La condena en primera instancia del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal representa un hecho sin precedentes en la historia política de Colombia. El caso se suma a los de muchos exmandatarios de la región que han sido llevados a juicio por delitos de diversa índole. Comprender el proceso permite a su vez allanar el camino para conocer la verdad de tantos capítulos de infamia y dolor que han padecido los colombianos.

Fotografías: Redes sociales de Álvaro Uribe

Colombia.- El pasado 1 de agosto de 2025, la jueza Sandra Heredia, después de un proceso judicial que duró alrededor de trece años, condenó en primera instancia al expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, en un caso de manipulación de testigos.

En consecuencia, ordenó la detención domiciliaria del condenado. Si bien esta medida fue tutelada y posteriormente revocada por el Tribunal Superior de Bogotá, la decisión de la jueza Heredia de condenar a un expresidente constituye un hecho sin precedentes en la historia del país. A continuación, un poco de la historia de este proceso judicial que derivó en la condena de Uribe.

Álvaro Uribe, el funcionario

Uribe Vélez es uno de los cinco hijos del matrimonio entre el ganadero Alberto Uribe Sierra y Laura Vélez Uribe. Tras su apariencia parroquial, su acento paisa parsimonioso, su heredada pasión por los caballos y sus formas afables, propias de líderes populistas, se encuentra un hombre que ha estado inmerso en muchos de los hechos más controversiales y dolorosos de Colombia en los últimos cincuenta años. Conocerlo y abrir camino a través del Caso Uribe representa una herramienta para comprender no solo las cosas de las que se le acusa, sino también para abordar dinámicas más amplias propias de la violencia en el país en un sentido histórico y político (narcotráfico, terrorismo, distribución de la tierra en Colombia, conflicto armado, etc).

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Fue presidente durante dos mandatos, en los periodos 2002–2006 y 2006–2010. En su carrera como político ocupó los cargos de alcalde (durante cinco meses en 1982) y concejal de Medellín (1984 y 1986), gobernador de Antioquia (1995–1997), director de la Aeronáutica Civil (1980–1982) y senador de la República (1986–1994 y 2014–2018). En cada uno de sus pasos dejó un sinnúmero de acciones y controversias que lo han convertido –quizás– en la figura política más importante de la historia moderna de Colombia.

Actualmente, el proceso judicial referido –y que algunos consideran el más importante de la historia reciente de Colombia– se da en un contexto en el que país se ve atravesado por fuertes diferencias entre sectores políticos, en medio del primer Gobierno progresista y como preámbulo del inicio de las campañas políticas legislativas y presidenciales de 2026.

En ese sentido, el Caso Uribe cobra más relevancia en el entramado y la dinámica política, no solo de Colombia, sino también de la región, sobre todo si se piensa en la extensa lista de exmandatarios que han sido procesados y condenados por la justicia. Uno de los más recientes y representativos es el del expresidente brasilero Jair Bolsonaro quien, poco después de la sentencia dictada al expresidente colombiano, fue condenado a veintisiete años y tres meses de prisión por intento de golpe de Estado después de que perdiera las elecciones de 2022, cuando resultó ganador Luiz Inácio Lula da Silva.

El proceso es relevante toda vez que permite leer entre líneas un gran número de sucesos dolorosos en la reciente historia colombiana, eventos que mencionaré someramente a lo largo del texto y/o que se pueden intuir a lo largo de él.

El largo camino del proceso judicial

Se puede decir que el proceso –para simplificarlo un poco– inició el 17 de septiembre de 2014, fecha en la que el senador Iván Cepeda realizó un debate sobre el paramilitarismo en Antioquia. Su argumentación fue sustentada, entre otras cosas, mediante dos testimonios de paramilitares, el de Pablo Hernán Sierra García, alias Alberto Guerrero, y el de Juan Guillermo Monsalve Pineda,  en agosto y septiembre de 2011, respectivamente. En las declaraciones se señaló al expresidente Uribe y a su hermano, Santiago, de fundar el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en la hacienda Guacharacas (jurisdicción de los municipios de Yolombó y San Roque, Antioquia, para entonces propiedad de la familia Uribe Vélez) junto a Santiago Gallón Henao –hoy condenado por paramilitarismo– y Luis Alberto y Juan Guillermo Villegas Uribe, ejemplos claros de la actividad paramilitar. La estructura paramilitar operó en 45 municipios de Antioquia entre 1996 y 2002 como respuesta a la avanzada guerrillera que ocurría para entonces en la región. 

Por otro lado, la historia de la hacienda puede dar cuenta de las disputas políticas antioqueñas en las que distintos bandos –políticos promotores del paramilitarismo y fuerzas guerrilleras– se atacan acérrimamente. Fue en esta misma hacienda en donde había sido asesinado Alberto Uribe Sierra, ganadero antioqueño, dueño del helicóptero Hugues 500 que fuera encontrado en 1984 en la finca Tranquilandia, el mayor laboratorio de coca del país, propiedad del jefe de finanzas del Cartel de Medellín, Gonzalo Rodríguez Gacha. Se le acusa también de haber sido testaferro del Clan Ochoa.

