El secuestro de Maduro es la doctrina Monroe en acción: un intento imperial por destruir la Revolución bolivariana. Pero la verdadera amenaza para Washington no es un hombre, sino la voluntad inquebrantable de un pueblo soberano que ejerce su derecho a tener un proyecto nacional propio. Frente a esta agresión, la defensa de la institucionalidad y el legado democrático de las urnas se convierten en los pilares de la resistencia. Nuestra respuesta no será el silencio, sino la unidad continental y el derecho a soñar con un futuro libre.

Fotografías: Ariadna A. Mogollón y Jorge Vilalta

I

En los últimos días fuimos testigos de la implementación de un eslabón más de la doctrina Monroe de los Estados Unidos, cuando el ejército de este país realizó una agresión militar ilegal y bombardeó distintas ciudades de Venezuela. El ataque derivó en el asesinato de al menos cien personas, la destrucción de viviendas, de centros de investigación científica y tecnológica, de cuarteles militares, y el secuestro de Nicolás Maduro, su presidente, y de Cilia Flores, diputada de la Asamblea Nacional.

El acto, que constituye, según los tratados internacionales firmados por el propio Gobierno de los EE. UU., una violanción del derecho internacional, no es un hecho aislado: es la cúspide (hasta ahora) de los intentos del imperialismo por quebrantar el proyecto de la Revolución bolivariana. ¿Por qué ese intento? Porque ese proyecto, inaugurado con la primera presidencia de Hugo Chávez, ha posibilitado la construcción y el camino para el Estado comunal, un modelo que aspira a derrumbar el modelo de explotación capitalista poniendo como protagonista al pueblo.

Para el Gobierno de los Estados Unidos, la Revolución bolivariana es una amenaza “inusual y extraordinaria” –como decretó Obama en 2015, con una estrategia de asfixia económica para el país– que se debe aniquilar a cualquier costo. Pero, el secuestro del presidente Maduro −continuador del legado de Chávez− revela algo más profundo que el temor imperial: una incomprensión total de lo que el proceso revolucionario representa.

Pensaron que al secuestrar al presidente decapitarían simbólicamente la resistencia, sembrarían el caos y crearían un vacío de poder para facilitar el saqueo. Pero lo que no entienden es que la Revolución no es un hombre, sino la voluntad organizada de un pueblo que no se rinde, que sale masivamente a las calles a repudiar la injerencia, y que blinda su determinación soberana con cada agresión.

Ni el imperio ni los detractores de la Revolución comprenden que llevarse a un presidente no es llevarse un proceso. La historia de Nuestra América demuestra una y otra vez que los pueblos, cuando han conquistado conciencia, no retroceden. La Revolución es un río subterráneo que sigue su cauce, aun cuando intentan desviarlo con la mano armada del imperio.

La estrategia imperial siempre busca fracturar la unidad de los pueblos. Inventan enemigos internos, como el narcotráfico, y promueven guerras civiles que justifiquen su intervención “salvadora”. Para esto, los Estados Unidos están dispuestos a todo. Su historial lo prueba: mentiras masivas para invadir Irak, financiamiento de guerras por procuración –patrocinando grupos paramilitares–, bloqueos genocidas, capturas extraterritoriales y destrucción sistemática de países enteros que se atrevieron a desafiar su hegemonía. Su objetivo, como pregonan algunos ingenuos –y otros que lo hacen con conciencia –no es la democracia: es la sumisión. No buscan “liberar”, sino controlar.

En Venezuela, están dispuestos a profundizar el sufrimiento del pueblo, a estrangular su economía y a manchar de sangre nuestros territorios con tal de apoderarse del petróleo, el oro y la esperanza de un pueblo soberano.

