Vanessa lo denunció siete veces, y en ninguna obtuvo justicia. En Yucatán, las autoridades no han dado una respuesta efectiva ante el acoso sexual, un hecho que manda dos mensajes: el de la impunidad hacia los agresores, y el de la indefensión de las víctimas.

Fotografías: Lilia Balam y Cortesía

Yucatán, México.- Vanessa Barbudo describe los últimos dieciséis años de su vida como «un infierno de injusticia». Desde 2009 ha sido acosada por un sujeto que estudió con ella. Ha presentado siete denuncias contra él, pero solo una llegó ante una jueza, quien ordenó al acosador no acercarse a la víctima durante tres años. Aun así, el hombre sigue contactando a su familia y amistades y subiendo material de ella a sus redes sociales. Aunque Vanessa lo reportó a la autoridad judicial, no le dieron la razón.

El asedio inició cuando Vanessa era estudiante de Ingeniería en Sistemas en el Instituto Tecnológico de Mérida (ITM), en Yucatán. En una clase coincidió con G.S., quien desde el primer momento la incomodó con miradas insistentes. Aunque ella intentó ignorarlo, la situación escaló: él comenzó a seguirla.

Vanessa le dejó claro que no quería tener ningún tipo de relación con él, pero eso no lo detuvo: averiguó la dirección de su casa y se presentó con flores y cartas. También contactó a sus parientes. Ella habló con las autoridades del ITM, quienes, tras comprobar la acusación, suspendieron a G. durante una semana. Pasado ese lapso, la buscó de nuevo.

Ella acudió al psicólogo escolar, quien minimizó la situación diciéndole que «solo era un chavo enamorado» y «no estaba haciendo nada malo». Al no recibir apoyo, la entonces estudiante pidió a sus amistades que la escoltaran a sus clases o a su casa. El sujeto dejó el ITM, pero seguía buscando a Vanessa. La planta docente y la administrativa ya estaban alertas, mas no implementaron medidas para garantizar la seguridad de Vanessa, quien optó por resguardarse cada vez que el hombre iba a la institución. Adoptó esa rutina hasta que se tituló como ingeniera, pero la tortura no acabó allí.

En 2011, G. rastreó a Vanessa hasta la tienda departamental donde laboraba y, en 2013, le llevó flores a la escuela donde recién empezaba a trabajar. También rondaba su casa y le llamaba por teléfono a todas horas. La familia lo reportó y en una ocasión fue arrestado por la Policía Estatal. Tiempo después volvió a asediarla.

Una tarde de 2014, apareció durante una comida familiar y fue tanto el hartazgo que el padre y quien era pareja de Vanessa riñeron con él. Cuando llamaron a la policía, el individuo se fue. Ella denunció ante la FGE, pero no recibió notificaciones de avances en el caso. También pidió una orden de restricción, la cual fue negada. Insegura, dejó de salir sola.

Hubo un período de aparente calma, pero en 2016 el acoso continuó: el sujeto le llevó flores a su casa. Su pareja de entonces se alteró y se generó una trifulca. En esa ocasión la policía sí llegó a tiempo y se llevó a ambos a los separos. Vanessa presentó una nueva denuncia.

Pasaron varias semanas y el individuo volvió a la vivienda. La madre de Vanessa lo descubrió masturbándose en la entrada. Llamó a las fuerzas policiales, pero cuando llegaron, ya se había fugado. Ella amplió su denuncia, pero tampoco recibió informes sobre el proceso judicial.

Desafortunadamente, entonces el acoso no era considerado delito en Yucatán: hasta 2018 fue tipificado en el Código Penal local. Ni siquiera eso contuvo a G., quien ese año dejó en casa de la familia Barbudo dos cuadernos engargolados con fotos tomadas de las redes sociales de Vanessa. Por tercera ocasión, ella denunció ante la FGE, pero el hombre no se presentó al proceso de mediación. Vanessa solicitó medidas de protección y se le otorgó vigilancia durante veinte días. De poco sirvió: el sujeto se presentó de nuevo en su casa.

En 2020, G. dejó sobres con dinero en la casa de Vanessa, quien presentó otra denuncia y pidió una orden de restricción. Sin embargo, le dijeron que «tenían que esperar los resultados de su evaluación psicológica y un juez debía brindar una fecha de audiencia con el imputado para dársela». Le brindaron como medida de protección una orden de auxilio inmediato, para recibir apoyo policíaco cuando lo requiriera, lo que no fue suficiente: irónicamente, el 25 de noviembre, cuando se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el hombre la siguió y agredió en un parque. Esto dio pie a la quinta denuncia y a la segunda solicitud de una orden de restricción, que de nuevo fue negada.

