El pasado 15 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó un acuerdo con sus homólogos de Guatemala, Bernardo Arévalo, y de Belice, John Briceño, para crear el Corredor Biocultural de la Gran Selva Maya. Esto encendió las alarmas de organizaciones de la sociedad civil de la península de Yucatán: sospechan que es una estrategia para ampliar la corporativización militar y legitimar megaproyectos extractivistas en el sureste de México y Centroamérica.

Fotografía: Gobierno de México

Mérida, Yucatán.- El 15 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó un acuerdo con sus homólogos de Guatemala, Bernardo Arévalo, y de Belice, John Briceño, para crear el Corredor Biocultural de la Gran Selva Maya.

La Presidencia aseguró que el acuerdo tiene como objetivo preservar 5,7 millones de hectáreas de selva y fortalecer la cooperación ambiental en materia de conservación e integridad ecológica para beneficiar a siete mil especies. 

Pero este movimiento encendió las alarmas de organizaciones civiles de la península de Yucatán, que sospechan que es una estrategia para ampliar la corporativización militar y legitimar megaproyectos extractivistas en el sureste de México y Centroamérica, sobre todo porque al mismo tiempo se anunció la expansión del programa Sembrando Vida, del Tren Maya y de la Línea “K” del Corredor Interoceánico hacia Guatemala y Belice.

La creación del Corredor despertó incertidumbres porque la información oficial que circula sobre las acciones de conservación es vaga y ambigua. Además, hasta ahora no se ha consultado a ninguna comunidad originaria de México respecto al proyecto.

Un plan incompleto

De acuerdo con el boletín de la presidencia, la reserva trinacional planteada en el proyecto abarca once áreas protegidas de Belice, veintisiete de Guatemala y doce de México. En el país incluye a los estados de Chiapas, Campeche y Quintana Roo, y busca “garantizar la continuidad ecológica de los ecosistemas característicos de la península de Yucatán, como las selvas tropicales bajas, medianas y altas, los petenes y los manglares”, para proteger especies como el jaguar, el tapir, el mono araña y el quetzal.

Según se anunció, en la declaración conjunta se reconoce a las culturas vivas de la zona, las comunidades indígenas mayas y afrodescendientes como cuidadoras de la naturaleza “sin las cuales no se podría preservar los ecosistemas y frenar amenazas como la tala ilegal, la contaminación ambiental y los incendios”, por lo cual “promueve la participación social, a través del involucramiento de las comunidades indígenas, afrodescendientes y de los sectores académicos y privados”.

Entre las acciones de cooperación, el acuerdo establece compartir información, tecnología y entrenamiento en materia de manejo integrado del fuego, tala ilegal, deforestación; así como gestionar el aprovechamiento de los bienes maderables y no maderables de las selvas de manera inclusiva en favor de las comunidades habitantes.

Se trata de un hecho inédito, pues, aunque desde hace aproximadamente seis años se planteaba y trabajaba en la posibilidad de hacer una reserva transfronteriza, el conflicto entre Belice y Guatemala impedía un acuerdo, explicó el director de la Reserva de la Biosfera Calakmul, José Zúñiga Morales.

Actualmente, los protocolos de investigación y atención comunitaria de las áreas protegidas en esa zona selvática son muy diferentes de un país a otro, por lo que con esta iniciativa se busca establecer estándares de manejo y conservación para “no terminar con islas de conservación entre mares de destrucción y pobreza, tener una serie de conexiones que garanticen el bienestar y buen vivir de las comunidades, basadas en la riqueza de los ecosistemas”, señaló Zúñiga.

La idea es, según, garantizar los derechos comunitarios y el derecho a la conservación y a un medio ambiente sano. Por ello, además de las asociaciones civiles, se incluirá a las organizaciones comunitarias en la elaboración del plan del Corredor, afirmó. No se tratará de “crear sistemas que por un lado garanticen la conservación y por el otro siembren la pobreza”. Se buscará que las comunidades “no vean menguados sus derechos agrarios”.

Ceiba preguntó al director si la creación del Corredor implica la prohibición del establecimiento de megaproyectos en la zona. Él opinó que estos “no deben darse”, pero admitió que “una cosa es lo que piense y otra lo que se puede acordar”. Eso sí, recalcó que actualmente “se impiden esos mecanismos de aprovechamiento” en la región.

