En Mérida, la gentrificación está desplazando a familias trabajadoras del Centro a las comisarías. Proyectos turísticos y el auge de Airbnb han encarecido rentas y transformado barrios tradicionales en espacios exclusivos para visitantes extranjeros. Especialistas advierten que este fenómeno, impulsado por políticas públicas sin regulación adecuada, rompe el tejido social y afecta el derecho a la vivienda digna.

Fotografías: Lilia Balam

Yucatán, México.− Durante quince años, Amina* vivió en una casa que alquilaba por 1,800 pesos. Se encontraba muy cerca de su trabajo, al cual llegaba caminando. Todo iba bien hasta que en 2022 el terreno abandonado ubicado frente a la vivienda fue remodelado y transformado en el parque La Plancha, localizado en el centro de Mérida, Yucatán, una zona que también fue intervenida para atraer al turismo internacional.

Tres años después, en abril, los propietarios de la casa donde vivía Amina le dijeron que no renovarían el contrato de renta porque la ofrecerían en Airbnb. Ella tuvo que mudarse a una colonia localizada fuera de la ciudad. Ahora debe tomar dos autobuses para llegar a su trabajo.

Amina fue víctima de un proceso conocido como gentrificación, el cual, según Edith Pereyra, investigadora del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, ocurre cuando un barrio habitado por la clase trabajadora, en estado de deterioro o abandono, es remodelado y rehabilitado por iniciativa pública o privada para atraer a inversionistas, empresarios o visitantes con un perfil económico alto.

“Las remodelaciones que se hacen son para las clases altas que pueden pagar las nuevas viviendas. Entonces la dinámica del barrio cambia en función de los nuevos residentes: abren comercios o servicios que no eran propios del barrio, ya no hay antojerías donde vendan panuchitos (platillo tradicional yucateco), sino galerías, cafeterías gourmet, boutiques destinadas a clases media-altas o altas”, añade la especialista.

Gentrificación: un problema en crecimiento

El encarecimiento de la vida y el consecuente desplazamiento han sido denunciados por activistas a lo largo del país. El último caso ocurrió en la Ciudad de México, donde habitantes protestaron para denunciar este fenómeno. Sin embargo, especialistas han detectado que otros lugares de México, como San Miguel de Allende, Guanajuato; San Cristóbal de las Casas, Chiapas; Loreto, Baja California; Tulum, Quintana Roo; Oaxaca y, por supuesto, Mérida, también atraviesan procesos de gentrificación.

El Centro Histórico de la capital yucateca es ejemplo de esto. Ahí, los barrios de Santa Ana, Santiago, Santa Lucía y la Ermita ya han dado indicios de gentrificación, con casonas antiguas modernizadas para ser ocupadas por personas de Estados Unidos, Canadá y algunos países de Europa, o bien, para ponerlas en renta, generalmente a un público extranjero.

De acuerdo con Pereyra, la principal consecuencia de la gentrificación es que las personas de clase trabajadora que originalmente residían en la zona ya no pueden costear el predial o la renta ni los servicios. Tampoco encuentran cerca de sus viviendas artículos básicos a precios accesibles, lo que eventualmente los empuja a mudarse a otro lado, lejos de su familia, comunidad, escuela o trabajo.

En La Plancha, donde vivía Amina, Pereyra identificó que muchas viviendas de ese antiguo barrio, construido alrededor de la vieja Estación Central de Ferrocarriles de Mérida, se encontraban abandonadas. Quienes las poseían eran personas adultas de clase trabajadora que ya no podían hacerse cargo del mantenimiento de esas casas que eran parte de la herencia familiar. En algunos casos, las propietarias habían fallecido y sus parientes aún no decidían el destino de los inmuebles.

Esto fue aprovechado por las empresas inmobiliarias que vieron en la zona un nuevo campo de especulación derivado de los megaproyectos que están llegando a la Península. Uno de ellos el Tren Maya.

Gentrificación, megaproyectos y especulación

En 2022, a raíz del proyecto del Tren Maya, arrancó un plan para transformar la Estación Central de Ferrocarriles de Mérida en un parque de veinte hectáreas, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Además, el Gobierno del Estado de Yucatán y el Ayuntamiento de Mérida remodelaron varias calles aledañas para crear un corredor gastronómico y turístico.

