A una década del asesinato de Berta Cáceres, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó un uniforme en donde se muestra la participación de instituciones bancarias en la planificación y ejecución del crimen. Desde la antropología forense, Re/presentare construyó una herramienta digital de investigación que facilita el acceso a esta información. Por su parte, Gustavo Castro, testigo presencial del asesinato conversa con Ceiba sobre la necesidad de una justicia integral y sobre el legado de Berta en Honduras y en América Latina.

Por Heriberto Paredes y Lilia Balam

Fotografías: Heriberto Paredes

México.- Berta Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016 en el interior de su casa en La Esperanza, cabecera del departamento de Intibucá, en el corazón lenca de Honduras. Tenía cuarenta y cinco años y dos hijas que tuvieron que enfrentarse al dolor de su pérdida y a la titánica tarea de navegar la lucha que heredaron de su madre.

En aquel momento, Berta era una de las lideresas en la resistencia contra la imposición del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, operado por la empresa transnacional Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), entre los departamentos de Santa Bárbara e Intibucá. Tras la muerte de su compañero de lucha Tomás García, la represión contra las personas opositoras se acrecentó y ella estaba en la mira de la violencia organizada por el capital.

Para que su asesinato fuera posible, el Gobierno hondureño, junto a una serie de instituciones bancarias regionales e internacionales, como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el FMO (el holandés Dutch Entrepreneurial Development Bank), construyó un andamiaje de colaboración para financiar el crimen y tratar de ocultar las evidencias de su participación. Sin embargo, en 2021 fue detenido Roberto David Castillo Mejía, antiguo militar y exdirector de DESA, junto a otras detenciones de personas participantes en el crimen de la defensora del territorio. Se logró confirmar la sospecha de la autoría intelectual.

La más reciente investigación, realizada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y  hecha pública en enero de 2026, recrea la ruta a través de la cual se usaron diversas empresas constructoras “fantasma” para que los bancos mencionados depositaran dinero a un fideicomiso administrado –como una suerte de último filtro– por Deutsche Bank y de ahí a la empresa constructora guatemalteca COPRECA, aunque el número de cuenta del depósito final era en realidad de una de estas empresas falsas, CONCASA, fundada por Castillo Mejía.

Lo que también señala esta nueva investigación independiente es que el exdirector financiero de DESA, Daniel Atala, recibió un depósito de CONCASA de 2 600 000 dólares y de ahí se transfirió el dinero a otras cuentas vinculadas a DESA para continuar con la cadena hasta que se perdiera el rastro del uso del dinero, que en parte se destinó a pagar a los asesinos materiales.

Durante una década, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), organización a la que pertenecían Tomás y Berta, no ha dejado de luchar para que se haga justicia, así como para denunciar los distintos entramados que participaron en su asesinato. Mientras tanto, el país centroamericano ha ido cambiando política y socialmente, prueba de ello es el detallado informe presentado en enero de 2026, un paso importante para que esta justicia sea posible y para que puedan encaminarse los pasos hacia la no repetición de este hecho.

A pesar de la cancelación del proyecto tras el asesinato de Berta, las afectaciones a la organización, al pueblo lenca y a la sociedad hondureña son parte del memorial de agravios recopilado en esta investigación. Se suman a la visibilización de las entidades y personas responsables que, además de políticos, se trata de instituciones bancarias internacionales con participación de capital europeo y chino.

Una nueva herramienta de investigación

En 2025, el GIEI, inspirado en la Plataforma Ayotzinapa –creada por el equipo de Forensic Architecture de la Universidad de Golsmiths y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro PRODH)− invitó a la agencia de arquitectura forense e investigaciones espaciales Re/presentare a construir una plataforma que hiciera visibles los principales hallazgos del informe sobre el caso del asesinato de Berta Cáceres.

La arquitectura forense es una disciplina de investigación que se enfoca en resaltar el papel que tiene el espacio arquitectónico en las violencias, ya sea como testigo –y por lo tanto como una fuente de información– o como parte directa del aparato que las ejerce.

“Entendían que habían encontrado cosas valiosas, tenían una cantidad de rastros, transacciones, estaban construyendo todo el armado de cómo se había financiado la presa y entendían que habían descubierto algo muy potente, pero que iba a ser difícil de transmitir al público en general”, detalló Elis Mendoza, integrante de Re/presentare.

Para entonces, el GIEI ya había encontrado suficientes evidencias para probar sus hipótesis de dos de los tres mecanismos que se necesitaron para imponer el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca: el legal y el financiero. Faltaba el tercer componente, el de coerción y violencia en el territorio. Tampoco había claridad sobre el impacto ambiental y social del proyecto.

