados Unidos, pero hasta ahora no han logrado cambios.

Esto no representó una preocupación mayor sino hasta que iniciaron los operativos de ICE en Estados Unidos el año pasado. La realidad cayó sobre la comunidad migrante del Bronx y la Red de Pueblos Trasnacionales cuando una mañana a principios de febrero de 2025, elementos de ICE visitaron a una de las integrantes.

La hermana de la mujer pidió ayuda a la Red. Crispín les recomendó que esperaran dentro de su casa. “Ellos se desesperaron, porque ICE toca muy fuerte, llegan casi tumbando la puerta. Pensaron que, si se entregaba el hermano, los demás se salvarían. Pero les dijimos que esperaran”.

Tuvieron suerte: ninguna persona fue detenida. Pero fue entonces que nació la Comisión de Cuidado de la Comunidad (CCC), en la que ahora participan cerca de cuarenta personas, muchas de ellas jóvenes que sí tienen sus papeles, para minimizar los riesgos de las operaciones de vigilancia y apoyo.

Su objetivo principal es mantener alerta a las y los integrantes de la Red sobre los operativos para evitar detenciones. Para ello hacen reuniones periódicas, rondines en los barrios e instalaron cámaras cerca de los hogares de personas de la Red, para monitorear si llegan elementos: apenas los detectan avisan a toda la Red para que se resguarde hasta que pase el peligro. También imparten pláticas sobre cómo se organizan para cuidarse e incluso han dialogado con la senadora del Distrito 13, Jessica Ramos, quien es hija de migrantes de Colombia, para plantearle la problemática.

“Me acuerdo de mi pueblo, antes de que existiera la policía: la misma comunidad se organizaba y andaba con sus machetes, escopetas, dando rondines por el pueblo. Aquí no podemos hacerlo de esa manera, pero sí andamos caminando, pendientes. Cuando escuchamos algo, alguien va a verificar”, explicó Crispín.

Por ejemplo, Ernestina*, repartidora de comida a domicilio que llegó hace veinte años tras contratar los servicios de un coyote por 1 800 dólares, es una de las personas que, por sus labores, está pendiente y da aviso de lo que ocurre en las calles.

Desafortunadamente no todas las historias han tenido un desenlace tranquilo. A Crispín le tocó atestiguar la detención de dos jóvenes, uno de ellos recién llegado a territorio estadounidense.

“Le dijeron que no saliera porque estaba la migra, pero dijo que no lo estaban buscando a él, que no había hecho nada y que no podía faltar a su trabajo porque recién había llegado. Entonces salió y lo agarraron”, recordó Crispín.

Cuando piensa en los hechos actuales, Crispín confiesa que tampoco entiende por qué el Gobierno es tan agresivo con las personas migrantes. Y aunque le es difícil comparar la presente administración de Donald Trump con la anterior, también cree que precisamente por ello la gente volvió a votar por él. Lo que más lamenta es la cantidad de personas jóvenes e hispanas que respaldan al mandatario.

“La gente se confió, votaron por él. Yo lamento mucho la mayoría que votaron porque son nuestros propios hijos, porque la vez pasada se puso como una moda de Trump, hasta a los chamacos los veías con sus gorras de apoyo. Y es muy lamentable que los mismos hijos de hispanos lo pusieron ahí. Siento que es una burla lo que nos está haciendo este hombre, de que nosotros entramos a su país, pero nos van a sacar nuestros propios hijos, sobrinos y ahijados”, sostuvo.

Lo dice también porque ICE reclutó a jóvenes hispanos a sus filas, a quienes Ernestina nombra como “cazarrecompensas”, porque no utilizan uniformes y se mezclan entre la comunidad migrante para delatar a aquellas personas que no tienen papeles en regla.

“Todo lo que está haciendo Donald Trump es racismo total hacia nosotros los hispanos, no solo por el color de piel, o contra los mexicanos, él lo que quiere es sacarnos a todos, por solamente ser hispanos”, indicó.

Ahora, Crispín lleva un año viviendo en el estrés y la incertidumbre de que las personas que conoce, que en su mayoría llegaron con la esperanza de tener una vida digna, puedan ser detenidas y deportadas. “Cuando sales a la calle, no sabes si vas a regresar”, afirmó.

Para Ernestina, por el contrario, las labores del CCC la hacen sentir segura, pues tiene la certeza de que, si la deportan, la Red responderá para proteger a sus hijas e hijos.

“Yo pienso que este Gobierno lo que quiere es espantarnos, dividirnos. Entonces hay que estar más alerta, tener más coraje de defendernos. Llevamos mucho tiempo aquí, hemos pagado impuestos, hasta más que la gente que vive aquí, y nos quieren intimidar y sacar como si fuéramos delincuentes. Nosotros no somos delincuentes, no somos unos vividores, los verdaderos delincuentes están allá afuera, nosotros solo vinimos a trabajar”, expresó.

Crispín no teme ser capturado, pues a diferencia de otras personas migrantes, no tiene hijas ni hijos pequeños. Pero sí le preocupa que esa sea una práctica frecuente en los operativos de ICE: detener a padres de familia con niñas o niños bajo su cargo. “Es una manera muy cruel de separar, de partir”, dijo.

