Las dictaduras del Cono Sur respondieron a una estrategia común. A cincuenta años del inicio del último golpe militar en Argentina, la memoria sigue siendo clave frente a discursos que buscan reescribir lo ocurrido.

Fotografías: Eduardo Longoni, Orlando Lagos, Agencia Télam, Guillermo Loiácono / Fototeca A.R.G.R.A., EAAF y Rodrigo Abd

Buenos Aires, Argentina.- En un nuevo aniversario del inicio de la última dictadura en Argentina, es indispensable, primero, entender que se trató de una estrategia regional dirigida al Cono Sur. Al mismo tiempo que en nuestro país, gobiernos antidemocráticos estaban al frente en Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia. Lo segundo es que continuar la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia es más importante que nunca.

Las dictaduras fueron parte de un plan sistemático, enmarcado dentro de la Operación Cóndor. Dicha operación se formalizó en una reunión de agentes represivos de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, realizada en Santiago de Chile entre el 25 y el 28 de noviembre de 1975. Según documentos desclasificados, el dictador chileno Augusto Pinochet participó de ese primer encuentro. Se trató de una iniciativa clave de articulación represiva, orientada a perseguir opositores más allá de las fronteras nacionales y garantizar el control político y social en toda la región, con el respaldo del Gobierno de Estados Unidos. Durante estos años, las dictaduras compartían información, coordinaban secuestros y trasladaban prisioneros entre países. Las fronteras dejaron de ser límites, el enemigo era regional y la persecución también.

La estrategia estadounidense buscaba eliminar proyectos políticos enteros. Aprovechando el contexto de la Guerra Fría, en el que el mundo estaba dividido en dos grandes bloques, Washington buscó impedir cualquier avance de proyectos populares, socialistas o de izquierda en América Latina, ya que esto era leído como la expansión del comunismo.

La Revolución cubana había encendido todas las alarmas, por lo que la región pasó a ser un territorio estratégico para Estados Unidos. Pero en esa lógica anticomunista, no se perseguía solamente a las guerrillas armadas. Se señalaba como “subversivo” a sindicalistas, estudiantes, docentes, periodistas, artistas, músicos y militantes sociales. Así, eliminarían cualquier proyecto político que cuestionara el orden económico y geopolítico alineado a los yanquis.

La dictadura cívico-militar argentina

Argentina, bajo la dictadura iniciada por Jorge Rafael Videla, fue una pieza central de esa estrategia de represión, persecución y eliminación. El país se convirtió en base operativa del Plan Cóndor, donde se realizaron reuniones de inteligencia y operativos conjuntos. El resultado fue devastador: treinta mil personas desaparecidas, miles de presos políticos, cientos de centros clandestinos de detención, tortura y exterminio.

Este “disciplinamiento” social permitió aplicar un modelo económico de apertura financiera, endeudamiento externo y desindustrialización que continúa hasta la actualidad. Por otro lado, la estrategia que no hubiera resistencia organizada frente a esas transformaciones.

El plan sistemático también incluyó entrenamiento militar. Varios de los protagonistas de la dictadura se formaron en la Escuela de las Américas, centro de entrenamiento impulsado por el ejército de Estados Unidos por donde pasaron miles de oficiales latinoamericanos desde la década del sesenta.

Nombres como Leopoldo Galtieri, Roberto Viola o Antonio Bussi de Argentina pasaron por sus aulas. Pero no fueron los únicos. También participaron oficiales de Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia. Lo central es qué tipo de entrenamiento recibían en ese lugar enmarcado en la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos.

Los militares fueron formados para pensar la seguridad no desde los intereses de sus propios pueblos, sino desde una estrategia continental diseñada fuera de la región. En lugar de defender la soberanía nacional, se les enseñaba a identificar como enemigo interno a sectores de su propia sociedad. Esta formación ayudó a consolidar la coordinación represiva que luego conoceríamos como Plan Cóndor.

