A pesar de que la jornada de concientización sobre la gravedad del abuso sexual y maltrato infantil implementada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) nació como una garantía de no repetición tras el caso de violencia sexual sistemática en contra de niñas y niños del preescolar Marcelino de Champagnat, la estrategia no ha logrado posicionarse como una herramienta de protección real para la niñez mexicana.

Fotografías: Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI)

Yucatán, México.- La jornada de concientización sobre la gravedad del abuso sexual y maltrato infantil implementada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) nació como una garantía de no repetición, tras el caso de violencia sexual sistemática en contra de niñas y niños del preescolar Marcelino de Champagnat. Sin embargo, la estrategia no ha logrado posicionarse como una herramienta de protección real para la niñez mexicana y enfrenta obstáculos de ejecución, de acuerdo con la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI), organización que asesoró legalmente el caso.

El caso se remonta a 2018, cuando madres y padres de alumnado de entre tres y cinco años de edad del preescolar Marcelino de Champagnat, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, acudieron a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), de la Fiscalía General de la República (FGR), para presentar 57 denuncias por abuso sexual, violación y pederastia en contra de personal de la escuela.

Tras realizar las investigaciones en 2019, el entonces juez de distrito en el Centro de Justicia Penal Federal, Jesús Eduardo Vázquez Rea, dictó la primera sentencia: un docente de educación física admitió su responsabilidad en uno de los casos, accedió a un procedimiento abreviado y fue privado de su libertad durante seis años y nueve meses.

En 2021 ocurrió un gran avance: Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, entonces juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal, sentenció a un trabajador de apoyo técnico pedagógico, señalado como el principal agresor, por su responsabilidad en los delitos cometidos contra dieciocho niñas y niños.

Aunque, de acuerdo con la Constitución Federal y el Código Penal Federal, la pena máxima que se puede imponer a una persona es de sesenta años, el juez decidió sumar las penas que debían recaer sobre el sentenciado para visibilizar la gravedad de los hechos cometidos contra cada niña y niño: el equivalente a 494 años y 9 meses de prisión.

A la par, el juez dictó once medidas de reparación, entre acciones de rehabilitación, compensación y satisfacción. Del primer tipo ordenó atención psicológica y psiquiátrica gratuita para las víctimas directas e indirectas. Del segundo tipo, se exigió cubrir los gastos que las familias hicieron para acceder a la justicia, es decir, los que destinaron a servicios médicos, peritajes y asesoría jurídica.

También se estableció un monto de compensación por daño inmaterial, cuyo pago quedó a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), como responsable solidaria, ya que el sentenciado no pudo cubrirlo.

Entre las medidas de satisfacción, se ordenó a la Secretaría de Educación Pública (SEP), disculparse públicamente por los hechos ocurridos. Esto corrió a cargo del titular de la institución, Mario Delgado, y el de la Autoridad Educativa Federal, Luciano Concheiro, el 28 de agosto del año pasado.

Pero uno de los puntos que sentó un precedente fue la orden de una medida de no repetición, que implicaba el establecimiento de un día en el calendario escolar para realizar acciones de concientización respecto al abuso sexual infantil. Fue así como nació la jornada de concientización sobre la gravedad del abuso sexual y maltrato infantil. Pero, aunque la iniciativa parece buena, la ODI considera que no es del todo eficiente ni funcional.

Las omisiones de la SEP para prevenir el abuso sexual infantil

De acuerdo con la sentencia emitida por el juez, la jornada debe realizarse el segundo lunes hábil de cada ciclo escolar, bajo la lógica de que las niñas y niños víctimas de abuso sexual en el Marcelino Champagnat fueron vulnerados precisamente durante su ingreso al instituto.

“Es muy importante que en cuanto entren a la escuela se les brinden herramientas a las niñas, niños, a sus mamás, papás, tutores y al personal docente para prevenir, identificar y actuar frente a esta violencia sexual infantil”, sostuvo en entrevista Lucía Muedano, abogada de ODI.

La primera de las jornadas se llevó a cabo el 8 de septiembre de 2025. Sin embargo, de acuerdo con la ODI, hasta ahora la SEP no ha publicado los resultados de la actividad, que debió realizarse en todas las escuelas públicas y privadas de educación básica del país. La asociación ha tenido que solicitarla, pero no ha obtenido respuesta.

“Nos han comentado que la tienen, pero no la han hecho pública. Y es información que tendría que hacerse pública, porque al final deriva de una garantía de no repetición y no solamente impacta a las niñas y niños sobrevivientes del caso Marcelino, sino a estudiantes de educación básica en todo el país”, indicó Muedano.

Esto toma mayor relevancia en el contexto mexicano, que muestra un aumento de 374 % en la atención hospitalaria por violencia contra menores de 2010 a 2024. Tan solo en 2024, 32.7 % de las niñas, niños y adolescentes atendidos fueron víctimas de agresión sexual. Las mujeres constituyeron el grupo más afectado con el 92.8 % de los casos, de acuerdo con datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

Hasta ahora, la ODI ni siquiera ha podido confirmar si la jornada se realizó en todas las escuelas del país. Aunque la SEP afirma que se llevó a cabo en 235 000 escuelas, esta cifra contradice el número de planteles existentes que la propia dependencia reportó.

