En seis países de América Latina el aborto voluntario está despenalizado parcialmente. Pero todavía hay retrasos en cuanto al acceso al servicio, además de que el tabú y la desinformación permanecen en algunos sectores de la población. A la par, el avance de la ultraderecha en la región acecha de manera amenazadora las luchas y logros de personas con capacidad de gestar.

Fotografías: Erika Lozano

Yucatán, México.- Ana tenía veintitrés años cuando se embarazó por primera vez. No lo esperaba ni lo planeaba: acababa de iniciar una relación de noviazgo y tomaba el anticonceptivo Diane-35, recetado por su ginecólogo bajo la sospecha de que sus problemas ginecológicos de toda la vida eran síntomas del síndrome de ovario poliquístico (SOP). Dado que ni ella ni su pareja tenían los recursos económicos ni emocionales para tener hijos, decidieron interrumpir el embarazo.

Era el año 2019 en Mérida, Yucatán, una de las entidades más conservadoras de México, en plena ola de la marea verde. La discusión respecto al aborto voluntario era efervescente a nivel social y legislativo en Latinoamérica, en un crudo enfrentamiento con grupos antiderechos empeñados en criminalizar a toda persona que decidiera interrumpir un embarazo voluntariamente.

“Fue muy traumatizante, horrible, difícil, porque además de que nos costó demasiado, teníamos la presión social encima y miedo de que nos acusaran legalmente”, recordó Ana en entrevista para Ceiba.

Acompañada de su pareja, acudió a la única clínica conocida por practicar abortos en Mérida. Por llevar un procedimiento con medicamentos (mifepristona y misoprostol), les cobraron una cantidad de dinero que supuso una pesada carga económica para ambos.

El estrés se multiplicó porque frente a la clínica se aglomeraba el grupo antiderechos 40 días por la vida, para acosar y amenazar a las pacientes y personal. “Yo salí tapada de la clínica, mi pareja tenía su gorra, como si fuéramos delincuentes, con miedo. Llegué a mi casa a llorar”, precisó. Además, el ginecólogo que la atendió la hizo sentir culpable, pues le recalcó que “había muchos anticonceptivos actualmente”. Pese a todo, el procedimiento concluyó bien.

Por esa circunstancia y los padecimientos ginecológicos de Ana, su pareja comenzó a emplear métodos anticonceptivos de barrera. La vida transcurrió sin sobresaltos, hasta que se casaron. Hacia 2025, pese a las precauciones y tener un pronóstico médico de dificultad para concebir, Ana se embarazó de nuevo. La pareja sí planeaba tener hijos, pero a futuro: en ese momento no estaba lista para concretar el plan. Después de mucha reflexión, decidieron abortar.

Aunque Ana ya había escuchado que el Hospital General Agustín O’Horán ofrecía el servicio gratuito gracias a una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), le dio miedo acudir, pues desconocía cuál era la situación legal en Yucatán, cuyo Poder Legislativo justo en esos días estaba sometiendo a discusión la iniciativa para despenalizar el aborto. Además, temía que alguien la viera y la cuestionara. “Hay gente adulta que no está familiarizada con el tema o simplemente se cierran, no quieren entender más allá de eso”, comentó.

Entonces buscó orientación en un grupo de Facebook de mujeres, donde le recomendaron el trabajo de la asociación civil Red de Acompañamiento Yucatán. La contactó y recibió apoyo para tomar los medicamentos en su casa.

No pudo evitar comparar la situación con su primer aborto: la diferencia para ella fue abismal. No temió ser encarcelada, pero sí sintió un poco de culpa por haberse sometido a la interrupción por los comentarios a su alrededor. Por ejemplo, una de sus amigas le recriminó que su diagnóstico de dificultades para concebir y un pólipo que le detectaron después “eran un castigo de Dios por haber abortado”.

“Yo no estaba preparada emocional ni económicamente para tener un hijo, pues no solo implica traer una vida al mundo y ya está. Por eso decidí interrumpirlo”, relató.

El testimonio de Ana refleja una doble realidad que viven miles de mujeres en América Latina: por un lado, el peso del estigma social y la incertidumbre legal que persisten incluso cuando los derechos avanzan; por el otro, la transformación profunda que puede significar el acceso a información y acompañamiento seguro. Su primer aborto, en 2019, ocurrió en la clandestinidad y el miedo, en un estado donde el conservadurismo imperaba. El segundo, en 2025, fue posible gracias a redes de apoyo y a un contexto legal más flexible, aunque todavía desigual. Esta evolución personal no es un caso aislado, sino el reflejo de un cambio estructural más amplio que se vive en toda América Latina: el avance imparable de la marea verde, que ha logrado despenalizar el aborto en varios países de la región y reconfigurar el debate público sobre los derechos reproductivos.