Morales comparó este proyecto con el del Corredor Trinacional Amazónico, en cuanto a que se tratará de acciones trinacionales de protección. “Vamos a tener un esquema que nos permita garantizar el bienestar, el buen vivir de nuestras comunidades y el derecho a la naturaleza. Se están realizando acciones de conservación desde lo local, partiendo de que somos la región más rica en cultura maya y de las más biodiversas del mundo”, señaló.

Sin embargo, lo que se firmó es la declaratoria del Corredor: todavía faltan los trabajos técnicos para definir la categoría de la reserva y las actividades de protección del territorio.

Tampoco se han establecido los montos de inversión que se requerirán, no se ha aclarado si se generarán empleos, si aumentarán los programas de conservación para el desarrollo, si habrá planes de aprovechamiento forestal por parte de dependencias como la Comisión Nacional Forestal (Conafor), ni se ha detallado si habrá operativos relacionados con la seguridad de los cuatrocientos kilómetros de frontera que abarcará el Corredor.

Una reserva para los megaproyectos

“Lejos de consolidar una apuesta seria de conservación, el Corredor se perfila como una estrategia política para promover y legitimar megaproyectos ya en marcha”, indicaron en un posicionamiento 16 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Utsil Kuxtal, el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX), el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), S.O.S. Cenotes, Kanan y Múuch’ Kambal, refiriéndose al programa Sembrando Vida, al Tren Maya y al Interoceánico.

Esto resulta alarmante, indicaron, por sus posibles impactos en la región. En el caso del Tren Maya, no solo se trata de que su construcción “provocó violaciones graves a los derechos humanos y deños irreversibles a la naturaleza”, sino que según proyecciones al 2050, provocará aumento de áreas agrícolas en 64%, de ganaderas en 37% y de asentamientos humanos en 24%, de acuerdo con el boletín. 

De igual forma, el Corredor Interoceánico se impuso “con despojo de tierras, militarización y represión contra personas defensoras del territorio”. Y el Gobierno prevé la llegada de hasta 3 millones de habitantes por los desarrollos industriales que implica el megaproyecto, lo cual generaría “un cambio radical en el paisaje, los usos del suelo, los modos de vida tradicionales y la disponibilidad de agua”. 

Y el programa Sembrando Vida ha servido “para comprar voluntades en comunidades locales, justamente en los territorios donde avanzaron los trazos de la infraestructura férrea”.  Las organizaciones señalaron que el esquema “ha debilitado las formas tradicionales de organización comunitaria, fomentando la dependencia y desarticulando las prácticas colectivas históricas”. A la par, lejos de resolver la deforestación, su ejecución ha provocado la tala de más de 72 mil 830 hectáreas y la pérdida de cobertura forestal. 

Por otro lado, aunque el discurso es que se prioriza la protección ambiental, eso no se refleja en acciones concretas. De acuerdo con las agrupaciones, en 2025 se destinó el presupuesto más bajo a las Áreas Naturales Protegidas (ANP), desde 2006. Actualmente solo se les destina 0.1% del Producto Interno Bruto (PIB). Y 3.6% se asigna a acciones de adaptación y mitigación del cambio climático, mientras que 75% se canaliza a megaproyectos. 

Además, las organizaciones han detectado un patrón de violaciones sistemáticas a las normativas que regulan las actividades humanas dentro de las ANP para impulsar megaproyectos. “En algunos casos, incluso se ha modificado la normativa para facilitar la destrucción ambiental y el despojo territorial. Ejemplos claros son el propio Tren Maya, el proyecto Puerta al Mar, o la construcción de un hotel militar en pleno corazón de la Reserva de la Biosfera de Calakmul”, enfatizaron, refiriéndose al mismo hotel donde se anunció el Corredor Biocultural Gran Selva Maya. 

“El Corredor no representa una política real de conservación, sino un mecanismo para legitimar la expansión de megaproyectos, que ya han generado despojo de tierras, criminalización de la defensa del territorio, violaciones a los derechos humanos y daños irreversibles a ecosistemas clave: su expansión a Centroamérica ampliará y profundizará estos impactos”, sentenciaron las organizaciones en su comunicado.

La amenaza de la militarización

La hipótesis de Suhayla Bazbaz, directora de CCIS, es que la Presidencia buscará que la empresa de participación estatal mayoritaria Gran Mundo Maya esté a cargo de la expansión   de los megaproyectos a Centroamérica, “con todas las implicaciones que eso tendría en lo social” y con la posibilidad de que el Corredor Biocultural sea solamente una estrategia para ampliar la corporativización e integración militar.