El asesinato de Uribe Sierra, padre de Álvaro Uribe, el 14 de junio de 1983, es atribuido a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo (FARC-EP), suceso que marcaría la vida política de Uribe Velez al tomar como bandera su lucha contra las estructuras guerrilleras. Casi trece años después, el 31 de mayo de 1996, miembros del Frente Bernardo López Arroyave, del Ejército de Liberación Nacional (ELN) hurtaron seiscientas cabezas de ganado, caballos de paso fino y quemaron la vivienda principal de la hacienda Guacharacas.

Se dice que el Bloque Metro fue fundado en el año 1996 como respuesta a estos hechos: el 18 de noviembre de 1995, el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, impulsó la concesión de personería jurídica a la Asociación de Seguridad Privada El Cóndor, siguiendo el marco existente en el gobierno del entonces presidente César Gaviria, sobre la reglamentación del Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada, y creó las asociaciones de vigilancia y seguridad privada, conocidas como Convivir.

Según informes de la Comisión de la Verdad, dos hechos fueron relevantes en la consolidación del fenómeno paramilitar: “primero, que el Estado colombiano y las agencias de Estados Unidos sellaron una alianza para matar a Pablo Escobar con los Pepes [narcotraficantes enemigos de Pablo Escobar]; y segundo, que Gaviria dejó listo el decreto que revivía a las autodefensas, las cuales el gobierno siguiente desarrollaría bajo las figuras de las Convivir. Como desenlace de esto se dio la extensión del proyecto paramilitar y la incorporación de algunos sectores económicos a él”.

Como consecuencia de la investigación del senador Iván Cepeda, el expresidente Álvaro Uribe, en febrero de 2012, lo denunció ante la sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia (ente competente en ese momento para conocer de las acusaciones por el fuero constitucional de los congresistas) por los delitos de abuso de función pública, calumnia agravada y fraude procesal (acusándolo de ejercer presiones indebidas a los exparamilitares y por ofrecerles dádivas a cambio de testificar en contra de él). La denuncia sería ampliada una primera vez el 21 de junio de 2013 con nuevos testimonios contra Cepeda, y una segunda el 17 de septiembre de 2014, luego del debate en el Congreso de la República en el que el senador expuso sobre narcotráfico, parapolítica y paramilitarismo.

Sin embargo, el 16 febrero de 2018 la Corte Suprema de Justicia, definió que no había indicios que señalaran que el senador Cepeda hubiera incurrido en algún delito y, por el contrario, sostuvo que se hallaron evidencias sobre posibles actos de manipulación de testigos por parte de Álvaro Uribe. Por lo tanto, la institución lo acusó por la presunta participación en los delitos de soborno y fraude procesal, pues se le atribuyó el haber enviado emisarios a las cárceles del país para que testimoniaran en contra de Cepeda.

Cadena y las tretas de Uribe

Es en este momento que entra en escena el nombre de Diego Cadena, uno de los “abogados” de Uribe, quien entre el 16 y el 22 de febrero de 2018 visitó varias cárceles del país por encomienda del expresidente, para recoger testimonios de presos con el objetivo de tener sustentos para oponerse a la decisión de la Corte de investigarlo. En cumplimiento de esta misión, el 22 de febrero Cadena visita a Juan Guillermo Monsalve Pineda,  uno de los paramilitares que le dio testimonio al senador Cepeda. 

Días previos a este encuentro, según se menciona en los hechos de la sentencia, Monsalve Pineda había sido abordado frecuentemente por el también interno Enrique Pardo Hasche, quien lo impulsaba a retractarse de las acusaciones contra Uribe y a recibir al abogado Cadena.  El 22 de febrero de 2018 se concreta la visita en la que también participó el abogado de Monsalve, Héctor Romero Agudelo.  Cadena solicitó a Monsalve que firmara un documento previamente elaborado en el que se daba cuenta de que las acusaciones contra los Uribe Vélez eran falsas y que habían sido realizadas por ofrecimientos de beneficios jurídicos y/o prebendas provenientes de Iván Cepeda. Como contraprestación, el abogado Cadena ofrecía, con autorización de Uribe Vélez, iniciar una acción de revisión del proceso, mejores condiciones de reclusión, apoyo si solicitaba públicamente seguridad para él y su familia. Todo esto sin que Monsalve tuviera que pagar honorarios profesionales.

Estos ofrecimientos quedaron grabados en un reloj espía, grabaciones que fueron entregadas a través de la entonces esposa de Monsalve, Deyanira Gómez, a la Corte Suprema de Justicia. Esta pruebas se suman a una larga lista de grabaciones y testimonios entre los que resaltan el testimonio de Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, sobre sobornos y ofrecimientos de Cadena para que le mintiera a la Corte Suprema diciendo que “el doctor Cepeda nos estaba manipulando para hablar contra Uribe y desmentir el testimonio de ‘Alberto’ –haciendo referencia a Pablo Hernán Sierra”.