La gran ola de la marea verde

Actualmente son seis los países latinoamericanos en los que se ha despenalizado parcialmente el aborto: en Cuba ocurrió desde 1965, en Guyana en 1995 y enUruguay se concretó gracias a una reforma legislativa en 2012. Pero en otras naciones se logró recientemente a partir del movimiento de la marea verde en Argentina, que comenzó a presionar desde 2018 y logró en 2020 la despenalización del aborto durante las primeras catorce semanas.

En 2022, la Corte Constitucional en Colombia tomó la decisión de despenalizar el aborto durante las primeras veinticuatro semanas. En México, que es una República Federal, cada entidad toma la decisión al respecto; a la fecha, en veinticuatro estados se ha despenalizado al menos hasta la semana doce de gestación, en los otros ocho todavía hay sanciones, pese a que desde 2023 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), gracias a un amparo presentado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), reconoció la inconstitucionalidad de las disposiciones que criminalizan en el aborto.

Lo que ha sido un elemento común en todos los casos de progreso es la acción de los movimientos fuertes y de la sociedad civil articulada, que exigen avances, generan presión y visibilizan el tema para que las autoridades lo vean como una prioridad. “Por eso hablamos de la marea verde latinoamericana, que ha hecho que también la región se convierta en un ejemplo para otros lugares del mundo”, sostuvo Valeria Pedraza, coordinadora de Contenidos y Estrategias Jurídicas de Ipas Latinoamérica y el Caribe (Ipas LAC).

Sin embargo, hasta ahora en ningún país latinoamericano se ha eliminado el aborto de los códigos penales como recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS), que insiste en que el procedimiento debe regularse como un servicio de salud y no como un delito.

Pero eso no resta méritos a los avances que ya han ocurrido. En Colombia, a la par de la despenalización parcial, se emitieron regulaciones sanitarias. El Ministerio de Salud expidió lineamientos acerca de cómo debe prestar el servicio, circulares para informar a las y los trabajadores del área de la salud sobre las prácticas prohibidas y barreras que no pueden imponer, entre otras disposiciones.

“Sin duda es un avance importante cuando se liberaliza el marco legal para acceder a un aborto. Pero queda mucho trabajo por hacer en la región para que sea una realidad en los diferentes países, pues hace parte de un conjunto integral de servicios en materia de salud sexual y reproductiva, como el acceso a educación sexual integral, a métodos de planificación familiar e incluso el cuidado del embarazo en el caso de las personas que quieren continuar con él”, enfatizó Pedraza.

El papel vs. la realidad: los obstáculos para acceder al aborto en Latinoamérica

Una cosa es lo que ocurre a nivel legislativo y otra lo que pasa en la práctica, subrayó la representante de Ipas LAC. Por ejemplo, en los países donde se ha logrado la despenalización parcial, persiste la falta de información acerca del marco legal aplicable y las rutas de acceso al servicio, además de las desigualdades en los sistemas de salud.

“Es una realidad en la región la desigualdad y las brechas que existen, por ejemplo, entre las zonas rurales y las grandes ciudades. Las poblaciones que enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad son las que más barreras enfrentan para acceder al aborto, bien sea porque no tienen un centro de salud cercano o enfrentan discriminación”, indicó.

En Argentina, por ejemplo, se reportó escasez de insumos; particularmente, el Ministerio de Salud dejó de comprar misoprostol y mifepristona, lo que ha generado que los medicamentos no estén disponibles en el sistema público.

Por otro lado, es común que las causales bajo las cuales no se penaliza el aborto se interpreten de forma restrictiva o se impongan a las personas gestantes requisitos adicionales para acceder al servicio.

Esto se ha observado, por ejemplo, en algunos estados de México, donde la legislación es distinta según la entidad federativa. En ocasiones se imponen exigencias para certificar que la persona que desea interrumpir el embarazo está bajo alguna causal. Y en Argentina, durante 2024 aumentaron 275 % las consultas y denuncias por imposición de barreras para acceder al aborto, de acuerdo con un informe de Amnistía Internacional de Argentina.

“Esto ocurre en el país que fue pionero en la despenalización y en el movimiento, así que nos manda un mensaje de que no podemos dar por sentado lo que tenemos y los avances que se han logrado, sino que es importante trabajar por cuidarlos y por que se implementen, y siempre estar monitoreando muy vigilantes de cómo se está aplicando la norma”, recordó Pedraza.

También se han reportado casos en los países con leyes que únicamente eliminan la sanción en algunas causales, por ejemplo cuando se trata de un aborto terapéutico (cuando corre riesgo la vida de la madre o del producto), o en casos de violación: Venezuela, Chile, Panamá, Bolivia, Guatemala, Haití y Costa Rica.