Por ejemplo, no había una imagen clara de la extensión del proyecto en el territorio. Para empezar, cambió a lo largo de los años: la propuesta original de 2011 fue modificada en 2013, pues tras el asesinato de Tomás García, integrante del COPINH y parte de las fuerzas de resistencia al proyecto de Agua Zarca, la empresa china constructora Sinohydro y el Banco Mundial se retiraron del proyecto, disminuyendo los fondos disponibles.

Además, como “control de cambios” se propuso mudar la presa de lado, para no afectar a las comunidades de La Tejera y El Barrial, que dependen del río Blanco y lo consideran un ser sagrado. Sin embargo, esta segunda versión del proyecto era más grande que la primera, lo cual para Re/presentare resultó ser un dato crucial para comprender tanto las afectaciones potenciales del proyecto como la magnitud de las violencias ejercidas contra las comunidades lencas.

Construir la plataforma no fue fácil. Para representar toda la información recabada, el equipo de Re/presentare tuvo que estudiar todos los archivos proporcionados por el GIEI y COPINH: registros telefónicos del Ministerio Público de Honduras, documentos de investigación de predios, reportes de organizaciones ambientales, documentos internos de DESA y hojas de datos de los testimonios. Después verificó y creó bases de datos para hacer las representaciones.

Durante la elaboración de la plataforma, las y los integrantes de Re/presentare detectaron patrones vigentes en otros casos de violencia contra personas defensoras del territorio. “Estamos trabajando con otros grupos de defensa y no puedo evitar ver la historia de Berta repetirse en cuanto a los patrones de criminalización de lideresas”, precisó Mendoza.

Entre esas características comunes con otros casos de criminalización de personas defensoras del territorio están las tácticas de fragmentación que aplican las empresas de los megaproyectos a las comunidades: ofrecen empleos dentro de la comunidad que se resiste a la imposición del proyecto, fomentan sentimientos de desconfianza, reparten dinero entre personajes específicos dentro de la comunidad para crear recelo, prometen infraestructura, como proyectos carreteros, de purificación de agua o cualquier otro elemento relacionado con “el progreso”, para que les dejen entrar a la comunidad.

“Sabemos que muchas de estas tácticas de fragmentación son manuales de contrainsurgencia, sabemos que vienen de entrenamiento del Ejército de Estados Unidos en territorios mayas de resistencia en Guatemala: fraccionaban el territorio, podían controlar la forma en que los indígenas se mueven dentro de su territorio. La absoluta criminalización de cualquiera que se resiste como una persona que se opone al progreso tiene intereses ocultos o está intentando chantajear al gobierno para obtener algo personal”, explicó Mendoza.

Fernanda Seoane, otra integrante de Re/presentare, quien para su doctorado realizó una investigación sobre la construcción del puente Cielito Lindo en Cuemanco, Ciudad de México, entre 2019 y 2021, también detectó características comunes con el asesinato y criminalización de Berta. Por ejemplo, para el proyecto del puente, se empleó la retórica de que se trataba de una restauración ambiental, cuando ese no era el objetivo.

“Estos proyectos ayudan a desnaturalizar la naturaleza, a traducirla en términos calculables para los humanos, pero eso al final refuerza la idea dualista, capitalista, de la naturaleza como recurso nada más”, apuntó Seoane.

Tanto en el proyecto de Cielito Lindo como en el de la hidroeléctrica de Agua Zarca, precisó la especialista, existió un choque de dos visiones de vida que luchaban por el control del territorio: la visión dualista de la naturaleza como recurso y la visión relacional, que entiende la naturaleza como un ser vivo y complejo. “Los megaproyectos aplanan todas estas complejidades, haciendo uso de muchos mecanismos y lógicas aplicadas por el poder”, señaló.

En el caso de Berta, uno de los mecanismos que el equipo detectó fue el de los medios de comunicación. Estos se alinearon con los discursos oficiales que criminalizaron a Berta, dibujándola como una persona contra el progreso, sin indagar en las implicaciones del megaproyecto hídrico. Esto para Seoane resulta de vital importancia en el actual contexto de “apocalipsis climático”, en el cual es necesario el resguardo y protección de la naturaleza.