A la par, G. comenzó a difundir fotos y textos con datos personales de Vanessa y su familia en redes sociales. Ella denunció por sexta ocasión. Pidió a las autoridades ayuda para cerrar las cuentas del individuo, pero la Fiscalía le dijo que solo la empresa Facebook podía realizar dicha operación.

La vida de Vanessa ya había cambiado por completo: perdió su privacidad y todo el tiempo estaba alerta, vigilando alrededor. No podía salir tranquila de su hogar y cargaba a todos lados equipo de defensa personal.

Harta y desesperada, hizo público su caso en medios de comunicación locales y escribió a la cuenta de Instagram del gobernador en turno, Mauricio Vila. Personal del Gobierno la contactó, le ofreció apoyo psicológico y le otorgó un asesor jurídico. Ni siquiera eso aceleró el proceso penal y Vanessa entró en depresión.

Finalmente, la denuncia por lesiones y acoso sexual llegó ante el Juzgado de Control en noviembre de 2022, en la que se aprobó un acuerdo de suspensión condicional del proceso: la jueza Silvia Torres prohibió al acosador acercarse a más de trescientos metros de Vanessa y a su familia durante tres años, así como salir de la península de Yucatán. También le ordenó recibir tratamiento en el Centro de Atención y Reeducación para Hombres que Ejercen Violencia de Género en Yucatán y pagar 37 900 pesos como reparación del daño.

Aunque no estaba totalmente de acuerdo con la suspensión condicional, las órdenes de la jueza fueron una esperanza para Vanessa. Intentó rehacer su vida y recuperar la libertad que había perdido. Pero en marzo de este año G. contactó a sus compañeras de trabajo y familiares en redes sociales, también creó un perfil en TikTok para subir videos que ella grababa.

Vanessa solicitó la revocación de la suspensión condicional y presentó una nueva denuncia. Le notificaron que la audiencia de revocación sería ese mismo mes de marzo, pero luego la reagendaron para junio. Vanessa solicitó permiso en su trabajo para asistir, y después de esperar dos horas, una asesora le pidió reprogramar de nuevo la sesión ya que la jueza «había tenido un día pesado» y le tomaría dos horas más atender su caso. Vanessa aceptó y la audiencia fue agendada para julio.

La autoridad judicial le solicitó una carta de los motivos por los cuales quería revocar la suspensión condicional, pero solo le dio tres días para entregarla. En ese momento, el desempeño laboral de Vanessa había bajado e incluso le habían llamado la atención por ello.

«Yo me sentía muy mal, porque otra vez estaba viviendo la pesadilla. Me puse muy mal, estaba emocionalmente cansada. Entonces cuando mi jefe habló conmigo le expliqué. Me tenía que enfocar en el trabajo de nuevo», contó en entrevista para Ceiba.

No redactó el documento en el plazo especificado, pero sí lo elaboró y envió días antes de la audiencia. Además, a la sesión llevó todas las evidencias de que G. contactó a su familia y amistades. Pero la jueza Silvia Torres decidió no revocar la suspensión condicional.

«No sentí nada de apoyo, absolutamente nada. La jueza dijo palabrerías redundantes, que no podía revocar la suspensión condicional porque no se ha corrompido dicho acuerdo. Ella tomó una decisión sin tomar en cuenta todos los antecedentes ni mi sentir. Siento que solo quería terminar y pasar carpeta en este caso. Pero ya son dieciséis años de acoso, ya no puedo más, y este sujeto no ha recibido su castigo», expresó Vanessa.

Además, el 8 de marzo de 2024, Vanessa recibió un citatorio de la FGE y uno de los fiscales, Manuel Moo, le explicó que G. la denunció presuntamente por «mentir» respecto al caso de acoso. En su momento ambos pensaron que solo fue una estrategia para volver a contactar a Vanessa. Ella no acudió a la cita. Hasta ahora no ha recibido más información al respecto.

Desde 2018 y hasta noviembre de 2025, cuando el acoso sexual fue tipificado en el Código Penal de Yucatán, en Yucatán se abrieron 276 carpetas por ese delito en la Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE). De estas, 95 se encontraban en investigación y 181 fueron archivadas, de acuerdo con información proporcionada por la FGE a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

Según el Consejo de la Judicatura, en este periodo de tiempo, solo seis carpetas llegaron a vinculación a proceso y una se resolvió por acuerdo reparatorio, aunque la Fiscalía sostiene que de 2020 a 2025 se judicializaron diez carpetas. Ambas instituciones confirmaron en solicitudes de acceso a la información que ninguna carpeta ha llegado a sentencia condenatoria.

