Sobre Venezuela se dicen muchas cosas. Con frecuencia, se impone una sola versión de la historia, con lecturas que simplifican la complejidad de un territorio atravesado por décadas de disputas políticas internas y agresiones externas. ¿Qué significa hablar de aborto en un país que vive en esa tensión permanente? Este reportaje parte de un lugar distinto: el de las mujeres que, en el marco del proceso de transformación social iniciado con Hugo Chávez, se organizan para informar y acompañar a quienes viven un aborto en un contexto donde está penalizado, tanto en el Código Penal como en amplios sectores de la sociedad.

Fotografías: Archivo Feministas en Acción Libre y Directa por la Salud Sexual y Reproductiva-FaldasR / y archivo de la Hemeroteca Nacional de Venezuela

Caracas, Venezuela. – El aborto suele presentarse como algo ajeno a la vida cotidiana, pareciera una excepción, un hecho marginal. Sin embargo, en sociedades donde menstruar es una experiencia compartida por millones de personas, abortar es una posibilidad siempre latente no como tragedia inevitable, sino como parte de la trama de decisiones, condiciones materiales y relaciones de poder que configuran nuestras vidas. Invisibilizarlo profundiza el miedo y el aislamiento. En cambio, nombrarlo como experiencia común es, en sí mismo, un acto político.

En un contexto global marcado por el avance de la ultraderecha, el endurecimiento conservador y nuevas formas de autoritarismo, resulta decisivo visibilizar las alternativas que se construyen para enfrentar aquello que persigue, daña y estigmatiza los cuerpos. Este reportaje no se inscribe en la narrativa hegemónica del drama o la revictimización, sino en el reconocimiento de la organización colectiva y la construcción de horizontes emancipatorios. En Venezuela, el derecho al aborto aún no es una demanda masiva, pero eso no significa que no exista una lucha en la que cada avance cuenta.

Leyes arcaicas que imponen el castigo

En Venezuela, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo sigue estancado por una legislación centenaria. El Código Penal de 1926, aunque ha sido modificado parcialmente, mantiene intactos sus fundamentos. En los artículos432 y 434, se establecen penas que oscilan entre los seis meses y cinco años de prisión para la mujer que aborta y para quien la asiste, incluso se agrava el castigo si quien asiste es personal de salud. La ley venezolana contempla una única excepción para que el aborto sea una práctica legal: cuando este es indispensable para salvar la vida de la mujer (Art. 435), e ignora excepciones como la violación, el incesto o las malformaciones incompatibles con la vida.

La norma conserva, además, un lenguaje arcaico y patriarcal. El artículo 436 reduce la pena si el autor del aborto lo hace para “salvar su propio honor o la honra de su esposa, de su madre, de su descendiente, de su hermana o de su hija adoptiva”. Esto obedece a una lógica jurídica de principios del siglo XX en la que la protección de la honra masculina reconocía atenuaciones de penas por feminicidios cometidos por causas de honor, arrebato, intenso dolor u otras figuras similares. Esto evidencia que, para el sistema legal venezolano, el honor y el prestigio social masculino pesan más que la soberanía de las mujeres. Este marco punitivo es anacrónico y choca con la realidad: las mujeres abortan, lo han hecho siempre y lo seguirán haciendo. La penalización no evita el aborto, solo lo vuelve clandestino, desigual y peligroso.

Una Constituyente que dejó un campo abierto

Tras la victoria electoral de Hugo Chávez, la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 fue un hito. El Movimiento Amplio de Mujeres (MAM), una coalición heterogénea de militantes feministas, logró algo inédito constitucionalmente: la incorporación de lenguaje no sexista, la igualdad entre los sexos ante la ley, el reconocimiento del trabajo doméstico como actividad económica que produce riqueza y una victoria clave: impedir que en la nueva Constitución el derecho a la vida se consagrara “desde la concepción”. Aunque durante los debates sectores conservadores y religiosos trataron de imponer que se incluyera explícitamente esa fórmula, la fuerza de las diputadas constituyentes logró una redacción neutral: “El derecho a la vida es inviolable” (Art. 43), sin definir su inicio.

Además, el artículo 76 reconoció derechos sexuales y reproductivos, otorgando a las parejas el derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos e hijas que desean concebir, a acceder a la información y los medios necesarios para hacerlo. Aunque la redacción menciona a las parejas, en la práctica las mujeres pueden tomar decisiones autónomas sobre prevención y anticoncepción, sin necesidad de autorización del cónyuge ni de una vida en pareja. Aunque el aborto no fue legalizado, la Constitución dejó un campo abierto que hoy establece uno de los principales argumentos jurídicos para impugnar la inconstitucionalidad de la penalización vigente.