“Nos estaba diciendo que se llevó a cabo en todas las escuelas, incluso en mil escuelas más que a principio del ciclo escolar no existían. No hay congruencia”, sostuvo Muedano.

Por otro lado, la Secretaría tampoco aportó evidencias de las jornadas realizadas en los planteles, lo cual podría reflejar que no existieron lineamientos mínimos para monitorear cómo se realizaron.

La ODI considera que la ejecución no fue idónea, pues la jornada apenas fue nombrada en julio de 2025 y eso implica que la dependencia “tuvo poco tiempo para planear de manera adecuada” las actividades. Aunque la Secretaría sí emitió una serie de orientaciones a nivel federal, estas se concentran en datos estadísticos y sugerencias de implementación. Además, solamente recomienda un material para abordar la violencia sexual, contra tres sugerencias de material sobre el maltrato infantil.

Cabe mencionar que también el juez Delgadillo Padierna ordenó la capacitación del personal docente, académico y administrativo en temas de prevención, detección y atención del abuso sexual y maltrato infantil en el ámbito escolar.

Todavía no hay justicia para las víctimas del Marcelino Champagnat

Entretanto, no se puede afirmar que las niñas y niños que se atrevieron a denunciar los abusos en el Marcelino Champagnat han recibido justicia según lo que establece la ley mexicana.

El trabajador de apoyo pedagógico sentenciado en 2021 apeló la resolución. Y aunque en 2023 un Tribunal confirmó la sentencia, el convicto presentó una demanda de amparo en 2024, con lo cual se dictó la suspensión de todas las medidas de reparación que emitió el juez Delgadillo Padierna, en un acto de revictimización de las niñas y niños que valerosamente denunciaron los atropellos.

La ODI tuvo que presentar una queja para exigir que no se detuvieran las medidas de reparación de las niñas y niños sobrevivientes de violencia sexual, pues no estaba en duda el daño que vivieron, sino la responsabilidad de los hechos. Aunque afortunadamente se eliminó la suspensión, todos los movimientos legales atrasaron el acceso de las víctimas a las acciones de indemnización.

Aunque las niñas y niños afectados tenían derecho a una beca, tuvieron que solicitar una audiencia con un juez de ejecución para que este aclarara que no se les podía otorgar cualquier subvención: debía ser una diferenciada y diseñada específicamente para las víctimas, para visibilizar que su condición de vulnerabilidad derivó de hechos de violencia sexual ocasionados por servidores públicos.

Gracias a esto se creó un programa de becas diferenciadas y se emitió un acuerdo secretarial para nombrarlas, pero esto comenzó a ocurrir en julio de este año.

El juez Delgadillo Padierna también instruyó la creación de políticas públicas relacionadas con la sensibilización de especialistas de la salud que tienen contacto con víctimas de delitos sexuales. Esto se consideró oportuno, puesto que, durante el proceso de investigación y la realización de los dictámenes médicos del caso, las niñas y niños fueron revictimizados, de acuerdo con la abogada Muedano.

Además, el juez ordenó a la Fevimtra que continuara las investigaciones del caso del Marcelino Champagnat, ya que se detectó que al menos otras nueve personas estuvieron involucradas en los hechos y aún no se les ha determinado ningún tipo de responsabilidad.

Mientras tanto, algunas de las familias de las víctimas han tenido que mudarse por los hechos. El impacto fue tal que incluso en la sentencia se ordenó inscribirlas a programas de vivienda.

Este año la jornada de concientización sobre el abuso sexual infantil se realizará el 7 de septiembre, y ya se cuenta con orientaciones emitidas por la SEP, mismas que serán abordadas en el Consejo Técnico Escolar Intensivo, una semana antes del inicio del ciclo escolar. Para la ODI el tiempo sigue siendo muy corto, por lo que sugiere que el tema se aborde en los equipos de trabajo antes de concluir el ciclo escolar anterior.

A la fecha, tanto la ODI como las familias que acompaña consideran que la sentencia “aún no está cumplida”, pues las garantías de no repetición no han sido ejecutadas satisfactoriamente. La abogada recordó que es imperativo que se realicen las acciones pertinentes, pues mientras eso no ocurra, la SEP estará siendo omisa en sus responsabilidades.

“Por poner una fecha en el calendario escolar no estás cumpliendo una garantía de no repetición o de que ya no vuelva a suceder. Para que eso pase tienes que capacitar a tu personal, que sepa cómo abordar el tema, cómo prevenir, identificar y actuar frente a esta violencia sexual. También capacitarles en los protocolos. Son muchos los temas que rodean la jornada y por ello se tiene que planear con anticipación y estándares mínimos”, sostuvo la abogada de la ODI, quien hizo un llamado al personal que labore en escuelas, así como a madres, padres o tutores a exigir que la jornada se lleve a cabo en todos los planteles.

“Es una medida que puede tener un impacto enorme en prevenir, identificar y erradicar la violencia sexual en nuestro país en contra de niñas y niños. Porque, aunque en la jornada se hable del entorno escolar, también sirve para prevenir la violencia sexual que ocurre en otros espacios, ya sea en las casas o en las vías públicas”, concluyó la asesora jurídica.