Sin embargo, el pasado martes, 30 de septiembre de 2025, Diego Cadena fue condenado a siete años de prisión por los delitos de soborno y manipulación de testigos en relación con sucesos del Caso Uribe que aquí mencionamos.

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A pesar de haber sido llamado a indagatoria en octubre de 2019, es hasta 2020 que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención domiciliaria al ya senador Álvaro Uribe en el marco de la investigación por presunta manipulación de testigos. Uribe decide renunciar a su curul tan solo quince días después, bajo el argumento de que la medida “anula cualquier expectativa de poder regresar al Senado, institución en la cual procuré ser cumplido y aportar con estudio a los diferentes temas».

Sectores contrarios al exmandatario sostenían que la decisión de renunciar obedeció a una estrategia para evadir la justicia, siempre que es la Corte Suprema el único órgano con la potestad de investigar a los congresistas en Colombia. Con esta “jugada” pretendía que quien tomara el caso fuera la Fiscalía General de la Nación, precedida entonces por Francisco Barbosa, partidario de Iván Duque, discípulo político de Uribe y presidente de Colombia en aquel momento.

Para abril de 2024, después de que fiscales como Gabriel Jaimes y Javier Cárdenas solicitaran sin éxito el cierre del caso y con la llegada de la fiscal Adriana Camargo, Álvaro Uribe fue finalmente llamado a juicio y declarado culpable en primera instancia por la jueza Sandra Heredia el 1 de agosto de 2025. Fueron avalados los postulados de la Fiscalía que argumentaban que el apoderado legal del expresidente, Diego Cadena, ofreció dinero y beneficios penitenciarios a exparamilitares presos para que declararan negando que Uribe y su familia tenían vínculos con paramilitares. En la histórica sentencia emitida, se determinó que Uribe debía someterse a detención domiciliaria durante doce años y pagar una multa de dos mil cuatrocientos salarios mínimos por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

Sin embargo, rápidamente la sentencia fue modificada en favor del expresidente por la intervención del Tribunal Superior de Bogotá, bajo el argumento de que la medida “resulta desproporcionada en cuanto prevalece la presunción de inocencia hasta que la decisión condenatoria cobre ejecutoria.”

¿Condena por delitos menores?

La sentencia condenatoria cuenta con mil ciento catorce folios, en los que se narra el proceso judicial y se dicta la condena. Es importante mencionar que, para Colombia, específicamente para las víctimas del paramilitarismo, la sentencia se presenta como una luz en medio de las sombras generadas por las acciones de tantos gobiernos y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos.  Al respecto, se señala a Álvaro Uribe Vélez, una persona que pareciera intocable dada su todavía alta popularidad e importancia para la vida política de Colombia.

Habrá también quienes opinen que la condena puede leerse como solo una condena por delitos menores. Sin embargo, una lectura profunda entre líneas deja entrever y suscita preguntas que remiten entonces a un entramado más amplio de delitos y nexos con hechos de mayor envergadura, como masacres, financiamiento de grupos paramilitares, narcotráfico, desplazamientos forzados, interceptaciones ilegales, persecución y asesinato de contradictores, entre otros crímenes.

No hay que perder de vista que Álvaro Uribe también ha sido señalado por planificar y ejecutar masacres como la de San Roque, El Aro, La Granja y la Operación Orión; además de ser vinculado a asesinatos, como el del abogado defensor de derechos humanos Jesús María Valle, y tener responsabilidad en el asesinato de más de seis mil cuatrocientos civiles por parte de las fuerzas militares, durante su mandato presidencial en la estrategia que se conoce popularmente como “falsos positivos”. También se le vincula con el escándalo de la “Yidispolítica», nombre con el que se conoce a los hechos relacionados con la compra de votos en el Congreso para aprobar su reelección. Así mismo, se le señala de promover y autorizar intercepciones telefónicas ilegales de sus opositores, todo ello conocido como el Escándalo de Chuzadas del DAS, es decir, del Departamento Administrativo de Seguridad, “organismo de inteligencia y contrainteligencia adscrito directamente a la Presidencia, (que) actuaba de manos con los paramilitares”, según se describe en el Informe de la Comisión de la Verdad.  En fin, ha estado comprometido con un largo compendio de infamias y delitos que han marcado la historia del país, y que han merecido la investigación y el trabajo incansable de muchas personas por la verdad y la justicia. Cada uno de estos hechos constituyen largos capítulos y heridas de la historia reciente de Colombia.

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El 21 de octubre de 2025, un juez de segunda instancia del Tribunal Superior de Bogotá absolvió a Álvaro Uribe por los delitos de fraude procesal y manipulación de testigos, por los cuales la jueza Sandra Heredia no sólo lo declaró culpable sino que lo sentenció a 12 años de prisión domiciliaria. Esto significa un gran golpe para el largo y tortuoso camino de la justicia, la verdad y la paz. Sin embargo, es innegable que, para la opinión pública, para las víctimas y para la sociedad colombiana, este proceso marca un antes y un después.