Así, Carmen García y Magdalena Valdivieso registran que en 2004 el MAM presentó ante la Asamblea Nacional una propuesta que incluía “la despenalización de la interrupción del embarazo y un conjunto de propuestas referidas a delitos sexuales, contenidas en instrumentos internacionales de derechos de género” se puede corroborar esta información en las páginas 149 y 150 de este documento.

Con ese mismo argumento, en 2018, diversas organizaciones introdujeron un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) solicitando la nulidad de los artículos del Código Penal que criminalizan el aborto. Sin embargo, más de siete años después, la Sala Constitucional no se ha pronunciado.

Pero la lucha no se detiene. El 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, nacido en América Latina y el Caribe, se ha ido consolidando como una fecha central en el calendario político del movimiento feminista venezolano. En los últimos años, organizaciones, colectivas y redes de acompañamiento han realizado actividades, acciones y movilizaciones en las calles para exigir la despenalización del aborto y visibilizar los riesgos evitables.

En el marco de esta fecha, en 2022, al finalizar una jornada de movilización, el movimiento de mujeres introdujo ante la Asamblea Nacional un proyecto de Ley Orgánica sobre Derechos Sexuales y Reproductivos, dando un paso concreto en la pelea institucional para prevenir muertes por abortos inseguros. Estas iniciativas se inscriben en una trayectoria política propia, en la que las organizaciones continúan día a día la batalla social, cultural y legal para conseguir la despenalización.

También ha habido conquistas silenciosas que protegen y salvan vidas. En 2013, el Ministerio del Poder Popular para la Salud publicó la Norma Oficial para la Atención Integral de la Salud Sexual y Reproductiva, la cual obliga al personal de salud a atender de manera inmediata, confidencial y humanizada a mujeres y adolescentes con abortos espontáneos o inducidos, priorizando la prevención de complicaciones y la reducción de la mortalidad materna. Esto constituye un avance concreto en términos de salud pública y ética médica. En un contexto de penalización, estas disposiciones han sido claves para salvar vidas de mujeres cuando asisten a los hospitales públicos.

Construir desde dentro

En Venezuela, desde 1999, se han concretado avances institucionales significativos: la creación del Instituto Nacional de la Mujer, el Ministerio de la Mujer, la Ley Orgánica del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Banco de la Mujer, entre otros. Logros que sin duda ampliaron la estructura del Estado y que es justo reconocer, pero sin perder de vista el contraste entre esos avances estructurales y el persistente estancamiento en el reconocimiento de la soberanía reproductiva.

Manuela, quien utiliza este nombre ficticio por razones de cuidado y seguridad, es militante feminista e integrante de Feministas en Acción Libre y Directa por la Salud Sexual y Reproductiva (FaldasR), organización de acompañamiento en abortos autogestionados en Venezuela. En entrevista con Ceiba, periodismo con memoria, recuerda que “en el conjunto de medidas que se tomaron desde el Estado y desde la Revolución para garantizar derechos de las mujeres, hubo momentos más habilitados para el debate. Hubo avances en garantías de derechos de las mujeres: centros de atención de mujeres que vivían en situaciones de violencia, acompañamiento para las lideresas, formación, creación del Banco de la Mujer, centros de atención integral. Todo eso da cuenta de un interés por generar espacios tanto desde la institucionalidad, como desde las organizaciones que estaban impulsando cambios”.

En ese escenario de logros, FaldasR no se ha apartado del proyecto bolivariano. Desde lo organizativo reconocen los avances institucionales, pero sin renunciar a su militancia concreta: “Nuestra lucha no es únicamente la despenalización del aborto, hacemos todos los días cosas para eso, hemos ido aportando y generando debates, intentando transformar la subjetividad en torno a eso. La Revolución bolivariana ha transformado la vida y la subjetividad del pueblo venezolano en muchos aspectos, poder reconocer eso también implica que estamos haciendo una apuesta y estamos disputando a lo interno y a lo externo. No vamos a renunciar a la Revolución porque no responde a un elemento que nosotras consideramos que debería estar garantizado por ser un derecho. Eso no significa que no haya un montón de condiciones que nos permitan hacer esta lucha, porque sin todas estas otras condiciones sería mucho más difícil. Lo podemos ver ahora en la gran avanzada regional y mundial del pensamiento conservador y de la derecha más reaccionaria”, explica Manuela.