En la plataforma incluyeron algunos de los asesinatos de personas defensoras del territorio hondureño. “Queríamos contar una historia que es también de Centroamérica y de América Latina, una historia del sur global, que es la vida de las y los defensores de este mundo. Sobre todo en países latinoamericanos no valen absolutamente nada para las empresas, y ante una pérdida económica, están muy dispuestas a deshacerse de ellos”, afirmó Mendoza.

Tras tres meses de labor, Re/presentare logró concluir la Plataforma Cartográfica del caso de Berta Cáceres y, aunque hay mucha información que todavía está por integrarse, lo que buscan ahora es que periodistas y especialistas en investigación puedan emplearla para reconstruir y cruzar distintos datos, y así encontrar información clave que puedan difundir.

El sueño del equipo de Re/presentare es que la plataforma ayude a desmitificar la imagen de Berta construida por los medios de comunicación criminalizantes, que se borre la idea de que era una persona antiprogresista o violenta, y se conozca a la mujer detrás de la defensa de los ríos Blanco y Gualcarque.

También esperan que la plataforma acompañe los esfuerzos de la población lenca por obtener los títulos de las tierras que ancestralmente les pertenecen; que visibilice el trabajo de organizaciones como el COPINH. Y, por supuesto, que sea auxiliar en las investigaciones judiciales, tanto nacionales como internacionales, del asesinato de Berta, para finalmente brindarle justicia, reparación y garantizar la no repetición.

Pero, sobre todo, anhelan que sirva para poner el ojo sobre las transacciones y dinámicas de los bancos internacionales que financian megaproyectos. “Su dinero hace cosas que van más allá de simplemente invertir para construir infraestructura, pero está tan oculto tras mil capas de transacciones, movimientos y contratos, que se vuelve difícil de percibir: no porque haya un banco suizo, canadiense, chino o lo que sea, vigilando una transacción o una construcción quiere decir que no hay problemas o no hay violencias”, puntualizó Mendoza.

El entramado financiero, un pendiente de los movimientos sociales

“Me parece bien interesante el caso del COPINH –y me atrevería a decir que son muy pocas las organizaciones campesinas indígenas que hacen énfasis cuando se les afecta en sus territorios– porque hace énfasis en el entramado financiero. Ese ha sido un gran aporte, no solamente a Honduras en este tiempo, sino también a los movimientos sociales en general. Incluso la tercera parte del informe del GIEI habla sobre el sistema financiero ¿Han visto, por ejemplo, una marcha, una movilización indígena y campesina donde denuncien al Banco Mundial? Yo casi no he visto eso”, señala Gustavo Castro, único testigo del asesinato de Berta y una de las voces más críticas respecto al papel que juegan los megaproyectos extractivistas en el entramado capitalista.

Miembro de la asociación civil Otros Mundos, Castro resalta la importancia de la investigación del ámbito financiero y de cómo su opacidad ha desembocado en terribles consecuencias, para las comunidades afectadas y para los territorios en su totalidad. “En el caso de Centroamérica, el daño tremendo que hace el Banco Centroamericano de Integración Económica pasa desapercibido, con tanta corrupción y también mecanismos de financiamiento para construcción de infraestructura o para préstamos llenos de corrupción a las empresas, no hay normas operativas, y nadie se moviliza sobre esto”.

En entrevista para Ceiba, Gustavo precisa que la investigación elaborada por el GIEI tiene, además del acierto de desenmarañar y clarificar la participación de los bancos en el asesinato de Berta y en la represión al COPINH, la virtud de mantener vigente el señalamiento a la clase política hondureña en su participación en este crimen. Aún no se ha hecho justicia y las recomendaciones del informe no escatiman en señalar que es necesario garantizar la no repetición y el castigo a los responsables para que exista una justicia integral.

“Lo que hace falta –continúa– es aplicar la justicia y también los mecanismos que aseguren que eso no se repita. Yo creo que lo importante de esto es que no quede en impunidad, porque al final de cuentas es como el techo con el que se puede medir la vara de seguridad y de justicia para el resto de los movimientos, de las organizaciones, de las mujeres, de los colectivos. No solamente en Honduras, sino en toda América Latina. Si una figura como la de Berta no logra la justicia, entonces ¿qué nos espera al resto? Por eso me parece que es importante seguir luchando y también seguir exigiendo que se acaten las recomendaciones”.

