En 2024, América Latina recibió cerca de 189 000 millones de dólares en inversión extranjera directa, pero ese flujo no se tradujo en un fortalecimiento estructural de sus economías. La mayor parte del capital correspondió a reinversión de utilidades.

Fotografías: Heriberto Paredes

Ciudad de México.– La integración de América Latina al sistema financiero global ha sido presentada durante décadas como un proceso técnico, gradual y necesario para el desarrollo económico. Sin embargo, los datos más recientes muestran que esa inserción continúa siendo desigual, inestable y profundamente condicionada por la posición estructural que cada país ocupa dentro del sistema financiero internacional.

Por ejemplo, en 2024, la inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe alcanzó aproximadamente 189  000 millones de dólares, equivalente a 2.8 % del producto interno bruto regional y a 13.7 % de la formación bruta de capital fijo (dinero que se usa para construir o comprar cosas que sirven para producir, no para gastar en el día a día), una proporción inferior al promedio observado durante la primera década del siglo, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Esa caída de la inversión extranjera directa indica que América Latina participa en el circuito global de capitales desde una posición cada vez más débil, con flujos que no compensan la falta de inversión.

Esto ocurre, al menos, desde la crisis de la deuda de los años ochenta (el momento, ocurrido en 1982, en que los países de América Latina dejaron de tener la capacidad de pagar su deuda externa). América Latina ha transitado por ciclos recurrentes de endeudamiento, ajuste, apertura financiera y crisis externas. La reestructuración de las economías nacionales durante la década de los noventa y la primera década del siglo XXI permitió a varios países recuperar el acceso a los mercados internacionales, bajo esquemas de liberalización financiera, privatización de activos públicos y disciplina fiscal. Es decir, subastando sus bienes.

“La crisis de la deuda de los años ochenta no fue un accidente, sino el resultado inevitable de la expansión y posterior contracción del crédito internacional bajo el capitalismo. Cuando el ciclo se revirtió, la deuda se convirtió en un mecanismo de disciplina y subordinación para los países de América Latina”, explica el geógrafo marxista David Harvey en su documento titulado El nuevo imperialismo.

Un claro ejemplo de ello ocurre con México, Brasil, Chile, Colombia y Perú, países que lograron consolidar mecanismos de financiamiento externo relativamente estables, medidos por su capacidad sostenida de emitir deuda soberana en mercados internacionales y mantener calificaciones crediticias dentro del rango de grado de inversión. Pese a esos logros, todos los países han reportado una alta exposición a la volatilidad financiera global, a los cambios en las tasas de interés internacionales y a episodios de salida súbita de capitales.

En ese sentido, la experiencia latinoamericana muestra que la integración al sistema financiero global no garantiza desarrollo ni estabilidad. Funciona, más bien, como una arquitectura jerárquica que distribuye de manera desigual el acceso al crédito, los costos de las crisis y los márgenes de maniobra de los Estados. Integrada, pero desde la periferia, América Latina sigue participando en el sistema financiero internacional bajo reglas que no define y riesgos que no controla.

México y Colombia mantienen vínculos activos con estos organismos, lo que les permite acceder a líneas de crédito, asistencia técnica y respaldo en momentos de crisis, como ocurrió durante la pandemia de covid-19. Ese acceso, sin embargo, está condicionado por marcos de política definidos en gran medida fuera de la región y por esquemas de gobernanza en los que el peso de los países latinoamericanos es limitado.

De la integración subordinada a la exclusión financiera

La integración financiera en América Latina deja de ser únicamente desigual para convertirse, en algunos casos, en abiertamente selectiva. Venezuela y Cuba representan los casos más extremos de esta exclusión, no como resultado de una estrategia deliberada de autonomía económica, sino como consecuencia de rupturas políticas prolongadas, sanciones internacionales y un deterioro institucional que terminó por desarticular los canales ordinarios de financiamiento externo.

Durante décadas, Venezuela fue un actor plenamente integrado a los mercados financieros internacionales. Hasta mediados de la primera década de este siglo, el país emitía deuda soberana, mantenía relaciones estables con la banca global y recibía inversión extranjera directa, particularmente en el sector energético.

Ese entramado comenzó a fracturarse con el avance de las estatizaciones, los controles de cambio y el colapso progresivo de la industria petrolera, pero no desapareció de forma inmediata. Incluso en medio del aislamiento creciente, la presencia de corporaciones transnacionales como Chevron funcionó como un canal residual de conexión con el sistema financiero occidental.

Chevron no operó únicamente como una empresa petrolera, sino como un intermediario político-financiero. Su permanencia en Venezuela, incluso tras la imposición de sanciones estadounidenses, evidenció que la exclusión financiera no fue absoluta ni homogénea.

Las licencias otorgadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos permitieron a la empresa mantener operaciones limitadas, exportar crudo y canalizar flujos financieros bajo esquemas controlados. En los hechos, Chevron se convirtió en una válvula regulada de integración suficiente para sostener ciertos ingresos y operaciones mínimas, pero insuficiente para reintegrar el Estado venezolano a los mercados formales de capital.

Desde el endurecimiento de las sanciones financieras en 2017, Venezuela quedó fuera de los mercados internacionales de crédito: dejó de emitir deuda, acumuló litigios por impagos y mantiene activos bloqueados en jurisdicciones extranjeras. En ausencia de financiamiento formal, el Estado recurrió a esquemas costosos y opacos como la triangulación comercial, intermediarios no regulados y acuerdos bilaterales fuera del sistema bancario internacional para sostener importaciones y exportaciones más básicas.

De ese modo y pese a las sanciones, Chevron no representó un punto de inflexión. De hecho, funcionó como un canal excepcional, autorizado y supervisado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que permitió exportar crudo y cubrir costos operativos, pero sin abrir acceso a crédito, sin normalizar flujos financieros y sin devolver a Venezuela al sistema financiero internacional.

Cuba por su parte corrió con una suerte similar, aunque con una trayectoria distinta. Desde 1959, y reforzado por el embargo estadounidense, el país quedó fuera del sistema financiero occidental. A diferencia de Venezuela, Cuba nunca desarrolló una integración profunda a los mercados financieros globales contemporáneos. Durante la Guerra Fría, su inserción dependió del bloque soviético; tras el colapso de este, la economía cubana quedó expuesta a un aislamiento estructural que persiste hasta hoy, mitigado únicamente por acuerdos puntuales y negociaciones selectivas.

En la actualidad, Cuba mantiene vínculos financieros limitados con algunos países europeos, Canadá y socios asiáticos, pero enfrenta restricciones severas impuestas por el bloqueo estadounidense y las limitaciones del sistema financiero internacional: acceso restringido al crédito externo, historial de impagos forzados por la falta de alternativas de financiamiento y ausencia de convertibilidad monetaria. Estas condiciones obligan a la economía cubana a operar a través de mecanismos parciales, negociaciones selectivas y sectores estratégicos como turismo, minería y remesas, sin que exista una integración plena al sistema financiero global.

En definitiva, el panorama que emerge es el de una región fracturada por su propia inserción financiera. Mientras un grupo de países navega una integración subordinada y volátil, sujeta a los vaivenes de los capitales globales y a condicionamientos externos, otros experimentan una exclusión casi total, forzada por sanciones y rupturas políticas. Ya sea desde la periferia integrada o desde el aislamiento forzoso, América Latina participa en el sistema financiero internacional en términos que no define, asumiendo riesgos que no controla y con una capacidad limitada para traducir los flujos de capital en desarrollo estructural duradero. La promesa de una integración técnica y beneficiosa sigue siendo, para la mayoría de sus habitantes, una realidad desigual y lejana.