La experiencia que narra Manuela es la de participar y crear en medio de la tensión. Una tensión que no fractura, pero que existe. Y desde esa contradicción viva, intentar construir caminos para la autonomía reproductiva dentro de un proyecto de transformación nacional.

Acompañar para vivir: una política del cuidado

Frente a la criminalización, las mujeres se organizaron. Como en otros países de Nuestramérica, surgieron colectivas de acompañamiento: una respuesta soberana, popular y autónoma, construida desde abajo, que convierte el cuidado en una práctica política. Se basan en información segura validada por la OMS sobre el uso de medicamentos para interrumpir un embarazo. Un conocimiento que tiene su propia historia nació hace décadas entre mujeres pobres de Brasil, tejido desde la experiencia, la necesidad y el riesgo. Con los años se sistematizó, se compartió, cruzó fronteras. Así se extendió por América Latina, el Caribe y otras regiones del mundo, como parte de la solidaridad feminista que trasciende límites.

Las redes de acompañamiento no solo brindan información, sino que evitan que las mujeres sean estafadas por redes clandestinas o por personas que ofrecen información peligrosa. Cuando el aborto es ilegal, el acompañamiento posibilita que las mujeres tengan una información confiable para que abortar no represente un peligro para ellas.

Acompañar es una decisión militante, implica tiempo, formación, contención emocional y una ética del cuidado sostenida en condiciones adversas, las de la propia penalización legal o social del aborto, sumadas al bloqueo económico, la agresión imperialista y los ataques a la soberanía. La conjunción de estos elementos hace que conseguir información confiable y segura sea mucho más cuesta arriba y que acompañar sea un acto de resistencia.

FaldasR nace en 2011 como Línea Aborto: Información Segura. Manuela cuenta: “Hubo un proceso de preparación, una de las primeras cosas era formarnos, saber cómo se organizaba el servicio, en qué consistía, qué necesitábamos. Ya en la región existían líneas como la de Argentina, Ecuador y otras. Empezamos a conversar con las compañeras ecuatorianas y nos dieron las primeras orientaciones y, en función de eso, se organizó este primer grupo”.

Se articularon con la Araña Feminista, la Escuela de Feminismo Popular y Alba Movimientos, espacios que compartían la identidad en torno a la Revolución bolivariana, pero donde el tema del aborto era una contradicción a debatir internamente. “Siendo plataformas con distintas miradas, estrategias, perspectivas, a todos y a todas nos unía el acuerdo en torno a la Revolución bolivariana como proyecto, como proceso. Sabíamos que el tema del aborto estaba penalizado y no se impulsaba desde la política de Estado. No éramos las únicas que teníamos contradicción con eso, en definitiva, implicaba mover internamente los procesos. Estamos en ese camino de construcciones, en un terreno de disputa, de sentido práctico que hay que construir también”.

El aborto es una práctica que puede transformar sentidos, es política radical y no está libre de riesgos. Sin embargo, a pesar del contexto de penalización, Manuela nos dice que “muchas veces es complejo, es duro, hasta diría que es doloroso. Tiene que ver también con la forma en la que una construye políticamente, la práctica cotidiana del acompañamiento hace parte de cómo concebimos la política. Nosotras hacemos una práctica que ha sido sostenida a lo largo de casi quince años y que nos ha permitido generar todo un acumulado de saberes, de experiencias de organización, de vínculos con otras organizaciones, tanto en Venezuela como en la región”.

Bloqueo, crisis y reorganización

Las dinámicas del poder global también niegan la autonomía sobre los cuerpos. En Venezuela eso ocurrió a partir de 2015, cuando Barack Obama, expresidente de EE. UU. declaró al país como «amenaza inusual y extraordinaria» e impuso un bloqueo que impedía vender petróleo, importar alimentos y, también, acceder a medicamentos esenciales. Conviene recordar que ese decreto ha sido prorrogado periódicamente, la última vez en febrero de 2026. La escasez de anticonceptivos, el colapso de los servicios de salud, la migración forzada por la crisis económica y la precarización de la vida golpearon con fuerza a las mujeres y a las familias más pobres. En ese contexto, hablar de «responsabilidad individual» a la hora de prevenir un embarazo resulta muy injusto.