Inversores privados adquirieron propiedades cercanas al parque para reformarlas y ofrecerlas para estancias temporales en la plataforma Airbnb. Y con la inauguración del corredor, la zona empezó a llenarse de comercios diseñados para turismo de perfil socioeconómico alto.

“Todas esas remodelaciones –continúa Pereyra– hicieron que el valor del suelo cambiara y que fuera muy difícil para la clase trabajadora pagarlo”. En sus análisis descubrió que la mayoría de las personas optó por vender el patrimonio familiar y mudarse a otras zonas de la ciudad.

Además, el proyecto de construcción del parque y del corredor también implicó la demolición de once viviendas en la calle 43-A entre 46 y 48. Las personas propietarias fueron reubicadas unas calles atrás, en un edificio grande y moderno localizado en la Avenida 1 de mayo entre 49 y 51.

El proceso no fue sencillo: al principio el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) solo les informó que sus casas estaban en medio del parque y serían demolidas, por lo cual se sugirió reubicarlas. Sin embargo, las familias no querían desprenderse de su patrimonio.

“La mayor parte de la gente que habitaba esas casas estaba constituida por adultos mayores que estuvieron más de dos generaciones en el barrio, hasta cien años, antes de que se hiciera esa propuesta que nunca pensamos que iba a pasar. Personas que ahí crecieron, vivieron y tuvieron a sus familias. Lógicamente al principio hubo cierta fricción”, detalló Miguel Cetina, una de las personas reubicadas.

Él recuerda que FONATUR ofreció la construcción de las nuevas viviendas en una calle aledaña al nuevo parque. Mostró los planos y proyecciones, y entonces las familias se convencieron, no solo porque las casas eran nuevas y de su agrado, sino porque no tendrían que mudarse a un sitio totalmente distinto, lejos de sus vecinas y vecinos y de los lugares que frecuentaban.

En diciembre de 2022 les entregaron las llaves de sus nuevos hogares. Aunque en mayo de 2025 el Instituto de Vivienda de Yucatán reconoció que todavía no les han entregado las escrituras, las y los residentes no han tenido problemas con las casas, salvo porque ahora sienten que el barrio ya no es el de antes, sino un sitio para turistas internacionales.

“La mayor parte de las casas alrededor, por el auge del parque, se convirtieron en Airbnb. Algunas personas extranjeras hacen sus eventos en el parque y cierran los espacios en ese lugar que es prácticamente para público abierto, sin permisos”, explicó Miguel Cetina, quien atestiguó al menos tres casos de este tipo. En uno de esos, incluso, tuvo que intervenir la Guardia Nacional, pues los organizadores del evento agredieron a las personas locales.

Los costos de las rentas se dispararon: pasaron de los dos mil a los diez mil pesos mensuales. “Lógicamente los únicos que tienen posibilidad de pagarlas son extranjeros”, comentó Miguel Cetina.

A la par, los negocios establecidos en el corredor gastronómico no están destinados a las clases populares. “Por los precios y lo que ofrecen, están dirigidos a otro mercado. No son accesibles para toda la población, no todos podríamos pagar una cena familiar ahí. Las personas locales tienen ahora otro papel: de trabajadores o encargados”, precisó la investigadora Edith Pereyra.

Algunas vecinas y vecinos de la zona reportaron problemas con los servicios básicos, sobre todo con el desabasto de agua potable, aparentemente porque se emplean grandes cantidades para llenar las piscinas de los Airbnb.

También en las comisarías mayas de Mérida (las poblaciones rurales que forman parte del municipio, pero tienen cierta autonomía administrativa y se localizan en la periferia de la ciudad) se han observado indicios de gentrificación, principalmente por el despojo de tierras ejidales para construir residenciales y por el incremento del impuesto predial, de acuerdo con Gerardo Sánchez-Trejo, investigador de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY).

“A la comisaría Santa Gertrudis Copó se le empezó a considerar colonia de Mérida, entonces llegaron prediales muy altos. Las superficies habitables de las casas de las familias mayas son muy grandes, entonces les cobraban como si fueran jardines de una privada residencial, cuando en realidad son solares para sus animales de traspatio”, detalló.

El especialista documentó casos de personas que, ante la imposibilidad de cubrir los altos costos del predial, se mudaron a otros municipios entre 2022 y 2023. Otras personas, bajo engaños, vendieron terrenos que luego fueron utilizados para construir departamentos de lujo.