Esto lo deduce después de que CCIS llevó el registro de los procesos de militarización en municipios donde se asentaron megaproyectos del Estado, como Calakmul, en Campeche, y Othón P. Blanco y Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo, atravesados por el Tren Maya. También lo infiere de la creación de empresas de participación estatal mayoritaria en proyectos como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) o el Tren Maya, que en 2022 se congregaron en el Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca-Maya-Mexica (Gafsacomm), ahora llamado Grupo Mundo Maya.

Ante estas sospechas CCIS comenzó, junto con organizaciones de Guatemala, a monitorear inversiones realizadas por bancos multilaterales de desarrollo, ya que en esas esferas hay tendencia a crear corredores regionales, en los cuales concentran inversiones a través de los gobiernos y por medio de préstamos con empresas.

Esto pasó con la Amazonía, donde operan iniciativas como “Amazonía Siempre”, las cuales han generado problemáticas porque grandes cantidades de dinero se concentran con poca transparencia respecto a los criterios de uso. “Ya traíamos el pendiente de que quisieran hacer algo similar en la selva del sur de México, de Guatemala y de Belice. La intención a nivel geopolítico de crear estos corredores y disputarse los territorios y la naturaleza de esos territorios ya estaba desde antes”, dijo la directora de la organización. 

De nuevo, no se consultó a las comunidades

La directora de CCIS es perspicaz en torno al discurso de que el Corredor busca contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades de los tres lados de la frontera, impulsando el turismo comunitario, la agroecología, la ganadería regenerativa y la artesanía, ya que aún no hay conversaciones con las personas de las comunidades que se dedican a esos ámbitos.

Bazbaz ha escuchado a habitantes de Calakmul expresar que no entienden qué significa el acuerdo y colegas de Guatemala le han comentado que hay una profunda sorpresa respecto al proyecto. “Me dicen ‘si nosotros llevamos años cuidando la selva de este lado de la frontera y nunca hemos recibido nada de su ayuda, ¿por qué ahora lo anuncian sin conocer lo que nosotros estamos haciendo, y sin nosotros?’”, contó.

Por otro lado, “las áreas naturales protegidas han sido determinadas en los territorios de los pueblos sin su consentimiento, entonces estamos duplicando una violación a los derechos humanos colectivos, ya que se hizo el anuncio del Corredor sin haber realizado procesos de consulta que cumplan con los estándares internacionales”, precisó la directora de CCIS.

Por ello, agregó, urge saber qué actividades se realizarán en el Corredor, quién las coordinará y con qué financiamiento, en qué consisten los acuerdos de alto nivel en temas de seguridad fronteriza que se firmarán y si eventualmente se realizará algún proyecto de bonos de carbono. Es importante que esas conversaciones ocurran desde ahora para evitar que “de los tres lados de la frontera estén tomando decisiones que sean en perjuicio de las comunidades, sin las comunidades”, añadió.

Por lo pronto, toca a las autoridades subsanar la falta que ya cometieron: anunciar un proyecto en un área vulnerable sin consultar a las comunidades que ahí residen. El Gobierno Federal debe cumplir con el Acuerdo Regional de Escazú, en términos de garantizar información al público, realizar estudios en colaboración con los pueblos respecto al posible impacto del Corredor, brindar claridad sobre lo que se hará en el mismo y, por supuesto, realizar una consulta informada a las comunidades impactadas. En México se debe prescindir de la práctica de tomar decisiones unilaterales sin entablar diálogos con las personas de las comunidades.

“No puede volver a ocurrir lo que ocurrió con el Tren Maya y con el Corredor Interoceánico, que lo anunciaron de una forma y terminó en manos de instituciones militares que, además, están actuando no en nombre de la Seguridad Nacional, sino que tienen una estrategia comercial de ir engarzando los eslabones de la cadena turística”, sostuvo.

Igualmente, es importante que en los tres países se realicen estudios sobre la demanda real de visitantes alrededor del corredor.

“Me voy a poner ingenua, pero suponiendo incluso que la intención es cuidar la gran selva maya, porque tenemos esa riqueza en los países que se formaron, pues entonces tendrían que hacerlo mucho mejor para que realmente se traduzca en cuidado, porque si no lo que pueden estar atrayendo son inversiones que no cumplen con las salvaguardas ambientales y sociales, con los derechos humanos”, indicó Bazbaz.

A su vez, las organizaciones sociales recordaron que la conservación efectiva de la naturaleza mediante el establecimiento de ANP requiere de presupuesto, fortalecimiento institucional, reconocimiento efectivo de los pueblos indígenas en la gobernanza y la garantía del cumplimiento de los Programas de Manejo y Conservación de las ANP.