Manuela recuerda la manera en la que “el bloqueo hizo una diferencia notoria tanto a nivel orgánico como a nivel social. En concreto, hubo momentos en donde no había acceso a los métodos anticonceptivos, no había forma de adquirirlos. Quedar embarazada en ese contexto era sumamente complejo. No había ingreso al país de métodos, la política pública no daba abasto para solventar las situaciones porque no tenían los insumos y la vía privada tampoco. Era desesperante. En esos momentos, la Línea recibía muchísimas más llamadas, era muy evidente el impacto”.

Los números lo confirman: entre 2015 y 2018, el 69 % de las mujeres atendidas en la Línea admitía no haber utilizado ningún anticonceptivo durante la relación que derivó en el embarazo. ¿Cuál era la razón? Un 43 % de esos casos indicó que era la falta de disponibilidad en farmacias, seguido del abandono del método o de transiciones forzadas entre un anticonceptivo y otro, motivadas por el alto costo o la imposibilidad de conseguirlos.

Hoy, el acceso a ciertos métodos anticonceptivos se ha ido estabilizando, pero la mayoría sigue siendo inaccesible para una parte de la población por los altos costos. Hay más disponibilidad respecto a los años más duros de desabastecimiento, pero la autonomía reproductiva sigue condicionada. Los datos del informe de FaldasR de 2024muestran que casi un 43 % de las consultadas no usó ningún método y, aunque es una cifra menor que en 2018, sigue reflejando la dificultad de la continuidad en el uso de anticonceptivos por su costo.

Por otra parte, el bloqueo y la inducción de la crisis económica impidieron importar medicamentos esenciales. Entre ellos, el misoprostol, un fármaco que se usa para inducir abortos, pero que también es fundamental en la atención de emergencias obstétricas, como hemorragias que ponen en riesgo la vida de las mujeres, incluso en embarazos deseados.

Frente a esta realidad, FaldasR se reestructuró y creó una nueva área de trabajo, la Ruta por la Sexualidad Responsable y Placentera para prevenir embarazos no intencionales. Manuela explica cómo “a partir de esta situación tratamos de articular con otras organizaciones fuera de Venezuela para que nos pudieran dotar de métodos anticonceptivos, para acompañar a las comunidades en procesos de formación sobre sexualidad y anticoncepción”.

Pero la crisis no solo afectaba a quienes llamaban a la Línea. También afectó a las propias acompañantes. Manuela lo cuenta con honestidad: “A nivel orgánico implicaba tener que dedicarle mucho más tiempo a resolver cosas de la materialidad: buscar más trabajos de los que antes necesitábamos para poder mantenernos, resolver un montón de cosas. Eso, conjugado con la militancia, nos empezó a atravesar. Empezamos con la Ruta por la Sexualidad, pero en ese contexto se complejizaba nuestra práctica: dar talleres, ver dónde conseguíamos métodos anticonceptivos, cómo los traíamos al país, cómo los comprábamos o cómo alguien nos los donaba. Era una situación muy angustiante, había muchísimas más llamadas a la Línea, muchas más mujeres desesperadas por conseguir un método”.

La militancia se sostuvo en condiciones materiales y emocionales extremas. Apenas en los últimos años, tras las alternativas que encontró Venezuela para sortear el bloqueo y recuperar parte de su economía, la situación comenzó a revertirse. Pero la calma, en medio de un proceso que representa un obstáculo a la avanzada colonial en América Latina y el Caribe, es frágil.

Hoy, la incertidumbre reina otra vez. Ante los nuevos escenarios abiertos tras la agresión militar de EE. UU., el secuestro del presidente y de la diputada y primera combatiente, más la demostración de la intención del agresor de adueñarse del petróleo venezolano, vale la pena considerar preguntas como la que se hace Fabiana, identificada con este nombre ficticio por razones de seguridad, quien es militante y acompañante en la Línea Aborto: Información Segura: “¿Podremos tener un territorio soberano y decidir sobre nuestras vidas?”. Para ella, lo ocurrido no fue un episodio sin consecuencias, “no fue quirúrgico, no es algo que es aislado, nos atravesó a todas, generó un impacto directo en decisiones cotidianas que parecen personales o mínimas, como el hecho de un embarazo, pero que tienen una repercusión en las decisiones que se toman a futuro.” En ese cruce entre el impacto de la geopolítica sobre las naciones, el acompañamiento vuelve a situarse como un apoyo fundamental.

La Línea no se detuvo, no se detiene

El 3 de enero de este año, cayeron bombas sobre instalaciones militares y civiles en Caracas, estados La Guaira y Miranda. El presidente Nicolás Maduro y su compañera y diputada Cilia Flores fueron secuestrados en una intervención extranjera ejecutada por EE. UU., un ataque directo a la soberanía venezolana.