Otros focos rojos en América Latina son aquellas naciones donde se castiga de manera absoluta tanto a quienes abortan voluntariamente como al personal que asiste a las personas gestantes en el proceso: El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana.

Por supuesto, estos países violan derechos reconocidos en tratados internacionales, como el derecho a la vida, a la vida privada, a la dignidad, a la salud, a la igualdad y a vivir libres de tratos crueles, inhumanos y degradantes. “Son contextos muy restrictivos y sus normas se basan en estereotipos de género acerca del rol de las mujeres y las personas gestantes en la sociedad. Se basan en información que no es científicamente precisa ni actualizada, sino más bien en estigmas y estereotipos sexistas, misóginos y de género acerca del aborto y de lo que significa la reproducción”, puntualizó Pedraza.

Además, persisten prejuicios, generalmente asociados a creencias religiosas, que permean en las legislaciones. También podría ser poco clara la división entre la iglesia y el Estado, por lo cual hay constante intromisión de grupos religiosos en asuntos públicos y en los procesos de toma de decisiones, opinó Francisco Cué Martínez, coordinador de incidencia en política pública en GIRE.

Existe una tendencia global que busca promover retrocesos en materia de derechos sexuales y reproductivos, derechos de las mujeres y de la población LGBTIQ+. Tal es el caso de Argentina, donde la decisión de paralizar la compra de medicamentos adecuados para el aborto fue tomada por el Gobierno del presidente antiderechos Javier Milei. En El Salvador, el Gobierno de Nayib Bukele, quien también es de ultraderecha, censuró la educación sexual.

Las consecuencias de esto son graves violaciones a los derechos humanos. Así le pasó a Beatriz, quien en 2013, cuando tenía veintidós años y con un diagnóstico de lupus, fue obligada por las autoridades de El Salvador a parir a un feto inviable, es decir, que no tenía posibilidades de sobrevivir. En ese momento el tratamiento indicado para ella era la interrupción del embarazo, porque la continuación del mismo solo estaba degenerando su condición y, además, el feto era incompatible con la vida extrauterina.

Pasaron muchas semanas en las que ella estuvo en la clínica, hospitalizada sin que se le pudiera practicar el tratamiento indicado por los médicos, pues por la penalización absoluta en El Salvador, el personal médico no tenía la certeza ni la seguridad jurídica de que si actuaban conforme a su deber no irían a la cárcel.

Todo esto no solo fue una tortura para Beatriz, sino que fomentó el temor entre el personal de salud de ese país, donde se han registrado casos de mujeres denunciadas penalmente cuando intentan acceder a servicios de salud después de sufrir una emergencia obstétrica, es decir, cuando tienen un parto fortuito o un aborto espontáneo, pese a que este hecho representa una violación al secreto médico profesional.

En general, el principal obstáculo para acceder al servicio es que el aborto sigue siendo considerado un delito. “Esa amenaza que el derecho penal plantea, que por haber cometido ese delito pueda ser perseguida, castigada, privada de la libertad, sujeta de multas, es el principal obstáculo por el cual no se prestan los servicios de aborto y se recurre a la clandestinidad”, puntualizó Cué.

En México la situación ha variado según la entidad federativa. En algunas se registraron avances, como en Hidalgo, donde al poco tiempo de la despenalización se comenzaron a abrir clínicas y establecer políticas como lineamientos para prestar los servicios.

Pero en otros estados, como Oaxaca, la transición ha sido más complicada. En esta entidad, la segunda en despenalizar en México, en septiembre de 2019, durante año y medio se prestaron los servicios únicamente en el Hospital General Arturo Valdivieso, lo cual era insuficiente, ya que el estado tiene más de quinientos municipios.

Por otro lado, hay resistencia del personal sanitario para prestar los servicios. Por ejemplo, en embarazos de doce a catorce semanas que podrían interrumpirse perfectamente con medicamentos, de manera 100 % segura y efectiva, según los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en algunas instituciones aún hacen legrados, una práctica no recomendada por obsoleta y riesgosa. Y en embarazos más adelantados que requieren aspiración manual u otro tipo de procedimientos, los interrumpen con medicamentos y sin analgésicos.

“No se puede evitar concluir que se trata de casos de tortura a quienes están buscando ejercer sus derechos reproductivos”, indicó el integrante de GIRE.

Otros retos son los movimientos legislativos promovidos por bandos antiderechos para “amortiguar” la despenalización. Por ejemplo, en Uruguay, tras la despenalización en 2012, se crearon dos figuras que supusieron una barrera para brindar el servicio de la interrupción voluntaria del embarazo. Una es la objeción de conciencia: derecho a no cumplir una norma cuando va en contra de la moral propia. Otra, la de ideario, que es básicamente lo mismo que la primera, pero no ampara a nivel individual, sino a nivel institucional. Es decir, toda una institución de salud se puede negar a ofrecer el servicio, medida que es considerada contra derechos humanos y que en países como México no está permitida.