Tejer redes de memoria y resistencia

El escenario de esas décadas fue el de una película de terror. A pesar de eso, hubo personas que se dedicaron a construir herramientas para que nada quedara en el olvido. En Argentina, después de la dictadura, las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo no solo reclamaban por la aparición de sus hijos y nietos, sino que estaban impidiendo que el silencio y la pasividad fueran la regla histórica en el país.

Mientras el Plan Cóndor había coordinado secuestros entre Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil, también empezó a tejerse otra coordinación, pero en un sentido inverso: organizaciones de derechos humanos compartían información, denunciaban en tribunales internacionales, exigían justicia.

El aporte de las Abuelas de Plaza de Mayo ha sido histórico. Su lucha impulsó el desarrollo del índice de abuelidad, una herramienta genética que permitió identificar a nietas y nietos apropiados, aun sin la presencia de sus padres. Esa búsqueda dio origen al Banco Nacional de Datos Genéticos, instrumento único en el mundo, nacido del compromiso de la ciencia con los Derechos Humanos.

En este sentido, el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) fue clave. Con ciencia y compromiso político, comenzaron a identificar restos de personas desaparecidas en fosas comunes. Lo que la dictadura había intentado borrar, volvió a tener nombre y apellido. Esto no fue solo peritaje técnico, se trató de una reconstrucción histórica.

La lucha sigue

Hace unas semanas el EAAF identificó los restos de doce personas detenidas y desaparecidas en el predio donde funcionó el ex centro clandestino de detención La Perla, uno de los principales dispositivos represivos de la última dictadura argentina. El hallazgo fue confirmado por el Juzgado Federal n.^o 3 de Córdoba, en el marco de investigaciones por crímenes de lesa humanidad.

El equipo forense trabajó sobre áreas previamente señaladas por testimonios, documentos e imágenes históricas como posibles sitios de enterramientos clandestinos. Este hallazgo vuelve a poner el foco sobre el funcionamiento de La Perla, por donde pasaron miles de personas durante la dictadura entre 1976 y 1983, muchas de ellas aún desaparecidas. En ese contexto, las tareas del equipo forense continúan, con nuevas excavaciones previstas para seguir localizando restos y avanzar en la reconstrucción de lo ocurrido en uno de los principales centros de exterminio del país. Queda claro que la lucha sigue.

El modelo argentino de juicios por delitos de lesa humanidad se convirtió en referencia internacional: equipos forenses latinoamericanos trabajaron luego en Guatemala, en El Salvador, en Bosnia. La experiencia del Cono Sur empezó a dialogar con el mundo.

En Chile, tras la dictadura de Pinochet, los procesos de verdad y justicia avanzaron con más límites. En Uruguay, durante años rigió la Ley de Caducidad. En Brasil, los juicios fueron casi inexistentes. Cada país tuvo su propio ritmo. Pero en toda la región hubo algo en común: la persistencia de las víctimas y de la sociedad civil.

El objetivo del Plan Cóndor era destruir proyectos colectivos y la respuesta de las organizaciones de derechos humanos fue la de reconstruir una memoria colectiva. La realidad de hoy demuestra que la lucha sigue más vigente que nunca, porque las estrategias de poder cambian de forma, pero no desaparecen. Entender cómo se formaron esas doctrinas permite también reconocer cuándo ciertas lógicas vuelven a aparecer.

La diferencia es que hoy existe algo que antes no estaba con la misma fuerza: la memoria colectiva y la organización social. Gracias a décadas de lucha de los organismos de derechos humanos, sabemos lo que pasó y podemos discutirlo públicamente. Sin embargo, es una bandera que hay que seguir defendiendo.

La historia del Plan Cóndor y de las dictaduras del Cono Sur no pertenece únicamente al pasado. Sus lógicas, sus discursos y sus efectos siguen siendo objeto de disputa en el presente. Por eso, el debate sobre la memoria no es solo un ejercicio histórico, sino también político. En la Argentina actual, estas discusiones vuelven a cobrar centralidad frente a discursos que relativizan o niegan el terrorismo de Estado y buscan desvincular ese proceso de las transformaciones económicas y sociales que aún tienen impacto.