Ese día, como todos los demás, los mensajes a la Línea Aborto: Información Segura siguieron llegando. El acompañamiento no se detuvo. En medio del miedo colectivo, las demandas de las acompañadas se transformaron: solicitud de respuestas más inmediatas, contención, escucha, que alguien dijera que el proceso saldría bien. Desde la Línea no se pregunta por la posición política de quien llama; la preocupación principal es resolver un embarazo no deseado. Sin embargo, tras esos días, las acompañantes percibieron algo distinto: una necesidad un poco más desesperada que lo habitual de ser escuchadas y no sentirse solas.

Es necesario mencionar que las emociones, sobre todo de quienes habitaban en las zonas bombardeadas, estaban a flor de piel. Fabiana lo explica al recordar que “el contexto de diciembre es de fiesta, la intimidad sexual aumenta y eso implica que normalmente hay un repunte en los casos en enero. Pero después del 3 de enero lo que hemos vivido desde la Línea, que no ha parado de atender, es que las chicas nos contactaban con un mayor nivel de ansiedad, de necesidad de compañía, de atención y de contención continua. Eso genera también un nivel de angustia mutua”.

El bombardeo no es un hecho aislado ni debe ser olvidado. Forma parte de una dinámica mundial de arbitrariedad, donde el derecho internacional pierde vigencia y las potencias imponen su voluntad mediante la fuerza. Manuela sitúa el momento en un escenario más amplio: “Creo que es un momento muy desafiante, no solamente por lo que pasa en Venezuela, que tiene unas características particulares, sino por lo que está pasando a nivel regional y mundial: el avance tan significativo de la derecha, de proyectos reaccionarios en lo político, lo social, lo cultural, toda una vuelta a narrativas muy conservadoras, a los valores tradicionales… Es como si hubiese habido una reacción a un momento de efervescencia, de avance del feminismo en la región. Una respuesta super reaccionaria y violenta. Venezuela es uno de los pocos lugares de la región donde un proyecto revolucionario, que se reconoce socialista y de izquierda, sigue vigente y sigue disputando sentidos. Pero toda esta ola más reaccionaria también está en Venezuela, no es ajena, se empiezan a colar esos discursos”.

Si la reflexión de Manuela muestra el complejo panorama político del momento, Fabiana lo traduce desde sus sentimientos: “Un bombardeo directo como el que vivimos se siente como que te invaden tu propia casa, tu cuerpo, que te violan. Y eso de por sí ya genera angustia, no saber qué va a pasar, si quienes llaman van a poder conseguir el medicamento o si van a poder captar de este lado de la Línea una persona que se comunique en ese momento complejo”.

La agresión de EE. UU. y el cerco internacional afectan también los tiempos y las prioridades de las luchas populares. Resistir para garantizar la paz y la estabilidad del territorio a veces consume toda la energía, otras veces se deciden postergar demandas. Sin embargo, incluso en ese escenario, a pesar de las agresiones externas, el Poder Popular sigue fortaleciéndose, las organizaciones sociales siguen vivas, siguen construyendo. Pero hay una verdad: ante esta situación el debate por la soberanía reproductiva no tiene el mejor escenario.

Despenalizar el aborto: una batalla cultural

El desafío es enorme. El fortalecimiento de las iglesias y del conservadurismo han reforzado discursos antiderechos, que atacan tanto el aborto como la educación sexual integral. Venezuela es un Estado laico, pero la batalla cultural es profunda, sobre todo en los sectores populares, donde la fe también cumple un rol comunitario fundamental.

Datos aún no publicados por FaldasR, pero que compartieron con Ceiba para este reportaje y serán analizados en su próximo informe, relativo a 2025, desmontan la creencia de que las mujeres con identificación religiosa tienen posturas contrarias al aborto. Un 93 % de las mujeres que contactaron a la Línea en 2025 y afirmó ser practicante de una religión,está de acuerdo con que el aborto sea legal en todas sus causales. La experiencia concreta del aborto desborda los discursos tradicionales y muestra que profesar una religión cuyas autoridades condenan la práctica del aborto no implica necesariamente oponerse a ese derecho.