En Argentina, diversas especialistas han informado que desde que Javier Milei asumió la presidencia se percibe un ánimo de persecución que se creía casi erradicado. Por ejemplo, de acuerdo con Ipas LAC hay reportes en la provincia de Tucumán de víctimas de violencia sexual a quienes les niegan la prestación del servicio del aborto, obligándolas a parir al resultado de una violación, contra lo que dice la ley. Esto también ha ocurrido en provincias colombianas y en la capital, Bogotá.

“No es que se esté activando la ruta penal, ya no las están amenazando con la cárcel, no les están iniciando carpetas de investigación, pero la prestación de los servicios está lejos de ser satisfactoria”, apuntó Cué.

El avance de gobiernos de ultraderecha en América Latina ha afectado la lucha por la eliminación del delito de aborto de los códigos penales. Tal es el caso de Argentina, con el Gobierno de Milei, quien no ha tenido necesidad de revertir la reforma de 2020 para obstaculizar a las personas gestantes ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. Especialistas temen que Milei intente hacer algún movimiento para reformar la ley argentina en la materia.

Otro ejemplo es el de Chile, donde el expresidente Gabriel Boric sometió a consideración de la asamblea una iniciativa para despenalizar el aborto, ya que ahí solamente se permite bajo tres causales. Dicha propuesta fue rechazada en vísperas a que ganara la presidencia un candidato de ultraderecha. Por el lado de Brasil, durante el Gobierno de Jair Bolsonaro, hubo un ánimo de persecución que imponía más obstáculos para acceder al servicio.

Se tiene preocupación por Colombia tras la salida de Gustavo Petro. En Bogotá, hay una propuesta para que en los servicios de salud públicos no se puedan interrumpir voluntariamente los embarazos, lo cual sería un retroceso al estándar establecido por la corte en 2022. 

“La recuperación de estos espacios por los grupos conservadores sí supone un riesgo importantísimo para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres, niñas, adolescentes y otras personas con capacidad de gestar”, precisó Cué.

“Más que nunca tenemos que estar alertas en toda la región, respecto de los retrocesos y aprovechar espacios internacionales para apoyarnos entre la sociedad civil y entre feministas”, señaló el especialista.

La esperanza verde

Aún hay esperanza, pues a pesar de esos intentos de retroceso, el movimiento por la despenalización sigue fuerte y la región latinoamericana sigue siendo un referente a nivel internacional, a pesar de los retos que persisten. “La marea verde sigue en pie de lucha”, precisó Pedraza.

Sobre todo porque las medidas de despenalización han tenido repercusiones positivas en la población. Por ejemplo, un estudio realizado en Colombia un año después de la despenalización hasta la semana veinticuatro, encontró que 90 % de las interrupciones se practicaban dentro del primer cuatrimestre del embarazo.

“Eso demuestra que cuando se liberalizan las normas en relación con el aborto no aumenta el número de abortos ni se practican en el último momento. Cuando se acerca a mujeres y personas gestantes al sistema de salud y no existe la amenaza del derecho penal, se logra que las personas accedan al aborto en etapas tempranas del embarazo”, informó.

También redujeron las consultas por interposición de barreras, es decir, muchas personas accedieron a la interrupción sin necesidad de presentar una acción legal o petición oficial, sino simplemente con la solicitud.

Sin embargo, pese a los avances, es importante recordar que la lucha es por la eliminación del delito de aborto de los códigos penales. “Debe ser regulado como lo que es: un servicio de salud esencial que debe estar disponible cuando la persona lo necesite y como lo necesite”, dijo. “Lamentablemente, mientras siga ahí el derecho penal como una herramienta a disposición que se puede activar en cualquier momento, se van a seguir cometiendo injusticias”, puntualizó Cué.

La recomendación siempre es apegarse a los lineamientos de la OMS y eliminar de los códigos penales el aborto como delito: eliminar las disposiciones que establecen plazos, autorizaciones o escenarios, es decir, causales condicionales. Por el contrario, cada país debe tomar las medidas suficientes para garantizar que el aborto sea un servicio de salud regulado desde los sistemas sanitarios.

El integrante de GIRE recordó a la población que la criminalización del aborto condena a la maternidad a todas las mujeres o personas con capacidad de gestar.

“No les da opción. La despenalización del aborto no obliga a ninguna, a absolutamente ninguna a abortar. El objetivo de la despenalización, de sacar el aborto de los códigos penales es precisamente que el derecho a decidir se garantice. Si no existe la opción de terminar con un embarazo de forma legal y segura, el derecho a decidir, que es un derecho humano, no se puede garantizar. Entonces, fuera aborto del Código Penal, de una vez y para siempre”, concluyó.