El Código Penal de Yucatán establece penas de dos a cuatro años de prisión y de cien a quinientos días de multa a quienes cometan el delito de acoso sexual. Además, las víctimas deben recibir la reparación del daño si requirieron algún tipo de atención especializada, como la psicológica, o si tuvieron que abandonar la escuela o el trabajo por el acoso.

«Me sentía muy mal, otra vez estaba viviendo la pesadilla»

¿Significa justicia la apertura de 276 carpetas?

Fátima Schiaffini, oficial de proyectos en el Área de Prevención de la Violencia y Discriminación en la organización Equis Justicia, considera que no, principalmente porque las mujeres no son tratadas en igualdad de condiciones cuando el sistema de justicia es patriarcal y revictimizante, sobre todo con las víctimas de delitos sexuales, a quienes les carga la responsabilidad de la prueba.

«Cuando te nombras víctima de un delito sexual, cargas con todo el peso social. Se vuelve muy desgastante que, después de sufrir un hecho que te lastimó, tengas que demostrar frente a un sistema que eres víctima. Y no solo es la denuncia, en la que hay que someterse a peritajes y probanzas que se vuelven un martirio, sino toda la violencia institucional que perpetúa la violencia sexual y no permite llegar a una verdadera reparación. Nosotras no tenemos que demostrar que fuimos víctimas, sino los agresores deben demostrar que no lo son. La justicia debe garantizar eso para las mujeres», señaló Fátima.

A la par, no se cumplen las expectativas de que sea pronto, expedito, completo e imparcial, porque está «totalmente rebasado», además de que no es accesible ni completamente abierto a la ciudadanía. «Solamente las personas que estudian Derecho conocen de esto, no hay claridad sobre los procesos ni sobre las vías que las mujeres tienen para acceder a la justicia y eso es una deuda con el derecho de acceso a la información», sostuvo la especialista.

Y aunque en los últimos años ha habido avances en cuanto al acceso a la justicia con perspectiva de género, lo cierto es que las instituciones suelen pensar que solo el juicio debe tener ese enfoque, cuando en realidad cada parte del proceso, desde la denuncia, debe implementarse con sensibilidad para atender a las víctimas de violencia.

«Falta mucho por capacitar a las personas servidoras públicas porque está tan normalizada en nuestra sociedad la violencia de género que nos volvemos insensibles y en ocasiones se maltrata a las víctimas», indicó y agregó que la respuesta judicial no debe limitarse a las sanciones: debe ser minuciosa con los procesos de reparación del daño y de no repetición.

Prevención y acceso a la justicia: las asignaturas pendientes

En abril de 2022, las yucatecas se sumaron a la movilización nacional por la muerte de Debanhi Escobar y las mujeres desaparecidas, para exigir alto a todas las violencias de género.

¿Qué se puede hacer para mejorar el acceso de las víctimas de acoso sexual a la justicia? Para Amelia Ojeda, abogada de la Unidad de Atención Psicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal (UNASSE A.C.), no necesariamente se requeriría aumentar las penas en la ley, pues «volveríamos a tratar de resolver todo con el derecho penal que no es una herramienta eficiente para prevenir, atender y eliminar las violencias que vivimos las mujeres».

Lo urgente es implementar políticas públicas que apuesten por la prevención de esas violencias. Además, las instancias encargadas de atender esos casos, como las fiscalías y los cuerpos policíacos, deben actuar de manera eficaz y con perspectiva de género.

«En la medida en que existe el delito y no hay una respuesta efectiva hacia las víctimas se mandan dos mensajes que alientan esa conducta: uno, el de la impunidad hacia los agresores, que aunque haya un delito no pase nada y puedan seguir cometiéndolo. Y dos, el de la indefensión de las víctimas, que aunque denuncien no van a obtener un resultado favorable», precisó la abogada.

Además, los procesos de acceso a la justicia deben ser abiertos y accesibles, diseñados de manera cercana a la ciudadanía, propiciando el diálogo con las víctimas, añadió Fátima. «La justicia tendría que transitar a la simplicidad, que no se vuelva este camino empedrado para las mujeres víctimas», recalcó.

Mientras tanto, Vanessa teme por su vida: en noviembre concluyo el plazo de la suspensión condicional y presiente que su acosador seguirá sin castigo mientras ella, nuevamente, perderá su libertad y su seguridad.