Manuela recuerda una experiencia en espacios de articulación entre movimientos sociales diversos: luchas por la vivienda, la tierra, la producción, la soberanía alimentaria, el antirracismo y la diversidad sexual. “En una organización campesina, tras abrir el debate, una compañera evangélica nos dijo: ‘miren chicas, yo soy cristiana evangélica y estoy en contra del aborto, pero como es mandatorio en mi organización tener un espacio para conversar de esto, yo lo voy a abrir y lo vamos a conversar más allá de mi postura personal’. Después de conversarlo, ella misma reconoció ‘yo tenía otra visión y ahora que lo conversamos, sigo estando en desacuerdo, pero no estoy en desacuerdo con la despenalización’. Eran cosas que para ella antes eran muy contradictorias, era ‘yo no estoy de acuerdo personalmente, pero luego lo que haga otra gente, en definitiva, es su decisión”.

Hablar: el primer paso para despenalizar

La penalización del aborto y la batalla política por construir realidades donde la reproducción sea vivida sin imposiciones exige seguir mirando las distintas caras de un mismo problema. Queda mucho por profundizar, pero lo planteado en este reportaje es la llamada a un debate sincero ante el peligro de la avanzada reaccionaria en la región. Una revolución por sí sola, no garantiza todos los triunfos del pueblo, y menos en medio de décadas de presiones internacionales para que fracase. Frente a las contradicciones internas, las luchas por los derechos no deben dejar de estar presentes.

En este contexto, surgió el acompañamiento feminista y la participación en diversos espacios de articulación. Hoy, en la lucha por la despenalización, se abre otro debate: no es solo la pelea jurídica la que va a garantizar un derecho, la batalla ideológica y cultural también debe estar presente para que las victorias sean irreversibles. Sobre esto, Manuela señala: “es algo que nos estamos preguntando constantemente desde los feminismos, desde las organizaciones ¿cómo podemos disputar a lo interno el tema de la despenalización del aborto? Esto es algo que no solamente se logra a nivel institucional. Hemos visto, por ejemplo, que en EE. UU. un derecho que se creía ganado y garantizado para siempre tuvo un retroceso. En Argentina también ha habido planteamientos de eliminar la ley de aborto. Los derechos se tienen que estar luchando y defendiendo todo el tiempo, sobre todo con el avance de los discursos tan reaccionarios, tan de derecha”.

Manuela comparte también una reflexión que apunta hacia otro lado y es que no se trata solo de exigirle al Estado, sino también de evaluar responsabilidades internas en el movimiento. “Un elemento clave en Venezuela es poder identificar cómo podemos ir socializando este debate que todavía es una deuda de la Revolución. Es muy importante identificar, como militantes, que también es nuestra responsabilidad. No se trata solamente de decir ‘es que el Estado no hace nada’, sino preguntarnos como organizaciones cómo podemos disputar ese sentido y qué responsabilidad tenemos también en ese avance. Porque el derecho al aborto no se va a garantizar únicamente con una despenalización o con un anclaje institucional. Tiene que haber una despenalización social”.

Para avanzar es necesario hablar cotidianamente sobre el aborto. Acompañar y construir también con las mujeres que encuentran en las religiones un lugar para existir, con los movimientos sociales, con las estudiantes, las campesinas, en espacios institucionales y comunitarios. Con todas, todos y todes. Porque no se trata solo de legalización, se trata de transformar la hegemonía cultural, romper el estigma, desmontar la idea del aborto como un hecho vergonzoso o un pecado, que no requiere atención, cuidado y acompañamiento colectivo.

Cuando se le pregunta por el futuro, Fabiana comparte su deseo “quisiera un país donde abortar sea seguro, legal y no esté mal visto, en el que las mujeres no se sientan obligadas a maternar y no tengan que recurrir a métodos inseguros, en el que, además, la mortalidad materna pueda disminuir. Quiero un país donde el juicio no caiga sobre las mujeres por haber quedado embarazadas, por tener vida sexual, en el que podamos decidir con mayor libertad sobre nuestra sexualidad y nuestra reproducción sin tanto prejuicio”. Su horizonte apunta a un cambio cultural donde la autonomía reproductiva no sea anómala ni sospechosa.

La lucha continúa, con los ritmos, cuerpos, saberes, estrategias y formas de organización que emergen desde cada territorio. Ni el bombardeo, ni las sanciones económicas, ni la ausencia de respaldo legal han detenido la labor de las venezolanas. Quince años después, FaldasR sigue presente: educando a través de talleres, fortaleciendo tejido social, articulando con otras organizaciones y acompañando a quien desea interrumpir un embarazo no planificado con información segura.