La disputa por la memoria en la Argentina de hoy

En la era de la posverdad, donde la verdad no necesariamente importa, la Memoria es un acto de resistencia fundamental; de los más elementales, se podría decir. Recordar no es vivir en el pasado, sino tener conciencia de lo que ocurrió en nuestra historia y poder enlazarlo con el presente.

En Argentina, el Gobierno libertario de Javier Milei no es el primero en intentar provocar con el negacionismo y machucar la cultura de Derechos Humanos que es abrazada por todo el campo popular. Se trata de una cultura que se inauguró con las Madres de Plaza de Mayo primero y con el enjuiciamiento hacia los genocidas que encabezó el Gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, después.

Sin embargo, la administración libertaria anima el retroceso de las organizaciones sociales y populares en nuestra patria, algo que era impensable en los últimos años. El negacionismo que encarna Milei no solo plantea que el genocidio que desató la última dictadura militar (1976-1983) fue en realidad “una guerra”, sino que lo que ocurrió en esa etapa oscura no tiene nada que ver con nuestro presente.

A pesar de que el concepto de “batalla cultural” nació de la mano de un marxista como Antonio Gramsci, podemos apuntar que el Gobierno libertario implica una contienda al tratar de eliminar la memoria popular y articular nuevamente las políticas sociales y económicas de la dictadura con las medidas que están tomando.

Un ejemplo sencillo es la reforma laboral que impulsó el oficialismo en Argentina, la cual significa una profunda regresión en los derechos básicos de los laburantes, desde limitaciones para las medidas de fuerza y huelga hasta la eliminación de indemnizaciones para facilitar despidos.

La dictadura en nuestro país no solo vino a barrer con toda una generación que tenía la convicción de cambiarlo todo, sino que aprovechó para experimentar medidas neoliberales, que le provocaron al país la destrucción de gran parte de su industria nacional, el empobrecimiento de la mayoría de la población y un endeudamiento externo feroz, que aún hoy sigue condicionando a la Argentina.

Por todo esto, la Memoria no debe ser concebida como un simple homenaje para las treinta mil víctimas del terrorismo de Estado de ayer, sino como un ejercicio en favor de la vida, un ejercicio en favor de la democracia y un ejercicio para el presente y también para el futuro.

El Gobierno de Milei no expresa negacionismo por pura convicción ideológica, sino porque sabe que en nuestro país atacar estos símbolos es atacar la piedra fundamental de la sociedad. Si se olvida lo que ocurrió en la dictadura, también se puede olvidar lo que ocurrió en la Argentina cuando las políticas del Estado favorecieron a los más humildes y necesitados.

El presidente dijo que la “justicia social es una mentira” y que es un “robo” hacia las clases opulentas y poderosas. El ajuste que encabeza su Gobierno no se está realizando únicamente para “acomodar las cuentas” y la macroeconomía. Despedir trabajadores, reducir programas sociales −o incluso eliminarlos−, ajustarles a los jubilados, a las personas con discapacidad u hospitales pediátricos de renombre como el hospital Garrahan, son también una lección moral que busca implantar este Gobierno. Es atacar las bases de un país que por muchas décadas tuvo consciencia de sus derechos, es atacar los derechos de la clase trabajadora, es atacar los preceptos de un Estado presente. Es atacar, por otro lado, los sueños y luchas de los treinta mil.

El martes 24 de marzo, miles y miles salimos a las calles por Memoria, Verdad y Justicia. Se cumplen cincuenta años del último golpe militar, pero también será medio siglo de avances y retrocesos en materia de Derechos Humanos para nuestro país.

La batalla cultural también debe darse en las movilizaciones y no solo en los medios de comunicación. No podemos tirar por la borda tanto camino construido. Insistimos en que la memoria no es pasado, una forma de resistencia corresponde a esta generación y a las que vienen, porque en estos tiempos se vuelve mucho más necesario gritar de nuevo por esa patria que imaginaron los treinta mil compañeros y compañeras desaparecidas, se los debemos.