La culpa es del Estado

Estos procesos de gentrificación no comenzaron hace un año. De acuerdo con Sánchez-Trejo, se originaron en el Consenso de Washington, que promovió, entre finales de 1970 y principios de 2000, políticas neoliberales y ocasionó que el Estado abandonara la inversión en vivienda pública o social.

En el caso específico de Mérida, la situación actual fue generada por las políticas especulativas impulsadas por los tres niveles de gobierno, aunadas al estancamiento de los salarios en comparación con el crecimiento en los costos de vivienda.

Si bien inversores extranjeros han aprovechado las circunstancias para adquirir viviendas y comercios en la ciudad, Sánchez-Trejo recalcó que, “aunque se trata de una variable importante en la problemática, sobre todo porque algunos de ellos sí llegan con una mentalidad de imposición, dominación y explotación de los sectores vulnerables de la población local, lo cierto es que el origen del problema son las políticas neoliberales del Estado”.

Resulta importante dirigir las exigencias al Estado, para que acepte su corresponsabilidad y tome postura como ente regulador de la problemática. “Si focalizamos el problema en las personas extranjeras caemos en la xenofobia, que lleva al nacionalismo, que en su versión más fortalecida es fascismo. Es peligroso y se puede salir de control. Las personas se deben organizar y generar grupos de presión a quienes están evaluando y diseñando políticas públicas”, precisó el investigador.

Por ejemplo, el Ayuntamiento de Mérida tiene una gran responsabilidad dado que no ha actualizado el plan de desarrollo urbano de la ciudad en siete años, según admitió la propia alcaldesa Cecilia Patrón. Tampoco ha implementado de manera eficaz lineamientos claros y acordes a las necesidades de la ciudadanía para otorgar permisos de construcción y licencias de uso de suelo.

“Construyen donde quieren –señaló el investigador–, no respetan lineamientos urbanos ni cumplen con la normativa oficial y nadie les dice nada, solo les autorizan sus permisos de construcción sin buscar mitigar los efectos de edificar, por ejemplo, departamentos de lujo en ciertas zonas”.

¿Qué se puede hacer? Pereyra opinó que se requiere mayor control en la planeación urbana, implementando controles o topes de rentas. También se podrían implementar filtros para asegurar que los nuevos comercios que se establezcan en un barrio no afecten drásticamente la dinámica social, la identidad cultural y patrimonial.

Sánchez-Trejo expresó que el Estado debe cumplir al pie de la letra con lo dispuesto en el Artículo 4 de la Constitución mexicana, respecto al derecho humano a una vivienda digna. También puede implementar políticas para recuperar espacios y aprovecharlos para construir vivienda social accesible para las clases trabajadoras, como ocurre en países como España, donde se expropian terrenos realmente ociosos.

Después de todo, la gentrificación no solo representa un obstáculo para que las personas de clase baja y media accedan a una vivienda: de no atender esta problemática, se podrían crear islas en vez de comunidades, lo que rompería la cohesión y el tejido social, la identidad comunitaria y la vida barrial, generando a largo plazo que las colonias no solamente pierdan su significado y redes sociales, sino también su seguridad, concluyeron ambos especialistas.

Mientras tanto, la alcaldesa de Mérida anunció que ya se trabaja en el plan de desarrollo urbano: el “Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Mérida”. Aseguró que se prohibirá construir en los núcleos poblacionales de las comisarías, para no afectar su modo de vida e identidad comunitaria. Y se buscará atender las propuestas de la gente, entre las cuales se encuentra brindar vivienda accesible.

También se emitirá el Programa de Ordenamiento Territorial Metropolitano, junto con municipios conurbanos, el Gobierno del Estado y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). “Vamos a buscar evitar la gentrificación que tenemos como ciudad en crecimiento, desde luego que vemos el problema y buscamos soluciones”, dijo la presidenta municipal, sin brindar detalles de los plazos para ejecutar las acciones.

Tan solo de octubre a diciembre de 2024, el Ayuntamiento de Mérida otorgó trece permisos para construir fraccionamientos nuevos en las periferias de la ciudad: en los barrios de Oncán, Dzibilchaltún, Cholul, Chichí Suárez, Las Américas, Real Montejo, Caucel y San Antonio Hool. Anualmente, la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento recibe en promedio 2 mil 898 solicitudes para modificación o establecimiento de nuevos usos de suelo.

*El nombre de la fuente fue cambiado por razones de confidencialidad.