La escalada de violencia estatal

En las últimas semanas, la violencia estatal en Estados Unidos ha crecido de manera dramática, mostrando una potencia represiva y un Estado terrorista por sus ataques contra migrantes y también contra su propia ciudadanía, que no se cuadran a la narrativa oficial. En Minnesota, un estado ubicado al medio oeste y norte de ese país, el despliegue masivo de agentes federales en el marco de la operación Metro Surge, la mayor campaña de control migratorio lanzada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ha generado una profunda crisis social. Según cifras oficiales, al menos cuatro mil personas han sido detenidas en el estado desde el inicio de la operación, mientras la presencia de más de 2 mil agentes ha transformado barrios enteros en escenarios de protestas y tensión.

El foco de indignación se concentró en dos episodios mortales que han marcado las últimas semanas. El primero ocurrió el 7 de enero, cuando un agente de ICE ejecutó extrajudicialmente a Renée Nicole Good, madre de tres hijos y ciudadana estadounidense, mientras se encontraba dentro de su vehículo, como observadora de una protesta en Minneapolis. Funcionarios federales defendieron la acción alegando que se trató de un acto de defensa propia, pero imágenes, videos y testimonios presenciales contradicen esa versión a todas luces.

Pocos días después, el 24 de enero, Alex Jeffrey Pretti, otro ciudadano estadounidense, fue ejecutado por agentes federales, un enfermero de cuidados intensivos que participaba en una protesta contra los operativos y defendía a una mujer de los ataques de ICE. Testimonios de transeúntes y análisis de video publicados en diversos medios sugieren que Pretti no representaba una amenaza en el momento en que fue asesinado, lo que ha generado una ola de críticas, marchas y llamados a investigar el uso de fuerza letal.

Estos asesinatos, así como las redadas y el terrorismo de ICE, han encendido una respuesta social inédita: manifestaciones masivas en temperaturas bajo cero, huelgas generales convocadas por sindicatos, comunidad y organizaciones sociales, y protestas en ciudades de todo el país en solidaridad con Minnesota. Legisladores, autoridades locales y organizaciones civiles presionan para que la administración federal detenga la operación y rinda cuentas.

La chispa que encendió Minneapolis, la indignación por los asesinatos de Good y de Pretti, así como la separación de familias, la detención de niñxs, como Liam Ramos de tan solo cinco años, ha empezado a expandirse por todo Estados Unidos como símbolo de una crisis política y de derechos civiles en torno a la migración, el uso excesivo de la fuerza estatal contra comunidades vulnerables y el descaro del fascismo y terrorismo trumpista.

“Toca articularse, cuidarse y resistir”

A pesar de todo, Crispín tiene fe en que la situación cambie en las elecciones intermedias a realizarse en noviembre, pues a raíz de los asesinatos durante operativos de ICE, siente que la población cada vez rechaza más las políticas actuales.

“Se les ha pasado la mano: han fallecido varias personas, tanto migrantes como ciudadanos, residentes. La comunidad ya se cansó. Y creo que apenas pase la tormenta [invernal], las calles van a estar llenas de gente protestando. Y pienso que también ellos [el Gobierno], van a bajarle para que a la gente se le olvide un poco, porque no quieren perder sus escaños”, precisó.

Mantiene la esperanza de que, las vidas que se han perdido sirvan para hacer conciencia y evitar que las violaciones a los derechos de los migrantes sigan ocurriendo.

“Es un tiempo muy difícil. Ya enfrentamos una pandemia, pero esta también es una pandemia. Tengo esperanza de que esto termine, y con tristeza lo digo, por los que han dado la vida por nosotros. Espero que ya acabe todo esto porque es muy difícil”, concluyó.

“Vivimos bajo una autoridad que usa el racismo y la violencia para justificar el control”, afirma. Aun así, Bruno encuentra esperanza en lo que ve todos los días: en las alianzas que se tejen, en la solidaridad entre personas migrantes y en la capacidad colectiva de cuidarse incluso en los momentos más difíciles, en no dejar a nadie atrás.

Castillo encuentra esperanza en las grietas que se abren en este sistema. En la capacidad de los pueblos para cuidarse entre sí, para articular redes. En diciembre pasado, la organización participó en un encuentro internacional de experiencias de cuidado y seguridad comunitaria con guardias indígenas y comunitarias de México, Guatemala, Colombia, Perú y distintas ciudades de Estados Unidos. Para Castillo, la lección es clara: las respuestas no vendrán de los partidos ni de las instituciones, sino desde abajo.

“Las poblaciones migrantes son esenciales para el trabajo, pero prescindibles políticamente”, dice Castillo. Esa lógica, sostiene, atraviesa tanto a gobiernos abiertamente racistas como a aquellos que se presentan como defensores de los derechos de las personas migrantes. El trumpismo no inaugura el racismo institucional en Estados Unidos, pero lo lleva a un extremo que hoy se vive como una guerra cotidiana contra las comunidades de color, considera.

“No veo una victoria en el corto plazo. Creo que la administración trumpista va a generar mucho más daño antes de irse”, dice. “Pero ahora lo que toca es articularse para cuidarse y resistir. Y tener la certeza de que esta tormenta, cuando escampe, nos hará mirar nuevos horizontes”.

*Los nombres fueron modificados para resguardar las identidades.