II

En este momento de extrema agresión, la continuidad institucional se erige como un acto de resistencia soberana. El mandato constitucional asumido por Delcy Rodríguez no es traición; es lealtad a la Revolución y la aplicación del orden jurídico venezolano frente a un intento de golpe de Estado internacional. Llamar «traición» a la defensa de la institucionalidad es adoptar el lenguaje del invasor, cuyo objetivo siempre ha sido dividir y criminalizar toda defensa legítima. Se defiende, así, el derecho inalienable de Venezuela a mantener su gobierno y su soberanía, incluso cuando el imperio pretende arrebatárselos por la fuerza.

Esta defensa de lo institucional se sustenta en la voluntad popular, expresada de manera legítima en las elecciones de 2024. Este proceso electoral fue el resultado de una compleja lucha política, marcada por la resistencia ante un asedio sin precedentes. Reflejó la decisión de un pueblo que, a pesar de las dificultades impuestas desde el exterior y las mentiras de una oposición entregada al imperialismo, ejerció su derecho a decidir.

Quienes hoy cuestionan la legitimidad de esos comicios –en los que la oposición no ha podido probar su victoria– son los mismos que durante años han aplicado y defendido un cerco económico criminal, pretendiendo rendir por hambre y desesperación a una nación entera. La legitimidad no la otorga el reconocimiento de Washington, sino la participación popular ejercida bajo condiciones de lucha.

III

Hoy, la sangre de Palestina y la resistencia de Venezuela hablan el mismo lenguaje de dolor y dignidad. Gaza, el laboratorio de la impunidad imperial creado por Israel y Washington, y Venezuela, el laboratorio del asedio económico y la agresión híbrida, son dos caras de una misma moneda: la del imperialismo que no acepta la autodeterminación de los pueblos. En ambos casos se aplica el mismo manual: la deshumanización mediática, el castigo colectivo, el robo de recursos y la negación del derecho a existir como nación libre. La solidaridad entre nuestros pueblos no es retórica; es un puente concreto de lucha. Lo que hoy intentan en Venezuela, ya lo hicieron en Irak, en Afganistán, en Libia y lo perpetúan en Gaza.

En este escenario, el secuestro de Nicolás Maduro y Cilia Flores es la partida de defunción del derecho internacional tal como lo conocíamos, el mismo que comenzó a morir ante la incapacidad del mundo para detener el genocicdio contra el pueblo palestino.

El sistema-mundo que fue creado al finalizar la segunda guerra mundial, que durante muchos años sirvió para mantener el statu quo de las grandes potencias, y que sirvió muy poco para escuchar y priorizar las demandas de nuestros pueblos, ha muerto bajo la nueva ofensiva del fascismo que creímos haber derrotado hace ochenta años. La arquitectura multilateral ha sido dinamitada por quien se creyó su dueño.

Ante esta muerte anunciada, nuestra apuesta no puede ser a foros vacíos de poder real, sino a la unidad viva y combativa de los pueblos. Es la hora de los frentes amplios continentales, de las brigadas internacionalistas, de la solidaridad activa que trascienda fronteras. Si el imperio actúa con un plan continental de dominación, nuestra respuesta debe ser un plan continental de liberación. La fuerza no está en sus misiles, sino en nuestra capacidad de unir las luchas.

Nos dicen que soñar con soberanía, justicia social y un mundo multipolar es una utopía. Y tenemos derecho a crear utopías. De hecho, la única realidad que el imperialismo nos ofrece es la distopía de la guerra perpetua, la desigualdad feroz y el saqueo ecológico. La Revolución bolivariana es, en esencia, una utopía en construcción, hecha de aciertos y errores, pero sostenida por la terquedad de un pueblo que se atrevió a imaginar un futuro propio.

Como medio de comunicación que habita estos territorios nuestra tarea es clara: debemos defender el derecho a soñar, a escribir nuestra propia historia, a crear, desde la lucha, la utopía concreta de un continente unido, soberano y dueño de su destino. La revolución no va a pedir permiso para seguir existiendo, para seguir soñando, para seguir luchando.