El hecho de que una organización indígena como el COPINH haya integrado a su lucha la investigación financiera no es menor y es algo que se fue construyendo con el tiempo. Al respecto, Castro comenta que “logró visibilizar el papel del FMO, lo tenían claro en sus banderas de lucha desde un principio. Y eso es un aporte muy grande de Berta, porque ella tenía un análisis complejo y también un análisis muy integral del sistema. Podía ver muy bien, no solamente la lógica del capitalismo en general, sino el tema de la deuda externa, los financiamientos, los bancos, las empresas transnacionales, los acuerdos de libre comercio. Berta se fue construyendo también en el camino y se fue construyendo con el COPINH y fue integrando más la realidad tan compleja en su práctica y en su análisis. Podía ver la resistencia de una manera integral desde los pueblos, también desde la espiritualidad indígena, la espiritualidad lenca”.

Amiga personal desde finales de la década de 1990, Gustavo y Berta compartieron muchos escenarios de reflexión y de militancia que han dejado una huella profunda en él. “Me parecía una mujer siempre muy coherente, muy alegre en medio de todo lo que vivía, en medio de las amenazas. Y todo el tiempo se la pasaba pensando en el pueblo, en las organizaciones, en la lucha y con actitudes muy valientes”.

Gracias a esta coherencia y a este camino en constante construcción, tanto Cáceres como su organización se fueron enfrentando a diversos retos y análisis de los pasos que deberían de dar o del rumbo al que se les trataba de conducir en términos de militancia. “¿Es natural que el movimiento social en algún momento de su existencia transite a ser partido político? ¿O como dirían los zapatistas, allá que manden obedeciendo, pero nosotros no vamos a ser partido político nunca? ¿Es vocación del movimiento social, al final de cuentas, ser partido político?”, comparte Castro respecto a los cuestionamientos que se hacía el COPINH junto con Berta.

“El otro cuestionamiento al que también se enfrentó Berta fue: ¿tenemos que apoyar a un partido político y la agenda de un partido político para aprovechar la coyuntura de dar un paso? Creo, cuando a veces no se entienden los procesos de transición que duran años y que son largos, que no cambia de la noche a la mañana el sistema, ni lo que nosotros quisiéramos que existiera en el poder político, entonces, ¿tenemos que apoyar esa agenda del partido político para que no llegue la derecha y nos vaya peor? Otro tema que también existe hasta la fecha es ¿nuestros cuadros tienen que formar parte de ese nuevo gobierno? Y eso es un problema que está en toda América Latina. Cuando gana un partido de izquierda o supuesta izquierda o progresista, muchos cuadros de los movimientos, de las organizaciones se pasan al gobierno”.

La Honduras en la que Berta fue asesinada ha atravesado por distintos procesos en una década. Al momento de su muerte, Juan Orlando Hernández gobernaba y hoy, tras haber sido encarcelado en Estados Unidos por tráfico de drogas, Donald Trump lo ha exculpado y ha ordenado su liberación. El país que dejó Berta en 2016 estaba atravesando una situación de violencia y migración económica que se acrecentó luego del golpe de Estado contra Manuel Zelaya (2009) y en aquel entonces no se veía en el panorama que una mujer, identificada con la izquierda, gobernara. Fue precisamente el Gobierno de Xiomara Castro quien antes de concluir hizo posible la existencia de una investigación como la del GIEI y la de Re/presentare.

Sin embargo, en esta misma década, las amenazas al territorio continuaron, la represión al movimiento social no se detuvo, se registraron desapariciones y asesinatos selectivos, la situación económica y la violencia diaria se transformó en nutridas caravanas de personas migrantes que trataron de llegar a Estados Unidos. Es en este complejo contexto que la figura, el ejemplo y el legado de Berta Cáceres se mantuvieron firmes. A pesar de que ella fue violentamente arrebatada de este plano y sus detractores quisieron eliminar su lucha, la existencia del COPINH y cualquier rastro de sus crímenes, en este caso y gracias a investigación independiente, la antropología forense y el temple del pueblo lenca, el capital financiero perdió.

“Yo creo –finaliza Gustavo Castro– que poco a poco ella fue también incorporando el análisis del capitalismo patriarcal. Fue algo que también ella fue descubriendo en el camino e integrando en su análisis, lo hacía complejo y lo hacía integral. Y de igual manera estábamos en marchas contra la deuda externa, también en movilizaciones en Washington contra el Banco Mundial, contra el ALCA en Canadá en donde había una gran movilización. Berta tenía una visión internacional, mundial. Tenía claro que las luchas eran globales y que las afectaciones al cambio climático son un problema del capitalismo global y eso indicaba entonces que también las luchas de otros pueblos eran sus luchas. Por eso era tremendamente solidaria, es algo que heredó mucho, la solidaridad entre todos los pueblos en las luchas”.